e-ISSN 2395-9134
ArtículosEstudios Fronterizos, vol. 27, 2026, e186

https://doi.org/10.21670/ref.2608186


Colchane: laboratorio de gubernamentalidad migratoria y de frontera

Colchane: laboratory of migration and borders governmentality

Paola Díaza * https://orcid.org/0000-0002-3606-516X
Carolina Stefonib https://orcid.org/0000-0001-6949-2312
Mayra Maya Sánchezc https://orcid.org/0009-0007-5531-0937

a Universidad de Tarapacá, Departamento de Antropología, Arica, Chile, correo electrónico: pdiaza@academicos.uta.cl

b Universidad de Tarapacá, Departamento de Ciencias Sociales, Iquique. Chile, correo electrónico: cstefoni@gmail.com

c Investigadora independiente, Santiago, Chile, correo electrónico: m.mayasnc@gmail.com

* Autora para correspondencia: Paola Díaz. Correo electrónico: pdiaza@academicos.uta.cl


Recibido el 19 de octubre de 2025.
Aceptado el 22 de mayo de 2026.
Publicado el 30 de junio de 2026.


CÓMO CITAR: Díaz, P., Stefoni, C. & Maya Sánchez, M. (2026). Colchane: laboratorio de gubernamentalidad migratoria y de frontera. Estudios Fronterizos, 27, Artículo e186. https://doi.org/10.21670/ref.2608186

Resumen:
Este artículo analiza la transformación de Colchane, localidad fronteriza ubicada en Chile en el límite con Bolivia, en un laboratorio de gubernamentalidad migratoria entre 2020 y 2025. Mediante un enfoque etnográfico multisituado, entrevistas semiestructuradas a actores clave y observación participante en tres etapas de trabajo de campo, se examinan los regímenes de control implementados por el Estado chileno junto a organismos internacionales y ONG. Se identifican tres reconfiguraciones sucesivas del espacio fronterizo: espacio de inmunización sanitaria, espacio de control humanitario y frontera militarizada, acompañadas de subjetividades migrantes ─víctima, beneficiario y detenido─ que coexisten con prácticas de libertad. El artículo contribuye teóricamente al unir los estudios de regímenes de migración y fronteras con la gubernamentalidad foucaultiana, visibilizando microprácticas de control y subjetivación que los análisis macroestructurales suelen omitir. Aunque el estudio de un único nodo fronterizo limita la generalización, se sostiene que Colchane condensa y anticipa dinámicas regionales más amplias de control de la movilidad forzada en Sudamérica.
Palabras clave: régimen de migración y fronteras, gubernamentalidad, frontera Chile-Bolivia, Colchane.


Abstract:
This article analyzes the transformation of Colchane, a border town located in Chile on the border with Bolivia, into a laboratory of migratory governmentality between 2020 and 2025. Using a multi-sited ethnographic approach, semi-structured interviews with key actors and participant observation across three phases of fieldwork, the study examines the control regimes implemented by the Chilean state in collaboration with international organizations and NGOs. Three successive reconfigurations of the border space are identified: a space of health immunization, a space of humanitarian control and a militarized border, accompanied by migrant subjectivities─victim, beneficiary and detainee─that coexist with practices of freedom. The article contributes theoretically by linking studies of migration and border regimes with Foucauldian governmentality, bringing to light micro-practices of control and subjectivation that macrostructural analyses often overlook. Although the study of a single border node limits generalizability, it is argued that Colchane condenses and anticipates broader regional dynamics of control over forced mobility in South America.
Keywords: migration and border regime, governmentality, Chile-Bolivia border, Colchane.


Introducción

Colchane es “un pueblo artificial” nos dicen dos profesores que han trabajado por más de 30 años en ese espacio entre Chile y Bolivia y que conviven con comunidades aimara que habitan en pueblos dispersos en el altiplano, entre lo que son dos Estados nación, pero un solo espacio sociocultural y ecológico (Díaz & Stefoni, 2023)

En efecto, este pueblo fue fundado en 1970 y llamado Los Cóndores hasta que, en 1979, bajo la dictadura cívico-militar chilena (1973-1989) se denominó Colchane. Allí, se estableció un puesto de control fronterizo con personal militar, policial y de aduanas.

Esta localidad mantiene una población flotante compuesta por funcionarios del consultorio de salud, la estación de policía (carabineros), militares, policía de investigaciones (que en Chile también ejerce el control migratorio) y funcionarios del complejo fronterizo. La población local transita entre Chile y Bolivia, muchos dejan sus casas cerradas durante meses y retornan siguiendo el ciclo agrícola. Entre los habitantes temporales y los permanentes, la población nunca ha superado las 790 personas (Instituto Nacional de Estadísticas, s. f.).

En Colchane y sus alrededores hubo y hay trajín: la comunidad aimara fronteriza circula, las personas van y vienen entre las localidades de Colchane en Chile y Pisiga Bolívar en Bolivia. En Chile “la escuela es mejor”, dice la madre de un niño aimara boliviano escolarizado en Colchane, pero en Bolivia “las cosas son más baratas”, agrega. En Chile se pueden comprar mercancías ─principalmente chinas─ en la zona franca de la ciudad costera de Iquique, a cuatro horas de Colchane, y revenderlas en Bolivia, pasándolas, a veces, por el lado de la aduana, pero en Pisiga Bolívar hay más abastecimiento de alimentos, gas y hierbas medicinales, que no hay del lado chileno (C. Stefoni, 2022, notas de campo). La única ruta central, que fue asfaltada en la década de 2000, está casi siempre repleta de camiones de carga, que hacen fila y esperan atravesar el complejo fronterizo con insumos para y desde Bolivia, Brasil y Paraguay, lo que conecta América del Sur con Asia a través de la zona franca (Stefoni et al., 2021; Tapia Ladino & Quinteros Rojas, 2023).

En esta zona de frontera, la circulación de personas y cosas, de manera legal o ilegal, formal o informal, era una dinámica que no suscitaba la atención político-mediática, hasta hace poco. Si bien las primeras medidas de securitización de la frontera se tomaron en 2018, en 2020 Colchane se configuró como objeto de atención pública a propósito de la migración internacional ─principalmente de venezolanos─ que ingresaba a Chile por los alrededores del pueblo, en plena pandemia por COVID-19.

Este artículo parte del evento crítico que significó esa pandemia, pero no es su foco de interés particular. Los efectos de la pandemia en el fenómeno migratorio y de fronteras han sido bien documentados para este espacio fronterizo (Liberona Concha et al., 2024; Stefoni et al., 2023; Tapia Ladino & Quinteros Rojas, 2023). Aquí la pandemia es considerada un evento a partir del cual una tendencia más larga, hacia la securitización de las fronteras y de la migración (Ramos & Tapia Ladino, 2024), se acelera y se afianza, orientándose hacia una militarización del espacio fronterizo.

El interés se concentra en Colchane dado que, en menos de cinco años, entre 2020 y 2025, se configuró como “espacio hiperfronterizo” (Guizardi et al., 2015) donde se materializan y concentran dinámicas globales de fronterización, tanto en el contexto nacional como en el regional latinoamericano. De esta manera, este pueblo “artificial” hace las veces, en términos analíticos, de laboratorio de la gubernamentalidad de la migración internacional “indeseada” (Agier, 2008).

El objetivo de este artículo es dar cuenta de la reconfiguración de las formas de control o gubernamentalidad de la movilidad no deseada en la frontera entre Chile y Bolivia, a partir del caso de Colchane en el lado chileno, con el propósito de comprender cómo este espacio fronterizo se ha constituido en laboratorio de gubernamentalidad migratoria que condensa y anticipa dinámicas regionales más amplias de control de las movilidades forzadas en Sudamérica. Para ello, se articula el enfoque de regímenes de migración y fronteras con los estudios de gubernamentalidad, lo que permite analizar las tecnologías de poder desplegadas, las subjetividades migrantes producidas y las tensiones de la progresiva securitización fronteriza, entre militarización y humanitarismo, que redefinen la experiencia fronteriza contemporánea en la región.

