e-ISSN 2395-9134
ArtículosEstudios Fronterizos, vol. 24, 2023, e129

https://doi.org/10.21670/ref.2318129


Contrabando y anomia social en la frontera entre Colombia y Venezuela

Smuggling and social anomie on the border between Colombia and Venezuela

Neida Albornoz-Ariasa * https://orcid.org/0000-0001-7851-5985
Miguel Ángel Morffe Perazab https://orcid.org/0000-0001-9442-5242

a Universidad Simón Bolívar, Facultad de Administración y Negocios, Cúcuta, Colombia, correo electrónico: neida.albornoz@unisimon.edu.co; neida.albornoz.arias@gmail.com

b Universidad Católica del Táchira, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, San Cristóbal, Venezuela, correo electrónico: mmorffe@ucat.edu.ve; miguelmorffe@gmail.com

*Autora para correspondencia: Neida Albornoz-Arias. Correo electrónico: neida.albornoz.arias@gmail.com


Recibido el 21 de febrero de 2023.
Aceptado el 08 de septiembre de 2023.
Publicado el 16 de octubre de 2023.


CÓMO CITAR: Albornoz-Arias, N. & Morffe Peraza, M. Á. (2023). Contrabando y anomia social en la frontera entre Colombia y Venezuela [Smuggling and social anomie on the border between Colombia and Venezuela]. Estudios Fronterizos, 24, e129. https://doi.org/10.21670/ref.2318129
 

Resumen:
Este estudio analizó la relación entre la percepción de un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no basado en normas (anomia) en relación con el delito del contrabando en el departamento Norte de Santander (Colombia) y en el estado Táchira (Venezuela). Se analizaron datos recolectados durante el primer semestre de 2022, de dos muestras poblacionales: n=2 385 colombianos en el Departamento Norte de Santander y n=1 398 venezolanos en el estado Táchira. Se utilizó un contraste de hipótesis, las variables independientes son los grupos etarios y nivel educativo de los encuestados (jefes de hogar entre 18 y 69 años). Los resultados muestran la existencia del contrabando como una práctica socialmente aceptada por muchos ciudadanos aun siendo delito, que se ve acrecentado por el deterioro del intercambio comercial entre Venezuela y Colombia, el cierre unilateral de los pasos fronterizos y el deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos.
Palabras clave: anomia, contrabando, frontera, violencia, exclusión social.


Abstract:
This study analyzed the relationship between the perception of an environment of illegality and people’s non-normative behavior (anomie) regarding the crime of smuggling in the Department of Norte de Santander (Colombia) and in the State of Táchira (Venezuela). Data collected during the first half of 2022 from two population samples were analyzed: n=2 385 persons in the Department of Norte de Santander and n=1 398 persons in the State of Táchira. A hypothesis test was used, with the independent variables being the respondents’ age groups and educational level (heads of household between 18 and 69 years old). The results show the existence of smuggling as a practice socially accepted by many citizens even though it is a crime, which is increased by the deterioration of commercial exchange between Venezuela and Colombia, the unilateral closing of border crossings, and therefore the deterioration of the quality of life of citizens.
Keywords: anomie, smuggling, border, violence, social exclusion.


Introducción

A lo largo de la historia moderna, la frontera ha representado espacios de interacción constante entre los grupos sociales y en la cual se muestran rasgos singulares que la diferencian de otras áreas geográficas, razón por la cual su complejidad social exige un análisis más allá del geográfico (Rhi-Sausi & Oddone, 2009). Igualmente, los estudios de frontera han experimentado significativos cambios desde la segunda mitad del siglo XX, uno de ellos se refiere a la transdisciplinariedad con la cual se enfoca su análisis (Newman, 2015). Ya para las décadas de 1980 y 1990, la frontera fue vista como un laboratorio de la posmodernidad donde las sociedades fronterizas no se defienden o peligran, sino que se mezclan y se constituyen en fronteras híbridas. (Zuñiga, 2009). Recientemente, dentro del marco de los enfoques posmodernos se cuenta con el enfoque de política, práctica y percepción (PPP) bajo el cual “el límite no es simplemente una institución jurídica diseñada para garantizar la integridad del territorio del Estado, sino un producto de la práctica social” (Kolossov, 2005, p. 625).

Bajo este enfoque, y a partir de contribuciones desde la geografía y las ciencias sociales, es que se obtiene una comprensión más cercana de las fronteras desde quienes habitan estas regiones (Tapia Ladino & González Gil, 2014). Esta consideración refiere que las diferentes perspectivas han pasado de la inquietud por los límites geográficos, su término en los territorios y el papel de control de los Estados, a una preocupación por sus ciudadanos, sus interacciones y experiencias (Zapata-Barrero & Ferrer-Gallardo, 2012).

En el caso de las fronteras de América Latina y el Caribe (LAC), su ubicación en la periferia ha sido objeto de debates y discusiones debido a las debilidades institucionales que se pueden observar y de la noción de seguridad y defensa que ha definido la interacción en estas regiones, visión que ha incidido en los múltiples y complejos problemas que se identifican en estos territorios. En su mayoría son espacios limítrofes con escasas vías de comunicación y servicios básicos que “cumplen una función preservadora de la soberanía del Estado, de manera que la noción predominante es mantenerla poco desarrollada y relativamente aislada” (Bradshaw & Linares de Gómez, 1999, p. 15).

Entre tanto, uno de estos problemas es la violencia, cuyos rasgos particulares en la frontera obedecen a factores endógenos y exógenos de cada región, presencia de diversos actores transfronterizos y existencia de una economía fronteriza donde interactúan actividades legales e ilegales por encima de bases y lógicas legales, económicas y políticas (Carrión & Espín, 2011). Por ejemplo, en la frontera colombo-venezolana, las infracciones a la ley que destacan están vinculadas al delito organizado, lo que instituye nuevas oportunidades para el negocio con mercados ilegales: productos alimenticios y de higiene, medicinas y el mercado negro de divisas y artefactos electrónicos, es decir “Estos nuevos mercados donde opera el delito organizado, vienen a sumarse a los ya tradicionales del tráfico de drogas, la extorsión, secuestro y sicariato” (Briceño-León & Camardiel, 2015, p. 9).

