Artículos

Estudios Fronterizos, vol. 27, 2026, e183

https://doi.org/10.21670/ref.2605183

Zonas tecnológicas y prácticas de datos: el control migratorio en Argentina y Entre Ríos

Technological zones and data practices: migration control in Argentina and Entre Ríos

Manuel Andrés Pereira^{a *} https://orcid.org/0000-0002-7958-594X

^a Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de Córdoba, Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad, Córdoba, Argentina, correo electrónico: apereira@conicet.gov.ar

^* Autor para correspondencia: Manuel Andrés Pereira. Correo electrónico: apereira@conicet.gov.ar

Recibido el 23 de mayo de 2025.
Aceptado el 22 de abril de 2026.
Publicado el 7 de mayo de 2026.

CÓMO CITAR: Pereira, M. A. (2026). Zonas tecnológicas y prácticas de datos: el control migratorio en Argentina y Entre Ríos. Estudios Fronterizos, 27, Artículo e183. https://doi.org/10.21670/ref.2605183

Resumen:
El objetivo de este artículo es describir y analizar la constitución de una zona tecnológica en Argentina entre los años 2011 y 2022, enfocado en los procesos de estandarización y circulación de la información, que permiten la externalización y la internalización de las fronteras, entendidas como filtro, a través de la colaboración de diferentes actores a nivel regional, nacional y subnacional. Para ello, se utilizó una metodología de tipo cualitativo, basada en la recolección de documentos oficiales de organismos regionales, nacionales y subnacionales relacionados con el control migratorio y la seguridad, así como la realización de entrevistas a funcionarios públicos del nivel subnacional. Entre las principales conclusiones alcanzadas, se observa que la expansión de las fronteras depende de la estandarización de la información, lo que posibilita la colaboración entre actores en diferentes niveles y el desarrollo de nuevas formas de clasificación de las migraciones basadas en perfiles de riesgo.
Palabras clave: zona tecnológica, estandarización, migración, externalización, internalización.

Abstract:
The aim of this article is to describe and analyze the establishment of a technological zone in Argentina between 2011 and 2022, focusing on the processes of standardization and circulation of information that enable both the externalization and internalization of borders─understood as filters─through the collaboration of various actors at the regional, national and subnational levels. To this end, a qualitative methodology was employed, based on the collection of official documents from regional, national and subnational agencies related to migration control and security, as well as interviews with public officials at the subnational level. Among the main conclusions, it is observed that the expansion of borders depends on the standardization of information, which facilitates collaboration among actors at different levels and the development of new forms of migration classification based on risk profiles.
Keywords: technological zone, standardization, migration, externalization, internalization.

Introducción

Desde principios de la década de 2000, Argentina experimentó un acelerado proceso de datificación de las migraciones internacionales como producto de la incorporación de biometrías, bases de datos digitales e inteligencias artificiales, entre muchas otras tecnologías novedosas. Este fenómeno provocó importantes transformaciones en el control migratorio entre las que se destacan la ampliación en la capacidad de legibilidad de las poblaciones, la construcción de nuevas formas de clasificación de las migraciones basadas en criterios de riesgo y la expansión de las herramientas de gestión migratoria hacia el exterior, pero también hacia el interior de los límites territoriales. Aunque en Argentina y Sudamérica estos desarrollos han avanzado rápidamente, todavía es muy poco lo que se conoce con relación al llamado smart border (Domenech et al., 2023; Moulin Aguiar & Magalhães, 2020; Neira Orjuela, 2015, 2023; Rios, 2019, 2020; Santi Pereyra, 2018), en especial, si se compara con la innumerable cantidad de estudios, investigaciones y reportes que existen sobre las fronteras en América del Norte y Europa (Ajana, 2015; Broeders, 2007; Broeders & Dijstelbloem, 2016; Chaar López, 2024; Cote-Boucher, 2008; Heyman, 2008; Pfeifer, 2021; Pollozek & Passoth, 2019; Singler, 2021).¹

El objetivo de este artículo es describir y analizar la constitución de una zona tecnológica (Barry, 2001; Walters, 2011) en Argentina entre los años 2011 y 2022, que se enfoca en los procesos de estandarización y circulación de la información, que permiten la externalización y la internalización de las fronteras, entendidas como filtro, a través de la colaboración de diferentes actores a nivel regional, nacional y subnacional. En consecuencia, a lo largo del texto se muestra la emergencia de nuevos sistemas de información sobre seguridad y migración, así como también los procesos de estandarización y expansión de prácticas de datos que posibilitan la circulación de información entre actores de diferentes escalas (regional, nacional y subnacional). De esta forma, se analiza la emergencia de un nuevo espacio de gobierno, que no se encuentra delimitado solo territorialmente, sino por la red de actores que se vinculan a través de la producción y circulación de datos estandarizados.

En los procesos que habilitan y aceleran la producción y circulación de registros migratorios entre diferentes actores se aborda, por un lado, el desarrollo de los sistemas de información anticipada de pasajeros y, por otro, el establecimiento de sistemas de identificación biométrica y bases de datos migratorias o de seguridad que permiten intercambios entre el Estado nacional y las provincias. En el primer caso, se encuentran los sistemas Adanced Passenger Information (API) y Passenger Name Record (PNR), cuyos estándares son definidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). En el segundo caso, se pueden hallar el Sistema de Captura Migratoria (Sicam), el Sistema de Admisión de Extranjeros (Sadex) y el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (Sibios), gestionados por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad, respectivamente. En este marco, el artículo muestra cómo la estandarización de estas herramientas a través de acuerdos y convenios entre los diferentes actores conforma una zona tecnológica en la que la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) juega un papel central en la internalización y externalización de las fronteras.

Tanto desde la perspectiva analítica como a partir del trabajo empírico, el texto realiza diversas contribuciones al campo de los estudios críticos sobre migraciones y fronteras en Argentina y, en menor medida, en Sudamérica. En primer lugar, el trabajo realizado documenta los procesos de digitalización y datificación vinculados al control migratorio en Argentina, a través de la descripción de diferentes herramientas, y aporta al conocimiento de las relaciones entre el Estado nacional, organismos internacionales y las provincias. En segundo lugar, la perspectiva teórica se inspira en los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad que contempla el ensamblaje de elementos humanos y no humanos (Barry, 2001; Müller, 2015).

De este modo, los procesos técnicos, tales como la incorporación de dispositivos o la estandarización, son considerados como elementos constitutivos de la dimensión política (Barry, 2001). En este marco, cuestiones como la construcción de estándares dejan de ser vistas como asuntos marginales o epifenómenos de lo político y pasan a ser consideradas como aspectos centrales. Dicho de otro modo, la tecnología tiene un papel formativo de las instituciones y sociedades, ya que no está por fuera ni puede ser considerada como algo exterior a ellas (Barry, 2001). En tercer lugar, la noción de zona tecnológica despliega su potencial heurístico en tanto que permite repensar la continuidad existente entre la externalización e internalización, no solo como un problema de soberanía territorial, sino también como una cuestión de circulación de la información a través de medios o canales compatibles.