Para ello se examinará una serie de dispositivos de gestión de esta frontera, como tecnologías de poder específicas y situadas, que se materializan en Colchane, en el que el ajetreo tradicional comenzó a conjugarse con lógicas de lo que Domenech y Dias (2020) llaman regímenes de migración y fronteras en Sudamérica.

Nuestra investigación se basa en un trabajo de campo desarrollado en tres etapas y contextos investigativos distintos: en 2020-2021 con entrevistas semiestructuradas y observaciones etnográficas, realizadas en Colchane con actores gubernamentales ocupados en la gestión de esta frontera; en 2022, con un trabajo etnográfico de observación participante, en el Centro de Primera Acogida, instalado por el gobierno, en colaboración con ACNUR; entre 2023 y 2025, con visitas de campo y entrevistas semiestructuradas a informantes clave que habitan o trabajan en Colchane.

En la primera parte de este artículo, se contextualiza el caso de Colchane desde las reconfiguraciones globales del control migratorio y de fronteras y sus especificidades sudamericanas. Enseguida se presenta brevemente la perspectiva conceptual. Se introduce la noción de régimen de migración y fronteras (RMF) que sirve para identificar actores y prácticas institucionales del control, por medio de la caracterización del RMF del que Colchane forma parte. A la perspectiva sobre los RMF se articulan nociones provenientes de los estudios sobre la gubernamentalidad que permiten un análisis de las tecnologías de poder y posiciones de sujeto dentro de los dispositivos de control específicos en que se realizan los trabajos de campo.

Posteriormente, se hace una parada en un punto metodológico para explicitar las condiciones bajo las cuales se realizaron las entrevistas y la observación etnográfica. En la cuarta parte del artículo, el análisis se centra en lo que se identifica como tres reconfiguraciones sucesivas ─pero conjugadas─ del espacio fronterizo-Colchane: espacio de inmunización, espacio de control humanitario y espacio de frontera militarizada. Se concluye con una breve genealogía de las transformaciones en las formas de gubernamentalidad de la migración y la frontera experimentadas en Colchane. Además, se señala de qué manera este caso de estudio podría dialogar con otros casos de la región, así como las limitaciones y proyecciones del estudio.


Reconfiguraciones del control migratorio y de fronteras

En las primeras décadas del siglo XXI los movimientos migratorios globales han estado marcados por una tensión estructural: por un lado, una intensificación, diversificación y visibilidad de las movilidades humanas; por otro, una expansión sostenida de políticas de control implementadas a lo largo del siglo XX. América Latina no ha sido ajena a esta tendencia global (Rivera Sánchez et al., 2023). Si bien históricamente ha sido un espacio de recepción, salida y tránsito migratorio, en los últimos 25 años ha experimentado una reorganización de sus flujos bajo el peso combinado de crisis políticas, colapsos económicos (como en Haití y Venezuela), violencia extrema (en especial en Colombia y México) y una reconfiguración geopolítica del control fronterizo en clave securitaria.

El orden global posterior al 11 de septiembre de 2001 contribuyó decisivamente a esta transformación. La consolidación de un paradigma securitario en torno a las migraciones condujo al reforzamiento de fronteras geopolíticas internacionales, la externalización de los controles migratorios y la legitimación de discursos que asocian movilidad de grupos empobrecidos y racializados con amenazas al orden social, a la identidad cultural, a la soberanía y a la seguridad nacional. En este contexto, las fronteras, lejos de disminuir, se multiplican, se externalizan, se descentralizan y se redefinen como dispositivos móviles de selección y exclusión (Alscher, 2005; Casas-Cortes et al., 2015; De Genova, 2017; Mezzadra & Neilson, 2013; Ramos & Tapia Ladino, 2024; Salter, 2006). Se ve entonces una fuerte tendencia a la refronterización de los Estados nación, una renovación de las retóricas nacionalistas, con nuevos marcos legislativos, el despliegue de fuerzas armadas en zonas fronterizas e inversión en vigilancia, para generar tecnologías políticas de disuasión, contención y expulsión, que en ocasiones se acompañan de prácticas y discursos humanitarios.

En América Latina, si bien el principal destino de la migración sigue siendo Estados Unidos, en los últimos años han cobrado fuerza los movimientos intrarregionales, en especial desde países en crisis como Venezuela, Haití o Colombia, hacia países como Argentina, Chile, Ecuador y Perú. La movilidad se ha convertido, para muchos, en una estrategia de sobrevivencia frente a la miseria, el desmantelamiento de derechos sociales, civiles y humanos, la falta de empleo y el avance de proyectos extractivos que expulsan poblaciones enteras de sus territorios (Rivera Sánchez et al., 2023). Estos desplazamientos, si bien califican en muchos casos como desplazamiento forzado (Freitez, 2019), pues se huye de la violencia, la pobreza y la vulneración de derechos, no encuentran en el sistema internacional de protección una respuesta contundente que permita amparar a estas personas (Brumat et al., 2018).

Los marcos normativos en algunos países latinoamericanos han experimentado importantes reformas tras los procesos de democratización posteriores a la década de 1990, impulsadas por gobiernos progresistas. Sin embargo, aunque los avances legales se enmarcan en textos normativos de derechos humanos (como fueron los casos de Argentina y Ecuador), estos han coexistido con prácticas institucionales que reproducen formas de exclusión, represión y discriminación (Domenech, 2020). Esta tensión entre discurso de derechos humanos, humanitarismo y políticas de control de la movilidad no deseada ha sido analizada como parte de una gobernanza migratoria “con rostro humano”, donde se articulan planteamientos de protección con dispositivos punitivos y selectivos (Basualdo, 2021; Domenech, 2013; Rivera Sánchez et al., 2023).

En países como Chile se observa una profundización de las políticas de seguridad fronteriza a partir de la pandemia, especialmente en la zona norte del país, históricamente porosa y transfronteriza. El Estado ha recurrido a narrativas duales que oscilan entre la compasión hacia ciertos migrantes categorizados como vulnerables y la criminalización de quienes son catalogados como amenaza, lo que refuerza un imaginario de peligrosidad asociado a determinadas nacionalidades o racializaciones (Dufraix Tapia et al., 2020; Ramos & Tapia Ladino, 2024; Stang & Stefoni, 2016; Stefoni et al., 2023). Por lo tanto, el mayor despliegue de la seguridad fronteriza, en especial a partir del periodo pandémico, ha transformado este espacio de frontera y la relación que establece con quienes la cruzan día a día.

En el próximo apartado se presentan las coordenadas conceptuales que servirán para analizar el caso específico de Colchane, el cual, guardando su especificidad local, se inserta en el panorama global y regional aquí dibujado.


Gobernar la movilidad no deseada

Regímenes de migración y fronteras: actores y políticas de control

Colchane ha sido políticamente constituido en un lugar neurálgico de una “crisis migratoria” a partir de la acción de diversos actores, principalmente del Estado, pero también organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), así como la prensa nacional hegemónica, que representan este espacio como una frontera en crisis que requiere ser controlada.