Con fines prácticos y de estudio de relaciones funcionales, la frontera colombo-venezolana, con extensión de 2 219 kilómetros, se divide, a grandes rasgos, en urbana, de periferia activa y periferia pasiva, dadas sus características geográficas, maneras de ocupación del espacio y las actividades socioeconómicas (Oliveros, 2002). Igualmente, las zonas urbanas conciernen al estado Táchira (Venezuela) y al departamento del Norte de Santander (Colombia); las de periferia al estado Zulia y los departamentos de la Guajira, Cesar, parte del Norte de Santander y del Arauca, mientras que la periferia pasiva se corresponde con los estados Apure y Amazonas y los departamentos de Vichada y Guainía, así como parte del Arauca. En cada región, la relación fronteriza tiene problemas distintos, dependiendo de la situación de cooperación o conflicto de la relación bilateral (Bustamante, 2011).

Dentro de las prácticas sociales vinculadas a la frontera colombo-venezolana se observa, por ejemplo, el caso de la región Guajira al norte de ambas naciones, en la cual existe un alejamiento entre las normas y los objetivos socioculturales con los que históricamente se ha reconocido el contrabando al interior del grupo social por las etnias que han poblado esta región, pero que fue la base para el origen de prácticas delictivas y criminales (González-Plazas, 2008).

En lo que respecta a la frontera compartida por el estado Táchira y el departamento Norte de Santander, la noción geográfica, teórica y tradicional de la frontera como espacio de salvaguarda de la soberanía nacional se rompe debido a distintas razones: la primera de ellas es geográfica y refiere a una depresión geográfica rodeada de montañas que dificultó por siglos la comunicación con las capitales de ambos países, pero que posibilitó el contacto de los pobladores (Sánchez & Bustamante, 2008). La segunda de ellas se refiere a unos vínculos históricos arraigados en los pobladores de esta frontera. De hecho, fue en la ciudad de Cúcuta (Colombia) donde se promulgó la primera Constitución de Colombia en 1830 de la cual Venezuela también hacía parte.

En efecto, hasta finales del siglo XIX, la región se consideró como única y diferente en varios sentidos, en relación con los países a los que debían lealtad, al ostentar una identidad regional y fronteriza particular en donde se ha llegado a conformar un espacio integrado común que rebasa el límite internacional de los Estados a los que pertenecen (Bustamante, 2004).

Asimismo, el vínculo histórico entre el estado Táchira y Norte de Santander se plasmó en economías complementarias, en donde familias se unían, se estudiaba y vivía a un lado u otro de la frontera y se comunicaban con el mundo por medio del puerto de Maracaibo (ciudad al norte de Venezuela); y debido al intercambio y al tránsito que se producía entre los pobladores de uno y otro lado, el comercio, las migraciones y el transporte transfronterizo caracterizaban esta región fronteriza (Sánchez & Bustamante, 2008). Estos acontecimientos han influido para que en la región la visión acerca de la frontera sea más permeable, menos rígida y separadora que la visión tradicional; es una frontera en donde la cooperación se refleja en la cotidianidad con preeminencia de lo fáctico sobre lo legal o formal, aunque, ya para comienzos del siglo XX, las lealtades hacia cada uno de los países se reforzaron (Sánchez, 2011).

Para el siglo XX y comienzos del XXI, las ciudades de San Cristóbal (Táchira) y Cúcuta (Norte de Santander) eran reconocidas como las ciudades eje de las relaciones informales y habituales desde lo socioeconómico de Colombia y Venezuela (Suárez, 2015). Se estima que 85% de la interrelación económica entre Colombia y Venezuela se realizaba por los espacios terrestres contiguos entre el estado Táchira y el departamento Norte de Santander (Cámara de Comercio de Cúcuta [CCC], 2018).

Entre tanto, la notificación de salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en 2006, el único modelo de integración en el cual estaban vinculados ambos países y a través del cual se regían los protocolos comerciales, comenzó a repercutir en el intercambio comercial entre ambos países (Sainz Borgo, 2007). Históricamente, Venezuela ha sido el principal socio comercial del departamento Norte de Santander, que ha llegado a representar hasta 90% de las exportaciones departamentales. Entre 2008 y 2010, dicha participación se redujo en 66 puntos porcentuales, pasando de 90% a 24%. Igualmente, entre 2000 y 2012 el PIB de Norte de Santander pasó de $4.9 billones a $7.6 billones en términos constantes (Sánchez Jabba, 2014). De esta manera, el debilitamiento del intercambio comercial puede repercutir en detrimento de las condiciones económicas y sociales de los habitantes de la frontera Táchira-Norte de Santander, al acrecentar los niveles de conflictividad social y la evolución de otros fenómenos sociales negativos (Preusse, 2007).

Al respecto, de acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 2008 fue el año de mayor intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. Para ese año, el comercio bilateral (exportaciones más importaciones) entre ambos países superó los 7 000 millones de dólares. Luego de eso, sobrevino la crisis en Venezuela y el comercio empezó a descender, para disminuir a la cifra más baja en 2020 cuando se acercó a los 222 millones de dólares. En 2021 comenzó a aumentar y cerró en 394 millones de dólares, pero sin alcanzar los promedios de años en los cuales el comercio bilateral fluía sin inconvenientes (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia [Mincit], 2022).

Por otra parte, aun cuando la cooperación y la asistencia entre los ciudadanos y sectores económicos de la frontera Táchira-Norte de Santander favorecieron sortear muchos de los conflictos sociales a lo largo de siglos, el cierre unilateral de los pasos fronterizos a partir del mes de agosto de 2015 por Venezuela (Bustamante, 2019) y la pandemia de 2020, coadyuvaron a exteriorizar la crisis socioeconómica en la región y mostrar uno de los fenómenos sociales propios de la frontera como lo es el contrabando, el cual estuvo siempre presente, pero furtivo tras el telón del intercambio comercial y el desarrollo que se presagiaba en la frontera.

En efecto, el contrabando en la frontera Táchira-Norte de Santander ha sido una actividad ilícita desde finales del periodo colonial que ha persistido a pesar de los esfuerzos recientes de desarrollar la región, pues ocurre tanto en zonas fronterizas remotas de difícil acceso (trochas) como en los cruces fronterizos formales y controlados por los estados (Avila Rivera, 2019; Gallien & Weigand, 2021; García Pinzón & Mantilla, 2021). En consecuencia, el contrabando en esta frontera ha fomentado también la presencia de grupos armados que operan utilizando violencia, corrupción u otros medios para lograr, directa o indirectamente, beneficios económicos, entre otros (Mazuera-Arias et al., 2019; Niño et al., 2012).

