| Artículos | Estudios Fronterizos, vol. 14, no. 28, 2013, 9-34 |
Después de tantos años me deportaron. Proceso de identificación y deportación de mujeres inmigrantes no delincuentes
After many years, I was deported. Identifying and deportation process of non-criminal immigrant women
David Rocha Romero* Marco Tulio Ocegueda Hernández**
* Profesor de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. Universidad Autónoma de Baja California.
Correo electrónico: drocha@uabc.edu.mx
** Profesor de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. Universidad Autónoma de Baja California.
Correo electrónico: marcoocegueda@hotmail.com
Artículo recibido el 13 de marzo de 2012
Tercera versión aprobada el 1 de abril de 2013
Resumen
Las leyes de migración en Estados Unidos castigan con mayor severidad a los inmigrantes indocumentados no delincuentes. La lucha contra el terrorismo y la crisis económica dieron impulso al mayor castigo, la deportación. A partir de diez entrevistas con mujeres no delincuentes deportadas en Tijuana, se encontró que en las detenciones participan cada vez más policías locales, propiciando que existan más lugares inseguros para ellas y que en el proceso de detención para deportar, el azar o encuentro fortuito está presente.
Palabras clave: migración internacional, políticas migratorias, deportaciones, ICE.
Abstract
In United States, immigration laws punish with greater severity to non–criminal illegal immigrants. The fight against terrorism and the economic crisis gave impetus to the greatest punishment of all: deportation. Based on ten interviews with not offenders women deported in Tijuana, it was found that arrests involved more and more local police, promoting more insecure places for them; it was also found that in the process of arrest to deport, random or chance encounter is present.
Keywords: international migration, immigration policies, deportations, ICE.
Introducción 1
Las políticas de migración implementadas durante los últimos años en Estados Unidos han logrado identificar y deportar a un mayor número de migrantes indocumentados. Ello ha sido posible, en gran parte, por la incorporación y las facultades legales otorgadas a más agentes del orden —como las policías locales— para actuar en más espacios públicos como son las carreteras y los vecindarios. En este sentido, el presente trabajo busca identificar los factores que han influido en este incremento sustancial de deportaciones de Estados Unidos a México de personas no delincuentes. De manera particular, el estudio se delimita a la comprensión del proceso de deportación que viven las mujeres inmigrantes: se muestra que la detención a menudo es llevada a cabo por policías locales y no por autoridades de migración, y que el azar o encuentro fortuito está presente de manera reiterada en el proceso.
En buena medida, las políticas antiinmigrantes han cumplido con el objetivo de contener el flujo de los indocumentados; por ejemplo, el flujo anual promedio de inmigrantes no autorizados pasó de 850 000 en los primeros cinco años de la última década a 300 000 de 2007 a 2009 (Díaz, 2011). Esta tendencia decreciente se ha mantenido en los últimos cuatro años.2
A partir de 2008, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Custom and Border Protection, CBP) logró disminuir en 53% el nivel de las aprehensiones hechas por la patrulla fronteriza.3 Por su parte, las deportaciones del Servicio de Migración y Control de Aduanas (Immigration Customs Enforcement, ICE) se incrementaron 30% entre 2007 y 2011, al pasar de 245 601 a 319 077.4 Las cifras pueden ser mayores, pues en octubre de este último año el ICE anunció la deportación de casi 400 000 personas.5 Anteriormente eran más las aprehensiones por cruces ilegales, ahora son más los deportados, de éstos, poco más de 50% son considerados criminales6 —el resto está conformado por quienes violaron leyes de migración. En este mismo periodo, San Antonio, Texas, tiene la mayor cantidad de deportados con 63 090, seguida por Phoenix, Arizona, con 56 198, El Paso, Texas, con 36 196, San Diego, California, con 33 006 y Los Ángeles, California, con 24 826. En el primer mes de 2012, San Diego encabeza la lista con 7 623 deportados.7
El ICE destaca que la seguridad de las comunidades es uno de sus objetivos. Para combatir la migración ilegal, el Programa de Cumplimiento de la Ley en los Centros Laborales investiga a empleadores y se concentra en los empleados no autorizados. Ayuda a identificar solicitudes de trabajo fraudulentas y la falsificación de documentos, además de perseguir a infractores por medio del Programa Contra el Fraude de Identidad y Prestaciones. Con el Programa de Operaciones contra los Fugitivos, garantiza que cada extranjero sentenciado a deportación salga del país cuanto antes para reducir el número de extranjeros fugitivos.8
Debido al aumento de las deportaciones, Tijuana pasó de ser punto de cruce para los migrantes del sur, a lugar que recibe migrantes del norte. Las nuevas bardas, el aumento de agentes de la patrulla fronteriza, el incremento de las tarifas para el cruce clandestino, el crimen organizado en la frontera y las crecientes deportaciones, abonaron en el cambio de la dirección de los flujos, el cual tiene implicaciones en ambos lados de la frontera —en 2010, 73% de los deportados eran mexicanos (Dreby, 2012:4). El incremento de las deportaciones a las ciudades fronterizas de México9 puede estar cambiando las fisonomías de éstas. Tijuana recibe ya el grueso de sus migrantes de Estados Unidos y no del interior de México, como siempre había sido.10 Esto trae consigo importantes implicaciones económicas, sociales y de administración pública. Este incremento ha provocado una “importación de los sentimientos antiinmigrantes”, y que ahora éstos sean vistos por algún sector de la comunidad local como un problema que hay que eliminar.
El presente estudio se divide en tres partes. En la primera parte, teórico– metodológica, se reflexiona en torno a la discusión sobre las acciones institucionales (cambio en las leyes y acciones de gobierno) que han degradado las condiciones económicas, sociales y políticas de los inmigrantes indocumentados. En este contexto, la deportación es la exclusión total, que está latente para millones de inmigrantes. Bajo tales circunstancias, el sometimiento al sistema es mayor, pues éste tiene la capacidad de hacer “invisibles” a los más vulnerables.11 Por su parte, metodológicamente se aplica un enfoque cualitativo a partir de estudios de casos críticos. La segunda parte presenta los testimonios de las mujeres entrevistadas, se analiza su situación y se busca profundizar en la comprensión de la problemática objeto de estudio. Finalmente, en el tercer apartado se esbozan las conclusiones y los principales hallazgos.
Las políticas migratorias que marcaron el ritmo de las deportaciones
El grado máximo en la marginación de las condiciones de vida es la expulsión del entorno. La negación a todo derecho ciudadano. La imposibilidad de enfrentar la decisión del Estado, de pedir clemencia o encararlo. El Estado estadunidense ha degradado de manera paulatina las condiciones económicas, sociales y políticas de los inmigrantes indocumentados hasta el punto sin retorno que significa la deportación.
En la democracia ateniense de hace 2500 años, los metecos o extranjeros no podían ser parte de los tribunales o las asambleas, eran excluidos de la polis (Sabine, 2010). Dos mil quinientos años después, los extranjeros suelen ser excluidos de la toma de decisiones políticas en las sociedades modernas. Esto porque la discusión para asignar recursos públicos es entre individuos autoidentificados con un Estado, entendido este último como la construcción social moderna que pretende garantizar la reproducción de la sociedad. Partiendo de un sentido de territorialidad, los grupos identificados con un Estado, excluyen. Grupos raciales, ideologías políticas, credos religiosos, rasgos culturales, etcétera, son categorías integradoras y excluyentes. En este sentido, se puede considerar a los extranjeros como individuos en tránsito que no se identifican con las problemáticas y los asuntos locales, y que no contribuyen en la generación de recursos.