El trabajo se desarrolla a partir de una metodología cualitativa cuyo principal instrumento es la recolección de documentos oficiales y, de manera complementaria, la realización de entrevistas a diferentes actores vinculados al control migratorio y fronterizo. Entre los documentos recolectados se incluyen leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, convenios, documentación oficial del gobierno publicada en sitios web, así como manuales técnicos sobre la regulación de estándares y procedimientos. Para la recolección de los documentos se tuvieron en cuenta diferentes criterios, en primer lugar, se seleccionaron documentos que permitieron describir los sistemas de identificación, registro y seguimiento de la migración. En segundo lugar, se consideró la necesidad de incluir materiales que muestren el desarrollo de estos sistemas en diferentes escalas (regional, nacional y subnacional), con el fin de mostrar la extensión de las zonas tecnológicas al interior y exterior de los límites territoriales. En tercer lugar, se dio prioridad al análisis de documentos que permiten reconstruir los estándares y mecanismos de armonización que posibilitan la circulación de la información entre diferentes instituciones.

Las entrevistas utilizadas en este artículo son parte de un trabajo de investigación de mayor alcance que se realizó entre los años 2021 y 2022 en la provincia de Entre Ríos. En total se efectuaron nueve entrevistas: dos con personal de la Dirección Nacional de Migraciones, dos en Gendarmería Nacional, una en Prefectura Naval y cuatro con personal de diferentes direcciones de la Policía de la Provincia de Entre Ríos (PER). En la mayoría de los casos se trató de entrevistas a personal de jerarquía y trayectorias prolongadas en cada una de las instituciones. Si bien todas las entrevistas han contribuido a comprender, en perspectiva amplia, el control migratorio y fronterizo en Argentina y Entre Ríos, en este artículo se utilizan específicamente aquellas realizadas con personal de la policía provincial. El criterio de selección de los entrevistados buscó dar cobertura a las burocracias federales vinculadas con el control migratorio y fronterizo, así como también a las provinciales, al tener en cuenta que estas últimas han sido menos estudiadas. Específicamente, estos instrumentos posibilitaron explorar algunos aspectos del funcionamiento cotidiano de las tecnologías que surgen de la interacción entre humanos y no humanos que no es posible hallar en los documentos.

Finalmente, es importante resaltar que el periodo de análisis de este trabajo abarca desde 2011 hasta 2022. Esto se debe a que se trata de una etapa caracterizada por la adopción y expansión de los sistemas biométricos y bases de datos digitales, así como de las herramientas que posibilitan el intercambio de información tanto en Sudamérica, Argentina y la provincia de Entre Ríos.

Además de esta introducción, el artículo cuenta con cuatro apartados principales. En el primero se presentan de manera breve las herramientas teóricas que guían el análisis, especialmente las nociones de zona tecnológica y prácticas de datos. En el segundo se aborda el desarrollo de los sistemas API y PNR en el espacio sudamericano y, particularmente, en Argentina. En el tercero se analiza el desarrollo de tecnologías de vigilancia a nivel subnacional y la internalización del control migratorio, que toma como caso la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Finalmente, en las conclusiones se reflexiona sobre la construcción de las zonas tecnológicas y la emergencia de nuevos espacios de gobierno que trascienden los límites territoriales y se organizan en torno a la estandarización o armonización tecnológica.

Prácticas de datos y zonas tecnológicas: categorías, estándares y gobierno

La caja de herramientas teóricas que conforma este trabajo proviene principalmente del campo de los estudios críticos sobre migraciones, seguridad y fronteras, así como también algunas contribuciones de los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad. Los primeros han profundizado en temas vinculados a la migración y las fronteras en múltiples dimensiones, como las clasificaciones, la identificación y el control. Los segundos aportan elementos para comprender el gobierno de las poblaciones a partir de marcos analíticos que permiten repensar de manera conjunta las relaciones entre actores humanos y no humanos, así como redimensionar la importancia política de aspectos que usualmente son considerados meramente técnicos e instrumentales (Barry, 2001).

Una mirada en perspectiva histórica demuestra que los Estados han creado diferentes mecanismos, como censos, encuestas o registros administrativos, destinados a producir información sobre sus habitantes, incluidos los migrantes internacionales, con el fin de cumplir funciones imprescindibles para su existencia y organización como el reclutamiento y la recaudación (Scott, 1998). En el mismo proceso de producción, circulación y organización de sus registros y bases de datos, los Estados han producido clasificaciones y categorizaciones de las poblaciones e individuos de acuerdo con múltiples criterios.

En el caso de las poblaciones, y en particular de las migraciones internacionales, se han creado distinciones entre nacionales y extranjeros, así como también entre migrantes “regulares” e “irregulares”. Aunque no se trata de la única, la diferenciación entre “regulares” e “irregulares” puede comprenderse como una de las más importantes, ya que en la actualidad estructura los modos predominantes de comprender y gobernar las migraciones internacionales en los regímenes migratorios (De Genova, 2002; Domenech, 2011). Este tipo de clasificaciones ha ganado terreno en las últimas décadas a través del enfoque de gobernanza migratoria, que, bajo el ropaje de un lenguaje técnico, promueve el enfoque político de la migración segura, ordenada y regular (Domenech, 2013; Georgi, 2010; Santi, 2020).

Hasta alrededor de las décadas de 1970 y 1980, los registros y las categorías se producían, registraban y circulaban mediante dispositivos no digitales como archivos, ficheros, planillas, tablas, informes u otro tipo de documentos escritos en papel (Caplan & Torpey, 2001; Domenech & Pereira, 2022; García Ferrari, 2015). En la actualidad, buena parte de esta información, que da forma al fenómeno migratorio a través de diferentes clasificaciones, se encuentra mayormente digitalizada y más recientemente procesada a través de algoritmos. Para referirse a este fenómeno, un amplio conjunto de estudios e investigaciones producidos en el campo de los estudios críticos sobre migraciones, seguridad, fronteras y tecnologías han acuñado diferentes términos, tales como digital border (Broeders, 2007), biometric border (Amoore, 2006), high tech borders (Milivojevic, 2013) y e-borders (Ajana, 2015). Sin embargo, la incorporación de nuevas herramientas no ha implicado el reemplazo de las no digitales, por lo que, en la actualidad, resulta más adecuado hablar de la existencia de ensamblajes digitales/no digitales (Canzutti & Tazzioli, 2023).