Si bien el contexto de Norte de Santander y Táchira acarrea peculiaridades comunes en lo económico y social, los cuestionamientos para entender la conducta de la población frente a fenómenos como el contrabando y su aprobación como una forma de subsistencia siempre han sido objeto de discusiones (Ramírez Martínez, 2017). De igual forma, se observa que el respeto, la solidaridad o respaldo mutuo manifestado por los habitantes de frontera a la hora de afrontar sus problemas denotan rasgos de cohesión social indispensables en cualquier sociedad, pero esta capacidad ciudadana está siendo erosionada por la legitimación de delitos, como el contrabando y la extorsión, al admitir la ocurrencia de estos bajo argumentos que contradicen la aceptación de las normas sociales impuestas (Albornoz-Arias, Mazuera-Arias et al., 2019; Albornoz-Arias, Ruscheinsky et al., 2019; Morffe Peraza, 2014).

Tras la caída del intercambio comercial con Venezuela, los efectos no se hicieron esperar. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE, 2015), este comportamiento ha frenado el desarrollo de muchos sectores y además ha tenido que luchar contra el grave problema del contrabando, cuyo flujo se ha acrecentado debido a los incentivos al tráfico ilegal desde Venezuela, producto del enorme diferencial cambiario y de precios.

En efecto, la balanza comercial continuaba declinando (Figura 1) en la medida que se estaba acrecentando en Venezuela una crisis política que desencadenó en múltiples problemas económicos y sociales que comenzaron a impactar en la débil economía de la frontera colombo-venezolana y que se reflejarían aún más tras el cierre unilateral en Venezuela de los pasos fronterizos en agosto de 2015 (Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana [Cavecol], 2018).

Figura 1. Intercambio comercial entre Colombia y Venezuela (2014-2017)
Fuente: Cavecol, 2018

Para el primer semestre de 2021, de acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN, 2022) de Colombia, la variación anual del contrabando en el departamento Norte de Santander con respecto al semestre y año anterior, es decir 2020, tuvo un aumento de 164.8% con una participación de 4.9% del valor aprendido en todo el territorio nacional, cifras estas que denotan un aumento en el porcentaje y valor de las mercancías retenidas por contrabando tras el cierre de la frontera y la pandemia. Igualmente, el impedimento del paso de vehículos de carga con diversos productos por los puentes internacionales y la desactivación de aduanas en la zona de frontera reforzó la ilegalidad entre Colombia y Venezuela. Este fenómeno se manifiesta por los mecanismos ilícitos de colombianos y venezolanos, como el cruce de contrabando, en un alto porcentaje por los diversos pasos ilegales informales que unen a ambas naciones (Avila Rivera, 2019; Redacción Economía, 2020).

En lo que respecta al contrabando en esta frontera, existen dos modalidades: 1) el paso de pequeñas cantidades y 2) el de grandes cantidades de mercancías sin pagar aranceles o impuestos. El caso de pequeñas cantidades (menos de 12 kilos, unidades o litros) se concentra en el paso de alimentos y productos de consumo masivo debido a las ganancias generadas por el diferencial en el tipo de cambio entre la moneda de Colombia y Venezuela; mientras que, el paso de grandes cantidades está vinculado a grupos paramilitares u organizaciones criminales que luchan por el control de los caminos o rutas informales para el tránsito de mercancías (Albornoz Arias et al., 2016; García Pinzón & Mantilla, 2021).

Por ello la complejidad de este fenómeno social exige un estudio más allá de la práctica considerada como delito, en la cual se conjugan necesidades, ausencia del Estado, violencia, costumbres y construcciones sociales de vieja data que han cimentado las relaciones sociales, económicas y culturales de esta región fronteriza (Albornoz-Arias, Ruscheinsky et al. 2019; Martínez Herrera, 2017). En este orden, el contrabando se relaciona con la integración social del individuo en la sociedad fronteriza, que hace normal su aceptación desde una perspectiva cultural, entendida como constructo social (González Palma, 2017) y, de la misma forma, una práctica económica realizada por muchas personas en unión con la familia (Giddens, 2009), incluso considerada normal por ser un medio de vida frente al desempleo y falta de oportunidades (Idler, 2019; Nikooy et al., 2022) y donde “el patrón cultural del contrabando indudablemente es una de las formas sociales con las cuales se ve familiarizado en su crecimiento” (Cavalier Adarve & García Villegas, 2009, p. 167; Dorfman, 2015).

Sobre este complejo contexto de actividades ilícitas, ausencia de institucionalidad, crisis socioeconómica e incumplimiento de las normas sociales que describen la actual frontera Táchira-Norte de Santander, este fenómeno puede representarse con “el concepto de áreas prohibidas, para dar a entender aquellas condiciones en donde por diferentes razones, el incumplimiento de la norma (específicamente la ley) es lo normal, de manera permanente o en determinadas coyunturas” (Dahrendorf & Ortiz, 1990, p. 193). Asimismo, también puede explicarse con el concepto de “estado anómico” para referirse a:

(…) Situaciones que carecen de toda regulación social, como se las imaginaba Durkheim, constituyen en la realidad social más bien una rara excepción (…) una situación social es anómica cuando faltan normas o reglas claras, consistentes, sancionables y aceptadas hasta cierto punto por la sociedad para dirigir el comportamiento social y proporcionarle una orientación (…) también los Estados pueden desarrollar características anómicas. (Waldmann, 2006, p. 214)

Para el 25 de septiembre de 2022, luego de siete años de haberse bloqueado el cruce de vehículos y restringido el intercambio comercial a través de estos espacios fronterizos, los gobiernos de Venezuela y Colombia reestablecieron el paso libre por todos los puntos de confluencia fronteriza entre ambos países (Hernández, 2022). Aun así, el deterioro de la economía en Venezuela y su consecuente crisis humanitaria continúan, lo que genera incertidumbre acerca de las posturas que presagian la reducción del contrabando en la frontera, práctica que se mantiene posterior a la referida reapertura; entre las mercancías que se intercambian principalmente de Colombia hacia Venezuela están: automotores, autopartes, calzado, celulares, cigarrillos, confecciones, elementos de oficina, electrodomésticos, joyería, juguetería, licores, medicamentos, textiles y otros (“En Cúcuta la Policía Fiscal y Aduanera”, 2022).

Al respecto Dorfman (2020) sostiene que el contrabando es una práctica geográfica o espacial, ya que trabaja esencialmente con el diferencial de la frontera, es decir, “si no existiera una frontera, dos sistemas de producción distintos y dos mercados separados, no habría ninguna razón para contrabandear” (Dorfman, 2020, p. 155). Igualmente, Ratti y Schuler señalan que “el impacto diferencial de una frontera implica desigualdades en los niveles de precios, de ingresos, de los salarios, de la protección social y de los servicios que se le ofrecen a la población” (Ratti & Schuler, 2013, p. 7). Aunado a estos razonamientos, la reapertura es reciente y aún no se muestran datos de la reducción o incremento del contrabando en la frontera compartida por Venezuela y Colombia, y por ende es difícil hacer un cuestionamiento sobre cambios en la anomia social.

