| Artículos y ensayos | Estudios Fronterizos, vol. 1, núm. 1, 2000, 9-46 |
Satisfacción de necesidades básicas en Baja California: Mitos y Realidades
Guadalupe Ortega Villa*
* Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UABC. Correo electrónico: gortega@faro.ens.uabc.mx
Resumen
Este trabajo tiene como propósito revisar los estudios que evalúan la satisfacción de necesidades básicas en nuestro país, destacando la posición que guarda Baja California en el contexto nacional, para después contrastar los resultados con un estudio que aborda exclusivamente el caso bajacaliforniano, y matizar los resultados que para esta entidad se reportan en los estudios de cobertura nacional. Finalmente, se presentan algunos comentarios en torno a la posición de dicha entidad en el conjunto del país y a los indicadores utilizados.
Abstract
This paper seeks to review the studies that assess the satisfaction of basic needs in our country. A particular emphasis is placed on Baja Californias's position within the national setting. Furthermore, the results are contrasted with a study that addresses exclusively the case of Baja California, and afterwards clarify the results reported on the studies of national coverage with regards to this state. Finally, some remarks are presented that pertain to the position of such state in the country as a whole and also to the indicators that were used.
Introducción
En nuestro país se han realizado varios estudios para determinar la situación que, en materia de satisfacción de necesidades básicas, guarda la población. Éstos han sido realizados desde diferentes enfoques teóricos y metodológicos, específicamente desde la perspectiva de la marginación o del bienestar.
El propósito de este documento es contextualizar el lugar que, dentro del conjunto nacional, le corresponde a Baja California para, a título meramente exploratorio, tratar de identificar algunos elementos que pueden estar interviniendo para que esta entidad federativa esté entre las de más altos niveles de bienestar.
Para ello, este trabajo se organiza en cuatro apartados. El primero está dedicado a la identificación de los puntos de convergencia entre los conceptos de pobreza, desigualdad y marginación, a fin de poder establecer los nexos entre los trabajos que se revisan en el segundo apartado, donde se presenta una breve revisión metodológica de tres estudios de cobertura nacional y se reportan los resultados para Baja California en cada uno de ellos. El tercer apartado tiene el mismo propósito que el anterior, con la diferencia de que en él se retoma una investigación realizada específicamente para el caso de la entidad federativa en cuestión. Para finalizar, en el último apartado se presentan una serie de elementos, a manera de reflexión, que permiten matizar la posición de Baja California.
Pobreza, desigualdad y marginación
El estudio de la satisfacción de las necesidades básicas, directa o indirectamente, atiende al problema de la pobreza, ya que ésta se define como la imposibilidad de alcanzar un nivel de vida mínimo (Banco Mundial, 1992: 324). Sin embargo, esta definición requiere de una mayor precisión en cuanto a aquello que se entiende por "un nivel de vida mínimo" o básico. Esto último depende de cuáles sean las necesidades "elementales" o "básicas" que una sociedad determinada considera que un individuo o familia debe cubrir a un nivel "mínimo" y cuya carencia, total o parcial, implica pobreza. De aquí que cualquier intento por cuantificar la pobreza como tal, plantea el problema de la definición del "nivel de vida mínimo" y de la identificación del conjunto de satisfactores, o canasta, que lo cubren.
En relación con el problema de la medición de la pobreza, a nivel mundial, son dos los métodos que más se han utilizado: el método directo y el indirecto.1 Ambos requieren de la superación de los problemas de definición mencionados. La diferencia entre ambos estriba en que el primero clasifica a los individuos o familias como pobres o no pobres según cubran sus necesidades, es decir; por la vía del consumo de los satisfactores, mientras que el segundo, una vez identificados los satisfactores que cubren las necesidades básicas, les asocia un precio, es decir, se determina el costo de los satisfactores básicos, cuyo total equivale al ingreso mínimo necesario para adquirirlos.
Este segundo método supone que, por el hecho de percibir un ingreso mínimo predeterminado (equivalente al costo de la canasta), automáticamente se cubren las necesidades básicas. Si bien este último es el más comúnmente usado en estudios comparativos de grandes agregados, tiene desventajas porque el hecho de percibir un ingreso mínimo no garantiza que su uso esté orientado a satisfacer este tipo de necesidades (véase Sen, 1992: 317-319).
Los estudios realizados en América Latina acerca de la pobreza han girado en torno a dos vertientes: las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y la línea de la pobreza (véase Banamex-Accival, 1997; Conapo-Conagua, 1993; Desai, 1994) que, en síntesis, son los equivalentes a los métodos directo e indirecto arriba mencionados. En relación con el método indirecto o línea de la pobreza (LP), tres son las modalidades más usadas:
• La primera, conocida como Canasta Normativa Alimentaria (CNA), consiste en definir los requerimientos nutricionales mínimos per capita, y su costo define la Línea de Indigencia (LI) o zona de pobreza extrema. Para obtener la LP se multiplica la LI por el inverso del coeficiente Engel, que equivale a la proporción del gasto en alimentos con respecto al gasto total de los hogares. El hogar con ingreso o gasto en consumo menor que la LP se considera pobre (Boltvinik, 1994:13).
• La segunda variante de la LP es la Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales (CNSE). Una vez calculado el costo de la CNSE por hogar, se compara con su ingreso o gasto en consumo, considerando pobres a los hogares que reciben ingresos por debajo del costo de dicha canasta.
• La tercer modalidad es conocida como Canasta Submínima (CSM), que sólo contempla los gastos en alimentación, vivienda, salud e higiene y educación, y distingue a los pobres de los no pobres de la misma manera que las dos modalidades anteriores (véase Conapo-Conagua, 1993: 11-12).