Para el análisis de este proceso de gestión y control son centrales los trabajos que se han desarrollado sobre el régimen de migración y fronteras en Sudamérica (Alscher, 2005; Basualdo et al., 2019; Domenech, 2017; Naranjo Giraldo, 2014; Rivera Sánchez et al., 2023). En ellos la noción de régimen de migración y fronteras se usa de dos maneras. Por un lado, como un concepto de carácter abstracto, referido a la lógica de gestión del movimiento humano, donde un régimen no es una estructura fija sino un ensamblaje dinámico, siempre disputado por las luchas migrantes y promigrantes, estructurado en relaciones de tensión entre actores estatales, organismos internacionales y personas en movilidad (Domenech, 2021). Por otro, como herramienta descriptiva, donde el régimen de migración y fronteras sirve para identificar y caracterizar diferentes patrones dominantes en el control de la migración y las fronteras en diferentes áreas de América Latina (en Sudamérica, en Centroamérica-México, en el Caribe), lo que responde a una lógica global de control migratorio que se internacionaliza y se traduce en versiones regionales.

Esta caracterización visibiliza la creación de un espacio sudamericano de control de las migraciones y las fronteras (Domenech, 2025), que involucra dispositivos regionales (como la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, el Acuerdo de Residencia del Mercosur, el Grupo de Quito, etcétera), así como colaboración interestatal y la participación de organismos internacionales de control y de ayuda humanitaria (OIM, ACNUR, Unicef).

La regionalización del régimen global de control de las migraciones en Sudamérica se manifiesta en medidas restrictivas y represivas que venían implementándose desde mucho antes, pero que alcanzan mayor impacto y coordinación a partir del éxodo venezolano de 2017. En el caso de Chile se mencionan tres elementos que marcan esta dirección. En primer lugar, la exigencia de visas para ciertas nacionalidades. Antes de 2018, la mayor parte de las nacionalidades latinoamericanas no requería visa de ingreso, sin embargo, en 2012, Chile estableció el requisito de visa a personas de nacionalidad dominicana y luego, a partir de 2018, a venezolanos y haitianos (Dufraix Tapia et al., 2020). Estas restricciones generaron el mayor uso de pasos no habilitados por rutas altiplánicas, como es el caso de Colchane en la frontera Chile-Bolivia. Es aquí donde se registraron las primeras muertes producto de hipotermia, afecciones ligadas a la altura o accidentes durante el cruce por este lugar (Stefoni & Díaz, 2025).

Un segundo elemento es la implementación de medidas represivas como los rechazos en frontera y las expulsiones. En Chile, a partir de 2019, en especial para nacionales de Venezuela, se produce un incremento en los llamados “rebotados en frontera”. Se trata de personas a las que al presentarse en un control fronterizo se les impide el ingreso, ya sea porque no logran acreditar recursos económicos suficientes o porque los funcionarios simplemente se los niegan. Ramos y Tapia Ladino señalan que: “[…] durante 2019 se triplicaron los rechazos en frontera, pasaron de 10 667 a más de 34 000” (Ramos & Tapia Ladino, 2024, p. 13).

Las expulsiones son otro mecanismo de control que ha venido al alza. Las mismas autoras señalan que las órdenes de expulsión administrativa, por ingreso irregular, han aumentado, lo que ha afectado principalmente a nacionales venezolanos (2012-2021). Ahora bien, el aumento de las órdenes de expulsión no se traduce en una expulsión efectiva debido al costo financiero que ello significa para el Estado, por lo que la consecuencia directa es que esta población queda en una situación de mayor precariedad y dificultad de inserción social.

Un tercer elemento es la denegación del refugio, que afecta principalmente a nacionales haitianos, dominicanos, cubanos y venezolanos (Liberona Concha & López San Francisco, 2018). Según la documentación de Cociña-Cholaky y Liberona, “En Chile desde 2010 a 2023, de las 30 598 solicitudes de refugio se han concedido 957, es decir, su reconocimiento es del 3%” (Cociña-Cholaky & Liberona, 2025, p. 93).

Este régimen de migración y fronteras, restrictivo y represivo, se conjuga con lo que Fassin (2010) ha llamado un gobierno humanitario, vale decir, una forma de gobierno (en el sentido lato del término) basado en categorías morales, que se puede resumir en la figura de la “buena víctima” merecedora de protección excepcional, como un acto compasivo y no como una política de acceso a derechos. Es un régimen de control con “rostro humano” que por una parte daña y por otra subsana selectivamente, donde las intervenciones humanitarias no reparan los daños de las políticas restrictivas, sino que frecuentemente las acompañan o legitiman (Basualdo, 2021; Domenech, 2013).

En Chile, el gobierno humanitario de las migraciones nunca fue tan evidente como con la llamada “crisis migratoria”, geográfica y simbólicamente situada en Colchane, con la llegada de miles de personas por día entre 2020 y 2021, con un pueblo colapsado, con niños y bebés a la intemperie, con frío y hambre. Es la primera intervención en terreno en Chile, con ayuda humanitaria directa de organismos internacionales como la OIM y el ACNUR.

Como se ha mostrado para el caso de Chile desde Colchane, el RMF (con actores estatales y humanitarios internacionales) combina el control estatal de corte securitario con un rostro humano que palia dolencias, pero no asegura derechos.

Enseguida se introducen nociones de los estudios de la gubernamentalidad, útiles para el análisis de tecnologías de poder y posiciones de sujeto que se generan en el seno de los dispositivos estatales/humanitarios de control migratorio y de fronteras. Estos son los puntos de entrada al terreno y al análisis.

Gubernamentalidad de movilidades no deseadas: prácticas de control y de libertad

Tanto los estudios sobre el régimen de migración y fronteras como los estudios sobre la gubernamentalidad de filiación foucaultiana (Dean, 2010) se dicen críticos del poder, del control y de las formas de gobernar (Walters & Tazzioli, 2023). Interesa explicitar qué se entiende por crítica, no como un ejercicio de erudición, sino porque ello es inherente a la noción de gubernamentalidad utilizada en el análisis empírico del caso Colchane.

No se trata de criticar todo tipo de control, gestión o gobierno como algo negativo solo porque se trate de control, gestión o gobierno. Los estudios en antropología política muestran, hace mucho tiempo, que toda asociación humana se constituye a partir de la organización del poder para existir y perdurar (Gledhill, 2000). Los estudios de la gubernamentalidad permiten trazar las genealogías de diferentes maneras de gobernar las conductas, más allá, antes o fuera de las formas ya institucionalizadas. Esto no significa abandonar el estudio de las configuraciones estatizadas de gobierno, sino descentrar el Estado, al menos en tres sentidos.

En un primer sentido, implica situar al Estado como una de las formas de gobernar, pero no la única. Cada vez más se observan configuraciones de gobierno que actúan tanto a nivel de Estado nación como de manera regional, interestatal o global, como es el caso de los RMF con actores e instrumentos interestatales, supranacionales e internacionales. Se observa también un control no estatal de las migraciones y fronteras ─humanitario, comercial, criminal─ que puede articularse con la acción estatal.

En un segundo sentido, descentrar al Estado entraña prestar especial atención a las resistencias y microresistencias frente al control estatal y no estatal de las conductas, protagonizadas no por ciudadanos de pleno derecho, sino por quienes Chatterjee y colaboradores (2011) denominan sociedad política: sujetos subalternos, excluidos de una ciudadanía plena, como es el caso de los migrantes irregularizados.

Una tercera manera de descentrar el Estado, que es en la que se centra este artículo, es trazar la genealogía de su constitución progresiva como forma de gobernar y no asumirlo de manera reificada como una institución siempre y para siempre cristalizada y externa a las subjetividades. En este sentido, el análisis de la gubernamentalidad, de manera general “como conducta de conductas” y de manera específica, como forma de gobierno que se ejerce sobre un sujeto, definido como población, es decir, colectivos constituidos por tecnologías de poder de grandes números abstractos como la estadística o el censo (Dean, 2010), permite pensar en términos de procesos: ¿cómo fue posible que Colchane se transformara en un laboratorio de gubernamentalidad?