En este sentido, el trabajo se divide en cinco apartados. En el primero, la introducción, que comprende los antecedentes de la frontera colombo-venezolana y sus dinámicas sociales, culturales y económicas, donde en esta última se resalta el contrabando explicado como medio de vida de los ciudadanos fronterizos y el incumplimiento de normas. El segundo ofrece un marco conceptual de la anomia social entendida como ausencia o incumplimiento de normas. El tercero, la metodología empleada durante el proceso de preparación del manuscrito. En el cuarto se presentan los resultados y la discusión, mientras que en el quinto y último apartado se ofrecen las conclusiones.

Aunque la literatura sobre contrabando de mercancías en regiones fronterizas es amplia, los estudios hasta la fecha han pasado por alto la relación entre factores culturales e institucionales que expliquen el ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no basado en normas en la frontera Táchira-Norte de Santander. Por esta razón, el estudio se centra en conceptos de la teoría de la anomia social para explicar el contrabando de mercancías, explorar el desequilibrio institucional, las características culturales de la sociedad y tendencia del contrabando de mercancías en la referida frontera.


Hacia una contextualización de la anomia social

La anomia social es un concepto que surgió en los inicios de la sociología a mediados del siglo XIX y se le atribuye al sociólogo francés Emile Durkheim, quien lo desarrolló en dos de sus obras: De la división du travail social publicada originalmente en 1893 y Le suicide que data de 1897. Este concepto ha tenido una extensa práctica en las ciencias sociales y se caracteriza por las múltiples perspectivas y definiciones (Parales-Quenza, 2008).

Etimológicamente, el término proviene del griego y significa ausencia de normas, carencia normativa producida por la falta de adecuación entre las normas, valores y objetivos culturales en una sociedad determinada. Igualmente, la anomia es un concepto tradicional de la sociología que significa la ausencia de normas, la tendencia desobediente de las reglas, tanto a nivel colectivo como individual, es decir, cuando las normas no se cumplen de manera permanente (Reyes Morris, 2008).

En este mismo contexto, el concepto de anomia está íntimamente vinculado al de control social que la sociología tradicional, decimonónica, en sus comienzos cuando se encontraba bajo la influencia del positivismo de Augusto Comte y del evolucionismo de Charles Darwin y Herber Spencer, le atribuía al ser humano instintos violentos, agresiones contra la sociedad y todo tipo de conducta anómala que remitía a los orígenes más primitivos de la humanidad, como la irracionalidad y una animalidad exacerbada (Raison, 2009).

Por su parte, Durkheim (2008) sostiene que el control social es una necesidad que produce, entre otros elementos, la cohesión social y evita el caos a nivel de las acciones humanas, del cual reconoce tres formas de normativa social donde descansa la noción de control social como lo son: la ética, la moral y las leyes. En lo que refiere a la ética, esta provee las normas y principios que todo individuo tiene, son particulares y propias de la persona humana. En cuanto a la moral, tiene un origen religioso y es comunitaria ya que va ligada a la religión dominante en una sociedad determinada. Por último, la ley va vinculada a la aparición del Estado y su efectividad depende del contrato social, esto según las doctrinas contractualistas (Rawls, 2012).

Ahora bien, la anomia está relacionada con el concepto de control social que reside fundamentalmente en la sociedad, para lo cual la felicidad humana solo puede estar garantizada si los placeres del individuo quedan limitados por normas socialmente aceptadas, es decir, si las normas se desintegran, el individuo se puede sumir en un estado de desorganización personal que se prolongará hasta el ámbito de lo social (Durkheim, 2007, 2008, 2013). Incluso, la posibilidad de superar la anomia radica en la misma necesidad que tiene toda sociedad de reintegrar el orden social, debido a que el trabajo y la ética profesional son las fuentes principales de superación de la anomia.

De igual modo, la anomia social también puede entenderse como la incapacidad de una sociedad de integrar a distintos individuos a los beneficios que proporciona la vida social, es decir, la anomia sería la incapacidad de una sociedad y del Estado de concederle beneficios sociales a todos sus integrantes, por tanto, quien está en situación de anomia está, en cierto sentido, fuera del control del Estado y del control social, tratando de subsistir y viviendo de manera parcial o totalmente excluido de los beneficios sociales y estatales (Durkheim, 2007, 2008, 2013).

Asimismo, el concepto de anomia ha ido evolucionando, describiendo comportamientos y roles en diferentes espacios sociales. De esta manera, la anomia social sería “estar fuera de la normatividad establecida por la sociedad y propuesta por el Estado” (Merton, 1980, p. 212), en alusión a la cultura estadounidense como una cultura que tiende a construir una sociedad anómica. Esta descripción puede entenderse de múltiples maneras; la primera de ellas sería asociar a la sociedad estadounidense como excluyente, sobre todo a nivel racial, donde grupos minoritarios como los afroamericanos, los hispanos, o los musulmanes pasan a ser excluidos, de una u otra forma, de los beneficios sociales y en muchos casos de los estatales; la segunda, porque la estadounidense es una sociedad donde impera una conducta anómala que incita al delito y a la violación de las normas sociales de convivencia y a las leyes vigentes, es decir, las personas que están fuera del ámbito de la norma jurídica, están en situación de anomia (Merton, 1980).

Las posibilidades de caer en la anomia difieren de un individuo a otro debido a la estructura social donde se convive, ya que están más propensos los individuos integrantes de los estratos más bajos de la sociedad al estar sometidos a presiones sociales más fuertes para lograr sus metas de modo que recurren a soluciones ilícitas que los llevan directamente al estado anómico (Featherstone & Deflem, 2003; Merton, 1980). Esta distinción planteada permite diferenciar la anomia social de la anomia legal, aunque el origen común en todo tipo de anomia es la violación en alguna medida del control social. En efecto, las normas se han violado siempre y cuando las sociedades han tenido dificultad para hacerlas cumplir; la anomia describe una situación en las que quedan sin castigo las violaciones de las normas (Dahrendorf & Ortiz, 1990).