Estados Unidos, como receptor de migrantes, ha asegurado la inclusión de unos y la exclusión de otros. Las leyes que generan exclusión hacia los mexicanos han sido una constante histórica. Como sustento de tal aseveración, se presentan enseguida algunos elementos de evidencia que muestran que las deportaciones son un proceso institucionalizado construido por ideas excluyentes de larga trayectoria.
En 1965 el aumento de la migración indocumentada estuvo acompañado de una “demonización de los mexicanos”. Aumentaron las notas de prensa que difundían que los mexicanos eran una amenaza a la seguridad nacional (Chávez, en Massey, 2007:132). En 1971 la comisión legislativa del estado de Illinois (State of Illinois Legislative Investigating Commission) publicó un reporte alarmista: El problema de los mexicanos extranjeros ilegales (The Illegal Mexican Alien Problem). En el reporte, 85% de los 8 728 arrestados por la patrulla fronteriza en el año fiscal de 1971 eran mexicanos. Con esto se identificó el problema de la ilegalidad con el origen mexicano (De Genova y Ramos, 2003:37–39). A partir de entonces, la imagen del “ilegal” es casi exclusivamente para el mexicano (Nevis, 2002:114).
En los años de la década de 1980, con la llegada de los republicanos a la presidencia, se popularizó el término ilegal, propiciando con ello un incremento de temas al respecto en la prensa. De 1970 a 1972, 8.5% de los artículos que publicó anualmente el New York Times fueron sobre temas de migración ilegal, mientras que de 1973 a 1980, años que coincidieron con la recesión económica, el porcentaje anual de artículos sobre la migración ilegal subió a 57%, un incremento de 650%. En 1982, una investigación del diario citado indicaba que 80% de la “invasión de extranjeros ilegales” provenía de México (Nevis, 2002:112). Douglas Massey (2011) ha documentado desde la década de 1980 una correlación positiva entre la creciente publicación de notas sobre “la migración amenazante”, el incremento de leyes restrictivas a la migración indocumentada y el aumento en las aprehensiones de migrantes. En este mismo periodo, atendiendo la amenaza de la “invasión ilegal”, la Ley Simpson–Rodino de 1986, mejor conocida como IRCA (Immigration Reform and Control Act), autorizó la residencia legal para los inmigrantes que habían residido en Estados Unidos desde el 1 de enero de 1982, y trató de eliminar la atracción a los empleos, imponiendo sanciones a empleadores que contrataran inmigrantes indocumentados. Para contar con el apoyo de los granjeros, se incluyó una legalización para los trabajadores agrícolas que demostraran haber laborado por lo menos 90 días durante los 12 meses anteriores al 1 de mayo de 1986 (Phillips y Massey, 1999:233). Debido a la amnistía, se legalizó a más de tres millones de indocumentados, 75% mexicanos.
Después de la IRCA, los salarios y las condiciones de trabajo disminuyeron de manera paulatina para los indocumentados que siguieron llegando (Rocha, 2011). Al mismo tiempo, el capital social se hizo más relevante para obtener empleos y el capital humano, en contraparte, disminuyó su importancia (Phillips y Massey, 1999:244). Después de la amnistía, se utilizó cada vez más el estatus migratorio para asignar salarios y puestos de trabajo a los extranjeros. Las leyes que restringen la entrada de los indocumentados a la economía formal propician el desarrollo de redes que se tienden entre empleos y regiones: mexicanos jardineros en Miami, operadores de máquinas de coser en Los Ángeles, obreros en Chicago o cocineros en Nueva York (Bohon, 2005). Las encuestas hechas en México12 y los trabajos de campo en las comunidades de destino han podido recabar información más precisa en este sentido.
Massey explica que los cambios político–institucionales orientados a restringir la migración ilegal han repercutido de manera negativa en las condiciones de trabajo y salarios de los indocumentados, aun más que los pocos años de educación (Massey, 2007). Hall, Greenman y Farkas (2010:499), con base en la Encuesta de Ingreso y Participación en Programas (Survey of Income and Program Participation, SIPP), encontraron que en un periodo de 36 meses (1996–2001), las indocumentadas mexicanas obtuvieron los menores ingresos entre trabajadores de ambos sexos de baja calificación. Mientras los blancos nativos incrementaron su ingreso de 12.98 a 14.49 dólares por hora, los mexicanos documentados pasaron de 9.82 a 10.88 dólares y los indocumentados mexicanos de 8.27 a 9.36. Entre las mujeres, las blancas nativas pasaron de 9.69 a 11.01 dólares, las mexicanas documentadas de 7.63 a 8.18 dólares y las indocumentadas mexicanas de 7.08 a 7.07, siendo éste el único grupo que no creció su ingreso. En el caso de los hombres y las mujeres indocumentadas, los años de educación no tienen una relación significativa con el incremento en el salario, demostrando así que el estatus legal es determinante en el ingreso.
Para los países desarrollados, la migración se convirtió en un asunto de seguridad nacional e internacional, sobre todo a partir de la década de 1990, cuando se tomaron medidas tendientes a reducir los derechos de los inmigrantes irregulares, por ejemplo en salud y educación (Aquino, 2010:10). Iniciado el nuevo siglo, con los atentados terroristas de Nueva York en 2001, se abrió el camino a más severas restricciones antiinmigrantes. La guerra contra el terrorismo dio paso a la reestructuración del Servicio de Inmigración y Naturalización (Immigration and Naturalization Service, INS), para convertise en ICE y CBP, ambos incorporados al Departamento de Seguridad Interna (Department of Homeland Security, DHS). Esto permitió el traslado del tema migratorio a los asuntos de seguridad nacional y con ello suplantar el concepto de derechos humanos con el de “terrorista”, perfilándose a los trabajadores indocumentados (Chacón y Davis, 2006:216). Mientras algunos políticos cultivaban el miedo al “terrorismo” que estaba cruzando la frontera con México, en septiembre de 2005 el New York Times publicaba que la migración indocumentada había declinado entre el 2000 y 2003, de un promedio de 1.5 millones por año, a 1.1 millones. Los investigadores que publicaban estas cifras, también citaban que el Departamento de Justicia estaba fincando cargos criminales en casos de migración que alguna vez pudieron haber sido manejados como asuntos administrativos (Chacón y Davis, 2006:217).
Leyes que exigen la deportación de indocumentados de Estados Unidos, existen desde mucho tiempo atrás.13 Sin embargo, últimamente se han adecuado procedimientos para administrar mejor las deportaciones e incrementarlas.14 Desde la aprobación en 1996 de la Ley de Reforma a la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (Illegal Immigration Reform and Inmigrant Responsability Act, IIRIRA), se incluyó la enmienda a la Ley de Migración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act, INA), permitiendo a los oficiales locales y estatales reforzar la ley de inmigración federal a través de la sección 287(g) de la INA (Hicken et al., 2010; Capps, Rosenblum, Rodríguez y Chishti, 2011), incluyendo la posibilidad de aprehensiones de inmigrantes indocumentados. Esto dio como resultado que durante las administraciones de los presidentes Bush y Obama el programa 287(g) fuera adoptado por muchos gobiernos subnacionales (García et al., 2011). En febrero de 2006, el condado de Mecklenburg de Carolina del Norte planteó como objetivo detener el mayor número posible de inmigrantes indocumentados, en la creencia de que son más proclives a cometer crímenes. Ya no eran los terroristas sino los indocumentados a los que había que retirar (Capps et al., 2011:10).