En este entendido, el enfoque de regímenes de migración y frontera permite situar el caso de estudio a nivel de políticas y actores internacionales y regionales y observar lo que Foucault llama problematización, es decir, desde una perspectiva procesual, determinar cómo se ha problematizado la migración no deseada: con ciertas categorías y asociación de categorías (víctima, beneficiario, infractor, etcétera); con ideas de inmunización, seguridad y soberanía nacional; con supuestos de desborde, peligro y amenaza. De esta manera se ha conformado una “lógica” del gobierno de las migraciones, que no escapa a fisuras y contradicciones.

Para el estudio de Colchane y los dispositivos de control de migración y frontera que allí han operado parece particularmente importante movilizar la idea de los estudios de la gubernamentalidad, de tecnologías del poder, como prácticas y microprácticas situadas y específicas, lo que para este estudio se traduce en prácticas de gobierno cotidianas de la población migrante. En concordancia con Lorenzini (2023), el biopoder y la política derivada de su ejercicio (la biopolítica) contempla, de manera simultánea, tanto el poder disciplinario ejercido sobre los individuos y sus cuerpos (con vigilancia, disciplina y normalización de las conductas) y el poder sobre población a la que se (intenta) controlar a partir del conocimiento cuantitativo y globalizado de la natalidad, mortalidad, longevidad y también, lo que interesa particularmente, el conocimiento/control del movimiento como biopolítica de la población.

Esto no significa que todo es poder y por tanto sumisión. A eso apunta la noción de subjetividad. Las tecnologías de poder generan posiciones de sujeto o procesos de subjetivación. La subjetividad es el punto de choque, lucha y articulación entre poder y libertad, entre el ejercicio del poder sobre individuos y colectivos y sus consiguientes resistencias. Por tanto, si el poder se ejerce allí donde también existen prácticas de libertad, la generación de sujetos (subjetividades) a través de tecnologías de poder va ligada con prácticas de resistencia, contraconductas, evasión, elusión, etcétera. El ejemplo más claro de estas prácticas de libertad es el de los caminantes venezolanos que, a pesar de las restricciones del RMF, cruzan caminando y “sin permiso” las fronteras geopolíticas del continente. En este artículo se verá que, incluso en espacios de confinamiento, como los dispositivos de control de migrantes instalados en Colchane, se pueden observar prácticas de libertad.


Trabajo de campo en Colchane

El trabajo de campo en Colchane se realizó en tres momentos y en tres contextos investigativos distintos, aunque todos ellos estaban centrados en esta frontera. Las autoras visitaron Colchane en distintos momentos entre 2020 y 2025, lo que permitió llevar un registro de las transformaciones ocurridas en este espacio fronterizo.

El primer proyecto fue una investigación sobre rutas migratorias, dirigido por Carolina Stefoni, cuyo objetivo fue comprender las rutas y trayectorias migratorias de las personas venezolanas en América del Sur. Se realizaron entrevistas en profundidad con 20 personas venezolanas que habían cruzado Colchane por pasos no habilitados y que se encontraban, en el momento de la entrevista, en Iquique y Santiago, 18 entrevistas a actores clave (miembros de colectivos migrantes, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios de gobiernos locales y funcionarios de organismos internacionales) y observación participante en ambos lugares. El trabajo de terreno se realizó entre noviembre y diciembre de 2020 (entrevistas en línea) y julio de 2021 (observaciones y entrevistas presenciales) cuando se flexibilizaron las restricciones a la movilidad producto de la pandemia.

El segundo momento se enmarcó en el proyecto de investigación dirigido por Paola Díaz, con las trayectorias de vida de migrantes que arribaban a Chile por pasos no habitados en el extremo norte de Chile. Se realizó un trabajo de campo etnográfico en la región de Tarapacá entre 2022 y 2023 que incluyó entrevistas semiestructuradas con 20 informantes clave en Iquique (miembros de colectivos migrantes, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios de gobiernos locales y de organismos internacionales) y ocho entrevistas etnográficas en dos tomas de terreno con personas migrantes de Alto Hospicio. En Colchane se realizó un trabajo etnográfico desde el interior del dispositivo implementado por el gobierno en 2021, realizado entre septiembre y noviembre de 2022.

La entrada al terreno fue para participar como investigadora/voluntaria a través de un acuerdo con el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)-Chile que, en ese momento, tenía un proyecto de ayuda humanitaria en dicho dispositivo. Esto implicaba trabajar en Colchane haciendo las tareas propias de las otras colegas de diferentes ONG: entregar información migratoria básica, entregar ayuda humanitaria y hacer derivaciones al SJM-Iquique para atención social y jurídica. Esto se conjugó con las labores como investigadora, que contemplaban hacer observación etnográfica y entrevistas con los profesionales y funcionarios que trabajaban en el dispositivo (4), en el complejo fronterizo (2) e informantes clave del pueblo de Colchane (3). Para este artículo se utilizaron cuatro de las entrevistas realizadas en Colchane.

Para las entrevistas semiestructuradas con informantes clave, el criterio de inclusión fue personas que trabajaran directamente en Colchane o en relación con ese espacio fronterizo a cuatro niveles: colectivos migrantes, ONG nacionales, órganos regionales del Estado y organismos internacionales. Para las entrevistas con personas migrantes, el criterio de selección fue que fueran adultos y que hubiesen ingresado por pasos no habilitados a partir de 2020. El conjunto de entrevistas se obtuvo con la técnica bola de nieve.

Entre 2023 y 2025 las autoras realizaron tres visitas de seguimiento en Colchane en el marco de un estudio sobre gobernanzas fronterizas. En ellas fueron entrevistadas tres personas que vivían o trabajaban en el pueblo (dos profesionales de los dispositivos de control migratorio y un profesor). Todas las entrevistas fueron transcritas, editadas (para una mejor comprensión) y cuentan con un consentimiento informado validado por las instituciones patrocinadoras de los proyectos respectivos (Universidad Alberto Hurtado y Universidad de Tarapacá). Los nombres de todas y todos los entrevistados fueron sustituidos por pseudónimos. Reunir estos trabajos empíricos permitió reflexionar de manera complementaria sobre las transformaciones de la frontera.


Reconfiguraciones del espacio fronterizo-Colchane

Espacio fronterizo de (imaginaria) inmunización nacional

La pandemia por COVID-19 tuvo entre las incalculables consecuencias el cierre de las fronteras a nivel mundial. Chile lo hizo el 18 de marzo de 2020. El paso de Colchane se reabrió dos años después, en mayo de 2022. Con un proyecto de investigación en marcha, se comenzaron a realizar entrevistas telemáticas en noviembre de 2020 con actores clave para comprender qué estaba ocurriendo en Colchane. Luego de ocho meses de pandemia se sabía del incremento en el número de ingresos de personas migrantes por pasos no habilitados en la frontera norte. Si bien antes de la pandemia personas mayoritariamente cubanas, haitianas y colombianas ingresaban por este paso y existía un cruce diario realizado por la población aimara residente en ambos lados de la frontera, en pocos meses la masividad de la migración venezolana se dejó sentir en este paso altiplánico.

El relato de una funcionaria de un organismo internacional es elocuente respecto del impacto que generó esta situación. La sorpresa se mezcla con cierta dificultad para comprender la envergadura de lo que estaba sucediendo.

