e-ISSN 2395-9134
ArtículosEstudios Fronterizos, vol. 24, 2023, e127

https://doi.org/10.21670/ref.2316127


La militarización fronteriza: flujos migratorios y régimen de Schengen

Militarization of borders: migration flows and the Schengen regime

Marta Zorkoa * https://orcid.org/0000-0002-8458-7384
Robert Mikaca https://orcid.org/0000-0003-4568-6299
Rory Yoderb https://orcid.org/0009-0002-2144-4762

a University of Zagreb, Faculty of Political Science, Zagreb, Croacia, correo electrónico: marta.zorko@fpzg.hr, robert.mikac@fpzg.hr

b Olmsted Foundation, Washington, DC, Estados Unidos, correo electrónico: rorrence@protonmail.com

* Autora para correspondencia: Marta Zorko. Correo electrónico: marta.zorko@fpzg.hr


Recibido el 03 de febrero de 2023.
Aceptado el 31 de agosto de 2023.
Publicado el 16 de octubre de 2023.


CÓMO CITAR: Zorco, M., Mikac, R. & Yoder, R. (2023). Militarization of borders: migration flows and the Schengen regime [La militarización fronteriza: flujos migratorios y régimen de Schengen]. Estudios Fronterizos, 24, Artículo e127. https://doi.org/10.21670/ref.2316127

Resumen:
Se explora la paradoja de un mundo globalizado y cooperativo que parece propicio para la apertura, pero que presencia la proliferación de fronteras cerradas, barreras físicas y aumento de militarización en las fronteras. El objetivo es investigar, analizar y categorizar diferentes tipos de militarización en las fronteras con perspectivas tanto teóricas como prácticas. Se proponen nuevas definiciones para la militarización en las fronteras que abarcan desde formas evidentes hasta sutiles. Este estudio se centra en la militarización específicamente en países periféricos en los márgenes exteriores del régimen Schengen de la Unión Europea, utiliza una metodología de estudio de casos comparativos. Se ofrece una visión profunda de dos casos similares y de la militarización práctica posterior a la crisis migratoria europea de 2015-2016 en Croacia y Polonia. Las conclusiones arrojan luz sobre los efectos a largo plazo de la crisis migratoria en Europa y el creciente fenómeno de la militarización fronteriza sutil y encubierta, pese a las limitaciones de la investigación, con enfoque eurocéntrico y generalizado.
Palabras clave: militarización de fronteras, espacio Schengen, Unión Europea (UE), crisis migratoria.


Abstract:
This article explores the paradox of a globalized cooperative world that appears conducive to openness, yet simultaneously witnesses the proliferation of closed borders, physical barriers, and increased border militarization. The objective is to research, analyze, and categorize the various types of border militarization, offering both theoretical and practical perspectives. We propose new definitions for border militarization to encompass its diverse expressions, ranging from overt to subtle forms. This study focuses on border militarization within Europe, specifically in peripheral countries on the outer fringes of the European Union’s Schengen regime, employing a comparative case study methodology. It provides in-depth insights into two similar cases and practical militarization following the 2015-2016 European migration crisis in Croatia and Poland. While the research has limitations, including its eurocentric focus and limited generalizability, the conclusions shed light on post-migration crisis long-term effects in Europe and the growing phenomenon of subtle and covert border militarization.
Keywords: border militarization, Schengen area, European Union (EU), migration crisis.


Idioma original del artículo: Inglés

Introducción

Este documento examina la militarización de la frontera exterior de la Unión Europea (UE) en dos estudios de caso: Croacia y Polonia. Aunque en el momento de la crisis migratoria de 2015 a 2016 estos dos países no tenían el mismo estatus Schengen, ambos experimentaron la presión migratoria durante y justo después de la crisis. Esta presión dio lugar a diferentes medidas adoptadas por el Estado para preservar la frontera e incluyó métodos no militares y militares. Dado que la presencia militar en las fronteras de los estados soberanos no es la práctica más habitual en las sociedades democráticas, especialmente en el contexto regional europeo, consideramos importante analizar el trasfondo que subyace a tales acciones.

Este documento se divide en cuatro partes principales. La introducción sirve para explicar los puntos de vista de los investigadores y la relevancia del tema. La parte teórica debate las nuevas formas y definiciones de la movilización fronteriza ofreciendo una visión teórica y un estado de la cuestión sobre el proceso de endurecimiento de las fronteras. La siguiente parte está orientada a la investigación y ofrece un análisis en profundidad de dos estudios de caso similares -Croacia y Polonia- relacionados con el fenómeno de la militarización de las fronteras en Europa tras la crisis migratoria de 2015-2016. Las conclusiones ofrecen resultados comparativos y sugieren próximos pasos en este ámbito de la investigación.

El primer objetivo es comparar las acciones mencionadas y determinar si constituyen una parte del proceso de militarización de las fronteras. El resultado principal debería ser la definición exhaustiva y de múltiples capas de la militarización de las fronteras en el siglo XXI en el contexto particular antes mencionado. La posible generalización en este caso no es intencionada, aunque se pueden encontrar ejemplos similares en el contexto mundial. Sin embargo, el ámbito geográfico de este documento se orienta hacia el continente europeo y la dinámica entre la UE (nivel supranacional), los Estados miembros de la UE en particular (nivel nacional), y sus Vecindarios (la V mayúscula y el plural se utilizan intencionadamente ya que los vecindarios europeos se definen a través de los documentos de la UE). Aunque los Vecindarios están formados por países vecinos no integrados, esos países no se incluyen en el análisis porque el documento no se centra en las relaciones bilaterales ni en la gestión conjunta de las fronteras, sino en la militarización unilateral de la UE que se produce en respuesta a las amenazas asimétricas y a los retos de seguridad no relacionados con el Estado.

El segundo objetivo del documento es mostrar cómo funciona en la práctica la militarización de las fronteras durante e inmediatamente después de la crisis migratoria de 2015-2016 utilizando dos casos. Esta investigación muestra qué tipos de militarización relacionados con las fronteras existen en el entorno contemporáneo, así como la forma en que se utilizaron tras dicha crisis.

Los estudios de caso de Croacia y Polonia son ejemplos para la comparación a través del método de investigación más parecido. Ambos países son Estados miembros de la UE en una posición geográficamente periférica. Ambos se encuentran en la frontera exterior europea y ambos se vieron muy influidos por la presión migratoria tras la crisis migratoria. No forman parte de la misma ruta migratoria, pero fueron impactados por los mismos procesos de flujo migratorio originados en Oriente Medio. El enfoque en las fronteras terrestres y las movilidades terrestres emana de la perspectiva regional (Europa), el trasfondo geopolítico (las relaciones centro-periferia y los círculos de pertenencia, así como el dualismo de Schengen), y la huella que la crisis migratoria de 2015-2016 dejó en la arquitectura de seguridad europea. En ambos casos existe una presunción de militarización de las fronteras que se analizará más adelante.

Aunque no son comparables por tamaño o posición geográfica, ambos países son culturalmente similares y forman parte de las mismas integraciones (UE, Organización del Tratado del Atlántico Norte) e iniciativas (por ejemplo, la Iniciativa de los Tres Mares). Polonia forma parte del espacio Schengen desde 2007, y Croacia ha entrado este año (2023). Aunque recientemente aceptada en el acuerdo Schengen, Croacia ha estado introduciendo medidas Schengen desde su adhesión a la UE en 2013 y aplicándolas a lo largo de la frontera durante el periodo investigado. El acuerdo de Schengen es un acuerdo legal entre estados europeos que permite el concepto de libre circulación de personas entre sus signatarios. Data de finales del siglo pasado y es un marco de aplicación de las libertades europeas integrado en el núcleo mismo de la idea europea. Esto significa que los Estados miembros del Acuerdo de Schengen no tienen ningún control fronterizo en sus fronteras interiores. Para permitir esa libre circulación, la frontera exterior (hacia terceros países) debe ser sólida y resistente a las amenazas procedentes del exterior.

El proceso de modificación de la frontera para cumplir los requisitos del acuerdo de Schengen se conoce como reborderización. Con este proceso se supone la desaparición de los regímenes fronterizos interiores y la externalización de una única frontera exterior común (Casas-Cortes et al., 2012; Eilstrup-Sangiovanni, 2021; Marcu, 2015). Se espera que la presión hacia dicha frontera sea mayor, o al menos que el movimiento hacia ella sea más visible (registrado y denunciado). Dicha frontera común se constituye a partir de las fronteras nacionales de países miembros geográficamente periféricos, por lo que el nivel práctico de aplicación de los mecanismos del régimen Schengen, aunque unificado y definido, depende de las capacidades de cada Estado miembro en cuestión. Para la regulación común a lo largo de la frontera exterior, la UE creó Frontex. Creada en 2004 para controlar la cooperación operativa a lo largo de la frontera exterior de la UE, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) “ayuda a los países de la UE y a los países asociados a Schengen a gestionar sus fronteras exteriores”, además de contribuir a “armonizar los controles fronterizos en toda la UE” y promover “la cooperación entre las autoridades fronterizas de cada país de la UE, proporcionando apoyo técnico y conocimientos especializados” (European Union, s. f.).