Ahora bien, Zieglel (1998) propone retomar el concepto de anomia como una herramienta fundamental para interpretar fenómenos novedosos como las mafias, especialmente las vinculadas al narcotráfico, y hace extensivo el concepto de anomia legal a todo lo relacionado con el crimen organizado en niveles nacionales e internacionales. En consecuencia, los individuos infractores tienen rasgos psicológicos particulares que pueden ser interpretados como positivos en la personalidad de cualquier individuo: son audaces, ambiciosos y se empeñan en conseguir sus objetivos, son seguros de sí mismos e innovadores, por lo cual la anomia se presenta como una situación social proclive que los hace delinquir (Briceño-León & Camardiel, 2015).

En este mismo sentido, Messner y Rosenfled (1997, 2007) plantean la Teoría de la Anomia Institucional que explica la relación entre instituciones sociales, como por ejemplo la economía y la cultura, al momento de orientar el comportamiento de las personas hacia el cumplimiento de normas sociales. Por ello, las sociedades serán más vulnerables frente a desequilibrios institucionales cuando la cultura no compensa la predominante influencia de la economía; tendrán niveles superiores de delincuencia porque su tejido social afronta desequilibrios institucionales, como las asimetrías económicas, que dominan la capacidad de instituciones sociales no económicas, como la educación, familia y política, para regular dicho comportamiento (Baumer & Gustafson, 2007).

Por lo tanto, la anomia es un término polisémico, el cual ha estado sujeto a interpretaciones desde diversas disciplinas. Desde la psicología, aseguran que de los planteamientos de Merton surge una interpretación psicológica de la anomia, la cual está asociada con sentimientos de impotencia, desamparo y desesperanza (Muratori et al., 2013). Señalan que la anomia acontece por la inestabilidad entre las metas que una sociedad se propone y los logros reales de los individuos. Este estado social de anomia se observa en sujetos en los que el sentido de condición social está fragmentado y debilitado (López Fernández, 2009).

En LAC han sido diversos los aportes para comprender el concepto de anomia. En relación con este contexto regional, Waldmann (2006) plantea la anomia como toda situación que carece de regulación social, en la que los estados también pueden desarrollar características anómicas que van más allá de los límites como hasta ahora se ha planteado el problema, porque los estados latinoamericanos han sido incapaces de poner en práctica las leyes que se formulan y aprueban desde los distintos parlamentos.

Por otra parte, la ampliación del término de anomia abarca la violación de las normas de convivencia, con lo que se entiende la existencia de anomia social no solo cuando se infringen las normas morales, éticas o jurídicas, sino también cuando se violan las reglas de la convivencia ciudadana, por ejemplo, cualquier trasgresión que afecte la vida cívica, esto iría desde pintar un grafiti hasta botar basura en la vía pública (Nino, 2011).

En relación con la práctica del contrabando en la frontera Táchira-Norte de Santander es importante considerar la situación de anomia social debido a una actividad ejercida tanto por familias, grupos armados y otros sujetos al margen de las normas jurídicas. Aunque esta actividad ilícita ha sido culturalmente aceptada en esta frontera por siglos, el crecimiento económico que experimentó la región durante las últimas décadas se ha visto eclipsado por acontecimientos como la salida de Venezuela de la CAN, el cierre unilateral de los pasos fronterizos en 2015 y la pandemia de 2020, los cuales estimularon el resurgimiento del contrabando como una práctica imperativa.


Metodología

El objetivo de este estudio fue analizar la relación entre la percepción de un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no basado en normas (anomia) en relación con el delito del contrabando en el departamento Norte de Santander (Colombia) y en el estado Táchira (Venezuela) (variable dependiente). La variable dependiente fue seleccionada considerando que una característica de las fronteras entre países en LAC son las marcadas relaciones socioespaciales y económicas entre las cuales se encuentra una cultura de vinculación entre los pueblos y el contrabando. Dichas relaciones se asocian con corrupción, soborno y extorsión que nacen y se propagan por factores sociopolíticos, asimetrías económicas y legales, aspectos institucionales y ético-culturales (Carrión M., 2011; Kim & Tajima, 2022; Mazuera-Arias et al., 2019).

Se trató de una investigación con enfoque cuantitativo y de carácter exploratorio-descriptivo y se utilizó muestreo no probabilístico bajo la técnica de bola de nieve. Se analizaron datos de dos muestras poblacionales: n=2 385 colombianos en el departamento Norte de Santander y n=1 398 venezolanos en el estado Táchira. Se utilizó un contraste de hipótesis, donde las variables independientes fueron los grupos etarios y el nivel educativo de los encuestados.

Se consideró la edad como indicador demográfico de la población desde su perspectiva estática, es decir la edad del encuestado al momento de ser consultado, la cual se utilizó para contrastar la percepción de un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no basado en normas frente al contrabando, en la frontera Norte de Santander y en el estado Táchira. Se buscó demostrar si la dinámica de la frontera y los inconvenientes que se viven son los mismos para todas las personas o si hay distinción por grupos etarios acerca de la existencia y cumplimiento o no de normas. El nivel educativo alcanzado de los encuestados es otro factor considerado para el estudio y se justifica porque la finalidad de la educación es inculcar sabiduría para saber usar adecuadamente los conocimientos significativos y habilidades adquiridas y al mismo tiempo tener una cultura (Whitehead, 1957).

Se empleó una encuesta estructurada aplicada a personas (jefes de hogar) de entre 18 y 69 años durante el primer semestre de 2022. Todas las personas encuestadas leyeron el consentimiento informado y aceptaron responder voluntariamente el instrumento. Las hipótesis propuestas conforme a la percepción de un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no basado en normas fueron:

  1. H0. No existen diferencias estadísticamente significativas entre la edad y la percepción de un ambiente de ilegalidad y comportamiento de las personas no basado en normas frente al contrabando en la región fronteriza de Norte de Santander, Colombia.

  2. H0. No existen diferencias estadísticamente significativas entre el nivel educativo y la percepción de un ambiente de ilegalidad y comportamiento de las personas no basado en normas frente al contrabando en la región fronteriza de Norte de Santander, Colombia.

  3. H0. No existen diferencias estadísticamente significativas entre la edad y la percepción de un ambiente de ilegalidad y comportamiento de las personas no basado en normas frente al contrabando en la región fronteriza del Estado Táchira, Venezuela.

  4. H0. No existen diferencias estadísticamente significativas entre el nivel educativo y la percepción de un ambiente de ilegalidad y comportamiento de las personas no basado en normas frente al contrabando en la región fronteriza del Estado Táchira, Venezuela.