Por su parte, el método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) incluye información que la LP no considera, ya que consiste en la definición normativa de un patrón de necesidades básicas y la cantidad de bienes y servicios para satisfacerlas. Para cada una de las necesidades consideradas se seleccionan variables e indicadores con un nivel mínimo, debajo del cual se considera que el hogar no satisface la necesidad en cuestión. Con este método, generalmente se clasifican como pobres aquellos hogares con una necesidad insatisfecha, y como pobres extremos los que presentan más de una. Otra diferencia entre el método de la LP y el de NBI es que el primero sólo considera el consumo (o gasto) privado, esto es, no considera la satisfacción de necesidades proporcionada por el sector público ni vía transferencias.
Además de los enfoques mencionados, existe otra vertiente de estudios en los que la determinación de una situación normativa (definición de los mínimos deseables) se deja de lado y en los que no se aborda el problema de la pobreza en sí, aunque de ellos se obtengan indicadores de ésta. Se trata de los estudios de desigualdad, cuyo referente para la evaluación o medición está dado por las condiciones medias en que se desenvuelven los grupos. Si bien pobreza y desigualdad son dos situaciones que pueden estar relacionadas, es posible que se presente una sin que se dé la otra, como sería el caso de una comunidad extremadamente pobre, en la que incluso los más pudientes presenten carencias; en tal caso, la desigualdad podría ser mínima, aunque vivieran en condiciones de pobreza.
Finalmente, existe otro enfoque que también está muy relacionado con la pobreza; se trata de los estudios de marginación. Debido a que dos de los estudios de cobertura nacional que más adelante se revisan, fueron elaborados desde la perspectiva de la marginación, consideramos pertinente establecer las diferencias y coincidencias entre los estudios de pobreza y los de marginación.
Con el propósito de aclarar el concepto de marginalidad (del que se deriva el de marginación) y su relación con la pobreza, nos apoyamos en un texto clásico de Gino Germani (1973), que intenta esclarecer los diferentes tipos y niveles de análisis implicados en el término "marginalidad". De la revisión que efectuó, dicho autor propone una definición muy general, tan amplia como para cubrir la gran gama de trabajos por él revisados; señala que
puede definirse como marginalidad la falta de participación de individuos y grupos en aquellas esferas en las que de acuerdo con determinados criterios les correspondería participar. Por participación se entiende el ejercicio de roles o papeles concebidos de la manera más amplia: a) incluyen tanto un actuar, como un no actuar (producir o consumir), tanto obligaciones o deberes como derechos [...]; y b) [los roles] se ejercen en distintas instituciones y esferas de la vida individual y colectiva (así, se puede hablar de roles en la vida familiar, en el subsistema productivo, en el subsistema político, etc.) (Germani, 1973: 66-71, subrayado en la fuente).
Un primer aspecto a destacar de la definición anterior, es que la marginalidad implica la falta de participación en el ejercicio o desempeño de roles o papeles, ya sea de individuos o grupos de ellos, y no estrictamente carencias, como en el caso de la pobreza.
Un segundo aspecto es que la ausencia de participación puede referirse a una gran variedad de situaciones. un individuo puede vivir diferentes tipos de marginalidad; por ejemplo: si no actúa en la producción (es decir, si no tiene empleo), es un marginado; si no ejerce sus derechos políticos también puede ser un marginado, así como también si no participa en el consumo, su situación puede describirse como de marginalidad o de marginación, y aquí es donde pueden presentarse coincidencias con la pobreza. Así, la marginalidad es un fenómeno que tiene múltiples facetas; para decirlo en términos de Germani:
Es conveniente concebir la marginalidad como un fenómeno multidimensional tanto en cuanto a sus manifestaciones (plano descriptivo) como en cuanto a sus causas, aunque en determinados casos sea posible identificar una base (fenoménica y/o explicativa) común. La multidimensionalidad deriva obviamente de la definición genérica que se ha adoptado: hay tantas formas (o dimensiones) de la marginalidad como roles posibles con respecto a los cuales no se realiza efectivamente la "expectativa" de participación (Germani, 1973: 75-76, subrayado en la fuente).
Un tercer aspecto es si es necesario o no un criterio que sirva para diferenciar a los marginados de los no marginados. Sin embargo, Germani opina que sí existe tal criterio y es lo que se espera de un individuo. El autor afirma que:
En realidad, el supuesto común en cualquier definición de marginalidad no es la simple falta de participación o ejercicio de roles en forma indeterminada o en esferas dadas de la actividad humana, sino la falta de participación en aquellas esferas que se considera deberían hallarse incluidas dentro del radio de acción y/o de acceso del individuo o grupo. Es decir, el juicio de marginalidad se realiza sobre la base de la comparación entre una situación de hecho y un deber ser" (Germani, 1973: 21, subrayado en la fuente).
Dicho en otros términos, la identificación de la existencia de la marginalidad parte de un criterio normativo, por tanto, se refiere a una situación relativa; es decir, a una situación que dista de cierto modelo ideal de participación con el que se compara al individuo o grupo. Aquí de nuevo encontramos coincidencias con los estudios de la pobreza que parten de una situación normativa.
En torno a la pobreza, este autor destaca la diferencia que encontró entre ésta y la marginalidad: "muchos autores diferencian netamente el fenómeno de la 'pobreza' del de la marginalidad, por cuanto aunque ambos van usualmente asociados; se trataría de condiciones analíticamente distintas, incluso si se admite la posibilidad de marginalidad sin pobreza, o con pobreza menor que ciertos sectores participantes" (Germani, 1973: 17). Esto último (presencia de marginalidad sin pobreza) se podría ejemplificar con el caso de aquellas mujeres que, sin ser pobres en sentido estricto, sí son marginadas al impedírseles ocupar puestos de alta jerarquía o excluidas de la toma de decisiones al interior del hogar.
En síntesis, si bien la marginalidad no siempre implica pobreza, existen tipos de marginalidad que coinciden con situaciones de pobreza, sobre todo si la dimensión de marginalidad que se estudia se refiere a la no participación en el consumo de bienes y servicios, en cuyo caso, la marginalidad pasa a ser sinónimo de carencia y la situación de deber ser de la que se parte (en este caso de deber consumir o disfrutar), es una canasta normativa o la definición de los satisfactores mínimos deseables que cubren las necesidades básicas.