Aunque la frontera exterior se considera una frontera común de la UE, sus respectivos tramos quedan bajo la autoridad de cada Estado miembro en particular. La crisis migratoria de 2015-2016 dio lugar a lo que se denominó una paradoja de Schengen. Los Estados miembros, uno por uno, decidieron suspender temporalmente la aplicación del régimen de Schengen y recuperar los controles administrativos y de seguridad nacionales a lo largo de sus fronteras nacionales. Al mismo tiempo, la frontera exterior de Schengen era porosa para los flujos migratorios cotidianos, especialmente a lo largo de la ruta de los Balcanes (el punto de entrada de Schengen en aquel momento era Eslovenia). Así pues, la paradoja de Schengen reflejaba la situación exactamente opuesta a la prevista en el sistema Schengen, tal y como se desarrolló durante la crisis migratoria. Las fronteras interiores europeas entre los Estados miembros estaban cerradas o bajo vigilancia, mientras que la exterior era porosa con una entrada diaria de hasta 10 000 personas. Como informa el Instituto de Política Migratoria, “más de un millón de solicitantes de asilo y otros migrantes procedentes de Siria, Afganistán, Irak y países más lejanos como Pakistán y Nigeria llegaron a los países de la UE en 2015, la mayor cifra jamás registrada en un solo año” (Terry, 2021). El Instituto de Política Migratoria lamentó además que,

al carecer el bloque de un mecanismo eficaz para compartir la carga de responder a estas solicitudes de asilo, los Estados miembros del sur y del este se enfrentaron a un impacto desproporcionado a medida que la llegada de inmigrantes aumentaba y continuaba a un ritmo significativo en 2016. El desafío migratorio se convirtió rápidamente en continental, amenazando con socavar el proyecto de integración europea de décadas y hacer añicos la noción de Europa como una entidad singular que podía hablar con una sola voz. (Terry, 2021)

Por ejemplo, durante la crisis de 2015-2016, más de medio millón de personas atravesaron Croacia. Croacia solo fue un país de tránsito durante la crisis, pero siguió siendo un punto de entrada popular después de superada esta para los intentos de cruce ilegal de fronteras. Durante la crisis hubo un claro patrón geográfico de movimiento que incluía papeles específicos desempeñados por países concretos de la UE (Zorko, 2018). El patrón es geográfico porque los países reaccionaron de acuerdo con sus respectivas posiciones geográficas y podrían dividirse en países en transición (países periféricos de la UE) y países de destino (países desarrollados del núcleo de la UE). Sin embargo, los países también podrían clasificarse como indiferentes (países periféricos que cerraron sus fronteras con alambre de púas durante la crisis migratoria, concretamente Hungría, y desviaron los flujos migratorios hacia otros puntos blandos) o autoincluidos (países centrales que no eran países de destino, pero decidieron ayudar con apoyo financiero o humanitario) (Zorko, 2018).

Las fuertes divisiones entre los Estados miembros de la UE y otros países europeos basadas en la lógica geográfica pusieron de relieve la importancia de las fronteras terrestres y de los movimientos por tierra. Esto supuso un cambio con respecto a las rutas migratorias y los procesos de migración irregular del pasado, que se centraban principalmente en el Mediterráneo y en las fronteras marítimas de la UE. La resolución de la crisis migratoria estuvo marcada por el Plan de Acción Conjunto de marzo de 2016, que siguió a la declaración conjunta UE-Turquía. Este acuerdo subrayó que la UE por sí sola era incapaz de gestionar la crisis migratoria. El acuerdo ha sido calificado correctamente como “un anteproyecto”, ya que establece una nueva “estrategia europea de externalización de la gestión de la migración a sus vecinos” (Terry, 2021). En un escrito para el Instituto de Política Migratoria en 2021, Kyilah Terry señaló:

En marzo de 2016, la Unión Europea firmó un acuerdo histórico con Turquía, por donde habían transitado cientos de miles de migrantes para llegar a suelo comunitario, para limitar el número de llegadas de solicitantes de asilo. Los migrantes irregulares que intentaran entrar en Grecia serían devueltos a Turquía y Ankara tomaría medidas para impedir que se abrieran nuevas rutas migratorias. A cambio, la UE acordó reasentar a los refugiados sirios procedentes de Turquía de forma individualizada, reducir las restricciones de visado para los ciudadanos turcos, pagar 6 000 millones de euros en ayudas a Turquía para las comunidades de migrantes sirios, actualizar la unión aduanera, y reactivar las conversaciones estancadas sobre la adhesión de Turquía a la UE. Turquía era en ese momento el mayor país de acogida de refugiados del mundo. (Terry, 2021)

Tras el acuerdo, se detuvieron oficialmente los grandes flujos migratorios diarios, lo que abrió posibilidades de intentos cotidianos irregulares e ilegales a lo largo de la frontera exterior de Schengen (caso de Croacia), y de utilización instrumentalizada de los migrantes (caso de Polonia). En ambos casos se pusieron en práctica nuevas formas de militarización fronteriza, que en adelante se definirán y explicarán científicamente.


Militarización de fronteras en el siglo XXI

En el mundo contemporáneo, mientras se debate ampliamente sobre la apertura de la globalización, la presencia virtual, y el ciberespacio, cada vez hay más pruebas de que los obstáculos físicos se multiplican a lo largo de las fronteras de los Estados nacionales. Como comentó Reece Jones, “en 2012 había unos 35 muros fronterizos en todo el mundo; en 2017 hay casi 70” (Jones & Ferdoush, 2018, p. 14). Sin suponerlo, las cifras son aún más elevadas en la actualidad, ya que cada día se construyen nuevas barreras fronterizas. En Europa existen pruebas de la existencia de obstáculos físicos en las fronteras en numerosos casos, y en un informe del Parlamento Europeo se señala que “el número de muros y vallas fronterizos en todo el mundo ha aumentado drásticamente en las últimas décadas” (Dumbrava, 2022, p. 1).

El Informe añadió que la cifra “también es válida para la zona UE/Schengen, que actualmente está rodeada o atravesada por 19 vallas fronterizas o de separación que se extienden a lo largo de más de 2 000 kilómetros (km)”, y que “entre 2014 y 2022, la longitud total de las vallas fronterizas en las fronteras exteriores de la UE y dentro de la zona UE/Schengen creció de 315 km a 2 048 km” (Dumbrava, 2022, p. 1). El Informe comentaba además que, “en las dos últimas décadas, el número de vallas fronterizas en las fronteras UE/Schengen ha pasado de 0 a 19 [...y] para 2022, 12 países UE/Schengen habrán construido vallas en uno o más tramos de sus fronteras” (Dumbrava, 2022, p. 1). Con la proliferación de estas barreras físicas también han llegado pruebas del endurecimiento de los regímenes fronterizos por otros medios.

El endurecimiento y la militarización de los regímenes fronterizos son evidentes en el uso de sofisticados equipos para la supervisión de las fronteras. En 2015, la UE revisó la legislación y la cooperación fronterizas en el marco del Programa de Fronteras Inteligentes. Como señaló la Comisión Europea:

[El programa] se anunció tanto en la Agenda Europea de Migración como en la Agenda Europea de Seguridad.

La Agenda Europea de Seguridad subraya que para prevenir la delincuencia y el terrorismo transfronterizos es esencial contar con normas comunes de alto nivel en la gestión de las fronteras. Subraya que la propuesta revisada sobre fronteras inteligentes contribuirá a aumentar la eficiencia y la eficacia de la gestión de las fronteras. También subraya la importancia de garantizar un mejor intercambio de información, entre otras cosas manteniendo en revisión los instrumentos existentes y llenando los vacíos de la cobertura.

La Agenda Europea de Migración subraya que para gestionar con mayor eficacia las fronteras exteriores de Schengen es necesario aprovechar mejor las oportunidades que ofrecen los sistemas y las tecnologías de la información (IT). Se refiere a los tres sistemas existentes: Eurodac (para la gestión del asilo), VIS (para la gestión de las solicitudes de visado) y SIS (para el intercambio de información sobre personas y objetos para los que se ha creado una alerta). El Sistema de Entradas y Salidas representa una nueva herramienta para aumentar la eficacia de los pasos fronterizos y facilitar el cruce a los viajeros “de buena fe”, al tiempo que refuerza la lucha contra la inmigración irregular al crear un registro de todos los movimientos transfronterizos de los nacionales de terceros países. (European Commission, 2016)

Junto con el programa común, cada estado miembro invierte en sus programas de vigilancia. En general, la UE y sus estados miembros tienden hacia un uso sofisticado de la inteligencia artificial (Dumbrava, 2021). No obstante, “a lo largo de la historia, los estados se han apresurado a cooptar ‘nuevas’ tecnologías para resolver el problema típicamente moderno de identificar con precisión a los individuos con el fin de controlar la movilidad y hacer frente a la delincuencia” (Dumbrava, 2021, p. 1). Junto con las técnicas de vigilancia antes mencionadas, cada vez son más frecuentes los equipos militares, así como la presencia militar en la práctica cotidiana del control fronterizo. En el contexto europeo, no es habitual que los Estados democráticos utilicen la fuerza militar para el control fronterizo. Por lo tanto, la cuestión que se plantea es por qué se producen estas prácticas y cuáles son los desencadenantes clave de tales acciones.