Entonces lo que nosotros notamos es que desde que empezó el ingreso irregular por Colchane primero… digamos todo se profundizó, no solo aumentaron los números de personas que ingresaban por esa frontera sino que la situación en la que ingresaban con niños, con mascotas, […] entonces se fueron agravando las condiciones en las que ingresaban las personas, muchas, con signo de desnutrición, los niños por supuesto con distintos tipos de afectaciones, el sol, etcétera […] entonces no solo ingresaban más, sino que ingresaban peor. Conociendo la zona, [sé que] no hay nada, no hay capacidad de respuesta. (Entrevista organismo internacional 1, noviembre de 2020)

Dado que la única posibilidad de ingreso para las personas migrantes era por un paso no habilitado, el cruce se realizaba a pie por los bofedales, en grupos y guiados por pasadores, bajo condiciones extremas, producto de la altura, el frío nocturno y el fuerte sol en el día. El incremento de estos ingresos irregulares generó la reacción de la policía (Carabineros) y de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes aumentaron los patrullajes, lo que multiplicó el número de detenciones y su traslado a la subcomisaría de Colchane (que pasó al rango de comisaría en 2025).

Allí permanecían el día y a veces la noche mientras debían realizar una autodenuncia ante la PDI, el registro de sus datos, vacunación y certificados del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en caso que hubiese mascotas, y el control a menores de edad para identificar si existía vulneración de derechos. Este primer circuito constituyó la base del protocolo de atención de lo que sería la llamada “primera acogida” y representa una tecnología de poder sobre los cuerpos al retenerlos en un espacio definido, trasladarlos en tiempos y transportes específicos o confinarlos en lugares trazables como residencias o casas de acogida.

La mayoría llegaba exhausta, muchos en estado de shock, con hambre, en algunos casos hipotermia y sin recursos. En la subcomisaría, en un primer momento, fueron los propios funcionarios de Carabineros quienes compartían sus raciones de comida con mujeres y niños. Luego las organizaciones sociales y organismos internacionales proveían de un kit de emergencia con algunos alimentos, como barras de cereal, leche para los niños, tazón con café o sopa. Cuando concluían estos trámites, un autobús los trasladaba a Iquique a residencias sanitarias o casas de acogida, en una coordinación entre el Estado, organizaciones sociales y organismos internacionales.

Colchane se transformó rápidamente en un espacio de llegada y espera para continuar el viaje. En algunos casos, los acuerdos con los pasadores incluían el traslado hasta Iquique o el destino final más al sur del país. En otros, eran dejados en este lugar fronterizo y debían comenzar a gestionar su propio traslado. La población flotante en Colchane, por lo tanto, se incrementó de manera sostenida. Tuvieron que quedarse en la calle, en la única plaza del pueblo e incluso en algunos casos abrieron casas, sin habitantes, para quedarse en su interior. El 30 de septiembre de 2021 el Ministro del Interior del gobierno de la época (de derecha) anunció las primeras medidas para abordar la situación que se vivía en Colchane: aumento de los puntos de control fronterizo, instalación de carpas en la subcomisaría para apoyar las tareas logísticas de Carabineros e instalación de camiones satelitales para monitorear la zona.

En Iquique la situación no era más simple. Las dificultades a la movilidad impuestas por la pandemia obligaban a muchas personas a quedarse en la ciudad. Sin recursos económicos, comenzaron a quedarse en las plazas, las calles y la playa generando gran tensión entre los ciudadanos que reclamaban por la situación sanitaria y de seguridad. En septiembre de 2021 se organizó una marcha antimigrante que culminó con la quema de pertenencias de familias migrantes, incluido un coche de bebé. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo (Tapia Ladino & Quinteros Rojas, 2023).

A partir de estos eventos, se anunció la instalación de un dispositivo de primera acogida en Colchane, implementado por el gobierno, en colaboración con agencias onusianas (ACNUR, OIM, Unicef) y gestionado por una productora de eventos privada. En octubre de 2021 se instaló el dispositivo transitorio en un sitio aledaño al complejo fronterizo. Dentro de ese dispositivo, la productora se ocupaba de la distribución de las carpas entre las personas que iban llegando y la entrega de alimentos, a través de coordinadores y monitores que trabajaban por turnos (Liberona Concha et al., 2024). Las diversas autoridades presentes en el dispositivo implementaron un registro de las personas que pasaban por allí y un circuito de atención similar al puesto en marcha en la subcomisaría de Colchane. Una vez concluido el circuito, las personas debían esperar a ser trasladadas en autobús hasta una residencia sanitaria en Iquique mientras durara la emergencia sanitaria o simplemente hasta Iquique después de que se levantaran las restricciones o al centro de tránsito que se instaló en Lobitos, a las afueras de Iquique.

En poco tiempo el dispositivo de Colchane se transformó en el epicentro del trabajo que desplegó el gobierno en este espacio fronterizo, junto a los servicios públicos, organismos internacionales y organismos humanitarios como Hogar de Cristo o el Servicio Jesuita a Migrantes.

A través de este recorrido se observa cómo emergió la problematización de la frontera y de la migración como “crisis”, algo que no era problematizado en esos términos anteriormente. La necesidad de ir en ayuda de personas en situación de altísima vulnerabilidad social se entremezcló con las medidas que buscaban incipientemente controlar mejor la frontera.

La problematización en términos de crisis migratoria, de fronteras, de descontrol y desborde se instala a nivel nacional a partir del encuadre que se hace de lo sucedido en Colchane, que se transforma en espacio fronterizo crítico. En el contexto de un despliegue mundial de control de la movilidad debido a la pandemia y estrategias de confinamiento, se refuerza la tendencia securitaria que se venía constatando anteriormente (Ramos & Tapia Ladino, 2024; Dufraix Tapia et al., 2020; Tapia Ladino & Quinteros Rojas, 2023).

En términos de gubernamentalidad, la pandemia fue el escenario perfecto para que, a partir de los dispositivos para migrantes (subcomisaría de Colchane, el dispositivo de primera acogida y sus circuitos), como tecnologías de poder, se creara la figura del “migrante contaminante”, que camina por las rutas y al que hay que confinar, testear y vestir de blanco para mostrar al país que el virus se va con ellos y se controla la frontera, el territorio y la seguridad sanitaria. Como muestra de este despliegue, recuérdense las imágenes de cuatro deportaciones extralegales de migrantes realizadas durante la pandemia. Una performance inmunitaria y securitaria fuertemente mediatizada donde se mostraba a los expulsados vestidos con overoles blancos portando mascarillas. Sin embargo, el conteo realizado por la OIM y el ACNUR (Entrevista organismo internacional 2, 2021) daba cuenta de que solo un tercio del flujo migratorio que llegaba a Chile por pasos no habilitados pasaba por el dispositivo instalado en Colchane y se podía, en efecto, controlar. Por tanto, la inmunización contra el virus y la migración era más imaginaria que real.

Espacio de control humanitario

Paola Díaz llegó a Colchane el 12 de septiembre de 2022 y estuvo tres meses trabajando como voluntaria del SJM e investigadora, en lo que la gente del pueblo llamaba “el refugio”, en turnos de siete días en el dispositivo y siete días en la ciudad, en contacto cotidiano con agentes de control del Estado y organismos humanitarios que operaban en dicho espacio. Se trataba de un campamento transitorio conocido oficialmente como “Dispositivo transitorio”. Hasta mediados de septiembre de 2022 fue gestionado por una productora, hasta que la Delegación Presidencial de Tarapacá y el ACNUR tomaron directamente la gestión, bajo la administración de Boric (2021-2025), y pasó a llamarse Centro de Primera Acogida Colchane. En él se recibía a las personas que llegaban por su propia voluntad luego de cruzar por pasos no habilitados o eran interceptadas por la policía o policías y militares. Se puede decir que esta nueva versión del dispositivo, con acento ciertamente en el control, pero también en el aspecto humanitario, estuvo vigente entre septiembre de 2022 y enero de 2023, cuando entró en vigor la Ley de infraestructura crítica, que como será explicado más adelante, militarizó este espacio fronterizo.