La construcción de las llamadas fronteras inteligentes ha implicado diferentes procesos y fenómenos sobre los cuales es necesario realizar algunas distinciones analíticas. En primer lugar, la construcción de los smart borders ha supuesto un proceso de digitalización de los sistemas de identificación y de las bases de datos, es decir, traducir su funcionamiento en lenguaje informático. En segundo lugar, la digitalización de los sistemas ha facilitado el desarrollo de la datificación: esto es, la transformación de diferentes aspectos de la vida humana que, incluidos los procesos migratorios, se “vuelven susceptibles de ser procesados a través de formas de análisis que podrían automatizarse a gran escala” (Mejias & Couldry, 2022).

En este sentido, es conveniente mantener esta distinción entre dos asuntos que están relacionados mutuamente pero que tienen características diferentes. Si bien la datificación requiere generalmente de una digitalización previa, se trata de un proceso más complejo a través del cual la información ya digitalizada es analizada a través de técnicas complejas que permiten su procesamiento en grandes volúmenes.

Al tomar esta importante distinción como punto de partida, el enfoque teórico aquí propuesto se inspira en un conjunto de trabajos que abordan específicamente la datificación de la migración (Broeders & Dijstelbloem, 2016; Domenech et al., 2023; Leese et al., 2022; Ruppert et al., 2017; Ruppert & Scheel, 2021; Scheel et al., 2019). Bajo la categoría analítica de datificación, estos estudios problematizan un conjunto amplio de preocupaciones conexas vinculadas a la digitalización, la creación de bases de datos, la producción y la circulación y análisis de la información. Alejados de perspectivas tecnocráticas, estos trabajos incorporan a las tecnologías no solo como meros dispositivos técnicos e instrumentales, sino como parte constitutiva de la dimensión política de las migraciones y las fronteras.

Dentro de este amplio y novedoso marco, el análisis propuesto en este artículo recupera principalmente la noción de prácticas de datos, en la medida que se distingue por su énfasis sobre la performatividad de las categorizaciones producidas (Ruppert et al., 2017; Ruppert & Scheel, 2021). De acuerdo con esta perspectiva, las migraciones no son una realidad que existe en sí misma por fuera de “una plétora de prácticas de datos, desde el registro, la enumeración, el recuento y la estimación hasta el almacenamiento, la limpieza, la imputación, la extrapolación y la anticipación” (Scheel et al., 2019, p. 579). En consecuencia, las prácticas de datos no describen a la migración, sino que le otorgan entidad o la “promulgan” (Scheel et al., 2019, traducción propia), pues tienen un poder performativo más que descriptivo. Así pues, las clasificaciones, al igual que los modos de contabilizar y registrar a los migrantes, distinguen entre “regulares” e “irregulares”, entre muchas otras categorías posibles, no constituyen meras descripciones de la realidad. Por el contrario, estas etiquetas y modos de registro o contabilidad le dan una entidad y le atribuyen unas características específicas. De manera que comprender las prácticas de datos es también entender cómo las migraciones internacionales se convierten en objetos inteligibles y gobernables en el marco de las políticas migratorias.

Por otra parte, una noción que estructura e inspira el análisis producido en este artículo es la de zona tecnológica, elaborada por Barry (2001, 2006) y recuperada algunos años después por Walters (2011). Este concepto puede ser utilizado en los estudios sobre control migratorio para analizar cómo la estandarización de ciertas tecnologías permite la circulación de información entre diferentes actores, lo que posibilita la expansión de la vigilancia migratoria más allá de los límites territoriales, en espacios que no están necesariamente definidos por la jurisdicción del Estado nación. Tal como lo plantea el autor, este concepto permite ver “formas de acción y regulación política que no correspondan a espacios y regiones territoriales definidos en términos sociales o geopolíticos convencionales, sino a zonas definidas por la tecnología” (Barry, 2001, p. 19, traducción propia). Se trata de una creativa invitación para pensar los espacios de gobierno como zonas fluidas a través de las cuales los datos circulan gracias a procesos de estandarización tecnológica que facilitan su intercambio con relativa facilidad.

En consecuencia, aunque la teoría no desconoce los efectos del Estado nación, una zona tecnológica no se define necesariamente a partir de una jurisdicción o como un espacio delimitado a priori territorialmente. De manera concreta una zona tecnológica se caracteriza como “un espacio en el que se han reducido las diferencias entre prácticas técnicas, procedimientos y formas, o se han establecido estándares comunes” (Barry, 2006, p. 239). En este sentido, la conformación de estos espacios se relaciona más con la estandarización de ciertas técnicas y procedimientos que con la delimitación territorial de ciertas áreas. En el análisis concreto que se presenta en este artículo se examina cómo, en el ámbito del control migratorio y fronterizo, puede observarse un proceso de estandarización de los sistemas, producido como el resultado de acuerdos o convenios entre actores que intervienen en diferentes escalas de gobierno.

Por último, es necesario aclarar que, si por un lado la noción de prácticas de datos permite pensar cómo se definen nuevas formas de clasificar y volver inteligibles a las migraciones internacionales, por el otro, el concepto de zona tecnológica permite repensar el gobierno de las poblaciones más allá de los límites territoriales. Desde esta perspectiva, se fortalece la comprensión de los procesos de externalización e internalización de las fronteras como dinámicas íntimamente relacionadas y continuas (Bigo & Guild, 2016; Heins, 2025; Menjívar, 2014). En este sentido, el concepto también abona una mirada que no solo enfatiza el estudio de los acuerdos políticos entre los actores, sino también la indagación de aspectos técnicos como los estándares que posibilitan la circulación de la información.

La externalización del control como zona tecnológica: el caso de API y PNR en Argentina y Sudamérica

La externalización del control migratorio (Menjívar, 2014), el control remoto (Zolberg, 1997) o la vigilancia a distancia (Bigo & Guild, 2016), solo por mencionar algunas de las expresiones y conceptos que se utilizan para dar cuenta de la expansión de las fronteras más allá de los límites territoriales, tienen una larga historia. Algunos dispositivos, como pasaportes, visados y listados de pasajeros, entre otros, preceden al desarrollo de las tecnologías digitales y prácticas de datos que conforman parte de la gestión migratoria y fronteriza en la actualidad. Tal como explican Broeders y Hampshire (2013) “es posible que estos procesos hayan sido acelerados y reforzados por las tecnologías digitales, pero no fueron causados originalmente por ellas” (p. 1202, traducción propia). En el caso de Argentina pueden mencionarse como antecedentes las políticas y medidas dirigidas a la migración ultramarina hacia principios del siglo XX, las cuales ya incorporaban visados y otras prácticas consulares orientadas a regular la llegada de inmigrantes a las costas del Río de la Plata (Cook Martín, 2008; Devoto, 2001; Domenech, 2011; FitzGerlad & Cook-Martín, 2014).