Las nuevas legislaciones aprobadas a nivel local se dividen en tres categorías: negativa de beneficios, permitir arrestos por parte de policías locales a indocumentados, e incremento de multas a empleadores que los contraten (Chacón y Davis, 2006:217). Estas políticas podrían catalogarse como de “antiasentamiento”; por ejemplo, la autorización a los arrendadores de verificar la ciudadanía o el estatus migratorio de los arrendatarios (Hicken et al., 2010). El primer acuerdo de este tipo entró en funcionamiento en Florida en 2002.
La guerra contra el terrorismo y el sentimiento antiinmigrante vinieron a incrementar la vulnerabilidad de los indocumentados y sentaron las bases para el incremento de las deportaciones, particularmente con la Ley HR 4437, aprobada en diciembre de 2005, mejor conocida como Ley Sensenbrenner, por su patrocinador, el congresista del mismo nombre. Entre otros puntos, dicha ley contempla lo siguiente: la construcción de más de 700 millas de muro a lo largo de la frontera; que el gobierno federal tome la custodia de los extranjeros ilegales detenidos por las autoridades locales; la exigencia a los empleadores de verificar el estatus legal de los trabajadores; la custodia del Estado de los niños de inmigrantes ilegales; acelerar las deportaciones; y finalmente, crear fondos adicionales para contratar más agentes de la patrulla fronteriza. Esta ley sentó las bases para hacer de la “presencia ilegal” un delito. Para tal efecto, cualquier violación a las leyes de migración, sin importar qué tan menor sea, o si es técnica o sin intenciones, se convierte en un crimen federal sujeto a la detención y a la deportación (Massey, 2007:156). Una consecuencia de la aplicación de esta ley es que ha despertado el sentimiento de unidad entre la comunidad inmigrante de muchas nacionalidades, lo que ha dado origen a una serie de movilizaciones sociales en 156 ciudades, congregando hasta 750 000 personas en Chicago y 700 000 en Los Ángeles (Rocha, 2006).
Las leyes (instituciones que regulan la vida en sociedad), influenciadas por procesos históricos y socioculturales (DiMaggio y Powell, 1999:44), materializaron sentimientos antiinmigrantes teniendo como base las nuevas ideas del combate al terrorismo en casa. Las nuevas leyes de migración, como instituciones que dan pautas morales o cognoscitivas para la interpretación y la acción, regulan, orientan, limitan e incentivan la conducta de los individuos. Prevén información útil y afectan las identidades, las autoimágenes y las preferencias de los actores: “Son reglas usadas por los individuos para determinar quién y qué es excluido de una decisión, cómo la información es estructurada, qué acciones pueden ser tomadas y sus consecuencias, y cómo las acciones individuales serán agregadas dentro de decisiones colectivas” (Kiser y Ostrom, en Peters, 2001:53).
Estas leyes son la respuesta institucional del Estado ante el fenómeno de la migración internacional, y materializan las relaciones entre éste y los extranjeros que están o intentan llegar al país. Su creación o modificación depende de las circunstancias económicas, políticas y sociales que mueven los intereses y la toma de decisiones de los políticos profesionales. Una ley de migración que atendió el interés y la necesidad de mano de obra en tiempos de posguerra fue el programa Bracero, ya que permitió a trabajadores del campo mexicano entrar de manera legal a la agricultura estadunidense. Asimismo, la IRCA legalizó la residencia de dos millones de mexicanos pero también potenció la exclusión de los indocumentados. En la historia de las leyes de migración estadunidenses hay una mezcla de inclusión y exclusión, según las circunstancias, particularmente económicas. Sin embargo, desde los años de la década de 1990 los rasgos excluyentes han marcado su carácter, y el incremento en las deportaciones son una señal inequívoca de esto; así, no es casualidad que las deportaciones se hayan incrementado en tiempos de crisis económica.
La primera década del nuevo siglo ha sido especialmente crítica para la exclusión de los inmigrantes indocumentados. Se inaugura con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y cierra con una crisis económica que castiga más su presencia. Seguridad interna y crisis económica marcaron una década en contra de la presencia de los indocumentados. El Estado responde deportando cada día más.
Metodología
En esta investigación se aplicó como recurso metodológico la herramienta de estudio de casos para llegar a una mejor comprensión del tema objeto de estudio. Por tal motivo, el análisis desarrollado involucra tanto aspectos descriptivos y explicativos como la búsqueda y utilización de información cuantitativa y cualitativa (Bernal, 2006:116). Para ello, la obtención de la información se realizó mediante dos tipos de fuentes. Se construyó un marco de referencia teórico mediante revisión documental y se realizó trabajo de campo para obtener la información de las personas directamente relacionadas con el problema de la investigación.
Para la realización del trabajo de campo se tomó una muestra no probabilística y se seleccionaron las unidades de análisis o casos que cumplieran con los criterios de interés del estudio. Si bien no hay un número ideal de casos, se puede considerar como insuficiente cuatro o menos y más de diez se hacen difíciles de abarcar con la complejidad necesaria (Eisenhardt, 1989:454). En este trabajo se optó por seleccionar diez casos críticos15 con el propósito de lograr una generalización de tipo analítica bajo el supuesto de que, como afirma Flyvbjerg, “si es válido para este caso, es válido para todos los casos (o muchos casos) [...] Si no es válido para este caso, entonces tampoco lo es para ningún caso (o sólo unos cuantos)” (2005:573). Un caso crítico es aquel que es estratégicamente importante en relación con el problema general.
Por tanto, para los propósitos del presente trabajo se toma como casos críticos a mujeres mexicanas en edades productivas de entre 30 a 55 años, entre seis y 23 años de residencia en Estados Unidos antes de su deportación y que no hayan sido catalogadas como delincuentes durante este proceso —algunas tienen hijos nacidos en Estados Unidos, están en proceso de conseguir la residencia legal o ya contaban con ella.
Se llevaron a cabo 11 entrevistas, una con la administradora de la Casa Madre Asunta (casa para mujeres migrantes en Tijuana) y 10 con mujeres deportadas que se encontraban en el albergue entre diciembre de 2011 y enero de 2012. Las mujeres fueron deportadas en promedio 15 días antes de ser entrevistadas. Las entrevistas ofrecen un análisis interno de los casos, with–case analysis, y se concentran en el proceso de selección y deportación con el propósito de identificar lugares y procedimientos; además, se profundiza el análisis, in–depth analyses (Miller y Jones, 2000:243), al describir en forma densa la participación de los casos en primera persona en el acontecimiento del fenómeno observado, para obtener una masa de material con la que ningún observador externo podría contar (Pasquino, 2011:44).
Se pone especial atención al sentimiento de las entrevistadas al verse ante una situación que no esperaban enfrentar. La aplicación de este enfoque metodológico busca incrementar el conocimiento del mundo empírico y abonar al debate de la problemática objeto de estudio (Flyvbjerg, 2011:302).
Testimonios de las mujeres deportadas
La Casa Madre Asunta, donde se hicieron las entrevistas, atiende a mujeres y niños desde 1994; desde entonces las mujeres han cambiado sus características y su procedencia. Según la administradora,
[...] hasta hace pocos años, provenían de diversos estados de México, primero de los estados tradicionales de la migración como Michoacán, Jalisco o Sinaloa, y posteriormente cada vez más de estados emergentes, como Guerrero, Tabasco, Puebla o el Distrito Federal. En un principio llegaban para cruzar, algunas venían embarazadas para dar a luz del otro lado de la frontera. Con el incremento de las medidas para contener el flujo de indocumentados, ahora son más las mujeres que llegan al albergue procedentes de Estados Unidos, principalmente de California, aunque esporádicamente también llegan de otros estados.16
Esto trajo una nueva dinámica al albergue y otra lógica de asistencia. Con las deportaciones llegó también otra clase de problemas, como la separación familiar, que representa uno de los puntos más críticos del proceso.