Con la nueva gestión, el espacio donde funcionaba el dispositivo cambió rápidamente de aspecto. Se desmontaron las carpas y se instalaron refugee housing units (RHU): infraestructura especialmente creada por el ACNUR para población desplazada. Se contrató a jóvenes profesionales como agentes operativos del dispositivo. De tal forma, se profesionalizó la gestión interna del dispositivo y se adoptó una orientación más humanitaria: eran frecuentes las visitas de organismos internacionales y las capacitaciones en derechos humanos; el lenguaje humanitario comenzó a hacerse común entre los jóvenes profesionales que trabajaban en ese espacio.

Como lo indica una profesional de este dispositivo:

[…] la productora fue la primera respuesta del gobierno a esta crisis migratoria […] no había nada ligado a lo social, a lo humanitario. Además, también fue un enfoque sanitario por el tema de la pandemia […] antes la prioridad no era lo humanitario. Entonces, bajo esos términos, la productora tenía contrato hasta el 18 de septiembre (2022) y desde ahí el gobierno se tenía que encargar: seguir con la misma primera respuesta, o cambiarla y darle un enfoque mucho más humanitario, desde dormir en unos RHU en vez de en las carpas que había antes. Pasaron a dormir en camas en vez de dormir en colchonetas, a tener un comedor y no comer en las colchonetas en el piso, porque eso era lo que se hacía antes. Entonces, claro, bajo esta nueva respuesta que surge el 19 de septiembre, el carácter es más humanitario. (Entrevista profesional 1, septiembre, 2022)

Como indica esta profesional, el enfoque humanitario también se reflejaba en el lenguaje de “acogida a los migrantes”, usado por los Carabineros y profesionales de salud presentes en el dispositivo. Aunque con lenguaje humanitario el dispositivo tenía por función el control del flujo migratorio; si bien las personas que ingresaban no lo hacían de manera obligatoria y podían irse cuando quisieran, el flujo interno sí era obligatorio. Como indica una profesional que trabajó en dicho dispositivo:

[…] desde que ellos ingresan al campamento, el flujo es, primero, Carabineros, luego los Carabineros le envían un oficio a PDI, luego PDI le manda este oficio a Salud para que Salud haga el testeo, este testeo de salud se está haciendo solamente a las personas que no tienen el esquema de vacunación completo. […]. Una vez Salud termina de hacer su proceso y le avisa a PDI que terminó y PDI empieza a realizar el registro de huella y también la fotografía para realizar la autodenuncia y entregar la tarjeta extranjero infractor […] esos son los pasos obligatorios, sí o sí, que toda persona que ingresa por paso no habilitado tiene que hacer. Y luego de PDI va al SAG. (Entrevista profesional 2, septiembre 2022)

Este flujo, como se ha dicho arriba, representa tecnologías de poder: despliega prácticas para el control de identidad (por la PDI); el control de filiación, ante el Juzgado de Familia (por Carabineros); controles de vacunas por el equipo de Salud; y controles de pertenencias por agentes del SAG. Junto con ello, y al final de este circuito, las organizaciones humanitarias intervenían para distribuir kits de ayuda humanitaria (ropa de abrigo, artículos de higiene, alimentos, etcétera) no sin una selección y priorización de sujetos más vulnerables: niños, niñas, adolescentes y mujeres, seguidos de familias, para dejar en último lugar a varones jóvenes que se desplazaban solos.

Este tipo de control humanitario también se ejerce por organismos internacionales como el ACNUR que avistaba con binoculares a las personas atravesando la frontera para contabilizar de manera aproximativa el cruce de fronteras o la OIM que aplicaba encuestas (como la Matriz de monitoreo del desplazamiento) para caracterizar a la población dentro del dispositivo y las asociaciones encargadas de ejecutar los proyectos humanitarios que debían contabilizar a sus beneficiarios. De esta manera, se iban generando diferentes “poblaciones” de interés del control humanitario: los que cruzaban la frontera, los que ingresaban al dispositivo y los beneficiarios de ayuda humanitaria.

Al interior del dispositivo, el circuito descrito obligaba a los residentes transitorios a regular su conducta, respetar los pasos a seguir y los tiempos de espera. Además, firmaban un consentimiento informado donde se estipulaba la prohibición de fumar y beber alcohol. En este sentido, el tipo de subjetividad esperable era el de personas pacientes, en espera de ayuda y con cierta consciencia o culpa de haber cometido una falta: haber pasado por un paso no habilitado. De hecho, muchas mujeres con hijos solían repetir la misma frase ante los profesionales del dispositivo: “hice las cosas mal”, decían. Pero esta no era la única posición de sujeto observable en este dispositivo.

Como lo relataba un joven, de un grupo de cuatro varones que pasaron por ese dispositivo: “Nosotros ya pasamos por acá y estuvimos allá abajo (Lobitos) más de seis meses, así no nos arrendamos y nos dan comida, nosotros hemos entrado y salido [de Chile] varias veces” (Entrevista con residentes del dispositivo, noviembre de 2022). En este caso, estos jóvenes circulan entre varios países de Sudamérica por “trochas” con una relativa fluidez y el control parece no hacer de ellos sujetos sumisos, temerosos ni con un deseo u horizonte de regularización, como sí lo expresaban las mujeres y familias con hijos. Si estos jóvenes no esquivaron el control migratorio pasando por ese dispositivo no fue porque los interceptaron en frontera sino porque “[…] queríamos descansar y bajar en bus a Iquique” (Entrevista con residentes del dispositivo, noviembre de 2022).

Esta posición de sujeto no es sumisa ni rebelde, sino más bien estratégica. Como personas irregularizadas y no prioritarias para el gobierno humanitario, aprovechan como y cuando pueden las ayudas humanitarias para avanzar en sus trayectos, pero su sobrevivencia pasa mucho más por la vida en la calle y en la ruta.

Otra posición de sujeto que no respondía al beneficiario humanitario esperado era la del “migrante con derechos”: la ayuda humanitaria no era asumida ─por algunos residentes, en especial por venezolanos de entre 20 y 25 años─ como una expresión de compasión, sino como un derecho que podía ser exigido, lo que solía sorprender a los profesionales del dispositivo que enmarcaban su acción en la idea de ayuda humanitaria.

De tal modo, si bien las tecnologías de poder ejercidas por las instancias de control al interior del dispositivo descritas en el circuito contribuyen a la formación de subjetividades correspondientes al “beneficiario de ayuda humanitaria”, también se delinean fugas. Pero ello no fue una contraconducta al RMF sino más bien un uso del dispositivo para fines de una movilidad más llevadera (techo, comida), pese a quedar marcado como “extranjero infractor”.

La figura del beneficiario de ayuda humanitaria se asemeja a otra que emergió en este periodo, la del “migrante víctima” del entorno (clima y medio ambiente) y de redes de tráfico, en especial cuando la prensa reporta muertes en la zona de Colchane (Prieto & Becker, 2023). A esta figura se contrapone la del coyote, un migrante asignado a la posición de victimario. Rápidamente estas dos figuras no hacen más que una: la del “migrante-delincuente”. Junto a esta narrativa, la problematización dominante de este espacio fronterizo por las autoridades políticas (de un gobierno de centro-izquierda) y la prensa hegemónica (de propietarios de derecha) es principalmente en términos de seguridad. La respuesta del Estado es, como se verá en la próxima parte, la militarización.