Una de las respuestas reside en el fenómeno de la securitización de las migraciones (Bourbeau, 2011; Džidić, 2020; Fauser, 2006; Ferreira, 2018). Cuando un proceso o fenómeno social (como la migración) se securitiza, se considera parte del sistema de seguridad y se convierte en un problema de seguridad. Las soluciones a los problemas de seguridad se buscan dentro de un sistema de seguridad y a menudo incluyen respuestas militares. Pero además de la presencia militar en las fronteras en tiempos de crisis existen otras formas de militarización de las fronteras que deben tenerse en cuenta. El primer nivel de militarización es el uso militar clásico o la presencia militar implicada y legalmente presumida por la legislación de un país en un momento de crisis. Tal estado de emergencia se considera una militarización fronteriza legal y legítima según las definiciones tradicionales de seguridad nacional (opuesto a las definiciones contemporáneas de los estudios críticos de seguridad).

Sin embargo, la presencia militar en las fronteras no es el único fenómeno que debe considerarse militarización de las fronteras y endurecimiento de los regímenes fronterizos. El fenómeno que Reece Jones y Md. Azmeary Ferdoush (2018) explican como externalización fronteriza a menudo conduce hacia la militarización fronteriza por otros medios o por otras partes. Otros medios se refieren a dispositivos tecnológicos y de vigilancia mientras que otras partes se refiere a terceros países (a menudo no democráticos) vecinos. Vigilar la propia frontera en terceros países en los que no se aplica el derecho positivo deja un amplio espacio para la manipulación al margen de las prerrogativas de los derechos humanos. Estos casos de externalización de la seguridad suelen implicar no solo el cuestionable proceso de transferir el control a países potencialmente autoritarios, sino que también podrían reflejar una percepción sesgada de quién tiene derecho a los derechos humanos dentro del país que externaliza su control fronterizo. La militarización por otros medios o la militarización por terceros se produce debido a la práctica de externalización de la seguridad fronteriza. Empujar los retos de seguridad relacionados con las fronteras, como los flujos migratorios, hacia otros espacios -los campamentos de contención en países vecinos o las zonas tapón hechas con países vecinos son ejemplos de soluciones comunes que los países influyentes utilizan para la regulación de la migración:

Además de la expansión de las prácticas de seguridad en las fronteras, muchos Estados están externalizando el control fronterizo mediante acuerdos con los países vecinos. La externalización de las fronteras significa que gran parte del trabajo de hacer cumplir la normativa fronteriza lo realizan los Estados de tránsito que no son el destino final de las personas que se desplazan (Casas-Cortés et al., 2012, 2015; Collyer, 2007, 2013; Collyer & King, 2015).

Estados Unidos tiene acuerdos con Canadá y México para ampliar sus fronteras fuera de la línea fronteriza real; la UE ha firmado acuerdos con Turquía, Marruecos y Afganistán que reclutan a estos países para que patrullen en busca de posibles migrantes e impidan que lleguen a los bordes de la UE. (Jones & Ferdoush, 2018, p. 15)

En ambos espacios excluidos -ya sean campos de migrantes o fronteras prestadas- el (sobre)uso militar es más que bienvenido y fomentado financieramente por las partes interesadas. En estos espacios se insta a regímenes (militares) estrictos y no se hacen preguntas innecesarias, lo que significa que a menudo se violan los derechos humanos de las personas en movimiento. Resulta interesante cómo la UE aceptó la acción conjunta UE-Turquía relativa a los flujos migratorios mientras que, por la misma razón, echaba en cara a Turquía cuestiones de derechos humanos en su proceso de adhesión.

Otra forma de militarización fronteriza es el ya mencionado uso de equipos militares para la vigilancia de las fronteras. Aunque este tipo de militarización no incluye el uso oficial de fuerzas militares, sí incluye el uso de equipos militares por otros organismos del sector de la seguridad del Estado. Tales medidas en el control fronterizo suelen planificarse y ejecutarse a través de leyes y estrategias estatales positivas, pero, no obstante, podrían definirse como una militarización técnica de las fronteras.

Un cuarto tipo de militarización fronteriza está representado por los diferentes tipos de grupos de combate o fuerzas paramilitares que participan en el proceso de control fronterizo. Los guardias fronterizos oficiales, no oficiales o autoorganizados representan acciones semilegales y ad hoc de control fronterizo, así como de militarización fronteriza. Un ejemplo de militarización fronteriza ad hoc es el caso de Croacia, donde había pruebas de rechazos de inmigrantes, pero sin que se supiera claramente quién era el responsable de tales acciones. Otro ejemplo es la autoproclamada organización paramilitar eslovena Štajerska straža y sus acciones durante la crisis migratoria de 2015-2016. (Večernji list, 2019).

Por último, el quinto tipo es la militarización fronteriza provocada. Este tipo incluye la clásica presencia militar a lo largo de la frontera tras verse expuesta a una crisis provocada por un tercero o un Estado vecino. El ejemplo de este tipo de militarización es el caso de la crisis fronteriza entre Bielorrusia y la UE en 2021-2022, en la que Bielorrusia utilizó a los migrantes como arma contra Polonia y provocó una crisis migratoria a lo largo de la frontera de la UE. También denominada crisis bielorruso-polaca -ya que la frontera oriental de Polonia era un importante punto de presión-, este caso demostró cómo funciona dicha militarización en la práctica. Los ejemplos anteriores podrían y deberían reconsiderarse ampliamente fuera del contexto de la UE e incluirse en la definición contemporánea de militarización fronteriza en el futuro. Dos de ellos se desarrollan con más detalle: los estudios de caso de Croacia y Polonia.


La República de Croacia y la militarización de las fronteras blandas

Los croatas como pueblo habitaban zonas del sureste de Europa a finales del siglo VI y principios del VII. La mayoría de ellos se asentaron en la zona delimitada por el mar Adriático, los Alpes y los ríos Danubio, Tisa, Drina, Mura y Drava. Durante los siglos siguientes crearon un estado que incluía un territorio definido, una dinastía gobernante nacional, un escudo de armas y un ejército permanente, además de una asamblea legislativa estatal. Como nación pequeña, tuvieron que luchar constantemente contra los invasores, por lo que acabaron perdiendo su condición de Estado desde principios del siglo XI y no la recuperaron hasta finales del siglo XX. Muchos acontecimientos del siglo XX crearon las condiciones para la independencia de numerosas naciones pequeñas que existían dentro de Estados multinacionales, como “el final de la Guerra Fría, la retirada de la URSS de la escena política mundial como ‘superpotencia’, la disolución voluntaria del Pacto de Varsovia, la caída del Muro de Berlín, y el colapso del comunismo en Europa” (Kačić, 1998, p. 148).

Croacia aprovechó las tumultuosas circunstancias de este periodo y logró restablecerse como Estado soberano. La nación obtuvo el reconocimiento internacional en 1992 mientras libraba una guerra por la independencia y por la liberación de los territorios ocupados de 1991 a 1995. Al ganar la guerra, consiguió reintegrar pacíficamente las partes restantes del territorio croata en 1998. Desde su independencia, Croacia se comprometió firmemente con los valores euroatlánticos, como lo demuestra su adhesión a organizaciones mundiales y occidentales. Al convertirse en miembro de las Naciones Unidas en 1992, Croacia centró su política exterior en unirse a las estructuras políticas, de seguridad y económicas occidentales. Para demostrar su disposición y capacidad de ser un miembro responsable de los valores e iniciativas occidentales, la nación empezó a participar muy activamente en numerosas operaciones y misiones de mantenimiento de la paz de la ONU, la OTAN, y la UE a partir de 1999. Esta participación se tradujo en un camino más claro hacia la plena adhesión a las organizaciones a las que Croacia aspiraba. Así, en 2009, se convirtió en miembro de pleno derecho de la alianza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN); en 2013, en miembro de pleno derecho de la UE; y a principios de 2023, en miembro de pleno derecho del espacio Schengen y de la eurozona (unión monetaria), con lo que la nación se integró plenamente en todas las instituciones clave europeas y occidentales contemporáneas. El esfuerzo realizado por Croacia fue reconocido y alabado; en 2017, el Secretario de Defensa de Estados Unidos Jim Mattis dijo que Croacia “es un país pequeño, pero [...] golpea [... y] lucha más fuerte que lo que pesa” (Mattis & Krsticevic, 2017).

Desde un punto de vista geoestratégico, Croacia está situada en la zona del sureste de Europa que conecta Europa Occidental, Europa Central y el Mediterráneo, lo que refleja las características de su historia, cultura, arquitectura y gastronomía. Como se informa en la página web de la UE, Croacia se extiende desde Vukovar, en el noreste, pasa por Zagreb, en el oeste, y hasta Dubrovnik, en el extremo sur, adquirió la mayor parte de sus contornos actuales desde finales del siglo XVII, con una superficie de 56 594 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en el decimonoveno país europeo más grande. Según el censo de 2021, Croacia tiene menos de cuatro millones de habitantes (Croatian Bureau of Statistics, 2022), mientras que una parte significativa de su población vive en otros países. Por ejemplo, en la vecina Bosnia y Herzegovina, los croatas son una de las tres naciones constituyentes, y existe una emigración croata generalizada en todo el mundo, con muchos croatas que se han convertido en emigrantes económicos en Europa Occidental en las últimas décadas.