Los trabajos mexicanos de cobertura nacional
Como consecuencia de la crisis sufrida por el país a mediados de la década de los setenta, surgió la preocupación no sólo por conocer su impacto, sino también para plantear escenarios macroeconómicos al año 2000. Como resultado de dicha preocupación, se creó la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar), durante el periodo presidencial de Luis Echeverría (1970-1976), organismo que realizó un diagnóstico a nivel nacional sobre la forma y grado de satisfacción de las necesidades esenciales de los mexicanos, contando para ello, con la participación de destacados académicos del país. Los trabajos llevados a cabo por Coplamar, además de cumplir con sus propósitos, sirvieron como referente para la realización de otros estudios similares, tanto a nivel nacional como de las entidades federativas.
Con el propósito de hacer una breve presentación de los estudios realizados sobre el bienestar de los mexicanos, este apartado está dedicado a revisar los trabajos de cobertura nacional, y a destacar el lugar que ocupa Baja California dentro del conjunto nacional.
Los estudios recientes realizados en México (de la década de los ochenta a la fecha (que son referencias obligadas por su temática relacionada con la satisfacción de necesidades, así como por los niveles de desagregación, son tres: el primero, elaborado por Coplamar y publicado en cinco volúmenes a principios de los años ochenta (1982), denominado: Necesidades esenciales en México. Situación actual y perspectivas al año 2000; el segundo, publicado once años después del anterior bajo el título de Indicadores socioeconómicos e índice de marginación municipal, 1990, es resultado de un proyecto llevado a cabo por el Consejo Nacional de Población y la Comisión Nacional del Agua (Conapo-Conagua, 1993); mientras que el tercero fue realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), también publicado paralelamente al segundo, en 1993, con el nombre de Niveles de bienestar en México.
Cabe destacar que si bien estos tres estudios no se efectuaron para estudiar la pobreza como tal, sí están indirectamente asociados con este fenómeno. De ellos, los dos primeros trabajos (el de Coplamar y el de Conapo-Conagua) presentan la característica de ser estudios de marginación, mientras que el segundo, al abordar el bienestar, se refiere a la pobreza desde la perspectiva opuesta: la satisfacción de necesidades básicas. Además, hay algunos aspectos en cada uno de ellos que es conveniente analizar, tales como el metodológico y la posición que, según dichos estudios, le corresponde a Baja California en el contexto nacional.
El estudio de coplamar
El estudio realizado por Coplamar (1983) representa, en nuestra opinión, el mejor esfuerzo que hasta la fecha se haya realizado para evaluar las carencias de los mexicanos. Si bien éstas se abordan desde la perspectiva de la marginación, los indicadores que en dicho trabajo se manejan resultan ser una buena aproximación al fenómeno de la pobreza, puesto que la mayoría de las características que se incluyen en el estudio son, desde nuestro punto de vista, esenciales para la reproducción y conservación de la vida de los individuos y hogares; es decir, son socialmente necesarias.
El concepto de marginación se utiliza para "caracterizar aquellos grupos que han quedado al margen de los beneficios del desarrollo nacional y de los beneficios de la riqueza generada, pero no necesariamente al margen de la generación de esa riqueza ni mucho menos de las condiciones que la hacen posible" (Coplamar, 1983: 22). Como se puede observar, dicha definición no es en gran medida diferente de aquella genérica expuesta por Germani.
El análisis en dicho trabajo se efectúa a nivel de regiones, entidades federativas y municipios. Las regiones, conformadas por grupos de entidades federativas, se definieron a partir del grado de homogeneidad en los niveles de marginación de las entidades integrantes de cada región, de las características físico-geográficas y económicas de ellas, así como de la continuidad geográfica de dichas entidades. Así, fueron definidas doce regiones, Baja California quedó en la región denominada Pacífico Norte, junto con Baja California Sur y Sonora (véase: Coplamar, 1983: 38).
Los índices de marginación se calcularon para el conjunto del país y para los niveles de análisis mencionados (regiones, entidades federativas y municipios), haciendo uso para ello de la técnica estadística conocida como componentes principales, que permite llegar a un índice compuesto (Coplamar, 1983: 28). Una vez obtenidos los índices de marginación para cada unidad de análisis, éstas fueron agrupadas, según el grado de marginación resultante, en uno de los siguientes cinco estratos: muy alto, alto, medio, medio bajo y bajo.
Respecto de los indicadores utilizados en el estudio (ver cuadro 1), cabe destacar que están planteados en relación directa con la marginación, pues en general denotan ya sean carencias o situaciones de atraso; es decir, a mayor porcentaje alcanzado en cada indicador mayor la marginación. Asimismo, cabe mencionar que 18 de los 19 indicadores corresponden a información de 1970 (véase: Coplamar, 1983: 26-27), de aquí que los resultados sean válidos para la situación nacional de hace más de 25 años.
A nivel de indicadores, dentro del contexto de las entidades federativas del país, destaca Baja California por haber obtenido los porcentajes más bajos en los rubros de población económicamente activa (PEA) ocupada con ingresos bajos, tasa de mortalidad preescolar y viviendas de uno y dos cuartos; asimismo, se registraron porcentajes bajos en relación con el conjunto del país (superada por una o dos entidades federativas (en nueve indicadores, que corresponden a los porcentajes de: población rural, PEA ocupada en el sector agropecuario, población que consume leche dos o menos días a la semana, población que consume huevo dos o menos días a la semana, población de 15 años y más sin primaria completa, habitantes por médico, viviendas sin electricidad, población que no usa calzado y viviendas sin radio ni televisión (ver cuadro 1).
En total, en 12 de los 19 indicadores, Baja California aparece entre los valores más bajos; de los siete que restan, en seis obtiene una posición intermedia entre los valores extremos, mientras que en materia de población subempleada registra un porcentaje elevado, que es superado sólo por cinco entidades federativas del país (ver cuadro 1).