Espacio fronterizo militarizado

El 6 de septiembre de 2024, de regreso de Colchane, después de un trabajo de campo, en una Sprinter (modelo de van) y a unos 15 minutos de haber dejado esa localidad en la frontera de Chile con Bolivia en dirección a Iquique, un camión militar detuvo a la van. En cuanto el chofer paró la máquina, se abrió la puerta del vehículo y se asomó un soldado con un fusil en mano, quien indicó, con poca amabilidad, que todos los ocupantes bajaran portando solo sus documentos de identificación. Al bajar fueron ubicados en distintas filas y sus documentos comenzaron a ser revisados. A un costado había una pareja muy nerviosa con un niño de aproximadamente siete años de edad. Cuando llegó el turno de la joven pareja, el militar, identificándolos visualmente como extranjeros, les pidió la autodenuncia, que entrega la PDI en frontera, la que hasta hacía poco era una suerte de salvoconducto para transitar por la zona sin temor a una reconducción.

Ambos le explicaron que habían ingresado sin documentos y que no habían podido realizar la autodenuncia en la línea fronteriza, que la misma policía les había indicado que podían hacerlo en Iquique y que sería lo primero que harían, una vez que llegaran a la ciudad, pero que, por favor, los dejara pasar. Fueron minutos donde el militar tenía el proyecto migratorio completo de esta joven pareja en sus manos.

El ejercicio de poder por el soldado y la súplica de la pareja venezolana muestran bien la asimetría que se instala en las relaciones sociales entre la población migrante latinoamericana, los Estados y las “sociedades de acogida”. El militar finalmente los dejó pasar, sin antes dejarles en claro que este no era su país y que debían hacer las cosas como se les indicaba. De regreso en el vehículo, Carolina Stefoni conversó con ellos e intentó darles toda la información respecto a qué hacer, dónde ir, a quién acudir en Iquique. Relataron que venían en un grupo más grande, de unas 10 personas, pero el resto había decidido seguir al coyote por los bofedales para no ser detectados por la policía, una ruta de más de nueve kilómetros a una altura cercana a los 4 000 msnm. Tres años atrás, la ruta que hacían los coyotes era solo de tres kilómetros, pero el despliegue militar en esta zona había obligado a trazar rutas más largas y más peligrosas, lo que generaba un embudo que obligaba a los migrantes sin documentos a atravesar las fronteras geopolíticas internacionales por rutas cada vez más peligrosas y mortíferas.

La mujer explicó que decidieron ingresar por el complejo fronterizo y no por las trochas de los bofedales, pues su marido tenía un problema en la rodilla y su hijo era muy pequeño. Bajo su entendimiento, cruzar por allí, aun sin documentos, era una forma más regular de ingreso que la opción de los bofedales (C. Stefoni, notas de campo, 2024).

Como se ha señalado, la frontera geopolítica internacional del norte de Chile comenzó a transformarse en objeto de gubernamentalidad aguda y sujeto de atención mediática, en especial, a partir de la pandemia en 2020. El gobierno --en dicha época de derecha, con Sebastián Piñera como presidente entre 2018 y 2022─ planteó la premisa de un descontrol.

Entre 2019 y 2022, el gobierno promulgó un decreto-ley y un estado de excepción, que permitía a los militares cooperar en las labores de control migratorio y fronterizo. Pero en 2023, con la aprobación de la llamada Ley de infraestructura crítica, vigente hasta hoy (2026), las fuerzas armadas no solo cooperan con las autoridades civiles y la policía, sino que controlan el territorio hasta 10 kilómetros de la frontera. Así, pueden controlar documentos y registrar a los migrantes, arrestarlos para entregarlos a la policía fronteriza y colaborar con el Servicio Nacional de Migración en tareas de control migratorio.

La problematización en términos de crisis migratoria ─que comenzó con el gobierno de Piñera, pero que se extendió al gobierno de Boric (2022-2026)─ buscó dar una señal de poder soberano: el programa Frontera Segura (2019), el Plan Colchane (2021) y la señalada Infraestructura crítica fueron la antesala de las modificaciones que introdujo la Ley 21.655 (febrero 2024) al marco normativo vigente dado por la Ley de migraciones N°21.325 (2021) y la Ley de refugio N°20.430 (2010). Las modificaciones que introdujo la Ley 21.655 en 2024 apuntaron a aumentar las exigencias para solicitar refugio y establecer mecanismos para facilitar el proceso de reconducción inmediata.

Una de las modificaciones aprobadas transformó la frontera en objeto de control. Si anteriormente se concebía como un espacio acotado y generalmente señalado como “franja fronteriza”, con estas reconfiguraciones se generó un “espacio fronterizo” que incluye los 10 km desde la línea de frontera hacia el interior del territorio chileno e incorpora al Estado boliviano en las prácticas de control de las migraciones. Esta externalización de la frontera (Casas-Cortes et al., 2015) fue posible en Chile gracias a dos medidas específicas: la modificación que introdujo la Ley 21.655 al cambiar la redacción del artículo referido a la reconducción y la firma de un “Acuerdo de cooperación migratoria” celebrado entre Chile y Bolivia en diciembre de 2024 e implementado a través de un protocolo en marzo 2025, para la reconducción de ciudadanos no bolivianos a Bolivia desde Chile.

A partir de 2023, la convivencia de problematizaciones de la crisis como cuestión securitaria y humanitaria fue terminando y se impuso una problematización principalmente securitaria de defensa nacional. Fueron disminuyendo los financiamientos para proyectos de intervención humanitaria y finalmente, entre 2024 y 2025, las autoridades cerraron el dispositivo de primera acogida de Colchane y el de tránsito de Iquique en Lobito. Como indicó un informante clave del dispositivo de Colchane, en 2023: “[…] comenzamos gestionando básicamente la cuestión sanitaria, luego pudimos implementar un enfoque humanitario y ahora parece que estuviéramos al servicio de los militares” (Entrevista profesional 3, mayo de 2023).

Los profesionales con enfoque humanitario ya no trabajan allí desde mediados de 2024. Entre 2024 y 2025 el campamento funcionó únicamente a cargo de monitores sin formación en derechos humanos ni derechos migrantes. Al desmantelarse el dispositivo de Colchane, se desmontaron los RHU y el espacio se transformó en 2025 en el Centro de Migración Irregular (CMI), gestionado exclusivamente por la Policía de Investigaciones y que es un centro de retención donde básicamente se hace la selección de los migrantes que serán expulsados por Bolivia y los que dejarán ingresar a Chile. En este centro existe un solo proyecto humanitario (en curso en 2025) gestionado por la organización internacional World Vision, enfocado en las familias con niños.

El flujo interno ha cambiado: los migrantes al ser interceptados en frontera por militares son llevados al CMI, solo llevan a niños y mujeres embarazadas a constatar lesiones al puesto de salud del pueblo, el resto llega directo al centro; enseguida, en la oficina del Ejército hacen un parte que entregan a Carabineros. Carabineros toma sus datos. Posteriormente, las personas pasan por la PDI, donde se determina si las dejan pasar a Chile o las deportan por Bolivia. Si entran a Chile, pasan por el control del SAG.

Según los entrevistados, los cruces por Colchane han disminuido en 2025 y muchos migrantes buscan salir y no entrar a Chile. Además, indican que el número de personas que llegan a este centro es mucho menor que el número de personas que registran las organizaciones de ayuda humanitaria en Pisiga Bolívar, lo que deja suponer, aun sin cifras, dos cosas: que el flujo disminuyó y que las personas que buscan cruzar lo están haciendo por parajes aún más alejados, con los peligros que ello conlleva (Entrevista profesional 4, julio de 2025).

Con la instalación del CMI y la Ley de infraestructura crítica, los migrantes interceptados en frontera no tienen la opción, como en la fase de control humanitario, de ingresar o no a un dispositivo y someterse a sus flujos internos. Ahora, todo migrante interceptado es retenido en este Centro y se da lugar a la figura del migrante-detenido.