Dinámicas regionales: Balcanes occidentales y ruta de los Balcanes occidentales

Se ha convertido en costumbre utilizar el método de la generalización para dividir ciertas zonas geográficas en regiones con el fin de distinguir un determinado conjunto de países que tienen características históricas, políticas, transitorias, de seguridad, culturales y de otro tipo similares a un denominador común, independientemente de hasta qué punto la generalización se ajusta realmente a cada país. Aunque ya se ha dicho que Croacia está situada en la zona del sudeste de Europa, muchos la clasifican además en la región de los Balcanes Occidentales. Al mismo tiempo, muchos croatas no están de acuerdo con esta afirmación porque, en un sentido político, el término Balcanes representa todo lo que Croacia no quiere ser y de lo que desea alejarse. Pero los Balcanes occidentales son una frase conocida en todo el mundo y, como señala la OTAN, “pocas regiones del mundo pueden reivindicar una diversidad cultural, religiosa y demográfica más rica que los Balcanes Occidentales” (Andreychuk, 2018).

El entorno dinámico de los Balcanes Occidentales (que consisten en Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Macedonia del Norte y Albania) constituye una importante variable política y de seguridad que afecta a Croacia, a su actividad política y a su situación de seguridad. La UE ha declarado que está “plenamente comprometida con la integración en la UE de los Balcanes Occidentales” como parte de un “objetivo estratégico compartido que une a toda la región y a la UE” (European External Action Service, 2022). Actualmente hay conversaciones en curso con Montenegro y Serbia para su adhesión a la UE y, en marzo de 2020, el Consejo Europeo “acordó abrir negociaciones de adhesión con Macedonia del Norte y Albania” (European External Action Service, 2022).

Además, Bosnia-Herzegovina y Kosovo son “candidatos potenciales a la adhesión a la UE” (European External Action Service, 2022), aunque Kosovo no está reconocido como Estado de pleno derecho por todos los miembros de la UE. Kosovo y Serbia mantienen un conflicto internacional sobre la soberanía y la cuestión de la condición de Estado, en el que Serbia considera a Kosovo parte integrante de su territorio. En términos militares y de seguridad, Albania, Montenegro y Macedonia del Norte son miembros de pleno derecho de la OTAN. Actualmente, Kosovo está intentando ingresar en la OTAN, mientras que Bosnia y Herzegovina siguen divididas internamente sobre si ingresar o no y Serbia se declara un país militarmente neutral. Por otro lado, Serbia mantiene relaciones favorables con la Federación Rusa y se presenta como el socio más fiable de Rusia en Europa. Y a pesar de la compleja situación de los Balcanes Occidentales, la UE sigue esforzándose por integrar plenamente a cada nación de la región. Los Balcanes Occidentales se encuentran en el corazón de Europa y están rodeados geográficamente por Estados miembros de la UE, por lo que el proceso de adhesión a la UE es la pieza central de las relaciones de la UE en la región. Como dijo el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, “la UE no está completa sin los Balcanes Occidentales” (European Commission, 2021).

La zona de los Balcanes Occidentales representa una fuente de potenciales desafíos políticos y de seguridad para Croacia. En 2017, la Estrategia de Seguridad Nacional de Croacia confirmó este sentimiento al afirmar que “la inestabilidad política, las instituciones estatales insuficientemente desarrolladas, la corrupción, la alta tasa de desempleo y las tensiones sociales e interétnicas hacen que la situación de seguridad en nuestro vecindario sudoriental sea frágil” (Croatian Parliament, 2017, pp. 7-8). La Estrategia analiza además cómo el vecindario sudoriental “sigue estando dominado por la influencia euroatlántica” y, sin embargo, sigue siendo vulnerable a “la influencia de otros actores globales y regionales” que podrían traer “competiciones geopolíticas y diferentes influencias desestabilizadoras” (Croatian Parliament, 2017, pp. 7-8) de afuera de la región. Hay una preponderancia de amenazas políticas y de seguridad en la región.

Las tendencias de intolerancia, radicalismo y extremismo van en aumento, además del nacionalismo radical basado en ideologías de “gran Estado” que propugnan ideas sobre el cambio de las fronteras reconocidas internacionalmente. Además, se ha lanzado una descarada campaña difamatoria dirigida contra la República de Croacia con todas las características de las amenazas híbridas que incluyen actividades planificadas, permanentes y sistemáticas apoyadas por organismos estatales. Además, los grupos criminales organizados operan rutas para el tráfico de armas, personas, drogas y otras sustancias peligrosas de forma extensiva dentro de la región, lo que convierte al sureste de Europa en una de las rutas de tránsito migratorio más concurridas. Todas estas circunstancias proporcionan el contexto necesario para el análisis de las actividades y los acontecimientos políticos tanto en Croacia como en la región de los Balcanes Occidentales durante la crisis migratoria que tuvo lugar entre 2015 y 2016.

Crisis migratoria de 2015-2016

Las causas de la crisis migratoria de 2015-2016 son acontecimientos muy bien conocidos asociados a Oriente Medio, principalmente la guerra en Siria y la invitación de la canciller alemana Angela Merkel a los refugiados sirios para que llegaran a Alemania. Sin embargo, junto con los refugiados sirios, cientos de miles de personas de Oriente Medio y del norte de África emprendieron su viaje hacia Alemania y otros países de Europa Occidental, que percibieron la situación como una oportunidad única para llegar a sus destinos deseados. Como señala Jakešević, se produjo una degradación de algunos de los “principios fundamentales del funcionamiento de la UE” al no poder ponerse de acuerdo los Estados miembros de la UE sobre una solución común a esta crisis, y esta falta de acuerdo también “inició una redefinición de la política europea en materia de asilo y migración” (Jakešević, 2017, p. 184). Otra consecuencia de la crisis fue el conjunto de numerosos retos y desacuerdos que surgieron entre las instituciones de la UE, los Estados miembros de la UE y los países situados a lo largo de la denominada ruta de los migrantes de los Balcanes Occidentales desde Turquía hasta Europa Occidental.

Debido a la gran afluencia de refugiados y migrantes, muchos países de la ruta de los Balcanes Occidentales tomaron la decisión política de adherirse a sus ordenamientos jurídicos solo parcialmente, aplicando así de forma selectiva las leyes relativas al control de las fronteras estatales, el asilo y los extranjeros que residen dentro de sus fronteras. Según Tadić y colaboradores, la apertura de un corredor para la afluencia incontrolada de migrantes “colapsó el orden jurídico y de seguridad de la UE” (Tadić et al., 2016, p. 15). La consecuencia más visible de este “colapso” fue la entrada de cientos de miles de migrantes en el territorio europeo de la Unión sin ningún tipo de documentación de identidad ni registro adecuado mediante fotografía o toma de huellas dactilares.

Tadić y colaboradores (2016) también sostienen que, a pesar de la obligación vinculante del derecho internacional y europeo de proporcionar a los refugiados la ayuda adecuada, la UE abdicó de su responsabilidad al dejar que los Estados se enfrentaran a la crisis por su cuenta. Se calcula que entre septiembre de 2015 y marzo de 2016, entre 700 000 y 800 000 refugiados y migrantes utilizaron la ruta de los Balcanes, y que más de 650 000 refugiados y migrantes pasaron por territorio croata (Giordan & Zrinščak, 2018; Mikac & Cesarec, 2017; Šelo Šabić & Borić, 2016). A pesar de tal constelación de relaciones, todos los países de la ruta de los Balcanes se vieron obligados a cooperar, aunque dentro de esta cooperación cada nación velaba ante todo por sus propios intereses nacionales. La situación de Croacia en aquel momento fue muy bien captada por el entonces ministro del Interior, Ranko Ostojić, quien afirmó que la prioridad era

salvaguardar el tránsito fluido de los migrantes por territorio croata [...] garantizar el libre tránsito [... y] demostrar que Croacia podía asumir la responsabilidad y que tenía capacidad para ayudar a los migrantes con alimentos, refugio temporal y atención médica. (Čepo et al., 2020, p. 475)

También cabe destacar que la mayoría de los refugiados y migrantes querían llegar a Europa Occidental lo antes posible, mientras que solo un número muy reducido de refugiados solicitó asilo en Croacia (Valenta et al., 2015).