A pesar de su posición en el conjunto de las entidades del país, los valores muestran las fuertes carencias de la población bajacaliforniana, particularmente en materia de alimentación, pues si bien en rubro de subconsumo de leche y huevo sólo Nuevo León presenta una situación menos desfavorable, los porcentajes para Baja California indican que, en 1970, casi una cuarta parte de la población se encontraba subalimentada; la situación se agrava aún más en lo referente al subconsumo de carne, pues el porcentaje para esta entidad indica que un poco más de cuatro de cada 10 personas estaban en dicha situación.
Otra punto que cabe destacar, es el hecho de que Baja California fue la entidad con la menor proporción de viviendas de uno y dos cuartos; sin embargo, el porcentaje observado (52.5) es realmente elevado, pues indica que, en el mejor de los casos, en más de la mitad de las viviendas podía existir algún tipo de hacinamiento (ver cuadro 1).
En realidad, lo que refleja el cuadro 1 es el nivel de carencias que prevalecían en el país en 1970. Basta observar las columnas de los valores máximos y mínimos para darnos una idea de la situación general del país; por ejemplo: el porcentaje de la población sin primaria completa indica que en la entidad con menos rezago educativo, 4 de cada 10 personas mayores de 15 años no habían finalizado los estudios de primaria; situación similar se observa, aunque en menor medida, en los rubros de alimentación y vivienda.
Los índices de marginación se construyeron a partir de las características expresadas en los 19 indicadores que se muestran en el cuadro 1. De los índices de marginación resultantes, se observa que la única entidad federativa con un grado de marginación bajo fue el Distrito Federal; mientras que con nivel medio bajo se encontraban siete estados: Baja California, seguida en orden creciente de marginación por Nuevo León, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Baja California Sur y Chihuahua. Cabe destacar que en este nivel —medio bajo— se ubicaron las seis entidades federativas de la frontera norte del país, y que la única entidad que presentó menos marginación que Baja California fue el Distrito Federal.
Lo mismo ocurrió a nivel regional, puesto que el Distrito Federal fue la única región que presentó un bajo nivel de marginación; mientras que las regiones Pacífico Norte y Norte (la primera integrada por Baja California, Baja California Sur y Sonora; y la segunda por Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas) fueron las únicas con un grado de marginación medio bajo.
Por otro lado, si bien a nivel de los municipios que conforman nuestro país no se presenta un cuadro donde se jerarquice el índice de marginación de todos y cada uno de ellos, de manera que se pueda hacer una comparación intermunicipal, el anexo 2 del documento (Coplamar, 1983: 134) reporta el índice de marginación de los municipios de cada entidad federativa. Dicha información permite observar que, de los entonces cuatro municipios de Baja California, Tijuana es el que presentaba el índice de marginación más bajo, seguido por Ensenada, Mexicali y Tecate; dicho en otros términos, el municipio de Tecate resultó presentar la mayor marginación a nivel estatal, seguido por Mexicali.
Finalmente, cabe destacar que para la realización de dicho estudio no se partió de una situación puramente normativa o exclusivamente de un ingreso predeterminado que sirviera de criterio para diferenciar a las unidades marginadas de las no marginadas. Así, los indicadores en los que está implícito el criterio normativo (por ejemplo los de alimentación y vivienda), se pueden analizar también bajo la óptica de las necesidades básicas insatisfechas; sin embargo, éste no es el propósito del estudio. Tampoco se trata de un estudio desde la perspectiva de la línea de pobreza, puesto que el ingreso es sólo uno de los 19 indicadores utilizados; más bien se trata de un trabajo que refleja desigualdades en términos de grados de marginación, a pesar de que las unidades de análisis no se clasifican en función del lugar que guardan respecto de la condiciones medias del país. Al no existir un referente "ideal", los grados de marginación se definen por la homogeneidad interna de cada estrato y su distancia con los demás, de tal manera que, independientemente de la situación general de las unidades de análisis, siempre habrá entidades que se ubiquen en los extremos.
El estudio de Conapo-Conagua
Publicado once años después del estudio de Coplamar, aparece el trabajo realizado conjuntamente por Conapo y Conagua, denominado Indicadores socioeconómicos e índice de marginación municipal, 1990, aprovechando la entonces reciente información proporcionada por el XI Censo general de población y vivienda, 1990.
En dicho documento se define como población marginada a aquélla que presenta las características de ser "integrante de una sociedad en la que por diversas causas la organización socioeconómica y política vigente la integra en el subsistema económico (producción-distribución de bienes y servicios) pero la excluye total o parcialmente del acceso al consumo y disfrute de bienes y servicios y de la participación en los asuntos públicos" (Conapo-Conagua, 1983: 15). Esta acepción, según los propios autores, desarrolla la clásica formulación de Germani (véase la nota 28 de: Conapo-Conagua, 1983: 20). Sin embargo, al plantearse como propósito la valoración integrada de sólo cuatro dimensiones de la marginación social (vivienda, ingresos, educación y distribución de la población), presenta una mayor distancia respecto de la noción de pobreza que el trabajo de Coplamar. Esto es así porque no incluye otros indicadores cuya carencia se traduce en pobreza, tales como alimentación, salud, vestido y calzado, por mencionar algunos. En total son nueve indicadores incluidos en el estudio que representan las cuatro dimensiones mencionadas (ver cuadro 2).
Como se observa en el cuadro 2, el hecho de haberse utilizado sólo la información censal hizo que en el estudio se privilegiaran los indicadores referentes a la vivienda (más de la mitad), así como aquéllos que están fuertemente asociados con inversión pública (agua entubada, drenaje, energía eléctrica y los dos indicadores de educación), mientras que el único indicador de acceso al consumo de bienes y servicios necesarios para vivir fue el de ingresos, apoyados en el dato de que el valor monetario de la canasta normativa era de dos salarios mínimos a la fecha en que se levantó el censo (Conapo-Conagua, 1993: 24).