Los daños de la deportación para las mujeres entrevistadas se incrementan en relación con los años de residencia en Estados Unidos. La tristeza y el sentimiento de injusticia están presentes en sus testimonios. Si bien comentan ser conscientes de que infringían las leyes de migración, nunca pensaron enfrentar este proceso. Debido a sus largos periodos de residencia, sin mayores complicaciones, nunca imaginaron que esto les podía llegar a suceder.
Sólo en un caso la detención se hizo en el lugar de trabajo, en los nueve restantes se hizo en lugares públicos como vecindarios, vías de comunicación u oficinas públicas. Los lugares “inconvenientes” se han multiplicado, debido precisamente a que los agentes encargados de realizar las detenciones seleccionan personas sin una orden previa. La idea presente entre las entrevistadas, es la de haber estado en el lugar y en el momento equivocados, y eso las puso frente a los agentes del ICE o policías locales. Es así que en todos los casos, el azar o encuentro fortuito entre agentes y deportadas tuvo un papel importante.
Aunado a lo anterior, la separación familiar incrementa el sentimiento de injusticia, ya que los posibles atenuantes para detener el proceso de deportación carecen de importancia. Tener muchos años de residencia en Estados Unidos, ser madre de ciudadanos estadunidenses, no ser catalogada como criminal, e incluso haber iniciado el camino para la regularización del estatus migratorio, son características que pierden valor ante la violación de leyes migratorias (haber entrado o permanecer de forma no autorizada).
Los casos de Blanca y Guadalupe ilustran que muchos años de vivir en Estados Unidos y ser madre de ciudadanos estadunidenses no ayuda para postergar la deportación pero sí para incrementar la angustia en estas mujeres, principalmente por la separación de sus hijos; así también, que los vecindarios y hogares ya no son seguros.
En el caso de Blanca, de 38 años de edad y con 18 de residencia en Estados Unidos, los agentes del ICE estaban buscando gente en la calle sin previa orden de detención. Esta mujer, a la que le quitaron a uno de sus hijos de los brazos y la dejaron sin oportunidad de despedirse de los otros, tuvo la mala fortuna de encontrarse con ellos.
Me gustaría que hubiera forma de arreglar papeles. Bien triste, en Bakersfield me deportaron. Pensaba, yo me muero si me separan de mis hijos. Regresé de la parada del bus a mi casa, iba casi corriendo por las prisas. Una troca que se estacionó, salió un hombre sin uniforme, me asusté mucho, en una troca que no era patrulla, gritó, come here, you come here. Me dijo que era policía. En inglés me dijo que me estaba buscando y que cuál era mi fecha de nacimiento, si tenía identificación y en dónde vivía. Otra mujer que después llegó, me dijo que me tenía que arrestar, que tenía una orden de deportación desde 1993, y sí, me acordé. En aquel entonces sí me salí, pero no entregué una carta que tenía que entregar.
Tengo cinco hijos y no me dieron oportunidad se sacar al más pequeño, de pecho. Llorando, les dije que me dejaran llevar a mi bebé de año y medio, todavía le doy pecho. Una agente me dijo que ya estaba grande, que ya no debía de darle pecho. Ellos (los agentes) estaban buscando gente por la calle. Un policía le dijo al otro que ya no había más gente.
En la escuela mis hijos sacaron los más altos lugares en exámenes de aptitud, la directora me quiere ayudar a regresar para que mis niños no abandonen la escuela.
A María Luna,17 de 46 años y con 21 de vivir en Estados Unidos, el tener residencia legal no la ayudó para evitar su deportación. La detuvieron las autoridades migratorias en 1995, y si bien en aquel entonces no la deportaron, sí 16 años después:
Migración me detuvo en Kansas en 1995, a mí y a otra señora nos dejaron, me dijeron que ellos no querían separar padres de sus hijos y no me deportaron, y que mi caso lo decidiría el juez. Nunca llegó la carta para presentarme en Corte y me fui a California. En 1998 mi esposo me arregló papeles, conseguí seguro e identificación legales. Reporté que me habían detenido en Kansas y el abogado me dijo que no me preocupara, que eso había sido en otro estado. En 2001, me dieron mi seguro social bueno.
El 8 de septiembre pasado llegaron a las 6 de la mañana, mi hijo me dijo que había policías, están tocando, que quieren hablar con un adulto, pero no se identificaron como de Migración. Estaba bañando a las niñas, y sin orden se metieron a mi casa, preguntando por un afroamericano fugitivo, que si lo conocíamos. Un agente nos pidió las identificaciones y fue a checar a la computadora, yo le entregué mi licencia buena. Llegó diciendo que tenía una orden de deportación desde 1996. Me ofrecieron hacer una segunda petición para evitar la deportación, porque no era criminal, tenía buen record. Me llevaron a un centro de detención. Tenía que presentar la petición antes de la una de la tarde, hora en que me sacarían para deportarme. El abogado tardó en llegar y un agente me presionó para firmar un documento porque ya me iba, no me dejaron esperar a mi abogado y me deportaron. Estuve una semana en Tijuana y después me fui a Agua Prieta, pasé, nos detuvieron y estuve 75 días en prisión. Las medidas del gobierno afectan mucho, en unos momentos acaban con la vida de uno, no es nuestro país, uno quiere buscar un mejor futuro… te cambian la vida completamente, tengo tres meses fuera de mi casa, lejos de mis hijos, ellos dependen mucho de mí. Yo quiero volver otra vez, ahí están mis hijos, mi vida, acá no tengo nada, no es igual, yo tengo mi vida allá.
En el primer semestre de 2011, fueron deportadas más de 46 000 madres y padres de niños ciudadanos estadunidenses (Wessler y Portillo– Gonzales, 2011:24). En el caso de María Luna se puede preguntar dónde se equivocó el sistema. Una añeja orden de deportación no resuelta cuando obtuvo la residencia legal causó un sentimiento de gran vulnerabilidad, trastocando una situación aparentemente resuelta. El caso también deja ver la necesidad de contar con abogados especialistas en la materia. La intervención de un defensor, en este caso, probablemente podría haber apelado a la falla del sistema para buscar la absolución. La misma situación se presentó con Lucía, de 55 años de edad y con 23 de residencia, quien al estar legalizando su situación por violencia doméstica a través del estatus de visa U18 y no contar con una adecuada defensa fue deportada:
Después de una fiesta, el sobrino de mi amigo me iba a dar un raite, fuimos a su casa a buscarlo, tocamos pero no abrieron y llamaron a la policía. Yo por alergia traía los ojos rojos, el policía me dijo que estaba drogada y me arrestaron ocho días. Salí y el juez me dijo que ya había cumplido mi condena, yo me inconformé, pues no estaba drogada cuando me arrestaron; peleé el caso y el juez me absolvió, pero de todos modos me deportaron. Mi esposo usaba droga y no me ayudó, él tiene papeles. Yo estaba arreglando por violencia doméstica, tenía problemas con mi esposo, tenía orden de restricción por violencia doméstica y abuso psicológico, yo me fui para que él no me buscara. El siempre regresaba y me intimidaba, yo tenía mucho miedo. Él me buscaba y siempre me encontraba. Yo ya tenía el trámite de la visa U, tengo el caso abierto. Me quedaré en Tijuana para ver si me arreglan. Mi hija de 19 años, nacida en México, también está arreglando por violencia doméstica. Las medidas que toma el gobierno afectan mucho, les quitan la ilusión a las personas, los hacen como que no valen nada, nos agarran como perros, nos humillan, nos avientan como si no valiéramos nada.