Las grandes cantidades de migrantes y refugiados (hubo días en los que entraron más de 10 000 personas al día en el territorio de cada uno de los países de la ruta), la incertidumbre sobre cuándo se abriría la ruta para el paso masivo, las limitadas capacidades de transporte y alojamiento en todo el recorrido, la escasa ayuda humanitaria, las suposiciones sobre la seguridad y los enfoques totalmente diferentes para gestionar el mismo reto se combinaron para provocar una crisis política entre los distintos países balcánicos (Mikac & Cesarec, 2017, p. 169). Jakešević señaló en consecuencia que la crisis migratoria

supuso una seria prueba para las autoridades de la República de Croacia, que debían dar una respuesta que no perturbara sus relaciones con importantes socios europeos ni condujera a la politización de esta cuestión a nivel político interno, y que además fuera considerada legítima por sus ciudadanos. (Jakešević, 2017, p. 185)

Con el objetivo de atender a grandes cantidades de individuos que entraban diariamente en su territorio, Croacia organizó varios campos de acogida de tránsito para migrantes y refugiados (Zorko, 2018). Además, con el tiempo quedó claro que el principal origen de los migrantes y refugiados que cruzaban a Croacia era Serbia (Jakešević, 2017; Kešetović & Ninković, 2018; Mikac & Cesarec, 2017), lo que dio lugar a numerosas cuestiones abiertas entre ambos países. Se produjeron muchos casos de malentendidos, y aunque “eran conscientes de que los refugiados y los migrantes no querían quedarse en sus países [...] los países de la ruta de los Balcanes cooperaron muy mal, y algunos de ellos incluso se enfrentaron en algunas zonas” (Mikac & Cesarec, 2017, p. 169). Además, a medida que avanzaba la crisis, “poco a poco aumentó la cooperación entre los países, aunque al final [... esta cooperación] no había alcanzado un nivel satisfactorio” (Mikac & Cesarec, 2017, p. 169). El acontecimiento que llevó la crisis migratoria a un punto de inflexión fue la firma de un acuerdo entre la UE y Turquía en marzo de 2016, en el que se manifestaba que todos los inmigrantes ilegales que llegaran a Grecia a través de Turquía serían devueltos a Turquía (European Parliament, 2023). Con este acuerdo, la crisis migratoria se aplacó de forma efectiva, aunque quedaron abiertas numerosas cuestiones relacionadas con la política de migración y asilo, y con las políticas que perfilan la coordinación entre la UE, los Estados miembros y terceros.

Securitización de la gestión de fronteras

Durante la crisis migratoria de 2015-2016, la mayoría de los países de la ruta de los Balcanes, salvo Alemania y Austria, eran solo países de tránsito y no destinos finales para la mayoría de los migrantes y refugiados. En ausencia de una gestión a nivel de la UE y de una coordinación interestatal adecuada, cada país elaboró de forma independiente su respuesta a la crisis en función de sus necesidades y retos específicos. Para proporcionar un contexto europeo más amplio a la crisis, Jakešević y Tatalović (2016) dividieron a todos los países europeos en tres categorías. El primer grupo está formado por los países que “recibieron y prestaron atención a las personas necesitadas (principalmente Alemania, Austria y los países escandinavos)”. El segundo grupo estaba formado “principalmente por aquellos [países] que se encontraban en la ruta de tránsito [y] proporcionaron corredores seguros a través de su territorio (Macedonia del Norte, Serbia y Croacia)”. Y, por último, el tercer grupo de países eran “aquellos que, mediante la construcción de obstáculos técnicos, el empleo de personal militar en sus fronteras y la modificación de sus reglamentos y legislaciones, securitizaban esta cuestión o estaban dispuestos a securitizarla (Eslovenia, Hungría y los otros tres países del grupo de Visegrado)” (Jakešević & Tatalović, 2016, p. 1254).

Tatalović y Malnar sostienen que la crisis migratoria de 2015-2016 no solo “puso de relieve las debilidades de la seguridad europea”, sino también la de “la arquitectura política y la no funcionalidad de los mecanismos europeos” (Tatalović & Malnar, 2016, p. 286). También argumentaron que la primera fase de la crisis “instigó numerosas controversias políticas, debates públicos y soluciones parciales” en todo el ámbito de la UE (Tatalović & Malnar, 2016, p. 286). De hecho, han quedado abiertas numerosas cuestiones políticas y de seguridad entre los actores estatales a causa de la crisis. Los principales retos de la cooperación interestatal entre países vecinos se acentuaron significativamente al comienzo de la crisis. Por ejemplo,

entre Croacia y Serbia [estos desafíos] han provocado el bloqueo y el cierre oficial del principal paso fronterizo por carretera para el tráfico comercial de mercancías [...] mientras que Hungría se ha quedado con la composición de los trenes de los Ferrocarriles Croatas que transportaban migrantes y refugiados de Croacia a Hungría. (Mikac & Cesarec, 2017, p. 180)

Al final, Hungría colocó alambre de púas a lo largo de toda su frontera con Serbia y Croacia, mientras que Eslovenia hizo lo mismo en los tramos más grandes de su frontera con Croacia. Además, muchos países experimentaron multitud de desafíos internos debido a la citada crisis, entre ellos Croacia. El enfoque de Croacia durante toda la crisis migratoria de 2015-2016 fue de carácter humanitario, defendido por el entonces gobierno socialdemócrata. El siguiente enfoque migratorio de Croacia, que promovía la securitización de la crisis de los refugiados, “fue defendido por los partidos políticos de centro-derecha y de derechas, así como por el presidente croata” (Jakešević & Tatalović, 2016, p. 1258).

Durante toda la crisis migratoria, de 2015 a 2016, el gobierno croata no militarizó ni securitizó su enfoque, aunque este “fue constantemente objeto de ataques de los partidos de la oposición apoyados por la presidenta del Estado Kolinda Grabar Kitarević, que afirmaba que Croacia se estaba embarcando en [una] situación que [no podía] manejarse sin la participación del ejército” (Jakešević & Tatalović, 2016, p. 1259).

Es importante señalar que los cambios introducidos en la legislatura croata en marzo de 2016 significaron la “redefinición del papel de las fuerzas armadas [mediante] enmiendas a la Ley de Defensa”, por las que “las tareas tradicionales de las fuerzas armadas se complementaron con tareas adicionales que deben realizarse en estrecha cooperación con las fuerzas policiales” (Jakešević, 2017, p. 189). Además, estas tareas que requieren la coordinación militar-policial “abarcan ahora la prestación de apoyo a la policía en la realización de la supervisión y el control de la frontera” (Jakešević, 2017, p. 189). Estos cambios en la legislación no iban en la dirección de la militarización o de la gestión de las fronteras, sino que abrían la posibilidad, en caso necesario, de que las fuerzas armadas prestaran apoyo a la policía en cuestiones logísticas. Por lo tanto, este ejemplo se define como la primera fase de la militarización blanda. El cambio de legislatura es el argumento clave de la militarización fronteriza en el caso croata. Como parte del Ministerio del Interior, la policía en Croacia, como la mayoría de los demás países europeos, especialmente los Estados miembros de la UE, es responsable del control y la protección de la frontera estatal y de todas las operaciones fronterizas, pero la ampliación de las tareas militares relacionadas con la gestión de las fronteras es una consecuencia directa de la securitización de los migrantes a causa de la crisis de 2015-2016.

Tras el final de la crisis migratoria (marzo de 2016), la ruta migratoria de los Balcanes se cerró al paso de grupos más grandes de personas, sin embargo, grupos más pequeños e individuos siguen intentando cruzar ilegalmente a Europa Occidental todos los días. Como señalan Dragović y colaboradores, en los últimos años los intentos de truncar el flujo migratorio hacia la UE “se han centrado en reforzar las políticas de seguridad y detener la llegada de migrantes, pero independientemente de las medidas adoptadas, el espacio Schengen y la libertad de circulación han estado en peligro como nunca antes” (Dragović et al., 2018, p. 261).

Esta puesta en peligro queda ilustrada por el hecho de que algunos países han “restablecido el control fronterizo en las fronteras interiores de la UE, [y] en algunas fronteras se han levantado barreras físicas y se han considerado nuevos modelos de refuerzo” (Dragović et al., 2018, p. 261). Este refuerzo de la seguridad condujo a un endurecimiento de las respuestas estatales a los problemas del cruce ilegal de fronteras, especialmente en relación con muchas posturas oficiales mantenidas antes de la crisis migratoria. Tras la crisis de los migrantes, “las ONG empezaron a denunciar continuamente actos de violencia por la policía croata y rechazos violentos de migrantes y refugiados, mientras que el primer ministro croata y el ministro del Interior croata negaron repetidamente las acusaciones de violencia por la policía croata” (Roksandić et al., 2021).

Hubo informes sobre rechazos de los que ningún organismo oficial se responsabilizó. Estas acciones ad hoc de las que solo informan las ONG que se ocupan de cuestiones relacionadas con los inmigrantes y los medios de comunicación presentan la segunda fase de la militarización blanda de las fronteras en el caso croata. La cuestión anterior invita a un amplio debate sobre el equilibrio legal entre la protección humana de las fronteras estatales y la posibilidad de que los refugiados ejerzan sus derechos legítimos. En el debate anterior se deben considerar dos sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (European Court of Human Rights, 2021, 2023) que detallan cómo las autoridades croatas, en concreto la policía, no utilizaron suficientes medidas de protección ni para las vidas de los migrantes y refugiados ni para los restos mortales de aquellos que perecieron en suelo croata en circunstancias no resueltas.


La república de Polonia y la militarización de las fronteras duras

Polonia, una nación profundamente marcada por la segunda guerra mundial y su consiguiente esfera de influencia soviética, ha buscado agresivamente definir y proteger su propia identidad desde la caída del Muro de Berlín. Dos pasos enormes para que el país se distanciara del fantasma de su pasado nacionalizado fueron la adhesión a la UE y el ingreso en la OTAN. Antes de que cualquiera de esos pasos pudiera completarse, fueron necesarias reformas económicas, gubernamentales, militares y sociales masivas para la descentralización y la reestructuración.

Al igual que las experiencias de otros antiguos miembros centroeuropeos del Pacto de Varsovia y del Consejo de Ayuda Mutua Económica (Comecon), la ejecución de estas reformas planteó muchos retos polifacéticos, pero también sirvió como el camino más directo para dejar atrás la sombra de la Unión Soviética. Las elecciones libres de 1990, la creación del Grupo de Visegrado centroeuropeo en 1991, y la firma de la Constitución de la República de Polonia en 1997 fueron algunas de las primeras señales tangibles de la progresión de la nación hacia la república parlamentaria que es hoy.