En relación con los indicadores, cabe destacar, en primer lugar, el hecho de que los datos de vivienda del estudio Conapo-Conagua no son comparables con los de Coplamar, ya que en el primero se retoma a la población (ocupantes en viviendas con ausencia de las características de interés), mientras que en el segundo las cifras corresponden a las viviendas y no a sus ocupantes; sin embargo, en el rubro de educación, el indicador del porcentaje de la población de 15 y más años de edad sin primaria completa se refiere a la misma observación en ambos estudios. Ello permite advertir la disminución de dicho porcentaje en el transcurso de 20 años (de 1970 a 1990), pues el valor máximo observado en las entidades del país en 1970 fue 89.7%, que se redujo a 66.7% en 1990 (ver cuadros 1 y 2). El indicador de analfabetismo tampoco es comparable, ya que Coplamar se refiere a la población de 10 y más años de edad, mientras que Conapo-Conagua a la de 15 y más años de edad.
En relación con la posición de Baja California, de nuevo destaca el indicador de ingresos y el bajo porcentaje de hacinamiento en comparación con el resto de las entidades federativas. Sin embargo, en materia de ocupantes en viviendas sin agua entubada y sin energía eléctrica, la posición del estado se aproxima al promedio nacional; es decir, en 1990 había varias entidades federativas con carencias menores en dichos rubros que las observadas para Baja California.
La metodología usada en este estudio es similar a la seguida por Coplamar; es decir, se utilizan indicadores que están directamente relacionados con la marginación, así como la técnica estadística de componentes principales, para llegar a un valor único de marginación (índice). Aquí las unidades de análisis son las entidades federativas y los municipios que las conforman. Los índices de marginación obtenidos fueron agrupados en cinco categorías de marginación: muy baja, baja, media, alta y muy alta, que fueron utilizadas para clasificar dichas unidades de análisis.
Los índices de marginación estatal permiten advertir que Baja California resultó en el grupo de entidades con muy baja marginación, sólo Nuevo León y el Distrito Federal presentaron índices menores de marginación. Si bien la metodología no es comparable con la de Coplamar —por los indicadores utilizados—, los resultados muestran que Baja California sigue siendo de las entidades con menor marginación en el contexto nacional.
En términos de las entidades federativas de la frontera norte, sólo Nuevo León y Baja California presentan índices muy bajos de marginación, mientras que las cuatro restantes quedaron clasificadas con un nivel bajo. En orden de menor a mayor marginación, las entidades son: Coahuila, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas. A nivel municipal, los entonces cuatro municipios bajacalifornianos también fueron clasificados como de muy baja marginación; de ellos, Tecate de nuevo fue el municipio con mayor marginación, seguido por Ensenada, mientras que Mexicali resultó el de menor.
Una situación que destaca, además de los bajos niveles de marginación de las entidades de la frontera norte, es que, al interior de éstas los municipios adyacentes a la línea divisoria presentan menores grados de marginación en relación con los no directamente fronterizos. En Baja California esto se advierte para Mexicali y Tijuana, pero no en Tecate (ortega, 1995). Finalmente, cabe mencionar que la posición de Baja California coincide en los dos trabajos hasta aquí revisados.
El estudio del INEGI
El documento Niveles de bienestar en México, elaborado por el INEGI y publicado en 1993, consta de una serie de mapas del territorio nacional en los que se muestra, a nivel municipal y de entidad federativa, la clasificación de estas unidades de análisis según el nivel que guardan respecto de las siguientes características síntesis de bienestar: aspectos demográficos, educación, características de ocupación, calidad de vivienda, nivel de urbanización y nivel socioeconómico. A su vez, cada una de estas características síntesis está compuesta de un conjunto de indicadores, de los que también se presentan mapas tanto a nivel municipal como de entidad federativa.
Para cada indicador y característica síntesis de bienestar se construyó una escala de siete niveles, que va de mayor a menor presencia de la característica en cuestión (que en los mapas aparecen diferenciados según la intensidad del color con que muestra dicha característica). La pertenencia de la unidades de análisis a un determinado nivel de bienestar para cada indicador se determinó mediante técnicas estadísticas de agrupamiento de varianza mínima (ver metodología: INEGI, 1993: 258-261). Sin embargo, lo que se omite en la metodología del documento es el procedimiento seguido para, de varios indicadores, construir la característica síntesis que resume un aspecto del bienestar, misma que en todos los casos es desagregada en niveles y presentada en el mapa correspondiente.
Igual que el trabajo de Conapo-Conagua, la información usada en el estudio del INEGI es la proporcionada por el censo de 1990; sin embargo, en este último, el número de indicadores es más del triple que en el primero, ya que además de los 24 indicadores que se reportan en el cuadro 3, también se presentan mapas de otros seis indicadores que no intervienen en el cálculo de lo que en él se denomina como "nivel socioeconómico".
Cabe destacar que el estudio del INEGI tampoco aborda el fenómeno de la pobreza; sin embargo, es de esperar que las unidades de análisis con menores niveles de bienestar sean las más pobres, puesto que, a pesar de que en el documento no se especifica a qué se refiere el concepto de "bienestar", el uso de este término se puede deducir de las características síntesis que aborda y podríamos pensar que se refiere a la satisfacción de necesidades básicas.
Algo que no se especifica en el documento es de qué manera se trabajan indicadores que expresan situaciones opuestas, es decir, en los dos trabajos analizados con anterioridad, los indicadores expresan una relación directa con la marginación, mientras que en éste del INEGI, se combinan indicadores de bienestar con otros que expresan lo opuesto (llámese marginación o pobreza); por ejemplo, porcentaje de la población que percibe menos de un salario mínimo con el porcentaje de la población que gana más de cinco.