Se pudiera pensar que las víctimas de violencia doméstica tienen la esperanza de arreglar su situación por medio de la visa U. Sin embargo, cuando víctimas de violencia son arrestadas, el ICE muy frecuentemente las detiene y sus hijos son sujetos a un cuidado de crianza temporal. Un reporte del Applied Reserch Center sostiene que “las víctimas de violencia enfrentan una alternativa: quedarse con el agresor o correr el riesgo de ser detenidas y perder a sus hijos” (Wessler y Portillo–Gonzales, 2011).
Los tres testimonios anteriores representan de manera clara los casos críticos: mujeres con muchos años de vivir en el país, con hijos ciudadanos estadunidenses, una con residencia legal y otra en proceso para obtenerla. Si la deportación les sucedió a ellas, muy probablemente se aplicará a las demás. En dos de los tres casos anteriores, la presencia de órdenes de deportación pasadas fue un factor importante que aceleró su salida, aunque importa decir que en el momento de su arresto no iban expresamente por ellas, sólo tuvieron la mala fortuna de encontrarse en el camino de los agentes, en situaciones comunes, en el hogar y vecindario.
También, problemas anteriores con las autoridades son causa para acelerar la deportación. Los casos de Alma y Beatriz son ilustrativos en este sentido. Para Alma, de 39 años y 20 de residencia, la mala fortuna de pasar por el lugar y el momento equivocados le ha tornado casi nula la posibilidad de recuperar a su hija. Esta mujer expresa el sentimiento de injusticia de forma clara al enfrentar un desenlace tan dramático: la angustia de no saber a dónde se llevaron a su hija de 12 años:
Soy adicta a las drogas desde que tenía 26 años, estaba cumpliendo con el sistema para dejarlas, estaba siguiendo el programa al pie de la letra y estar apta para tener a mis hijas. El jueves pasado fui a Corte como siempre, para que el juez viera que estoy limpia; salí de la Corte felicitada por la juez y pasé por el lugar equivocado, por una sala donde un policía me pidió mi identificación, le dije que no tenía, y me preguntó ¿por qué no tienes?, porque soy ilegal, le dije; entonces habló a Migración. Me dijo que podía ser la mujer más buscada de California y le dije, ¿cómo, si venía de la Corte y que estaba en el sistema de cps?19 Estoy tratando de enderezar mi vida para recuperar a mis hijas. Me deportaron y ayer el sistema se llevó a mi hija la menor, no sé dónde está mi niña, y el abogado no me puede decir dónde está. El viernes que viene la Corte va a decidir qué hacer con mi hija. El abogado me recomienda que haga lo posible por llegar a la Corte. No puedo, no sé qué va a pasar con mi hija, tiene 12 años. Estoy perdida, frustrada, nerviosa porque no sé nada de mi hija, esperando. No era delincuente, acudía a Corte para hacer las cosas bien.
El problema es que si te topas a un policía, por algo que no le guste, te va a reportar a Migración. No toparte con un policía que es racista.
Cifras conservadoras estiman que hay 5 100 niños que viven en cuidados de crianza temporales cuyos padres han sido detenidos y deportados. California encabeza la lista de niños en cuidados de crianza temporal cuyos padres han sido deportados. Los Ángeles es el condado con el número más alto, con 1 178 niños; el condado de San Diego ocupa el tercer lugar con 219, sólo por debajo del condado de Maricopa en Arizona con 274 niños (Wessler y Portillo–Gonzales, 2011:24).20
A Beatriz, de 40 años y con 21 de residencia, la queja de sus vecinos fue suficiente para averiguar que tenía una orden de arresto y después deportarla:
Soy originaria de Colima y entré por Tijuana. Voy a arreglar papeles, mi hija me está pidiendo ya, tengo tres hijos, mayores, todos nacidos en Estados Unidos.
Es la primera vez que me pasa. Me agarraron en Riverside, California. Desde hace siete años tenía una orden de arresto, por no cubrir clases por abuso de drogas. Tengo una traila21 y la iba a meter a un rancho, la gente de ahí no quiso y llamó, llegaron los agentes y como ya tenía orden de arresto, por eso me deportaron. Sí planeo regresar a Estados Unidos, me van a pasar por la línea.
En los dos casos anteriores, las detenciones no se hicieron por agentes de ICE sino por policías locales, quienes trabajando conjuntamente con las autoridades de Migración, ayudan a incrementar el número de deportados. En los tres casos siguientes, las detenciones también las hicieron policías locales en vías de comunicación. Las cifras oficiales dadas por el ICE no dejan ver el número de detenciones hechas por sus agentes y el que corresponde a detenciones de policías locales. Este trabajo encontró que son mayoría los casos de detenciones de los agentes locales (6 de 10).
Otras sanciones, que podrían considerarse menos graves, también aceleran el proceso de deportación, sobre todo en localidades que han implementado el programa de comunidades seguras y donde cualquier interacción con la policía es una posible vía para la detención y deportación (Wessler y Portillo–Gonzales, 2011). Manejar es una situación riesgosa para estos inmigrantes. Alarcón y Becerra (2012) encontraron que infracciones de tránsito fueron causa de deportación en 36% de 3 457 deportados y atendidos en la Casa del Migrante de Tijuana en 2010. Presumiblemente, detenciones hechas por policías locales. Sólo 24% de las detenciones se hizo por orden de arresto previa. Espacios públicos como las carreteras, donde los individuos son más identificables, se han convertido en riesgo para quienes sin documentos legales transitan en ellas.
A Lucía, Isabel y Rosa infracciones de tránsito, aparentemente sin importancia, causaron su deportación. A Lucía, de 40 años y con 14 de residencia, una multa de tránsito aceleró su deportación:
En 2007 tuve una multa por estacionarme en un lugar que no debía, nunca la pagué. Hace poco iba con mi pareja, llegamos a echar gasolina. El policía se nos atravesó, supo que tenía un ticket, me detuvieron 72 horas, el lunes siguiente el juez me dejó libre. Fui por mis cosas y ahí me mandaron a Migración y ahí me volvieron a detener y después me deportaron. Planeo regresar a Estados Unidos. Acá me siento amarrada, frustrada, no sé, se me hace imposible, ya es mucho tiempo que tengo fuera de por acá. Me sacaron con 50 centavos, no tenía nada.
Para Isabel, de 47 años y con 15 de residencia, una multa de tránsito no pagada fue suficiente para deportarla:
Entré con visa de turista por San Isidro, viví en Pomona, tengo tres hijos, 19, 17 y 11; la última, nacida allá, está con el papá que también es “mojado”.
Ellos están destruyendo familias, están en su país, son sus leyes. Sacan a la gente inocente; por un ticket de tráfico me deportaron. Siempre he limpiado casas. Quiero regresar a Estados Unidos. Mi hija está en el colegio y no la puedo dejar. Me curaron a mi hijo de leucemia, y acá en México se me va a enfermar. Ya me anda por ir a ver a mis hijos. Están estudiando y por eso quiero regresar, me voy a regresar con la ayuda de Dios.
Me detuvieron hace tiempo en Pomona por no tener licencia. Otra vez iba manejando, me detienen y ahí sí me llevaron.
Uno dice que eso no me va a pasar y no busca la ayuda de nadie, ni arreglar papeles, después de 15 años y con la enfermedad de mi hijo, pude arreglar papeles. Si no consigo la visa, así me voy, mi marido no me apoya en nada, Dios es tan grande, él me va a llevar.