Junto con los otros miembros de los “Cuatro de Visegrado” (Hungría, Eslovaquia y la República Checa), Polonia persiguió tenazmente y finalmente logró la estabilidad económica, social y estratégica mediante la adhesión a la UE y la integración en la OTAN (Center for Social and Economic Research, 2019). Aproximadamente cinco años después de ingresar en la OTAN y diez años después de su solicitud de adhesión, Polonia se convirtió oficialmente en miembro de la UE con los demás miembros del Grupo de Visegrado el 1 de mayo de 2004. Según los datos económicos de 2021 proporcionados por la UE, el país tenía una de las tasas de desempleo y de déficit público más bajas de la UE (European Union, 2023). En términos de comercio, 74% de las exportaciones polacas se dirigen a otros miembros de la UE, mientras que 67% de sus importaciones proceden de la UE. La nación aún no ha adoptado el euro como moneda oficial, ya que gran parte de la población ha expresado su recelo a hacerlo tras la crisis económica de 2008, por lo que el país sigue utilizando su propia moneda nacional (złoty).

En enero de 2023, la población de Polonia ascendía a 37.65 millones de personas, lo que la situaba como el quinto país más poblado de la UE. La nación es étnicamente homogénea en un alto grado, con casi 97% de su población declarada polaca, mientras que el siguiente grupo étnico más numeroso, el silesio, representa algo más de 1% de la población. Según datos recogidos en 2011, 85% de la población tiene una afiliación a la religión católica, aunque datos más recientes indican que casi 13% de la población no tiene ninguna afiliación religiosa específica.

Sin embargo, según datos de la UE, el nivel de poder adquisitivo por habitante del país es el noveno más bajo de todos los Estados miembros, con 16.8% de su población “en riesgo de pobreza o exclusión social” (Central Statistical Office, 2013). Polonia es el sexto mayor miembro de la UE en términos de superficie (312 679 kilómetros cuadrados) y es el mayor miembro del Grupo de Visegrado. Junto con otros ocho Estados miembros de la masa continental europea, el país forma parte de la frontera más oriental de la UE y del espacio Schengen. El país se incorporó al espacio Schengen el 21 de diciembre de 2007, con lo que 1 899 kilómetros de sus 3 582 kilómetros de frontera (53%) quedaron abiertos al libre tránsito dentro de la UE. Además de los Estados miembros de la UE (República Checa, Eslovaquia, Alemania y Lituania), Polonia comparte frontera con Ucrania (529 kilómetros), Bielorrusia (416 kilómetros) y Kaliningrado provincia de Rusia (210 kilómetros), con 528 kilómetros adicionales de su frontera formada por el mar Báltico. Por lo tanto, casi un tercio (32%) de la frontera exterior de Polonia se comparte con actores estatales que tienen alguna afiliación con la Federación Rusa, ya sea directamente (provincia de Kaliningrado), diplomáticamente (Bielorrusia) o a través de un conflicto (Ucrania) (Central Intelligence Agency [CIA], s. f.).

Dinámica regional: conflictos en torno a la política de migración y asilo

Al igual que el resto del Grupo de Visegrado durante la última década, Polonia ha adoptado una postura estricta hacia la inmigración que ha repercutido no solo en su enfoque del gran tema de la migración sino también en el de toda la UE. Cuando Estados miembros patrocinadores en los temas de asilo y distribución de refugiados les han pedido cooperación con la Comisión Europea, los miembros del Grupo de Visegrado históricamente no han respondido a favor. Esta respuesta negativa ha inhibido a menudo políticas clave e incluso ha desencadenado el “fracaso de la acción colectiva” del aparato gubernamental de la UE cuando intentaba abordar específicamente los temas de la migración y el asilo. Además, la negativa colectiva de los Cuatro de Visegrado a cooperar en la política de migración y asilo a nivel de la UE ha contribuido inadvertidamente a que estas cuestiones se combinen en la legislación de seguridad, como la Política Común de Seguridad y Defensa.

Muchos académicos (Gruszczak, 2022; Grześkowiak, 2022; Podgórzańska, 2019) y periodistas (Higgins, 2022; Morris & Dixon, 2021; Reuters Staff, 2020) sostienen que las razones que subyacen a la reticencia de Polonia a cooperar con la Comisión Europea en una política migratoria más equitativa se centran en la percepción comúnmente extendida de que los inmigrantes plantean riesgos significativos para la preservación de la identidad y la cultura polacas. Otra posible razón de la reticencia de la nación es el simple hecho de que el país no tiene una amplia experiencia en la absorción de grandes cantidades de inmigrantes de diferentes culturas. Ambos razonamientos podrían atribuirse a la (falta de) reacción del país ante la crisis migratoria paneuropea de 2015-2016, cuando más de un millón de solicitantes de asilo entraron en territorio de la UE. En cualquier caso, Polonia se ha resistido activamente a la noción de una obligación legal de acoger a una proporción “justa” de refugiados o asilados a cambio de financiación con cargo al presupuesto de la UE, proponiendo en su lugar centrarse en la prevención de la salida de los migrantes de los países de origen mediante acuerdos bilaterales. Esencialmente, Polonia, como el resto de sus homólogos de Visegrado, ha trabajado activamente contra la reubicación de los refugiados a través del principio de “solidaridad obligatoria” en lugar del ya establecido Reglamento de Dublín dentro del Sistema Europeo Común de Asilo, por el que la responsabilidad de tramitar las solicitudes de asilo recae en el primer país de entrada en la UE. Esta postura entra en conflicto directo con países como Italia, España y Grecia, que soportan la mayor presión migratoria hacia la UE y pretenden “repartir la carga migratoria” entre los 27 Estados miembros de la UE.

Aparte de la crisis migratoria de 2015-2016, Polonia ha respondido de formas muy diferentes a dos acontecimientos geopolíticos relacionados con la llegada de inmigrantes de países vecinos. El primer acontecimiento geopolítico implica a su vecino del lado norte de su frontera oriental, Bielorrusia. En respuesta a la represión totalitaria de la disidencia de unas elecciones presidenciales supuestamente fraudulentas en 2020, Bielorrusia se convirtió en el blanco de una serie de sanciones por parte de la UE y Estados Unidos. La persona cuya presidencia fue cuestionada, Alexander Lukashenko, tomó medidas de represalia a partir de mediados de 2021, cuando suspendió un acuerdo bilateral que exigía a Bielorrusia aceptar el retorno de los migrantes que habían transitado por Bielorrusia para llegar a la UE.

Tras esta medida, los informes de los medios de comunicación de agosto de 2021 empezaron a indicar que las entidades gubernamentales bielorrusas alentaban y facilitaban el viaje de migrantes de países de Oriente Medio y África a la UE (The Economist Intelligence Unit, 2021a, 2021b, 2021c). Culminando a mediados de noviembre de 2021, los 416 kilómetros de frontera entre Polonia y Bielorrusia se convirtieron en el escenario de una crisis internacional en la que se vieron implicados miles de migrantes y solicitantes de asilo procedentes de Irak, Siria, Afganistán, y otros países. Además de Lituania y Letonia, Polonia respondió a esta crisis declarando el estado de emergencia e intensificando las medidas de seguridad en la frontera para impedir el cruce ilegal y facilitar una política general de “rechazo”. Estas medidas de seguridad implicaron el levantamiento de alambradas de púas y muros fronterizos permanentes, además del despliegue de personal militar para aumentar las fuerzas normales de patrulla fronteriza. Esta es la primera razón por la que en el caso de Polonia la militarización de la frontera podría denominarse dura, ya que incluye obstáculos físicos y el despliegue de fuerzas militares.

A principios de 2022, la Guardia Fronteriza polaca informó que se habían registrado casi 40 000 “intentos de cruce ilegal de fronteras” en todo 2021, frente a solo 129 intentos en 2020. Por el contrario, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, o Frontex, informa que “solo” se detectaron 8 184 cruces ilegales de fronteras en 2021 a través de la “ruta de las fronteras orientales”, que incluye no solo la frontera de Polonia, sino también las de Letonia y Lituania. La disparidad en las cifras comunicadas por cada entidad puede tener su origen en el hecho de que Polonia rechazó la asistencia de Frontex, negando así a la agencia de la UE la oportunidad de incluir datos polacos en sus informes. La exclusión de Polonia de la participación de Frontex refuerza aún más la percepción de que su gobierno considera que la política y la respuesta migratorias son responsabilidad de los gobiernos nacionales. Además, el hecho de que el país impidiera la participación de la UE suscitó críticas internacionales y teorías de que Polonia estaba evitando deliberadamente la supervisión de su respuesta a la crisis humanitaria (Congressional Research Service, 2021). En la situación actual, Polonia, Letonia, y Lituania han construido muros fronterizos permanentes en previsión de nuevos flujos migratorios irregulares a través de la frontera bielorrusa. Este proceso de ignorar los intentos de ayuda de la UE es la segunda razón por la que en este estudio de caso se podría definir la gestión fronteriza de Polonia como un ejemplo de militarización de las fronteras duras.