A partir de las décadas de 1980 y 1990 se han incorporado nuevas herramientas digitales que, a través de dinámicas de estandarización y circulación de registros, están reconfigurando la externalización y anticipación del control migratorio a nivel regional y global. Un punto de inflexión en la incorporación de estos nuevos dispositivos se produce a partir del 11S en Estados Unidos. Los atentados a las Torres Gemelas aceleraron los procesos de datificación de la migración y también de externalización de las fronteras que, no obstante, habían comenzado con anterioridad a estos acontecimientos (Amoore, 2006; Bigo & Guild, 2016; Ceyhan, 2008; Salter, 2004). Además del programa denominado US-visit, bajo este nuevo esquema se expandieron diversos dispositivos informáticos que posibilitaron el intercambio de listados de pasajeros entre las aerolíneas y los países de destino de los vuelos internacionales (Bennett, 2005). En este contexto, una de las herramientas que ha adquirido mayor desarrollo en Sudamérica son los sistemas de información anticipada sobre pasajeros, entre los cuales se destacan, por su grado de desarrollo actual, los sistemas API y PNR.

Ambos son sistemas que recogen diferentes tipos de datos sobre pasajeros de vuelos internacionales, los cuales son remitidos de manera digital a los organismos migratorios en los lugares de destino. Uno de los aspectos más sobresalientes es que se trata de dispositivos estandarizados que permiten compartir información de individuos entre múltiples aerolíneas y los organismos de control migratorio de diferentes países. De otro modo, sería improbable que cada aerolínea transmitiera los datos con un formato distinto a los diferentes países de destino. En este sentido, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha desarrollado y establecido, a través de diferentes documentos, una serie de estándares que los actores intervinientes han adoptado para el desarrollo del sistema. Como resultado, la externalización y anticipación del control migratorio, posibilitadas por estos nuevos recursos digitales, han adquirido la forma de una zona tecnológica en la que se conectan diferentes gobiernos nacionales y organismos internacionales encargados de la gestión de las migraciones internacionales.

De acuerdo con la documentación relevada, en Sudamérica este tipo de sistemas comenzó a desarrollarse durante la segunda década del siglo XXI. En Brasil, hacia finales de 2012, la Agência Nacional de Aviação Civil emitió una resolución que regula el funcionamiento de los sistemas API y PNR en el país, tanto para vuelos domésticos como para internacionales (Resolução Nº 255, 2012). En Chile, en julio de 2015, se aprobó un decreto de facilitación del transporte aéreo internacional que incluyó regulaciones sobre los sistemas API y PNR (Aprueba reglamento de facilitación del transporte aéreo internacional, 2015). Posteriormente, en 2018, se realizó una licitación para su implementación, que fue adjudicada en 2019 a la empresa Idemia, la cual también trabajó para el Estado argentino (Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, 2019). En Colombia, se estableció un marco regulatorio para el sistema API en 2015 (Resolución 22 de 2015, 2015), mientras que en septiembre de 2016, en Perú se aprobó la norma técnica complementaria “Requisitos acerca de la información remitida a través del Sistema de Información Anticipada de Pasajeros” (Aprueban texto de la norma técnica complementaria “Requisitos acerca de la información remitida a través del Sistema de Información Anticipada de Pasajeros (APIS)”, 2016).

Las normativas que en diferentes países de la región regulan el desarrollo y uso de API y PNR tienen características en común que permiten pensar en la constitución del espacio sudamericano como una zona tecnológica. En primer lugar, todos los documentos relevados muestran la adhesión generalizada de los diferentes países a los estándares establecidos regional y globalmente por la OACI. En segundo lugar, los gobiernos de la región justifican y legitiman el desarrollo de estos dispositivos como un modo de combatir o prevenir delitos tales como la trata y el tráfico de personas, el terrorismo y el narcotráfico, usualmente englobados bajo la categoría de “crimen organizado transnacional”. En este sentido, el objetivo declarado tanto por los gobiernos como por las organizaciones internacionales involucradas es identificar, clasificar y distinguir a aquellos pasajeros de vuelos internacionales considerados un “riesgo” de quienes no lo son. A continuación, se profundizará en algunos de estos aspectos mediante el análisis del caso argentino.

API y PNR: la externalización y anticipación del control en Argentina

En Argentina los sistemas API y PNR fueron establecidos por una resolución conjunta que alcanzó diferentes organismos estatales vinculados al control migratorio, fronterizo y aduanero (Resolución General 3667, Disposición 1/2014, Resolución 618/2014 y Disposición 1/2014, 2014). Entre los motivos que fundamentaban su incorporación, se afirmaba que los “avances” tecnológicos permiten efectuar el análisis de riesgo de los vuelos, evaluar la existencia de eventuales amenazas y/o conflictos, así como implementar medidas especiales con suficiente anticipación. Además, se señalaba que la aplicación de estas herramientas permitiría incrementar la prevención de delitos como narcotráfico, terrorismo internacional, trata de personas y tráfico ilegal de inmigrantes. Al igual que en otros países de Sudamérica, las explicaciones y justificaciones sobre los usos del sistema dan cuenta de una nueva forma de clasificar las migraciones a partir de perfiles de riesgo propios de procesos de securitización de la migración (Abiuso, 2023; Amoore, 2006; Bigo, 2002; Santi Pereyra, 2018).

La resolución conjunta estableció de manera específica que las aerolíneas deben transmitir los mensajes electrónicos de API y PNR conforme a los ítems 3.47 y 3.48, respectivamente, de la 13° edición del Anexo 9 de la Convención de Aviación Civil Internacional (OACI, 2011). Estos regulan de manera detallada los estándares a través de los cuales la información debe ser remitida a las agencias de control migratorio y fronterizo en los países de destino. Para el caso de API, el documento establece que la identificación de los pasajeros proviene de los documentos de lectura mecánica de acuerdo con las especificaciones del Documento 9303. Para PNR, la OACI formula un conjunto de regulaciones y estándares en su documento “Directrices sobre los datos del registro de nombre de los pasajeros” (OACI, 2010) y en el ya mencionado Anexo 9. A través de sus regulaciones no vinculantes, estos manuales y documentos organizan las comunicaciones entre las aerolíneas y los organismos estatales encargados del control.

De acuerdo con el corpus documental relevado en Argentina, la DNM fue designada como la institución coordinadora de los sistemas y la encargada de la recepción de la información enviada por las aerolíneas. Además, en 2017, este organismo elaboró un protocolo para el uso del sistema, en el cual se aclaraba que, una vez recibidos, los datos serían contrastados de manera automática con el Registro de Aptitud Migratoria, el sistema Interpol I-24/7, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) y el Registro Nacional de Reincidencia (Disposición 4202-E/2017, 2017). Asimismo, establecía que, en caso de hallar una restricción, se daría aviso a la Dirección General de Información, Análisis y Control Migratorio (DIAC), y posteriormente a la justicia o Interpol en el caso de restricciones provenientes de otros países. Como se puede observar, la resolución regula un procedimiento escalonado en el cual la identificación de los individuos requiere de registros provenientes de múltiples bases de datos.