De acuerdo con la clasificación de los métodos más frecuentemente utilizados para el estudio de la pobreza en América Latina, el trabajo realizado por el INEGI definitivamente no es un estudio de corte tradicional de Línea de la Pobreza (LP), porque el criterio de bienestar no está dado sólo por el ingreso, aunque sí lo incluye como indicador. Podría ser un trabajo bajo el enfoque de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), en la medida en que presenta información para cada uno de los indicadores de manera individual; sin embargo, tampoco es, en sentido estricto, un estudio de NBI, ya que el trabajo no fue diseñado para tal fin y, por tanto, incluye indicadores que no se relacionan directamente con la satisfacción de alguna necesidad humana (por ejemplo, algunos indicadores incluidos en aspectos sociodemográficos y en las características urbanas). Además, el estudio no parte de una situación normativa, puesto que los valores alcanzados por las unidades de análisis son ubicados en uno de los siete niveles determinados para cada característica e indicador, sin ser comparados con un referente predefinido que indique algún criterio utilizado como normativo o de deber ser, que en este caso sería de bienestar.
En este sentido, el trabajo del INEGI también cae en la categoría de los estudios de desigualdad. Así, aunque si bien los indicadores tampoco se comparan con la media nacional de cada característica e indicador, la construcción de los siete niveles en los que se ubican los municipios y entidades federativas, se hace a partir de los valores máximo y mínimo observados para cada característica e indicador; es decir, la diferencia (o desigualdad) existente entre máximo y mínimo es dividida en siete niveles, y las unidades de análisis se clasifican según los valores y la dispersión observada.
En relación con la información del cuadro 3, en él se advierte que, en general, tanto el Distrito Federal como el estado de Nuevo León, de nuevo presentan situaciones más favorables que las de Baja California, mientras que en materia de educación, llama la atención que la asistencia escolar en esta última entidad federativa es cercana a los promedios nacionales, pues se observa a un buen número de entidades federativas con porcentajes superiores.
Asimismo, cabe destacar que de nuevo la mayoría de los indicadores utilizados por el INEGI no son comparables con los reportados en los dos trabajos anteriores; sin embargo, algunos de ellos permiten advertir algunos cambios en materia de vivienda tanto a nivel nacional como en Baja California durante el periodo de 1970 a 1990. Así, a nivel nacional, en 1970 el valor máximo en viviendas sin agua entubada era de 63%; es decir, la entidad con menor porcentaje de viviendas con dicho servicio registró 37% (ver cuadro 1, indicador 14), en 1990, la entidad con el porcentaje más bajo de viviendas con agua entubada se elevó a 56.9%, casi 20 puntos porcentuales (ver cuadro 3, indicador 16). En materia de viviendas sin electricidad, también se observa una reducción de aproximadamente 23%, pues en 1970 la entidad con el valor máximo fue de 69.2%, y para 1990 la entidad con mayores carencias alcanzó alrededor de 33% (cfr. los cuadros 1 y 3). En relación con viviendas sin drenaje, de nuevo se observa una mejoría a nivel nacional de magnitudes semejantes a los casos anteriores, pues en 1970, la entidad con el porcentaje más alto de viviendas sin drenaje era del orden de 84.2%, mientras que en 1990 disminuyó a 62.4%, ya que la entidad con el porcentaje más bajo de viviendas con dicho servicio alcanzó 37.6%; es decir, observó una carencia de él en 62.4% de las viviendas.
Para el caso de Baja California también se observan mejorías en cuanto a servicios en la vivienda se refiere. Así, Coplamar reporta que en 1970, 29.5% de las viviendas no contaban con agua entubada, mientras que para 1990 el porcentaje se redujo a alrededor de 20%, ya que el INEGI reporta que 80.5% de las viviendas disponían de dicho servicio. En relación con las viviendas sin electricidad, en 1970 Baja California registró 21%, mientras que en 1990 la ausencia se observó en 11.5% de las viviendas. Finalmente, el incremento más fuerte a lo largo de 20 años registrado en esta entidad fue en materia de drenaje, ya que en 1970 56.6% de las viviendas bajacalifornianas carecían de él, y en 1990 el porcentaje fue del orden de 34.2%, ya que 66.8% contaban con este servicio (cfr. los cuadros 1 y 3).
En síntesis, los resultados de los tres estudios aquí revisados indican que, en el contexto nacional, Baja California, ya sea desde el punto de vista estatal o municipal, resulta ser de las entidades que cuentan con niveles de bienestar altos. Con el propósito de matizar los resultados para Baja California en los estudios de cobertura nacional, a continuación se presentan los trabajos realizados en Baja California para conocer su situación en materia de bienestar.
Estudios realizados acerca de Baja California
En Baja California existe al menos un trabajo de cobertura estatal afín al tema de la pobreza, el cual es resultado de una investigación realizada en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) en 1983, que estudia los niveles mínimos de bienestar (véase: Estrella V., 1984).2 Este estudio fue realizado desde la perspectiva de las necesidades básicas insatisfechas (NBI), ya que tuvo como objetivo, entre otros, establecer las características con que la población de Baja California satisface sus necesidades básicas en materia de alimentación, vivienda, salud y educación. Sin embargo, a diferencia de la generalidad de los estudios de NBI, éste, además de la descripción a nivel individual de cada una de las necesidades consideradas, reporta un índice global compuesto (índice ponderado de bienestar), que permite resumir el grado de insatisfacción del conjunto de éstas para cada unidad de análisis.
Los resultados del estudio de la UABC se obtuvieron de una muestra de cobertura estatal que permitió reportar información para la entidad y sus municipios, ambas unidades con desagregación urbana, rural y para las cabeceras municipales (véase: Estrella, 1984). En materia de necesidades básicas insatisfechas, el estudio reporta los siguientes indicadores para las unidades mencionadas, así como por grupos de ingresos familiares:
Alimentación:
Porcentaje de la población que consume carne más de dos veces por semana.
Porcentaje de familias que gastan en alimentos más de un salario mínimo mensual.
Porcentaje de familias que producen para el autoconsumo (cultivo, caza, pesca).
Vivienda:
Porcentaje de viviendas con hacinamiento.
Porcentaje de viviendas con disponibilidad de agua potable.
Porcentaje de viviendas con disponibilidad de drenaje.
Porcentaje de viviendas según tenencia.