A Rosa, de 35 años y con nueve de residencia, la luz trasera descompuesta de su auto la delató:
Me detuvieron por no traer una luz trasera, no tenía licencia, tampoco documentos, estuve dos días detenida y me deportaron; luego luego me mandaron a Migración. No me dejaron hablar para que alguien se llevara mi carro, nunca he cometido un delito y sí planeo regresar a Estados Unidos, allá está mi esposo.
Durante la administración de Obama las redadas en los empleos casi terminaron, pero las deportaciones se incrementaron (Cervantes y Lincroft, 2010). Esto significa que agentes del ICE y policías locales detienen más gente en las calles que en los empleos. El trabajo ya no es el único lugar donde hay que cuidarse de los agentes de Migración, si bien sigue siendo uno de los más riesgosos. Los agentes del ICE fueron por alguien más y como no lo encontraron se llevaron a otros, entre ellos a María, de 30 años y seis de residencia, que hacía limpieza en las habitaciones de hotel. El caso de María ilustra que personas detenidas en estados alejados de California también están siendo deportadas por Tijuana, lo que podría ser una táctica para inhibir el retorno de los deportados. Sólo un caso de los 10 revisados presenta esta situación:
Me agarraron en Utah, nos agarraron a varias personas. Estaba trabajando en un hotel, buscaban a otras y no las encontraron y nos llevaron a tres y un hombre. Estuve un mes y 4 días en la cárcel. Mi cuñada me cuidó a mi hijo mientras estaba en la cárcel, ya tengo mis dos hijos en México, por ahora me voy a regresar a Guerrero.
En todos los casos anteriores la mala fortuna de encontrarse en el camino de policías o agentes del ICE determinó la deportación, estar en el lugar y momento equivocados. Para María, con 35 años de edad y 13 de residencia en California, su salida simplemente se debió al hecho de estar en el lugar equivocado.
Las medidas afectan demasiado, los niños se crían allá [Estados Unidos] y quieren seguir estudiando y no quieren venir para acá. Nos separan de nuestra familia. Por el momento no planeo regresar a Estados Unidos. Me detuvieron en una redada en el swap meet.22 Cuando terminen el año escolar mis hijos me los van a traer a México.
En este último caso puede verse que se hacen detenciones en lugares de congregación de la comunidad migrante, donde ésta acude a comprar, divertirse o lleva a cabo sus oficios religiosos. Seguramente el número de detenciones en estos sitios es grande y esto ayuda a incrementar las cifras totales de deportaciones.
En ocho de los 10 casos anteriores las mujeres expresaron su deseo de regresar a Estados Unidos, aun sabiendo que el riesgo de cruzar la frontera de manera clandestina es muy grande y que si las detienen las penas por violar las leyes serán más severas. Esta idea muy presente del retorno deja ver la angustia de la separación forzada de los seres queridos, particularmente de los hijos.
En los 10 casos anteriores el azar (el encuentro fortuito) estuvo presente en la selección y posterior identificación de las mujeres deportadas. En sus hogares, vecindarios, lugares de concurrencia o empleos, la identificación no iba precedida por una orden de búsqueda y de captura. Según las entrevistadas, no iban por ellas, se las encontraron en el camino. Algunas resultaron con órdenes de deportación añejas, o con una multa de tránsito pendiente. Esto fue el factor para acelerar la deportación. Estas mujeres entraron en la categoría de las que “jugaron con el sistema”, de las que durante muchos años habían sorteado la situación y no están en registros criminales.
En esta investigación pudo comprobarse que la mayoría de las detenciones se hizo por policías locales, lo que incrementa la posibilidad de ese encuentro fortuito, del azar como parte importante en el proceso. En las ciudades que firmaron los convenios de ciudades seguras, el encuentro con policías locales es muy frecuente. Ante esto, cada vez son más las acciones que los inmigrantes indocumentados deben tomar para evitar ese encuentro con las autoridades; por ejemplo: manejar, abrir la puerta de casa o acudir a lugares públicos, acciones que orillan aún más a la clandestinidad.
Con el incremento en el número de agentes del orden que participan en las detenciones, también ha crecido el número de denuncias por detenciones arbitrarias. Con un promedio de 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país, alrededor de 2 570 000 en California,23 en un escenario de combate al terrorismo y donde la construcción de la amenaza de los extranjeros ilegales ha tomado las características fenotípicas del inmigrante mexicano, las denuncias por selecciones arbitrarias contra ciudadanos estadunidenses de origen hispano continúan creciendo. Los detenidos pasan horas o días hasta que se les identifica como ciudadanos y pueden recuperar su libertad.24
Las mujeres entrevistadas son conscientes de su situación migratoria irregular pero no esperaban la deportación. La idea de que después de tantos años no habían tenido mayores problemas y podían seguir así, afectó gravemente sus vidas al enfrentar en forma abrupta una nueva realidad dolorosa, adversa y desconocida como lo es el vivir un proceso de deportación, sobre todo si los hijos fueron dejados del otro lado de la frontera, si se les arrebató, literalmente, lo más preciado de sus vidas. No poder llevar a sus hijos consigo, el dolor de la separación y la incertidumbre sobre los riesgos y peligros que les depara el destino en su intento por reunirse de nueva cuenta con ellos, hacen todavía más dolorosa la expulsión. Esta separación rompe con cualquier serenidad y las coloca en una lucha desesperada por tratar de recuperar lo más pronto posible a lo más querido: sus hijos.
Conclusiones
La idea, principalmente a través del discurso político, de que los indocumentados son una amenaza para las comunidades, ha derivado en la creación de leyes migratorias excluyentes. El incremento en las deportaciones se sustenta en leyes que han respondido a situaciones concretas, particularmente tres sucesos trascendentales: primero, la amnistía de mediados de los años de la década de 1980, que criminalizó a los indocumentados. El hecho de multar a quienes contrataran indocumentados abonó mucho en ese sentido, y consecuentemente castigó progresivamente los salarios de éstos, además de sentar las bases para el establecimiento de leyes en su contra, muchas de ellas en el ámbito local. Leyes que trajeron más recursos para vallas, guardias y tecnología. Segundo, el sentimiento antiextranjero que produjeron los atentados terroristas de 2001 en Nueva York, no únicamente en políticos conservadores, sino también en amplios sectores de la sociedad. Ello legitimó la fundación de las instituciones de seguridad nacional y diseminó la idea de que algunos inmigrantes (rasgos físicos, religiones, culturas y regiones particulares) eran una amenaza latente. El discurso antiinmigrante encontró impulso en la violencia de los terroristas. Tercero, la crisis económica en Estados Unidos, que da inicio en 2007. A partir de entonces, la preocupación por los temas de seguridad nacional necesidad de que los migrantes se vayan, lo que se ha traducido en un incremento importante de las deportaciones.
Bajo esta lógica, el ICE ha desarrollado como estrategia adoptar prioridades para centrar los recursos en la identificación y deportación de quienes acaban de cruzar la frontera ilegalmente, han infringido repetidamente las leyes de inmigración o son fugitivos de la Corte de Migración. 25 Las estrategias que delimitan el camino de los objetivos, cambian y se adaptan para mejorar los resultados. El ICE presenta el incremento de las deportaciones como una tarea que refleja su buen desempeño, ya que uno de sus objetivos es deportar el mayor número posible de indocumentados. Se pone énfasis en las tareas de identificación para deportar, sin embargo, no ahonda en cómo se da este procedimiento. Es precisamente aquí donde la investigación aporta información.