El acuerdo entre Chile y Bolivia de 2025 constituyó un hito en la arquitectura jurídica del control migratorio en la frontera norte del país, ya que se habilitó por primera vez la reconducción de personas extranjeras ─tanto de nacionalidad boliviana como de terceros países─ hacia territorio boliviano por Colchane. En consecuencia, los datos estadísticos sobre reconducciones por este corredor solo están disponibles a partir de esa fecha. La significación de este cambio institucional se verifica en una cifra importante: del total de 5 057 reconducciones terrestres registradas entre marzo de 2025 y enero de 2026 a nivel nacional, 4 027 se ejecutaron por Colchane, lo que representa más de 79% del total (Servicio Nacional de Migraciones, 2026). Así, Colchane se consolida, en menos de un año, como el principal punto de reconducción del país, desplazando a los pasos fronterizos con Perú que hasta entonces concentraban la mayor parte de estas operaciones.

Aunque organismos humanitarios, como la Cruz Roja, siguen subiendo a Colchane como observadores, el paisaje de actores se reduce básicamente a dos que pueden ejercer tecnologías de poder: las fuerzas armadas y la Policía de Investigaciones. A la publicación de este texto, es poco lo que se sabe sobre la articulación entre este poder y la constitución de subjetividades. Si en la fase de control humanitario solo pasaba un tercio de las personas por ese dispositivo, hoy en día no se tienen datos al respecto y lo que se puede saber desde el interior de este espacio se encuentra restringido a los funcionarios que operan en el CMI. Lo que se puede suponer es que, como ha pasado con formas de control militarizada, como en la frontera entre México y Estados Unidos, no evita los cruces, sino que puede disminuirlos, pero al mismo tiempo puede hacerlos más mortíferos y mortificantes, dado que las personas al ser expulsadas intentan el cruce múltiples veces.


Conclusiones

A partir de trabajos de campo realizados entre 2020 y 2025 en Colchane, se ha reconstruido una genealógica de la gubernamentalidad fronteriza en un periodo corto, pero especialmente intenso de reconfiguración del régimen de migración y fronteras en el norte de Chile en un contexto de continuidad y profundización de un régimen que se ha venido instalando lentamente en el siglo XXI. En cinco años, esta frontera pasó por tres momentos: un dispositivo de inmunización sanitaria durante la pandemia, apoyado en una red de actores locales, regionales y nacionales, principalmente; un dispositivo de control humanitario con la participación directa de organismos internacionales como la OIM y el ACNUR; y, finalmente, una frontera militarizada articulada al Centro de Migración Irregular y a mecanismos de reconducción apoyados en acuerdos interestatales.

Esta secuencia muestra cómo se ensayan, sedimentan y cambian distintas tecnologías de poder de la movilidad no deseada en un mismo lugar. En cada una de estas etapas se producen y solapan figuras específicas del sujeto migrante: el “migrante‑contaminante” que amenaza la seguridad sanitaria y justifica el confinamiento, la cuarentena o la expulsión extra-legal; el “migrante‑beneficiario” de ayuda humanitaria, esperado como paciente, obediente y moral en el marco del gobierno humanitario; y, en la fase más reciente, el “migrante‑detenido” cuya trayectoria queda supeditada a la captura militar y policial y a la selección administrativa entre ingreso y reconducción. Estas posiciones de sujeto no agotan, sin embargo, las prácticas de libertad documentadas, desde usos estratégicos de los dispositivos de acogida hasta formas de reivindicación de derechos, que desbordan las expectativas de sumisión que conlleva el diseño de los circuitos de control.

Así, el caso de Colchane muestra cómo la gubernamentalidad de las migraciones articula simultáneamente la biopolítica de la población, la disciplina de los cuerpos y la producción de subjetividades migrantes, en tensión permanente con prácticas de libertad.

Teóricamente, el estudio contribuye a enlazar el enfoque de regímenes de migración y fronteras con los estudios de gubernamentalidad, al mostrar cómo un nodo concreto del espacio sudamericano de control se transforma en laboratorio donde se prueban diferentes combinaciones de securitización, humanitarismo y militarización en muy corto tiempo. El trabajo etnográfico en y alrededor de los dispositivos de Colchane permite observar las microprácticas de gobierno y de subjetivación que a menudo quedan fuera de los análisis más macro sobre políticas migratorias y seguridad regional. Con ello, el artículo sugiere la necesidad de seguir indagando en cómo las tecnologías de control (conteo, clasificación y selección, entre otras) reconfiguran la frontera como un espacio extendido y móvil, que excede con creces la línea geopolítica y se proyecta al interior del territorio y hacia países vecinos.

Como estudio de caso, esta investigación se circunscribe a un espacio y periodo específicos, lo que limita la posibilidad de generalizar los hallazgos al conjunto de las fronteras sudamericanas. No obstante, la centralidad adquirida por Colchane en el RMF regional, la presencia combinada de actores estatales e internacionales y la rapidez de las transformaciones lo vuelven un punto de observación privilegiado para futuras comparaciones. Se considera particularmente fecundo desarrollar estudios en red sobre otros puntos críticos del control migratorio del continente ─desde los corredores del Darién en Panamá hasta los pasos del extremo sur─ que permitan contrastar continuidades y divergencias en las formas de gubernamentalidad de la movilidad no deseada y en las experiencias de quienes las atraviesan.

Agradecimientos

Fortalecimiento Grupos de Investigación Universidad de Tarapacá Código proyecto 6746-23.
A la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) por el financiamiento otorgado a los siguientes proyectos: ANID-Fondecyt Iniciación 11230541 “El valor de la vida en las fronteras. La migración indocumentada en el norte grande chileno”; ANID-Fondecyt Regular 1201130 “Rutas y trayectorias de migrantes venezolanos a lo largo de América del Sur”; Núcleo Milenio Inseguridad y Cohesión Urbana (Numic) NCS2025_047.


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Paola Díaz
Chilena-francesa. Doctorada en sociología por la École des hautes études en sciences sociales de París. Profesora del Departamento de Antropología, Universidad de Tarapacá, Chile. Líneas de investigación: migraciones y fronteras, violencia de y en fronteras internacionales, desaparición forzada en América Latina, colectivos de búsqueda de desaparecidos en México, acción colectiva y problemas públicos. Publicación reciente: Díaz, P. (2025). Assembling stories of disappearance in, against and beyond necropolitical assemblages. Bulletin of Latin American Research, 44(2), 87-99. https://doi.org/10.1111/blar.13621

Carolina Stefoni
Chilena. Doctorada en sociología por la Universidad Alberto Hurtado, Chile. Profesora titular de la Universidad de Tarapacá, directora del Doctorado en Ciencias Sociales de la misma universidad e investigadora asociada del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (Coes). Líneas de investigación: movilidades humanas, migraciones y fronteras en América Latina, género y migraciones, convivencias y discriminación. Publicación reciente: Guizardi, M. L., Stefoni, C., Araya, I., Magalhães, L. & López, E. (2025). Los “lugares escondidos” de la violencia. Experiencias familiares de migrantes bolivianas aymara en la triple-frontera andina. Revista Dados, 68(1), Artículo e2022135. https://doi.org/10.1590/dados.2025.68.1.341

Mayra Maya Sánchez
Chilena. Diplomada en antropología y creación audiovisual por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Investigadora independiente. Líneas de investigación: imagen y dinámicas fronterizas. Publicación reciente: Díaz, P., Maya, M. & Stefoni, C. (2024). Hilvanando contrastes fronterizos. En Alvites Baiadera, A. & García, H. E. (Coords.), (Trans)fronteriza, (núm. 22, pp. 46-51). https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2024/07/V2_TransFronterizas_N22.pdf



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