Asimismo, las variables investigadas son de carácter cualitativo medidas en escala ordinal. La comprobación sobre los supuestos de normalidad se llevó a cabo mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, lo cual arrojó no significancia en los supuestos de normalidad de la distribución, por lo tanto se utilizaron las pruebas no paramétricas o de libre distribución H de Kruskal Wallis, con nivel de significación α=0.05 para el contraste de hipótesis sobre la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los dos o más grupos de las variables independientes: a) grupos de edad (18 a 25 años; 26 a 35 años; 36 a 50 años; 50 años y más) y b) nivel educativo (sin nivel/primaria, primaria completa, bachillerato incompleto, bachillerato completo, técnico, universitario); y la variable dependiente de tipo ordinal o nominal (percepción de un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no basado en normas frente al contrabando). Las comparaciones post hoc entre pares permiten determinar diferencias por pares. Se utiliza el coeficiente Tau-b de Kendall como un indicador de la fuerza y direccionalidad de esa asociación.


Resultados y discusión

Departamento Norte de Santander, Colombia

La Tabla 1 relaciona la hipótesis a contrastar para cada una de las variables independientes (grupos de edad y nivel educativo). Igualmente conforme con los resultados, la mayoría de los habitantes del Norte de Santander, independientemente del grupo de edad, consideran estar de acuerdo o muy de acuerdo en que se visualiza un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no basado en normas frente al contrabando, en la zona de frontera Norte de Santander y Táchira, es decir, existen acuerdos entre personas y/o instituciones relacionadas con el tráfico de mercancías de contrabando para transitar sin el pago de impuestos o aranceles.

Tabla 1. Percepción de un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no basado en normas en la frontera frente al contrabando según grupos de edad (Norte de Santander)
Se percibe un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no se basa en normas en la frontera
Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo Total
Grupos de edad 18-25 95 335 118 34 5 587
16.2% 57.1% 20.1% 5.8% 0.9% 100%
26-35 87 306 92 28 3 516
16.9% 59.3% 17.8% 5.4% 0.6% 100%
36-50 128 420 167 41 5 761
16.8% 55.2% 21.9% 5.4% 0.7% 100%
50 y más 70 296 116 34 5 521
13.4% 56.8% 22.3% 6.5% 1.0% 100%
Total 380 1 357 493 137 18 2 385
15.9% 56.9% 20.7% 5.7% 0.8% 100%
Fuente: elaboración propia

Este resultado sugiere retener la hipótesis nula de independencia, al utilizar la prueba Kruskal Wallis H con (X2 =0.495; ρ=0.136) y valor mayor al nivel prefijado de α=0.05, lo cual confirma la evidencia que no existen diferencias estadísticamente significativas entre la edad de los habitantes del Norte de Santander y la percepción de un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no basado en normas frente al contrabando, es decir, todos los encuestados de Norte de Santander tienen la misma percepción.

Este comportamiento refiere a que el marginado social se introduce dentro del delito de manera involuntaria, el sistema social lo induce a participar de distintas formas de anomia y a tomar parte de grupos, bandas, mafias o pandillas. La marginalidad social conduce a un asociativismo negativo, donde las condiciones obligan a trabajar de manera conjunta (Briceño-León & Camardiel, 2015).

De igual manera, la existencia de grupos anómicos se debe a que habitualmente en LAC se promulgan leyes y normas, pero son incapaces de lograr una eficiencia en su cumplimiento con lo que existe frecuentemente impunidad (Waldmann, 2006). Respecto a la frontera colombo-venezolana, pese a las leyes que regulan el contrabando, existe en la práctica la corrupción imperante en los cuerpos de seguridad, como también en las aduanas, que promueve una violación constante de las leyes propuestas, como lo explican Albornoz Arias y Mazuera Arias, (2016) y Mazuera-Arias y colaboradores (2019). El enfoque de securitización en las fronteras permeables, pretende a través de la implementación de medidas como cercas, muros y patrullas, combatir el contrabando, es una medida eficaz, solo cuando no existen pactos y complicidad entre contrabandistas y funcionarios públicos, tal como lo expresan Kim & Tajima (2022).

Por otra parte, la crisis en las relaciones bilaterales que ha generado la drástica caída del intercambio comercial entre Colombia y Venezuela es un hecho que se refleja en la economía de ciudades como Cúcuta, en lo que destaca la devaluación del bolívar y una alta dependencia por la economía de Venezuela, lo que muestra que las inestabilidades cambiarias y políticas han tenido una consecuencia enorme sobre los sectores reales de la economía cucuteña (Sánchez Jabba, 2014). Esta situación concuerda con lo explicado por Van Uhm (2020) quien las denomina asimetrías criminógenas en los ámbitos de la economía, política, derecho, ecología y poder, pues contribuyen a la ausencia de controles y facilitan el tráfico ilegal de mercancías o vida silvestre de países del sur global hacia Europa.

Ahora bien, con respecto al factor nivel educativo puede observarse que la mayoría de los habitantes del Norte de Santander, independientemente de su nivel educativo, consideran estar de acuerdo o muy de acuerdo en que existe un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no basado en normas frente al contrabando. De igual manera, hay un porcentaje importante de personas que manifiestan no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo (Tabla 2).

Tabla 2. Percepción de un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no basado en normas en la frontera según nivel de estudios (Norte de Santander)
Se percibe un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no se basa en normas en la frontera
Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo Total
Último nivel aprobado Sin nivel /primaria incompleta 36 160 87 31 2 316
11.4% 50.6% 27.5% 9.8% 0.6% 100%
Primaria completa 56 167 76 19 4 322
17.4% 51.9% 23.6% 5.9% 1.2% 100%
Bachillerato incompleto 57 236 112 27 4 436
13.1% 54.1% 25.7% 6.2% 0.9% 100%
Bachillerato completo 154 530 152 48 5 889
17.3% 59.6% 17.1% 5.4% 0.6% 100%
Técnico 45 161 42 8 1 257
17.5% 62.6% 16.3% 3.1% 0.4% 100%
Universitario 32 103 24 4 2 165
19.4% 62.4% 14.5% 2.4% 1.2% 100%
Total 380 1 357 493 137 18 2 385
15.9% 56.9% 20.7% 5.7% 0.8% 100%
Fuente: elaboración propia

Por consiguiente, también se rechaza la hipótesis nula de independencia. Al utilizar la prueba Kruskal Wallis H con (X2 =0.495; ρ=0.000) valor menor al nivel prefijado de α=0.05, lo cual muestra evidencia que existen diferencias estadísticamente significativas entre el nivel educativo y percibir un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no basado en normas en la frontera.