En Argentina el sistema fue desarrollado por Idemia, una empresa que colabora de manera estrecha con la OACI en diferentes instancias vinculadas al desarrollo de estándares y tecnologías de identificación y prevención del riesgo. La compañía desarrolló un sistema denominado “Idemia Traveler Analytics Suite”, que define como “una solución integral de recopilación de datos de viajeros y evaluación de riesgos” (Idemia, s. f., p. 2, traducción propia). De acuerdo con este documento, el servicio de Idemia no solo incluye la recepción de los listados de pasajeros, sino también el procesamiento de perfiles basado en análisis de riesgo y su control con otras bases de datos sobre individuos que, por distintos motivos, son considerados un riesgo o amenaza para las instituciones. Según el documento ya citado, Idemia fue seleccionada en 2016 por la DNM para el desarrollo, soporte y mantenimiento del API y, en 2018, extendió sus servicios hacia el sistema PNR.²

El desarrollo de estos sistemas muestra aspectos muy relevantes que relacionan la externalización de las fronteras y la construcción de una zona tecnológica. En primer lugar, la estandarización posibilita la circulación de datos de pasajeros entre diferentes actores como las aerolíneas y la DNM. Esta red de actores unidos por la circulación de la información se sostiene en procesos previos de estandarización de los pasaportes de lectura mecánica y digitales (Stanton, 2008; Walters, 2011). En segundo lugar, se consolidan prácticas de recolección y contrastación de datos entre múltiples bases vinculadas al control migratorio y la seguridad, cuyo resultado es la distinción entre los individuos considerados un “riesgo” y aquellos que no lo son. De este modo, se conforma un nuevo espacio de gobierno donde la migración deviene de manera forzosa en un asunto securitizado (Santi Pereyra, 2018).

En consecuencia, la mayor disponibilidad de información y la posibilidad de utilizar diversas bases de datos permiten el desarrollo de lo que Leese denomina como identity management, una forma de identificación que “aspira a verificar y validar simultáneamente registros de identidad en múltiples dominios” (Leese, 2022, p. 15, traducción propia). Ello se evidencia con claridad cuando la DNM establece un protocolo que habilita la comparación de registros recibidos a través de los sistemas API y PNR con múltiples bases de datos con las que cuenta el Estado nacional u otras organizaciones internacionales, como Interpol, principalmente relacionadas con asuntos de seguridad. Esta lógica es también destacada por Rios (2020) al analizar los nuevos sistemas de identificación biométrica implementados en Argentina, sobre los que se volverá más adelante. Por otra parte, resulta coherente con los documentos publicados por la empresa Idemia, que sostiene que su sistema se basa en la “evaluación de riesgos”.

Finalmente, es importante aclarar que en Argentina aún son escasas las investigaciones que han contribuido a la comprensión de la operación de estos sistemas en casos concretos. No obstante, los estudios de Domenech (2020) y Trabalón (2019) evidencian cómo estas herramientas fueron utilizadas con inmigrantes provenientes de Haití entre los años 2017 y 2018 en el Aeropuerto de Córdoba. Además, de acuerdo con Domenech, este tipo de cambios “en el espacio nacional argentino daban cuenta de transformaciones recientes del régimen sudamericano de migración y fronteras” (Domenech, 2020, p. 17). En este sentido, es probable que su uso en relación con migrantes procedentes de países no pertenecientes al Mercosur haya tenido repercusiones en otros países de la región, como parte de las transformaciones del ya mencionado régimen.

La internalización del control como zona tecnológica: una aproximación a la provincia de Entre Ríos

Los debates acerca de la internalización del control migratorio han adquirido una creciente visibilidad en los estudios sobre las políticas migratorias y los regímenes de fronteras en Estados Unidos y, más recientemente, en Europa (Heins, 2025; Menjívar, 2014). Si bien en Argentina la categoría de internalización no es utilizada con frecuencia en el campo de estudios migratorios, existen trabajos que han analizado cómo las políticas migratorias se expanden hacia el interior de los límites territoriales y explican diferentes aspectos sobre lo que ha sido denominado como control de permanencia (Domenech, 2011; Novick, 2008; Pacecca, 2000). Estos estudios muestran, desde una perspectiva diacrónica, que desde mediados del siglo XX las políticas migratorias desplazaron su foco desde el control del ingreso hacia el de la permanencia. En la mayoría de los casos, han abordado este fenómeno a través del estudio de organismos del Estado nacional.

De acuerdo con estos trabajos, una pieza clave para la vigilancia de la permanencia ha sido la Ley de migraciones 22.439, instituida en 1981 durante la última dictadura militar y vigente hasta finales de 2003. En su articulado se establecía que los diferentes organismos del Estado, como hospitales y escuelas, estaban obligados a denunciar la irregularidad migratoria de las personas que acudían a ellos (Novick, 1997; Pacecca, 2000). Asimismo, la delegación de funciones migratorias en la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, contempladas en esta legislación bajo la figura de “policía migratoria auxiliar”, permitió a los gobiernos nacionales expandir territorialmente el control migratorio hacia lugares donde la DNM no tenía presencia territorial. Un aspecto que suele pasar inadvertido es que dicha ley también facultaba al Ministerio del Interior para celebrar convenios con los gobernadores provinciales para delegar funciones de policía migratoria auxiliar en organismos o instituciones subnacionales. Este tipo de mecanismos, regulados en la normativa migratoria, fueron y continúan siendo utilizados por la DNM para extender su poder hacia el interior del país.

La derogación de la “ley Videla” y su reemplazo por la Ley 25.871, entre finales de 2003 y principios de 2004 (Ley 25.871, 2004), introdujo cambios significativos en la política migratoria a partir de la incorporación de estándares internacionales para la protección de las personas migrantes y sus familiares (Ceriani, 2004; García, 2013; Novick, 2008). Esta legislación, apoyada en el enfoque de derechos, puede ser comprendida en algunos de sus aspectos como parte de un proceso parcial o limitado de desinternalización del control de permanencia. Ello se advierte, por ejemplo, en la eliminación de la obligación de escuelas y hospitales de denunciar la “irregularidad” migratoria, sustituida por el deber de garantizar el acceso a la salud y la educación con independencia del estatus migratorio. No obstante, es importante remarcar que, si bien el control se eliminó de las instituciones de salud y educación, al menos en términos formales, la ley sigue regulando la delegación de funciones de la DNM en las fuerzas de seguridad nacionales y en las gobernaciones provinciales, lo que permite expandir la vigilancia hacia diferentes espacios en el interior del territorio nacional.