La aplicación de leyes antiinmigrantes más severas a nivel federal y local, ha posibilitado que más autoridades participen en la identificación y deportación de inmigrantes indocumentados no delincuentes. En consecuencia, la incorporación y participación de las policías locales en este tipo de tareas, ha logrado incrementar en forma sustantiva el número de detenciones, debido a que el poder de acción de estas autoridades se ha extendido a otros lugares y espacios públicos. Vecindarios, vías de comunicación, oficinas públicas, lugares de concentración de la comunidad y empleos, son lugares donde los inmigrantes indocumentados son vulnerables. El azar o encuentro fortuito está presente en el proceso de deportación que involucra a más agentes del orden y más lugares.
Para el caso de fugitivos que tienen órdenes de aprehensión y que en algunos casos el ICE tiene información de su posible localización, las órdenes judiciales preceden a la selección. Con los individuos capturados cruzando la frontera ilegalmente, la selección e identificación es evidente. Pero en el caso de quienes no tienen órdenes de búsqueda o no fueron aprendidos in fraganti cruzando ilegalmente, la identificación, que es la comprobación de una identidad, viene precedida de un procedimiento azaroso que no observa un patrón preestablecido de acción. La sorpresa y espontaneidad son factores clave de la selección, para posteriormente llevar a cabo la identificación. No es intención de este trabajo plantear alternativas a la deportación de mujeres no criminales, pero sí colocar en el debate los elementos presentes en el proceso. Azar y separación familiar, entre otros, deben ser conceptos a plantearse en la reformulación de leyes migratorias. Al menos debería ser motivo de preocupación, de lado de nuestras autoridades mexicanas, considerar en su agenda diplomática la realización de esfuerzos serios para que estos procesos de deportación se den en un marco de respeto a los derechos humanos de los connacionales, y se repare el daño moral cuando el sistema legal del país vecino haya incurrido en fallas o excesos.
Sin embargo, el asunto se complica debido a que en ambos lados de la frontera hay visiones distintas. Lo que de un lado es justo, del otro puede no serlo: es justo, del lado de Estados Unidos y desde la visión de su política migratoria, expulsar a los que amenazan a su comunidad, a los que vulneran sus fronteras; pero por otro lado, para los inmigrantes indocumentados, es injusta la separación forzada y la falta de respeto a sus derechos humanos, así como el racismo y la insensibilidad de los políticos que no ven la importante contribución de los migrantes al desarrollo económico de ambas naciones. En esta confrontación de visiones, es necesario arrojar luz a estos procesos —y desde luego a las ideas y conceptos que los crean— con la intención de conciliar intereses en ambos lados de la frontera. Los ejemplos de acciones para mejorar el proceso de deportación ya se están dando. La Ley de Aplicación Humana y Protección Legal para Niños separados (Human Enforcement and Legal Protections for Separated Children Act) y la Ley de Ayuda para Familias Separadas (Help Separated Families Act) plantean que los niños no sean separados de sus padres sin que éstos puedan decidir sobre su cuidado (Dreby, 2012:3).
Bibliografía
Alarcón, Rafael y William Becerra (2012), “¿Criminales o víctimas? La deportación de migrantes mexicanos de Estados Unidos a Tijuana, Baja California”, Norteamérica, año 7, núm. 1, enero–junio.
Aquino Moreschi, Alejandra (2010), “Cruzando la frontera: experiencia desde los márgenes”, Frontera Norte, vol. 24, núm. 47, enero–junio, pp. 7–34.
Bauman, Zygmunt (2011), Daños colaterales. Desigualdad social en la era global, Fondo de Cultura Económica, México.
Bernal, César (2006), Metodología de la investigación. Para administración, economía, humanidades y ciencias sociales, Pearson Educación, México.
Bohon, Stephanie A. (2005), “Occupational Attainment of Latino Immigrants in the United States”, Geographical Review, vol. 95, núm. 2, New Geographies of U.S. Immigrants, abril, pp. 249–266.
Capps, Randy, Marc R. Rosenblum, Cristina Rodríguez y Muzaffar Chishti (2011), Delegation Divergence: A Study of 287(g) State and Local Immigration, Enforcement, Migration Policy Institute, Washington, D.C.
Cervantes, Wendy y Lincroft Yali (2010), The Impact of Immigration Enforcement on Child Welfare, First Focus, en <http://www.firstfocus.net/library/reports/ the–impact–of–immigration–enforcement–on–child–welfare>.
Chacón, Justin Akers y Mike Davis (2006), No One is Illegal. Fighting Racism and State Violence on the U.S.–Mexico Border, Haymarket Books, Canadá.
De Genova, Nicholas y Ana Y. Ramos–Zayas (2003), Latino Crossing. Mexicans, Puerto Ricans and the Politics of Race and Citizenship, Routledge, Estados Unidos.
Díaz González, Eliseo (2011), El descenso en la migración de mexicanos hacia Estados Unidos y los efectos en el mercado de trabajo, Seminario Permanente de Economía, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, Baja California, 25 de febrero.
Dimaggio, Paul, J. y Walter W. Powell (1999), “Introducción”, en Walter W. Powell y Paul Dimaggio (comps.), El nuevo institucionalismo en el análisis organizacional, Fondo de Cultura Económica, México.
Dreby, Joanna (2012), How Today’s Immigration Enforcement Policies Impact Children, Families and Comununities. A View from the Ground, Center for American Progress, en <http://www.americanprogress.org/wp–content/ uploads/2012/08/DrebyImmigrationFamiliesFINAL.pdf)>.
Eisenhardt, Katheleen M. (1989), “Building Theories from Case Study Research”, The Academy of Management Review, vol. 14, núm. 4, pp. 532–550.
Flyvbjerg, Bent (2005), “Cinco equívocos sobre la investigación basada en estudios de caso”, Estudios Sociológicos, vol. xxiii, núm. 2, mayo–agosto, pp. 561–590.
—— (2011), “Case Study”, en Norman K. Denzin e Yvonna S. Lincoln (eds.), The Sage Handbook of Qualitative Research, 4a. edición, Thousand Oaks, Sage, California, pp. 301–316.
García, Ángela et al. (2011), “Pressure from the Inside: The Subnational Politics of Immigration”, en David Fitzgerald, Rafael Alarcón y Leah Muse–Orlinoff, Recession without Borders, Mexican Migrants Confront the Economic Downturn, Center for Comparative Immigrations Studies, University of California, San Diego.
Hall, Matthew, Emily Greenman y G. Farkas (2010), “Legal Status and Wage Disparities for Mexican immigrants”, Social Forces, vol. 89, núm. 2, pp. 491– 514. Retrieved from EBSCO Host.
Hicken, Jonathan et al. (2010), “Double Jeopardy: How U.S. Enforcement Policies Shape Tankasseño Migration”, en Wayne A. Cornelius, David Fitzgerald, Pedro Lewin Fischer y Leah Muse–Orlinoff, Mexican Migration and the U.S. Economic Crisis. A Transtaional Perspective, Center for Comparative Immigrations Studies, University of California, San Diego.
Massey, Douglas, S. (2007), Categorically Unequal. The American Stratification System, Russell Sage Foundations, Estados Unidos.
—— (2011), Reacción en cadena: causas y consecuencias de la guerra antiinmigrante en Estados Unidos, Seminario Permanente sobre Migración Internacional, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, B.C., 23 de septiembre.
Miller, Gale y Richard S. Jones (2000), “Case Studies”, en Edgar F. Borgatta y Rhonda J. V. Montgomery (eds.), Encyclopedia of Sociology, 2a. ed., Macmillan, Reference, Estados Unidos.