El otro gran acontecimiento geopolítico relacionado con la frontera polaca se centró primero en la anexión rusa de la península de Crimea en 2014 y luego en su invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Durante este periodo, el gobierno polaco ha fluctuado en su postura de apoyo a los refugiados ucranianos, aunque su respuesta ha sido mucho más favorable a esta crisis que a la bielorrusa. De hecho, Polonia lidera toda la UE en términos tanto de refugiados aceptados como de ayuda monetaria proporcionada a los ucranianos en el momento de escribir estas líneas. A finales de 2022, casi 1.5 millones de ucranianos han encontrado refugio en Polonia, mientras que 7.6 millones de personas han cruzado la frontera desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. Esta aceptación generalizada de los migrantes ucranianos ha sido facilitada principalmente por voluntarios individuales y comunidades más que por el gobierno polaco, y el Instituto Económico Polaco informa que 77% de los polacos han ayudado de alguna manera a los ucranianos que huían. A pesar de esta generosidad inicial, los signos de tensión económica han empezado a mermar la actitud del público polaco hacia los refugiados, ya que el país ha gastado más de 8 000 millones de dólares en proporcionar alojamiento y servicios sanitarios a los ucranianos (Jaroszewicz & Grzymski, 2021).

Las diferencias en la respuesta gubernamental y pública a estas dos crisis migratorias son marcadas y tienen su origen en dos factores. El primer factor tiene que ver con el deseo general polaco de proteger la cultura y la identidad polacas de la influencia exterior. Los inmigrantes, refugiados, y solicitantes de asilo que proceden de culturas diferentes, practican religiones distintas y tienen un aspecto diferente al de los polacos típicos, por lo tanto, se consideran una amenaza directa para la cultura y la identidad polacas. El flujo migratorio irregular a través de la frontera bielorrusa estaba formado principalmente por este tipo de migrantes, mientras que el flujo a través de la frontera ucraniana no. El segundo factor que diferenció la respuesta de Polonia a estas dos crisis migratorias radica en la causa de las mismas. La crisis migratoria bielorrusa se percibe como fabricada por el gobierno bielorruso con aspirantes a migrantes que vinieron de tierras extranjeras por razones extranjeras. Por el contrario, la crisis migratoria ucraniana se percibe como causada directamente por la agresión rusa, algo con lo que el pueblo polaco empatiza profundamente. Además, Polonia (y la mayor parte de la UE) considera a Ucrania como la primera línea de defensa contra la agresión rusa y, por tanto, estima que merece la pena apoyarla de cualquier forma posible. Así, la crisis migratoria bielorrusa desencadenó una fuerte respuesta de “rechazo” tanto por la opinión pública polaca como por el gobierno, mientras que la crisis migratoria ucraniana no lo hizo. En Croacia también se ha dado una situación similar. A pesar de su distancia geográfica, Croacia se implicó mucho en la crisis ucraniana con medidas positivas para los migrantes ucranianos.

Reacción polaca a la crisis migratoria de 2015-2016

Con el contexto de las dos crisis migratorias más recientes que han afectado a Polonia, merece la pena considerar la reacción del país a la crisis migratoria paneuropea de 2015-2016. La reacción de Polonia a esta crisis, que ha sido objeto de duras críticas tanto dentro como fuera de la UE fue calificada de xenófoba y de estar en desacuerdo con numerosas propuestas de la UE. Desde 2011, la postura de Polonia en el seno del Consejo Europeo consistió en dar prioridad al fomento de mejores condiciones en los países de origen situados en la “Vecindad Meridional” en lugar de participar en la reubicación de migrantes y refugiados. Al abogar por la mejora de las condiciones democráticas, de seguridad y económicas en los países del norte de África y Oriente Medio, Polonia pretendía eliminar las causas profundas de la migración involuntaria y eludir así el debate sobre las estrategias para desarrollar el Sistema Europeo Común de Asilo.

Sin embargo, una vez que la gravedad de la crisis de 2015 demostró que los esfuerzos de prevención de la migración eran en realidad irrelevantes, las autoridades polacas pasaron a defender la “dimensión oriental” de la Política Común de Seguridad y Defensa en lugar de entablar debates sobre un sistema común de reubicación de asilados. Esto provocó duras críticas de la Comisión Europea y de otros Estados miembros, que censuraron la falta de solidaridad de Polonia. Además, esta polémica fue aprovechada políticamente por el partido de la oposición y obligó a la primera ministra en funciones, Ewa Kopacz, a aclarar la diferencia que Polonia establecería entre inmigrantes económicos y refugiados. Así, de cara al futuro, la primera ministra puso como condición previa a la solidaridad con otras soluciones migratorias conjuntas de la UE separar a los inmigrantes económicos de los refugiados. Incluso después de trazar esta línea de participación, Ewa Kopacz fue duramente criticada por su oposición política, que tachó su comportamiento de anteponer el bienestar de los extranjeros al de sus electores. De este acontecimiento político surgió el decreto de septiembre de 2015 por el que Polonia solo aceptaría refugiados de una “identidad especificada que no suponga una amenaza para la seguridad del Estado o el orden público”, y se puso un tope a la participación de Polonia en el plan de reubicación (Potyrała, 2016).

El consiguiente cambio de régimen gubernamental alteró aún más el enfoque de Polonia sobre su participación en el plan de reubicación de refugiados de la UE. Este cambio marcó un brusco giro a la derecha en el que el nuevo gobierno puso mayor énfasis en anteponer la seguridad de los Estados miembros y de los ciudadanos de la UE antes de considerar el apoyo de los extranjeros que requerían protección legítima. Los atentados terroristas de París (2015) y Bruselas (2016) también fueron aprovechados por el gobierno polaco para impulsar su agenda de reducir agresivamente el apoyo al plan de reubicación de refugiados de la Comisión Europea. Esta serie de acontecimientos ilustra un caso de libro de texto en el que los funcionarios polacos securitizan la reubicación de refugiados haciendo que la cuestión tenga que ver más con la seguridad de los ciudadanos polacos que con los derechos humanos de los migrantes. Siguió una larga saga de políticas antiislamistas propuestas por los partidos políticos conservadores. Aunque estas políticas no distinguían entre el concepto de inmigrante y el de refugiado al “meter en el mismo saco” los flujos migratorios y las amenazas terroristas, muchas propuestas obtuvieron un importante apoyo público mediante referéndum. Por desgracia, hoy en día se sigue utilizando gran parte de la misma retórica que confunde la inmigración económica y el terrorismo con la concesión de asilo a quienes reúnen las condiciones para ello.

Los flujos migratorios irregulares reales a los que se enfrentó Polonia entre 2015 y 2016 fueron mínimos, y la mayor parte del flujo terrestre se produjo a través de la ruta de los Balcanes Occidentales, que pasa bastante al sur del país. Mientras que Hungría se enfrentó a volúmenes sin precedentes de migrantes irregulares en 2015, la única presión migratoria real a la que se enfrentó Polonia se produjo a través de la “importación” voluntaria de refugiados a lugares predeterminados del país. Esta idea se ve confirmada por los datos de Frontex, que informan que se detectaron un total de 3 304 cruces fronterizos ilegales en toda la ruta de las fronteras orientales desde principios de 2015 hasta finales de 2016, en comparación con los casi 900 000 que se detectaron en la ruta de los Balcanes Occidentales durante ese mismo periodo.

Militarización de la frontera polaca

Desde la crisis migratoria de 2015-2016, Polonia ha securitizado decididamente su respuesta a la migración forzada y a los problemas de la inmigración, tanto a través del control de las fronteras como de la inmigración. Esta securitización puede observarse en el desvío de la mayoría de los debates gubernamentales sobre migración hacia la seguridad fronteriza y lejos de la atención a los refugiados. La justificación de tales medidas proviene del miedo al terrorismo, el temor a la pérdida de oportunidades económicas y un deseo general de proteger la cultura polaca que genera creencias xenófobas.

En respuesta a la crisis de 2021 generada por Bielorrusia, Polonia llevó su enfoque securitario (Caballero Vélez & Krapivnitskaya, 2020) aún más lejos en su frontera oriental. Al declarar el estado de emergencia, el gobierno polaco desplegó más de 10 000 soldados para aumentar las fuerzas de seguridad fronterizas después de que se registraran muchos miles de intentos de cruce. Aunque la respuesta de Polonia a la crisis fue criticada por su carácter de “rechazo”, también puede decirse que el gobierno bielorruso convirtió el flujo migratorio en un arma como forma de agresión híbrida. Se dice que numerosas empresas de viajes de Bielorrusia atrajeron a inmigrantes de Turquía, Irak, Afganistán y otros países de Oriente próximo a través de las redes sociales prometiéndoles la entrada a la UE. Después, posiblemente con apoyo estatal, estas empresas de viajes proporcionaron a los migrantes visados de viaje y boletos de avión de ida a Bielorrusia, donde las autoridades estatales facilitaron su transporte hasta la frontera con Polonia. Esta situación provocó que unos 4 000 migrantes se reunieran cerca de la zona del paso fronterizo de Bruzgi-Kuznica, con más de una docena de víctimas mortales debido a las duras condiciones invernales y a la falta de instalaciones o suministros adecuados. Estos argumentos fueron corroborados en los informes oficiales de la UE, en los informes oficiales de la Organización Internacional para las Migraciones y en todos los informes de los medios de comunicación.