Al mismo tiempo que se produjo esta importante modificación, que puso ciertos límites al organismo migratorio, se consolidó un importante proceso de datificación de la migración que supuso el desarrollo progresivo de tecnologías digitales para la identificación, registro y seguimiento de la población extranjera. Tres piezas clave en este proceso fueron: la creación del Sistema de Captura Migratoria (Sicam), que abarcó la digitalización de los registros de ingreso a partir de 2003; el desarrollo del Sistema de Admisión de Extranjeros (Sadex), a través del cual se digitalizaron los expedientes y solicitudes de residencia desde 2009; y la incorporación de sistemas de identificación biométrica a partir de 2011 en puestos o pasos fronterizos (Rios, 2020; Santi Pereyra, 2018).

De esta forma, se propició la producción y circulación de información sobre individuos que transitan por las fronteras y residen en el país, lo que habilitó y fortaleció nuevas formas de internalización del control. Asimismo, el uso de los recursos contenidos en estas bases de datos, a partir de convenios firmados con fuerzas de seguridad nacionales y gobiernos provinciales con presencia en el interior del país, posibilitó su circulación con los estándares establecidos por la DNM y contribuyó a la conformación de un nuevo espacio de gobierno en el que colaboran de manera articulada organismos nacionales y provinciales.

Por otra parte, entre finales de la década de 2000 y principios de la siguiente, se desarrollaron instrumentos digitales en manos del Estado nacional que, aunque no fueron diseñados específicamente para el control migratorio, se integraron como parte de esta zona tecnológica en la medida en que son utilizados por la DNM. La primera de ellas es el registro biométrico del Registro Nacional de las Personas (Renaper), que desde 2009 comenzó a reunir amplios registros biométricos de la población del país (Rios, 2020). La segunda, creada en 2011, es el Sistema Federal de Identificación Biométrica (Sibios) del Ministerio de Seguridad, definido como un “registro de identificación biométrica centralizado, con cobertura nacional, que permite realizar ‘referencias cruzadas’ de información con datos biométricos y otros datos recogidos por el Registro Nacional de las Personas (Renaper)” (Rios, 2020, p. 65). Este sistema se nutre, además, de perfiles biométricos recolectados por las policías provinciales y por la DNM en los pasos fronterizos internacionales. Asimismo, se alimenta de registros biométricos recogidos por las policías provinciales y por la DNM en los pasos internacionales. Por último, en 2014 se creó el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop),³ un sistema informático centralizado y unificado de registro y consulta sobre medidas judiciales, tanto federales como provinciales, vinculadas a la búsqueda de personas extraviadas, solicitudes de paradero, habeas corpus, órdenes de secuestros, medidas restrictivas, pedidos de captura y prohibiciones de salida del país (Ministerio de Seguridad de Argentina, 2014).

El desarrollo de dispositivos de identificación biométrica y de bases de datos, junto con la disponibilidad de su contenido para distintas fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, implicó la consolidación centralizada de un sistema y de estándares que posibilitan la comunicación entre múltiples actores. La oportunidad de compartir información armonizada supone, de este modo, la configuración y ampliación de una nueva zona tecnológica que habilita el desplazamiento de la frontera hacia el interior del territorio.

Más aún, es importante remarcar que los esfuerzos del organismo de control migratorio y los de seguridad conllevan el desarrollo de información que configura una mirada de sospecha hacia la población extranjera. Los sistemas permiten intercambiar información sobre “irregularidad”, antecedentes penales o prohibiciones establecidas por la justicia federal y provincial, y sientan las bases para la constitución de la migración como un objeto de sospecha. En este sentido, se percibe la continuidad en los justificativos y los contenidos de las herramientas de alcance regional a las que se hace referencia en los apartados anteriores. A continuación, se presenta una primera aproximación a la constitución de este nuevo espacio de gobierno en el ámbito subnacional y sus aspectos a través del caso de la provincia de Entre Ríos.

El control migratorio hacia el interior de los límites territoriales: tecnologías, seguridad y migración en Entre Ríos

Un área de relativa vacancia en el campo de estudios migratorios en Argentina es el que abarca la colaboración de la DNM con las fuerzas de seguridad federales, así como con los gobiernos provinciales, la ciudad de Buenos Aires y sus respectivas fuerzas de seguridad. Como excepción, existen algunos trabajos que han avanzado en relación con el estudio de las policías y la cuestión migratoria, en particular en el caso de la ciudad de Buenos Aires (Abiuso, 2023; Courtis et al., 2009). Por otra parte, un conjunto de trabajos recientes ha comenzado a problematizar la seguridad fronteriza en la provincia de Entre Ríos, con foco en actores subnacionales, especialmente el gobierno y la policía provincial (Cardinale & Cherini, 2023; Cardinale et al., 2024). Al tomar como punto de partida estos antecedentes, se realiza una primera aproximación que permite comprender cómo las biometrías y bases de datos se convierten en herramientas constitutivas en las relaciones entre la DNM, los gobiernos provinciales y sus respectivas fuerzas de seguridad, lo que contribuye a la expansión de la zona tecnológica y a la internalización de las fronteras.

Con este objetivo, se describe y analiza cómo la PER⁴ se inscribe como un actor relevante para el control migratorio y fronterizo a través de las prácticas de datos, tales como la recolección y el intercambio de registros sobre individuos. En particular, se examina cómo, en el ámbito subnacional, se incorporan sistemas biométricos y bases de datos administrados por el Estado nacional, como Sibios, Sifcop y aquellas gestionadas por la DNM, cuya expansión impone estándares y protocolos de funcionamiento adoptados por las instituciones provinciales. Asimismo, se sostiene que el intercambio habilitado por la constitución de una zona tecnológica, que articula organismos de diferentes escalas o jurisdicciones, contribuye a la expansión de la frontera, entendida como filtro (Alvites Baiadera, 2019).

Al revisar los desarrollos tecnológicos se puede ver que, además de contar con una variada gama de innovaciones locales,⁵ la provincia ha convenido o adherido a iniciativas del Estado nacional en la adopción de herramientas digitales y el intercambio de información policial y migratoria. En agosto de 2014, a través de la firma del gobernador Urribarri y la ministra de seguridad Cecilia Rodríguez, Entre Ríos adhirió al Sibios (Estado Argentino, 2014). Este acuerdo implicó que la Policía provincial accediera al sistema de intercambio de información sobre la identidad de las personas, el cual actualmente involucra al Estado nacional y a las 23 provincias que componen el país.

En las entrevistas mantenidas con personal policial se destacaba a Sibios como un “cúmulo de sistemas”, entre los que se encuentran el reconocimiento biométrico de huellas dactilares, voz y rostro y rastros. Asimismo, la adhesión al Sibios incluyó el acceso al llamado Índice General (IDGE),⁶ una base de datos que permitía acceder a registros patronímicos, historial de trámites de documentación y requerimientos judiciales o policiales. Cabe señalar que en estos sistemas y bases de datos se encuentran incluidos no solo nacionales, sino también todos los extranjeros que hayan sido registrados por diferentes instituciones del Estado nacional.