En este caso, el estadístico Tau-b de Kendall, (Tau b=0.326; ρ=0.017) como medida de fuerza y dirección de la asociación, muestra relaciones positivas moderadas, lo que sugiere que entre mayor nivel educativo tengan las personas, estas tienen una posición de menor acuerdo con visualizar un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no basado en normas frente al contrabando. Por el contrario, entre menos nivel educativo están muy de acuerdo en dicha opinión (Tabla 3).

Tabla 3. Medidas de asociación de percepción de un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no basado en normas en la frontera según nivel de estudios
Valor Error típ. asint.a T aproximadab Sig. aproximada
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall 0.326 0.018 0.982 0.017
Tau-c de Kendall 0.326 0.014 0.982 0.014
a Asumiendo la hipótesis alternativa.
b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
Fuente: elaboración propia

La visión propuesta por Muratori y colaboradores (2013) corresponde a un enfoque psicosocial de la anomia, donde el socialmente excluido (en este caso con bajo nivel educativo) es una persona que vive la marginación social, que siente el rechazo de la comunidad donde vive y genera sentimientos de impotencia, desamparo y desesperanza para poder alcanzar nuevos niveles de ascenso dentro de la escala socioeconómica del sistema, motivo por el cual acepta como algo normal el contrabando y otras formas de violación del control social, que forma parte de una escala de valores negativos que conforman una fase de la cultura del ciudadano de esta frontera, y se transmite de generación en generación.

Estado Táchira, Venezuela

De igual forma, fueron considerados como factores los grupos de edad y nivel educativo. Se observa que la mayoría de los habitantes del Táchira, independientemente del grupo de edad, opinan que están muy de acuerdo y de acuerdo que existe un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no basado en normas frente al contrabando en la frontera (Tabla 4).

Tabla 4. Percepción de un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no basado en normas en la frontera, según grupos de edad (Táchira)
Se percibe un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no se basa en normas en la frontera
Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo Total
Grupos de edad 18-25 126 78 24 14 6 248
50.8% 31.5% 9.7% 5.6% 2.4% 100%
26-35 137 74 28 11 16 266
51.5% 27.8% 10.5% 4.1% 6.0% 100%
36-50 219 111 47 14 18 409
53.5% 27.1% 11.5% 3.4% 4.4% 100%
50 y más 246 141 49 21 18 475
51.8% 29.7% 10.3% 4.4% 3.8% 100%
Total 728 404 148 60 58 1 398
52.1% 28.9% 10.6% 4.3% 4.1% 100%
Fuente: elaboración propia

Igualmente, el resultado conllevó a retener la hipótesis nula de independencia, al utilizar la prueba Kruskal Wallis H con (X2=0.495; ρ=0.935) valor mayor al nivel prefijado de α=0.05, lo cual evidencia que no existen diferencias estadísticamente significativas entre la edad de los habitantes del Táchira y su percepción de un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no basado en normas frente al contrabando en la frontera. Esto significa que, independientemente de la edad, los encuestados del Táchira también observan un comportamiento desviado de las personas.

Una posible explicación de este resultado es la situación de anomia, marginalidad y fragmentación de la sociedad venezolana, lo cual fomenta los delitos económicos, entre ellos el contrabando (Nino, 2011). Por lo anterior, la economía ilegal del contrabando funciona a través de pactos en los cuales existen condiciones impuestas y establecidas por las personas que propician interacción social, económica y política (Briceño-León, 2016); en este caso son acuerdos entre contrabandistas y grupos armados que controlan los pasos ilegales que se incrementaron a raíz de que Venezuela cerrara unilateralmente su frontera en agosto de 2015 (García Pinzón & Mantilla, 2021).

En efecto, la economía venezolana ha continuado deteriorándose de forma gradual y sostenida. A la inestabilidad política interna, la caída de los precios petroleros y los desequilibrios acumulados por la implementación de una política económica ineficaz, que insiste en su sesgo antimercado y de desmotivación de la iniciativa privada, hay que añadir el desplome sostenido en la producción petrolera, el default desquiciado en el servicio de la deuda externa del sector público y el transitar de una economía de inflación elevada a una hiperinflacionaria (Zambrano et al., 2018).

Como consecuencia de esta inestabilidad, en la frontera colombo-venezolana se ha incrementado el contrabando, tanto de productos venezolanos hacia Colombia donde el lucro es importante debido al diferencial en el tipo de cambio, como el contrabando desde Colombia hacia Venezuela, de productos como los repuestos de vehículos, medicamentos y productos de primera necesidad que escasean en Venezuela o son más costosos (Albornoz Arias, 2016; Albornoz Arias et al., 2017); hallazgo similar al caso de las ciudades fronterizas de Tijuana-San Diego, donde fluyen mercancías de contrabando en dirección norte-sur y sur-norte (Hernández Hernández, 2021).

Con respecto al nivel educativo puede observarse que la mayoría de los habitantes de Táchira, sin importar el nivel educativo, están muy de acuerdo y de acuerdo en que existe un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no basado en normas frente al contrabando en la frontera (Tabla 5).

Tabla 5. Percepción de un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no basado en normas en la frontera según nivel de estudios (Táchira)
Se percibe un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no se basa en normas en la frontera
Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo Total
Último nivel aprobado Sin nivel /primaria incompleta 73 34 16 6 4 133
54.9% 25.6% 12% 4.5% 3% 100%
Primaria completa 100 67 18 10 8 203
49.3% 33% 8.9% 4.9% 3.9% 100%
Bachillerato incompleto 92 63 19 11 10 195
47.2% 32.3% 9.7% 5.6% 5.1% 100%
Bachillerato completo 230 121 54 18 21 444
51.8% 27.3% 12.2% 4.1% 4.7% 100%
Técnico 101 47 18 10 7 183
55.2% 25.7% 9.8% 5.5% 3.8% 100%
Universitario 132 72 23 5 8 240
55% 30% 9.6% 2.1% 3.3%
Total 728 404 148 60 58 1 398
52.1% 28.9% 10.6% 4.3% 4.1% 100%
Fuente: elaboración propia

En este caso, se retiene la hipótesis nula de independencia, al utilizar la prueba Kruskal Wallis H con (X2=0.495; ρ=0.476) valor mayor al nivel prefijado de α=0.05, muestra evidencia que no existen diferencias estadísticamente significativas entre el nivel educativo y la percepción de un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no basado en normas frente al contrabando en la frontera. Esto significa que, independientemente del nivel educativo de los encuestados de Táchira, la opinión sobre la existencia de comportamientos desviados en la frontera es la misma.