Nevis, Joseph (2002), Operation Gatekeeper. The Rise of the Illegal Alien. The Makig of the U.S. –Mexico Boundary, Routledge, Estados Unidos.
Pasquino, Gianfranco (2011), Nuevo curso de ciencia política, Fondo de Cultura Económica, México.
Peters, Guy B. (2001), Institutional Theory in Political Acience. The New Institutionalism, Continuum, Nueva York, 2001.
Phillips, Julie A. y Douglas S. Massey (1999), “The New Labor Market: Immigrants and Wages after IRCA”, Demography, vol. 36, núm. 2, mayo, pp. 233–246.
Rocha Romero, David (2006), “Las marchas de inmigrantes irrumpen el escenario”, Migración y Desarrollo, vol. 6, primer semestre, pp. 185–195.
—— (2011), “Migrantes precarios. Inmigrantes mexicanos en la subcontratación en Estados Unidos”, Norteamérica, año 6, núm. 1, enero–junio, pp. 95–126.
Sabine, George H. (2010), Historia de la teoría política, Fondo de Cultura Económica, México.
Wessler, Seth F. y Esther Portillo–Gonzales (2011), Familias destrozadas. La intersección peligrosa de la aplicación de leyes de inmigración y el sistema de cuidado infantil. Resumen Ejecutivo, Applied Reseach Center, en <http://www.ncdsv.org/images/ ARC_ShatteredFamiliesPerilousIntersectionImmigEnforceChildWelfareSyst em_ExSum_Spanish_11–11.pdf>.
Notas
1 Los autores agradecen las observaciones de los dictaminadores, pues con ello se contribuyó a mejorar de manera sustancial el presente trabajo.
2 En 2008 se estimaba que había 8.4 millones de indocumentados en Estados Unidos, su punto más alto fue en 2007 con 12 millones; para 2008 esta cifra disminuyó a 11.6 millones, 11.1 en 2009 y 11.2 en 2010. Unauthorized Immigrant Population: National and State Trends, 2010. <http://www.pewhispanic.org/2011/02/01/unauthorizedimmigrant– population–brnational–and–state–trends–2010/>.
3 <http://www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/news_releases/national/12122011.xml>. En 1991 hubo 1 132 000 aprehensiones por parte de la patrulla fronteriza; para el año 2000 esta cifra se incrementó a 1 676 000, y posteriormente disminuyó continuamente hasta las 340 000 aprehensiones en 2011. U.S. Border Patrol, Nationwide Illegal Aliens Apprehensions, FY 1925–2011. <http://www.pewhispanic.org/files/2011/12/ Deportations–and–Latinos.pdf>.
4 <http://www.ice.gov/removal–statistics/>.
5 <http://noticias.univision.com/inmigracion/noticias/article/2011–10–18/piden–obama– freno–deportaciones#axzz1jTSpdFpq>. Fecha de consulta: 5 de enero de 2012.
6 Alrededor de 90% son inculpados por asuntos de drogas y por manejar bajo la influencia de alguna sustancia.
7 Ana Gómez Salcido, “Destaca San Diego en 2001 en deportaciones”, Frontera, 29 de enero de 2012.
8 <http://www.ice.gov/espanol/#. Revisado el 15 de enero de 2012>.
9 En 2011 y hasta enero de 2012 fueron deportados por Baja California 154 163 personas; Tijuana recibió 81 037 deportados (Frontera, 5 de febrero de 2012).
10 Conferencia del Dr. Rodolfo Cruz Piñeiro, dentro del marco del Segundo Foro Ciudadano para la Elaboración de la Ley Estatal de Protección y Atención a Migrantes de Baja California, en la Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Baja California, 9 de diciembre de 2010.
11 Conferencia de Saskia Sassen, Colegio de la Frontera Norte, 8 de diciembre de 2011. La socióloga llama la atención sobre la brutalidad de las deportaciones y de los allanamientos a casas y lugares de trabajo de los indocumentados, que además son ilegales.
12 El Consejo Nacional de Población (Conapo), en colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), lleva a cabo la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF NORTE). Otro proyecto es: Mexican Migration Proyect.<http://mmp.opr.princeton.edu/research/design–en.aspx>.
13 La oficina de estadísticas de inmigración de Seguridad Interna, Homeland Security, reporta deportados desde 1892. <http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/yearbook/ 2010/ois_yb_2010.pdf>, revisado el 18 de enero de 2012.
14 Aplicación y Operaciones de Separación (exclusión) (Enforcement and Removal Operations, ERO) administra y vigila los sistema de detención de inmigración civil. ICE coloca a los detenidos en custodia de ERO. <http://www.ice.gov/detention–management/>, revisado el 18 de enero de 2012.
15 Aquel que es estratégicamente importante en relación con el problema general. Hay que tener cuidado de no elegir casos extremos. Flyvbjerg da el ejemplo de caso crítico al mencionar cómo Michels propuso la tesis relativa a la oligarquía, al estudiar una organización popular con una estructura horizontal y fuertes ideales democráticos, ¨Si esta organización es oligárquica, entonces lo serán la mayoría de ellas¨.
16 La Casa Madre Asunta pertenece a la Coalición Prodefensa del Migrante. Provee de tres comidas al día, servicio médico, un abogado de inmigración y otro que atiende casos de separación familiar, comunicación con familiares y apoyo para el programa de repatriación. “Ayudar a recuperar la dignidad es costoso’’. Hay un patronato y fundaciones estadunidenses que ayudan con comida principalmente. La fundación del Dr. Simi ayuda con medicamentos. Además, obtienen apoyo económico de programas del gobierno federal y estatal a través de proyectos aprobados. Así, también existe una aportación mensual del gobierno de Baja California y la ciudadanía tijuanense ayuda principalmente con ropa. Entrevista con Mary, administradora de la Casa Madre Asunta, 12 de diciembre de 2011.
17 Por razones obvias, el nombre de las entrevistadas fue cambiado, sólo se mantuvo el original de la administradora del albergue cuyo caso fue expresamente autorizado.
18 La ley de Protección de Víctimas de Tráfico y Violencia, ofrece estatus legal a víctimas de crimen que no sean ciudadanas. La visa U puede estar disponible para víctimas de los crímenes de violencia doméstica. <http://www.womenslaw.org/laws_state_type. php?id=10271&state_code=US&lang=es#content–10372>. Revisado el 27 de febrero de 2012.
19 Child Protective Service (Servicios de Protección al Menor), agencia gubernamental que responde a reportes de negligencia o abuso de menores.
20 Niños en cuidados de crianza temporal en condados que han firmado acuerdos con el ICE dentro de la política de comunidades seguras, presentan 29% de mayor probabilidad de tener padres que han sido deportados. Los efectos traumáticos de la separación prolongada pueden revisarse en la investigación del Applied Research Center, Racial Justice Through Media, Research and Activism, noviembre de 2011. <http:// www.arc.org/>. Fecha de consulta: 15 de enero de 2012.
21 Casa rodante.
22 Mercado donde se comercian artículos usados.
23<http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publications/ois_ill_pe_2010.pdf>. Revisado 1 de diciembre de 2011.
24 National Immigration Law Center, viene documentando la detención ilegal de ciudadanos estadounidenses por agentes de ICE. <http://www.nilc.org/press–release– SCommErrors.html>. Revisado 15 de enero de 2012.
25 <http://www.ice.gov/espanol/removal–statistics/index.htm>. Fecha de consulta: 15 de enero de 2012.