Por otra parte, así como el acceso a los datos biométricos de Sibios implicó un proceso de adhesión al que actualmente se encuentran incorporadas todas las provincias, la consulta de las bases de datos de la DNM, en particular aquellas que registran ingresos, egresos y residencias, también se ha expandido en el nivel subnacional. En este marco, una de las principales líneas de acción impulsadas por el Ministerio del Interior fue la firma de convenios con diversas provincias, incluida Entre Ríos, orientados a establecer mecanismos de intercambio de información y cooperación en materia de control migratorio. Según la información relevada, al menos desde 2013 la DNM ha suscrito acuerdos de colaboración con distintos gobiernos provinciales con ese objetivo. En la mayoría de los casos, estas iniciativas involucraron a las carteras de seguridad y tuvieron como principales operadoras de los sistemas a las policías provinciales, reforzando así la imbricación entre seguridad y migración.

Un antecedente relevante de cooperación entre el Estado nacional y las provincias se produjo en 2013, cuando el Ministerio de Seguridad de la provincia de Salta y la Dirección Nacional de Migraciones firmaron un convenio de trabajo conjunto (Decreto 3129, 2013). En dicho acuerdo, la DNM se comprometía a brindar apoyo en la investigación de delitos vinculados a la materia migratoria, mediante la realización de cursos y talleres y la habilitación de espacios de comunicación directa entre ambas instituciones. Uno de los puntos contemplaba la capacitación del personal del ministerio provincial en el uso de los sistemas Sicam, Sadex y el Sistema de Gestión de Restricciones (Siger). De este modo, la DNM facilitaría el acceso a sus bases de datos, lo que permitiría verificar la situación migratoria de las personas, incluidos también ingresos y egresos al país. En los años siguientes, la DNM suscribió convenios de características similares con distintas jurisdicciones subnacionales: en 2017, firmó un acuerdo con la provincia de Jujuy (Gobierno de Jujuy, 2017); en 2018, con las provincias de Entre Ríos (Decreto 3276 MGJ Aprobando convenio de colaboración, 2019) y Buenos Aires (Decreto 237, 2018); y en 2019, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el caso concreto de la provincia de Entre Ríos, el convenio se firmó el 3 de octubre de 2018 entre el Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia y la DNM (Decreto 3276 MGJ Aprobando convenio de colaboración, 2019). En sus considerandos se especificaba que la DNM tiene entre sus objetivos promover el intercambio de información en el ámbito nacional, así como la asistencia técnica y capacitación de los recursos humanos para prevenir y combatir eficazmente a la delincuencia organizada transnacional. Por otro lado, se señalaba que el Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia interviene en todo lo concerniente al desarrollo de políticas referidas al ejercicio del poder de policía en el territorio provincial, la prevención del delito y las contravenciones. Asimismo, se afirmaba que resulta de interés común adoptar medidas para combatir el narcotráfico y la trata de personas, entre otros flagelos, con el fin de aunar criterios y optimizar esfuerzos y estrategias dentro de las respectivas esferas de competencia. Como puede observarse, el decreto justificaba el acuerdo desde una perspectiva securitaria, al inscribir la cuestión migratoria en el registro de las denominadas “nuevas amenazas” (Dalmasso, 2016) y reforzar su asociación con el crimen organizado transnacional.

El documento firmado contemplaba la realización de actividades de formación y capacitación, el uso compartido de registros y el desarrollo de un protocolo para la toma de datos de personas extranjeras a ser implementado por la policía de Entre Ríos. En concreto, la DNM se comprometía a dar formación sobre la normativa aplicable a la admisión de extranjeros y el control de permanencia, las maniobras delictivas que se detectaran en el ingreso al país y la informática aplicada a los sistemas Sadex y Sicam. Además, el organismo facilitaba el acceso a los recursos disponibles en sus registros sobre ingresos/egresos y residencias a través de la consulta de sus sistemas informáticos. Por su parte, el ministerio provincial se comprometía a diseñar mecanismos de toma de datos de extranjeros en caso de denuncias y compartir información relacionada con la población carcelaria alojada en el sistema penitenciario de su jurisdicción. En cuanto al protocolo para recolección de datos de extranjeros, el instrumento incorporaba como anexo una planilla orientada a estandarizar los registros que la provincia enviaría a la DNM.⁷

Se puede observar cómo la expansión de los sistemas vinculados a la seguridad (Sibios, Sifcop) y al control migratorio (Sicam, Sadex) ha implicado una expansión de la zona tecnológica que habilita la interacción de actores en el nivel nacional y provincial, en este caso, Entre Ríos. El intercambio posibilitado por la expansión de estos sistemas permite comprender y dar un contenido concreto a la ya clásica afirmación de que la frontera está en todos lados (Lyon, 2005). En el ámbito subnacional, el Ministerio de Gobierno y Justicia y la PER se constituyen en herramientas de legibilidad e identificación de personas extranjeras en el territorio provincial, al compartir datos que de otro modo la DNM no podría obtener. Al mismo tiempo, las instituciones provinciales acceden a distintos tipos de información de seguridad y migratoria, como ingresos, egresos o cambios de domicilio, que, de acuerdo con las entrevistas, se utilizan en tareas de identificación e investigación de delitos en los que intervienen tanto nacionales como extranjeros. En la Figura 1 se presenta un esquema simplificado sobre actores, bases de datos y circulación de la información sobre seguridad y migración.

De esta forma, la expansión de la frontera entendida como filtro (Alvites Baiadera, 2019) y la circulación de información entre organismos nacionales y subnacionales produce importantes cambios en los métodos de identificación de individuos. Como se afirma en una de las entrevistas realizadas con la PER, cuando se cuenta con acceso a distintas bases de datos, la identificación de las personas se despliega como la apertura de un “abanico”. En este sentido, la identificación implica el contraste de los registros obtenidos en el proceso de identificación con diferentes bases de datos nacionales o internacionales de manera escalonada, dependiendo del objetivo de la investigación. Aquí se confirma también que este procedimiento se asemeja a lo que Leese (2022) define como identity managment, en tanto el proceso aspira a validar la identidad mediante su verificación cruzada en diversas bases. Se trata de un cambio cualitativo, si se tienen en cuenta las limitaciones para la identificación de individuos que suponían, en el pasado, los registros provinciales para la identificación de individuos extranjeros o incluso de otras provincias.