Igualmente, hay una tradición que vincula la región del Táchira con el contrabando, sin embargo, en la conciencia colectiva, esta actividad es percibida como delito por unos y como violación leve de normas por otros, en todo caso, hay una visión de conjunto que el contrabando es una negación de las normas jurídicas que rigen la vida de frontera. En el caso de Venezuela se podría explicar este fenómeno también como una consecuencia del aumento paulatino que ha tenido la corrupción en general en el país desde los últimos 17 años como lo señalan Mazuera-Arias y colaboradores (2019). Todo venezolano rechaza la corrupción, pero muchos la practican en diferentes niveles y diferentes grados (Niño et al., 2012; Tablante & Tarre, 2013).

Los resultados obtenidos, tanto de los encuestados de Norte de Santander (Colombia) como de Táchira (Venezuela), son similares a los obtenidos por Williams (2009), quien revela que tanto en México como en Irak existe control de contrabando de mercancías ilícitas (como por ejemplo alimentos, medicamentos, repuestos para vehículos, materias primas en pequeñas cantidades, que no pagan impuestos), violencia, anomia, cultura de anarquía y altos niveles de corrupción. Asimismo, concuerdan con hallazgos del estudio de Jancsics (2021), quien analizó 156 casos criminales de oficiales y agentes empleados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que trabajaban en la frontera sur de Estados Unidos, donde la mayoría de los casos estaban relacionados con actividades de la delincuencia organizada, se trató de funcionarios de aduanas corruptos, responsables de las operaciones aduaneras en los puntos oficiales de entrada al país, y de agentes de la patrulla fronteriza ubicados en los puertos de entrada. De igual manera, coinciden con el estudio de Gallien y Weigand (2021), quienes explican los tipos de relaciones entre los contrabandistas y el estado en zonas fronterizas del norte de África y el sudeste asiático.


Conclusiones

Quizás el contexto que describe a muchas de las fronteras de LAC puede contrastarse en algunas de las realidades que convergen en la frontera colombo-venezolana, considerando algunas divergencias propias de los entornos sociales en donde la pobreza, desigualdad, violencia y ubicación periférica han condicionado la vida de sus ciudadanos. Aun así, la frontera entre el departamento Norte de Santander y el estado Táchira ha estado signada por vínculos históricos arraigados en los pobladores en donde, a lo largo de siglos, se han desarrollado acciones para el transporte transfronterizo y economías complementarias que han permitido sortear los inconvenientes de estar alejada de los centros de poder.

Si bien el contrabando como práctica ilegal se refleja en gran parte de las fronteras del mundo, el entorno complejo originado por las desavenencias políticas y la crisis económica venezolana ha fomentado el renacer de una práctica ilícita que, incluso estando asumida o aceptada en gran parte de los ciudadanos de la frontera Norte de Santander-Táchira, se desdibujaba ante el crecimiento económico que brindaba oportunidades de empleo y crecimiento para las familias de la frontera.

Aun cuando la reapertura de los puntos de cruce fronterizo entre Colombia y Venezuela ha permitido el intercambio comercial, medir el impacto del contrabando en esta nueva etapa de las relaciones bilaterales se hace complicado por la renuencia del gobierno venezolano de publicar datos acerca de esta práctica. Igualmente, la crisis económica venezolana continúa, razón por la cual se mantienen las asimetrías que caracterizan esta frontera.

Es en este nuevo entorno conflictivo en donde la anomia social se refleja como una costumbre, tradición o práctica usual que en la actualidad se ve inducida por una crisis económica, y la ausencia de capacidad de respuesta por ambos gobiernos. Ante el cierre de los pasos fronterizos e incertidumbre, las alternativas no se hicieron esperar y, en una frontera tan extensa y porosa como la que comparten Táchira y Norte de Santander, cualquier cruce de ríos, veredas o caminos se convirtió en tan solo una vía de comunicación para cubrir sus carencias sin detenerse a reflexionar sobre la comisión o no de un delito.

Mas allá de cualquier cuestionamiento a esta práctica ilegal y de las conductas permisivas de los ciudadanos y autoridades, las respuestas de ambos estados pasan por recuperar las oportunidades de crecimiento y desarrollo en las que venían sustentándose gran parte de sus relaciones comerciales y sociales entre Norte de Santander y Táchira, al considerar el arraigo histórico y las peculiaridades que durante siglos han signado la vida de sus ciudadanos.

Por último, los nuevos enfoques de frontera vinculados a las interacciones sociales y vivencias de sus ciudadanos deben seguir profundizando en los rasgos diferenciales que describen a la anomia social como práctica frecuente y arraigada en la conducta de muchos habitantes de frontera. Tal vez comenzar por brindar las condiciones similares de desarrollo y calidad de vida que se reflejan en las ciudades capitales sea una de las primeras medidas a considerar, pero haciendo también énfasis en los cambios de comportamiento que pueden iniciarse a través de la educación y la creación de una cultura ciudadana de legalidad que coadyuve a reducir actuaciones de anomia social en estos territorios fronterizos.

Agradecimientos

A la Universidad Simón Bolívar, Cúcuta, y Universidad Católica del Táchira que financiaron el proyecto de investigación. También se agradece a todas y todos quienes participaron voluntariamente en este artículo a través de las encuestas.

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Neida Albornoz-Arias
Colombiana. Doctorada en ciencias sociales y jurídicas por la Universidad de Córdoba (España). Profesora de tiempo completo en la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Simón Bolívar, Cúcuta, Colombia. Líneas de investigación: desarrollo territorial, fenómeno migratorio: lo transnacional y transfronterizo, emprendimiento e innovación. Publicación reciente: Albornoz-Arias, N. & Santafé-Rojas, A.-K. (2022). Self-confidence of Venezuelan migrant entrepreneurs in Colombia. Social Sciences, 11(7), Artículo 290. http://dx.doi.org/10.3390/socsci11070290

Miguel Ángel Morffe Peraza
Venezolano. Magister en fronteras e integración por la Universidad de Los Andes, Venezuela. Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica del Táchira, Venezuela. Líneas de investigación: políticas públicas, fronteras y migración. Publicación reciente: Mazuera‐Arias, R., Albornoz‐Arias, N., Cuberos, M.-A., Vivas‐García, M. & Morffe Peraza, M. Á. (2020). Sociodemographic profiles and the causes of regular Venezuelan Emigration. International Migration, 58(5), 164-182. https://doi.org/10.1111/imig.12693



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