Expuesta a una presión migratoria deliberada diseñada para agotar los recursos del Estado y causar trastornos en la vida cotidiana, Polonia se vio así atrapada en un intercambio de “ojo por ojo” entre Bielorrusia y el gran aparato de la UE (Bejan & Nabi, 2021). Esta exposición generó la percepción de estar siendo atacados y dio lugar a discusiones sobre la activación del Artículo Cuatro de la OTAN, lo que significaba una voluntad de escalar el conflicto involucrando a la organización internacional de defensa. Algunos observadores han comentado que, a través de la crisis migratoria que generó, Bielorrusia logró su objetivo de desestabilización sembrando la discordia entre los Estados miembros de la UE y tirando de la cuerda ya floja de la política de la UE en materia de inmigración y asuntos exteriores.

Curiosamente, el gobierno bielorruso redujo rápidamente la presión migratoria que había facilitado después de que las imágenes de las fuerzas de seguridad polacas interactuando con equipo antidisturbios contra los migrantes inundaran los medios de comunicación internacionales. Esto quizá indique que el régimen bielorruso buscaba dar una mala imagen de la UE (y de Polonia en particular), invitar al escrutinio crítico de ambas partes y, en última instancia, crear material para la propaganda contra la UE. En un juego dentro de la misma narrativa, el gobierno polaco priorizó continuamente la seguridad sobre el bienestar de los migrantes que fueron recogidos y detenidos en una zona de exclusión dentro de sus fronteras.

La estricta política de rechazo de Polonia, combinada con su rechazo a la ayuda de la UE y de las organizaciones humanitarias para ocuparse de la población migrante, puso de manifiesto su voluntad de hacer caso omiso a la legislación de la UE e internacional relativa a los derechos humanos de los refugiados. Este desprecio se deriva principalmente de un enfoque militarizado de la migración, en el que los migrantes eran vistos y tratados como amenazas a la soberanía y la seguridad enviadas por un agresor estatal extranjero. Esencialmente, Polonia racionalizó su enfoque militarizado de la migración y el consiguiente desprecio de las leyes de asilo aplicables como una respuesta justificada al hecho de estar siendo atacada.


Conclusiones

Este documento muestra las formas en que persiste la militarización fronteriza en el mundo contemporáneo. Junto con la militarización fronteriza clásica que presupone la presencia militar a lo largo de las fronteras de Estados soberanos, más comúnmente durante las crisis, existen otros niveles (o tipos) de militarización fronteriza que podrían encontrarse en el contexto europeo tras la crisis migratoria de 2015-2016. En un esfuerzo por definir de forma exhaustiva la militarización fronteriza, los autores sugieren añadir a la definición básica la militarización por terceros, la militarización técnica, la militarización ad hoc y la militarización provocada. Se ofrecen ejemplos prácticos de todos los tipos, mientras que dos de ellos se utilizan para estudios de casos y se elaboran con más detalle.

Se eligieron los casos de Croacia y Polonia debido a sus resultados similares tras la crisis migratoria: el uso de tipos alternativos de militarización fronteriza. El caso de Croacia ilustra la respuesta de militarización fronteriza ad hoc a una crisis migratoria. Tras la crisis de 2015-2016 se pusieron de manifiesto numerosos puntos débiles de la UE. Además, surgieron puntos débiles de países individuales (incluida Croacia) en sus respuestas a la cuestión de los refugiados, la política migratoria, la gestión de las fronteras y la cooperación entre los diferentes actores. Dado que se trata de un acontecimiento reciente que aún no ha sido suficientemente analizado entre las distintas disciplinas, esta cuestión requiere un debate más profundo porque la inestable situación en Europa y sus “Vecindarios” puede desembocar fácilmente en nuevas migraciones masivas y crisis de refugiados. En caso de que se produzcan tales crisis, la mejor herramienta para dar una respuesta adecuada es el reconocimiento y la aplicación de las lecciones aprendidas de crisis anteriores. Al tener en cuenta todas las circunstancias y los hechos conocidos hasta ahora, se puede afirmar que Croacia no militarizó su protección fronteriza durante la crisis migratoria de 2015-2016, sino que se produjo una militarización ad hoc y una militarización blanda en forma de actividades públicamente inexplicadas durante los rechazos de migrantes.

El caso de Polonia ilustra la respuesta de militarización fronteriza provocada por las crisis migratorias masivas. Aunque intenta reinventarse como nación occidental democratizada con una economía de mercado, Polonia sigue luchando con el concepto de gestión de la inmigración. Al igual que otros miembros de los Cuatro de Visegrado, Polonia considera a los inmigrantes que muestran rasgos de “otredad” tanto física como cultural no solo como amenazas para la cultura y la identidad polacas, sino también para la seguridad del país. Como se ha visto en la frontera con Bielorrusia, cuando los flujos de este tipo de migrantes son facilitados por actores extranjeros, el gobierno polaco considera esta facilitación como un ataque híbrido que justifica una dura respuesta militarizada. Sin embargo, cuando los migrantes proceden de orígenes culturales familiares y comparten una causa que genera empatía nacional (como los refugiados de Ucrania), la respuesta del gobierno y de la opinión pública es drásticamente diferente. Un tema común entre la respuesta de Polonia a cada acontecimiento es la prioridad que concede a la seguridad, ya sea frente a la migración no deseada o frente a la agresión rusa.

Los dos casos seleccionados demuestran que las formas sutiles de militarización a lo largo de la frontera de Estados soberanos son comunes en Europa y pueden existir en el resto del mundo. Junto con los diferentes tipos de presencia, la militarización de las fronteras se convierte en una tendencia visible en la comunidad internacional. El sistema europeo de fronteras (el espacio Schengen) parece ser el primero que se abandona en tiempos de crisis, dejando muy en entredicho el concepto de libre circulación en la UE. Tanto las crisis migratorias como la del COVID-19 cerraron las fronteras interiores entre los Estados miembros, cuestionando el núcleo mismo de la idea europea -la libre circulación de ideas, bienes y personas en un territorio comúnmente definido-, por lo que se está produciendo una paradoja Schengen en el sentido de cierre de las fronteras interiores y libre circulación a través del llamado muro de Schengen, la frontera exterior del espacio integrado.

No obstante, la tendencia a la militarización de las fronteras está presente tanto en Europa como en otras partes del mundo. Los Estados democráticos no son inmunes a la aplicación militar de las fronteras cuando se considera necesario, lo que puede conducir a un (sobre)uso militar del poder hacia los migrantes y a una securitización continua de las cuestiones migratorias. Al tener en cuenta el hecho de que el siglo XXI es y será el siglo de las migraciones (personas en movimiento no solo por razones clásicas sino por nuevos retos como las cuestiones climáticas), esta militarización conduce hacia la multiplicación del conflicto en lugar de hacia la inclusión. Los matices de la militarización de las fronteras se intensificarán a medida que se desarrollen las posibilidades técnicas y cambien las circunstancias geopolíticas, pero la tendencia en sí no está orientada hacia la resolución de problemas en el entorno relacionado con las migraciones, sino más bien hacia la generación de problemas en el entorno de la seguridad internacional. Aunque este documento contiene conclusiones específicas para cada región, en el futuro sería beneficioso ponerlas a prueba en un entorno global.


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Marta Zorko
Croata. Doctorada en relaciones internacionales y seguridad nacional por la Facultad de Ciencias Políticas de la University of Zagreb. Es profesora asistente de geografía política y geopolítica en la misma facultad. También enseña en la Academia Militar Croata. Líneas de investigación: geopolítica, estudios fronterizos, estudios de seguridad. Publicación reciente: Zorko, M. & Lučev, J. (2021). Geographical patterns and geo-economic reasoning of pandemic consequences: old geopolitical “games” in post-COVID global order. Sociologija i prostor, 59(219), 89-118. https://doi.org/10.5673/sip.59.0.4

Robert Mikac
Croata. Doctorado en relaciones internacionales y seguridad nacional por la Facultad de Ciencias Políticas de la University of Zagreb. Profesor asistente de gestión de crisis en la misma facultad. También enseña en la Academia Militar Croata. Líneas de investigación: estudios de seguridad, específicamente en gestión estratégica, armas pequeñas y ligeras, gestión de crisis y recuperación, migración y protección de infraestructuras civiles y críticas. Publicación reciente: Mikac, R. (2022). Determination and development of definitions and concepts of hybrid threats and hybrid wars: comparison of solutions at the level of the European Union, NATO and Croatia. Politics in Central Europe, 18(3), 355-374. https://doi.org/10.2478/pce-2022-0016

Rory Yoder
Americano. Máster en ciencias políticas por la Facultad de Ciencias Políticas de la University of Zagreb. Es piloto de la Guardia Costera de Estados Unidos y oficial de ingeniería aeronáutica que actualmente se desempeña como becario Olmsted en Zagreb, Croacia. Líneas de investigación: migración irregular tanto en la UE como en EUA. Sus estudios continuos se centran en un análisis comparativo de Frontex y la Guardia Costera de los Estados Unidos en sus respuestas a la migración marítima irregular. Publicación reciente: Yoder, R. (2022). Iregularne migracije pomorskim rutama prema EU i SAD-u: Različita rješenja za slične izazove? [Tesis de maestría, Sveučilište u Zagrebu]. FPZG repozitorij. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:114:399131



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