Porcentaje de viviendas con materiales durables en paredes.
Porcentaje de viviendas según número de cuartos.
Viviendas a reponer antes de 1989 (en 5 años).
Salud:
Porcentaje de familias con acceso a seguridad social en salud.
Porcentaje de familias que disponen de servicios médicos (en colonia o localidad de residencia).
Educación:
Porcentaje de la población de 15 años y más sin ningún grado de educación primaria.
Porcentaje de la población de 15 años y más con grado de escolaridad de primaria incompleta.
Los índices de bienestar global que reflejan las cuatro necesidades básicas abordadas en el estudio se componen de los indicadores que aparecen en el cuadro 4. Cabe destacar que los niveles definidos como mínimos aceptables para cada necesidad, fueron tomados de los criterios establecidos por Coplamar (Estrella, 1984:29), mientras que el peso asignado a cada necesidad básica obedece a un enfoque vital, esto es, el peso del ponderador utilizado responde a un orden jerárquico definido por el investigador según la importancia que guarda con la conservación de la vida.
Así, el cuadro 4 permite advertir tanto la jerarquía asignada a cada necesidad como a los indicadores que las conforman, donde se advierte la importancia conferida a la alimentación, puesto que es la necesidad que recibió el ponderador más alto.
De dichos indicadores destaca, por un lado, el hecho de que el criterio de Coplamar en materia de alimentación realmente resultó ser "mínimo", pues está planteado a nivel muy elemental; de acuerdo con él, una persona o familia se consideró con deficiencias alimenticias si consumió proteína animal dos o menos veces a la semana —específicamente carne— sin considerar otras fuentes de proteína3 ni la ingesta total de calorías diarias recomendables. Por otro lado, dadas las modificaciones al artículo tercero de la Constitución en materia de educación, efectuadas en fecha posterior a la realización del estudio, el trabajo refleja el criterio normativo vigente en ese periodo (primaria completa).
Los resultados del estudio realizado por la UABC se presentan en el cuadro 5 para el conjunto de la entidad y a nivel municipal. En ese cuadro se incluyen las columnas de valor absoluto e índice ponderado; de éstas, la primera se refiere a la proporción de familias que presentan carencias en la satisfacción de la necesidad respectiva, mientras que el índice ponderado total, se refiere al porcentaje de las familias que no cubren alguna de las cuatro necesidades incluidas en el estudio (Estrella, 1984: 230).
En general se observa que en 1983, 39.2% de las familias bajacalifornianas presentaban deficiencias en la satisfacción de alguno de los mínimos de bienestar considerados en el estudio. Por otro lado, el único municipio cuyo índice ponderado de bienestar está por debajo del estatal es Tijuana (32.6%); en el resto de los municipios el problema de la insatisfacción de los mínimos de bienestar es más agudo que en el conjunto del estado. Así, Ensenada presenta las mayores deficiencias, ya que casi cinco de cada 10 familias registran insatisfacción en alguno de los mínimos de bienestar; en Tecate y Mexicali la relación es de 4.47 y 4.05 por cada 10 familias, respectivamente. Este resultado es un poco diferente a los de Coplamar y Conapo-Conagua, en el sentido de que en esos trabajos, el municipio con el índice de mayor marginación en Baja California fue el de Tecate, mientras que en el que ahora nos ocupa, dicho municipio se ubicó en el segundo lugar de menor a mayor bienestar.
Por su parte, en el mismo cuadro 5, los valores absolutos a nivel estatal muestran que las mayores deficiencias en lo referente a los mínimos de bienestar analizados eran en los rubros de alimentación y salud (40% de las familias); el primero agudizado fuertemente en Ensenada, donde 54.8% de las familias presentó deficiencias en alimentación, mientras que en el segundo, la falta de acceso a servicios de salud resultó igualmente aguda en los cuatro municipios (alrededor de 40% en todos los casos). En materia de vivienda, los municipios de Tecate y Mexicali registraron los mayores problemas (43% de las familias); mientras que en educación, nuevamente fue Ensenada el municipio más rezagado (40.4% de las familias).
Otro de los resultados que reporta el trabajo aquí referido, es la constatación de que, en las áreas rurales, la insatisfacción de los mínimos de bienestar alcanza proporciones muy por arriba de los valores correspondientes al conjunto de la entidad, pues allí, en seis de cada 10 familias se presentaron carencias en al menos uno de los indicadores considerados en el estudio (véase: Estrella, 1984: 239), situación que coincide con la observada en todo el país.
Una reflexión en torno a la posición de Baja California en los estudios nacionales y a los indicadores utilizados
El estudio sobre Baja California aquí revisado (Estrella, 1984), muestra que la población de la entidad estaba, en 1983, lejos de tener cubiertos los mínimos de bienestar, a pesar de que éstos fueron planteados a nivel muy elemental. Los resultados de dicho trabajo llaman más la atención debido a que este estudio, según las fuentes de información usadas, se puede considerar como realizado en un periodo intermedio entre los tres de cobertura nacional, puesto que Coplamar utilizó datos de 1970, y los dos trabajos restantes se basaron en el censo de 1990. Sin embargo, debido a la diferencia en el enfoque utilizado —los trabajos nacionales en realidad miden desigualdad, mientras que el de la UABC necesidades básicas insatisfechas—, los resultados de los estudios nacionales son congruentes entre sí, mientras que el trabajo de la UABC parece estar hablando de una Baja California diferente de aquélla reportada por Coplamar, Conapo-Conagua e INEGI; empero, da cuenta de la situación de los mínimos de bienestar con mayor detalle y evidencia su insatisfacción. Por esta razón, en los tres estudios de cobertura nacional revisados, se advierte que Baja California es de las entidades de la república cuya población presenta baja marginación, o bien, niveles de bienestar altos en relación con el conjunto del país.