Finalmente, una cuestión que emerge de la colaboración entre los distintos organismos es el rol de la DNM como burocracia de control migratorio capaz de reunir datos provenientes de múltiples actores, tanto a nivel regional como nacional y subnacional. Se trata de un organismo que puede acceder a datos de API y PNR, de Sibios y Sifcop, así como a la información remitida por las policías provinciales, como la PER. En este sentido, puede caracterizarse como un centro de producción y circulación de información en materia migratoria, especialmente en lo que respecta a dimensiones vinculadas con la seguridad. No se trata simplemente de un actor más dentro de una extensa red que conecta escalas regionales, nacionales y subnacionales, ya que una de sus características distintivas radica en sus funciones específicas de control migratorio, tanto en el ingreso como en la permanencia. En tanto concentra y articula información que se ha expandido de manera sostenida en la última década, la DNM desempeña un papel central en la articulación de esta red de actores, en la que confluyen procesos de externalización e internalización del control migratorio.

Figura 1. Esquema simplificado de actores, bases de datos y circulación de la información sobre seguridad y migración

Fuente: elaboración propia

Consideraciones finales

En este artículo se analizó la conformación de una nueva zona tecnológica en y más allá de Argentina, que permite comprender la expansión del control migratorio y fronterizo hacia el exterior y el interior de los límites territoriales como resultado de un proceso de estandarización de las tecnologías de identificación, registro y vigilancia. Este proceso implica la colaboración y el intercambio de información entre diferentes actores de nivel global, regional, nacional y subnacional. La red de actores involucrados en esta dinámica conforma un nuevo espacio de gobierno que permite expandir las fronteras entendidas como filtro (Alvites Baiadera, 2019).

Asimismo, el texto pone de relieve cómo la estandarización y el intercambio producen nuevas prácticas de datos que constituyen a las migraciones internacionales como un “riesgo”, en tanto la información y clasificaciones empleadas provienen de registros sobre infracciones administrativas y asuntos de seguridad. De hecho, en las distintas escalas, regional, nacional y subnacional, el uso compartido de estos sistemas se justifica y legitima como una forma de combatir las llamadas “nuevas amenazas” (Dalmasso, 2016).

Uno de los hallazgos más relevantes de este trabajo es la reconstrucción de este nuevo espacio de gobierno de la migración, que identifica a los actores y sus conexiones, así como también sus actividades e intereses. Al analizar el control migratorio como un espacio constituido en torno a una red de tecnologías armonizadas, se advierte el carácter central que tiene la DNM como organismo que ejerce el monopolio del control migratorio y que, al mismo tiempo, requiere de actores regionales, nacionales y subnacionales para extender el alcance de sus acciones. En consecuencia, la DNM emerge como un nodo estratégico o hub de control migratorio, en tanto concentra información proveniente de actores regionales o globales, como las aerolíneas y la OACI; nacionales, como el Ministerio de Seguridad; y subnacionales, como la PER. Así, cuando se afirma que la frontera “está en todos lados”, más allá o más acá de los límites territoriales, es necesario pensar tanto en la red de actores como en los nodos que materializan dicho efecto en espacios concretos. Dicho de otro modo, la frontera está en todos los lugares que puedan ser abarcados y conectados por esta nueva zona tecnológica.

Finalmente, es necesario resaltar la importancia del estudio de las tecnologías vinculadas al control migratorio y fronterizo, tanto en Argentina como en el espacio sudamericano. A pesar de la velocidad de los cambios tecnológicos, la subregión, al igual que muchos países que la componen, sigue siendo un área de vacancia o de escaso desarrollo en el estudio del smart border. En particular, la noción de zona tecnológica podría adquirir utilidad a la hora de pensar si la incorporación de nuevas prácticas de datos estandarizadas está constituyendo la región como un nuevo espacio de gobierno de la migración en el que se integran actores de diferentes niveles. En este marco, también resulta imperativo avanzar con urgencia en el estudio de las implicancias éticas y políticas de estos novedosos desarrollos que afectan de manera directa la vida de las personas migrantes. En este sentido, resulta necesario continuar profundizando en el estudio de las tecnologías para el control migratorio y fronterizo en los distintos países de la región.

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Notas

¹ Por una cuestión de espacio es imposible dar cuenta de todos los trabajos y estudios que abordan estos asuntos en América del Norte y Europa. Aquí se seleccionaron algunos textos de una base de datos bibliográfica de realización propia que cuenta hasta el momento con más de 50 referencias.

² La información obtenida en el análisis documental y en las entrevistas no permite reconstruir en profundidad las características técnicas de los acuerdos entre la compañía y la DNM. Si bien el documento de la compañía afirma la colaboración con la DNM, las búsquedas en registros oficiales no han arrojado resultados.

³ El 9 de septiembre de 2016 se suscribió el “Convenio marco de cooperación entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Dirección Nacional de Migraciones” que establece la integración de la información del Sifcop en el registro de aptitud migratoria de dicha dirección (Resolución 475/2018).

⁴ Entre Ríos es una provincia del litoral argentino que limita con las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes. Es además una provincia fronteriza que limita al este con Uruguay con quien comparte diferentes pasos fluviales y puentes internacionales.

⁵ Al igual que muchas provincias del país, Entre Ríos también ha desarrollado o adoptado en las últimas décadas tecnologías para la gestión de la (in)seguridad. En particular, a partir de 2011 comenzó a desarrollar un sistema de videovigilancia que se fortaleció posteriormente con la implementación del “Sistema integral de gestión de emergencias ciudadanas 911” (APF Digital, 2012). El sistema comenzó a funcionar en 2012 en Paraná, pero con el paso de los años la videovigilancia fue expandiéndose a otras localidades y municipios de la provincia (Decreto 1414 MGJ, 2018; Decreto 2686 MGJ, 2019). Recientemente se realizó una actualización en la que se contempla el sistema de Google ELS, lecturas de huellas biométricas, lectura de patentes y reconocimiento facial (Gobierno de Entre Ríos, 2021).

⁶ A partir de 2017, el IDGE fue reemplazado por el Sifcop al que ya se hizo referencia.

⁷ Se trata de una planilla donde se recopila información sobre el delito (fecha de detención, lugar del hecho, delito, fuerza policial, sumario policial, autoridad judicial interviniente, causa judicial), datos del imputado (apellidos, nombres, fecha de nacimiento, tipo y número de documento, nacionalidad del documento, domicilio declarado), datos del damnificado y una breve reseña del hecho.

Manuel Andrés Pereira
Argentino. Doctorado en ciencia política por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS) de la Universidad Nacional de Córdoba. Líneas de investigación: desarrollo de las tecnologías de identificación y vigilancia de las migraciones y las fronteras, en Argentina y Sudamérica. Publicación reciente: Alvites Baiadera, A. & Pereira, M. A. (2025). Reflexividades sobre la construcción del estado del arte en el campo multidisciplinar de los estudios migratorios y de las fronteras. Estudios Sociales Contemporáneos, (32), 215-237. https://doi.org/10.48162/rev.48.092

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