Este hecho no necesariamente significa que las condiciones de vida de los bajacalifornianos sean "buenas" o "ideales", sino simplemente que las de otras entidades son peores y que hay fuertes desigualdades al interior del territorio nacional, ello como resultado de un contexto afectado por constantes crisis económicas, en el que existen entidades federativas y regiones en las que la población ha sufrido de pobreza crónica, como son las del sureste del país. Tampoco significa que en Baja California no exista pobreza, basta hacer un recorrido por las colonias populares de las ciudades principales de la entidad o de los poblados rurales para advertir su presencia.
La posición favorable de Baja California en el contexto nacional obedece más al referente general con el que se le compara, en este caso el resto de entidades del país, que a la satisfacción real de las necesidades básicas de la población; dicho de otra manera, si el referente con el que se compara a esta entidad federativa fuera uno con estándares de vida superiores a los bajacalifornianos (por ejemplo, con su vecino del norte: el estado de California, EUA), el resultado sería muy diferente y se observaría una posición muy desventajosa. Por ello, en relación con los resultados para Baja California en los estudios nacionales, habría que tener en cuenta no sólo la situación de las entidades con las que se compara, sino también revisar más detenidamente tanto los contextos nacional y bajacaliforniano, como los indicadores utilizados.
Así, habría que recordar que, por un lado, algunos de los indicadores se refieren a disponibilidad de infraestructura que requiere inversión pública (v. gr. electricidad, drenaje, agua entubada, educación), sobre todo el realizado por Conapo-Conagua; en este sentido, cabe reconocer que las entidades del noroeste han sido favorecidas en este rubro.
Por otro lado, en algunos casos los mínimos establecidos para cada indicador son muy bajos o elementales, de tal manera que reflejan carencias tan agudas que, al menos en Baja California, son menos frecuentes; tal es el caso de varios indicadores utilizados por Coplamar, específicamente la inclusión de la población que no usa calzado, así como la de las viviendas sin radio ni televisión, satisfactores que son de fácil acceso y uso común para la población residente en Baja California.
La facilidad de la población residente en Baja California para allegarse el tipo de bienes arriba mencionados obedece, en buena medida, al hecho de que la población de dicha entidad, a diferencia de la del interior del país, tuvo (y tiene) acceso a bienes importados, situación que hizo diferentes los patrones de consumo locales de los nacionales. En este sentido, cabe recordar las fuertes restricciones a la importación que funcionaron en nuestro país debido a las barreras arancelarias establecidas para proteger a la industria nacional a fin de garantizarle el mercado interno —mismas que prevalecieron hasta 1986, año en que se inició el proceso de liberalización del comercio con el ingreso de México al GATT (Organización Mundial del Comercio en su versión actual), y posteriormente con la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica—, mientras que en Baja California, todavía hasta principios de la década de los ochenta, la población se abastecía en buena medida de productos de importación debido al régimen de zona libre que ha permanecido desde principios de siglo. Ello evidentemente marcó los hábitos de consumo de la población, al tener acceso a todo tipo de bienes importados provenientes de Estados unidos, a precios equivalentes y en ocasiones más baratos que los nacionales, particularmente alimentos, vestido, calzado, electrodomésticos, automóviles y artículos diversos, ya fueran nuevos o de segunda mano.
También en relación con los indicadores utilizados en los estudios nacionales y con el contexto bajacaliforniano, dos indicadores merecen particular atención: las viviendas con pisos de tierra y los ingresos de la población. En relación con el primero, el trabajo de Conapo-Conagua incluye como indicador de marginación al porcentaje de viviendas con piso de tierra, cuya presencia en Baja California ha ido disminuyendo en términos relativos con el paso del tiempo,4 en parte debido a las acciones realizadas desde principios de los setenta por el Infonavit y demás organismos para apoyo de la vivienda en la entidad, cuyas normas establecen el uso de materiales duraderos en la construcción. Además, tradicionalmente la vivienda rural es la que ha registrado mayor presencia de pisos de tierra; en este sentido, cabe mencionar que más de 80% de la población total de la entidad es urbana.5
En cuanto al indicador de ingresos, los tres estudios de cobertura nacional revisados utilizan un monto de ingresos bajo, recuérdese que Coplamar incluye a la PEA con un ingreso inferior a 1 000 pesos (de 1970), el INEGI a la población ocupada con ingresos por debajo de un salario mínimo (con datos de 1990), mientras que Conapo-Conagua establece un criterio menos restrictivo, al considerar a la población ocupada con ingresos menores o iguales a dos salarios mínimos (también con información de 1990). En relación con el criterio del INEGI, el cuadro 6 muestra la distribución porcentual de la PEA ocupada por grupos de ingreso para los años de 1990 y 1995, en donde se observa que, para 1990, en Baja California el porcentaje de la PEA ocupada que recibía ingresos inferiores a un salario mínimo es menos de la mitad que el correspondiente al conjunto del país (8.1% y 19.3%, respectivamente), y para 1995 el porcentaje para Baja California es aún menor, ampliándose la diferencia con el correspondiente al nacional que permanece en igual porcentaje.
En cuanto al criterio Conapo-Conagua, en el penúltimo renglón del mismo cuadro 6 se reportan los porcentajes de la PEA ocupada que percibe dos o menos salarios mínimos; de nuevo se observa una situación más favorable para Baja California que para todo México, pues la proporción correspondiente a dicha entidad es inferior en más de 20 puntos porcentuales a la nacional; es decir, la proporción de población que tiene ingresos por arriba de dos salarios mínimos es mayor en Baja California que a nivel nacional.
La superioridad de los ingresos en Baja California en el contexto nacional también se manifiesta en los ingresos totales de los hogares. En 1983, 13.1% de las familias de Baja California tenían un ingreso superior a cinco salarios mínimos mensuales (véase: Estrella, 1984), mientras que para 1995, 43.9% de los hogares de la entidad se encontraba en esa situación, frente a 26% reportado para el país en ese último año (véase INEGI, 1997: 546).
En relación con este tema de los ingresos, cabría preguntarse si los montos considerados en los estudios de Coplamar y del INEGI eran suficientes en la época en que éstos se realizaron, para garantizar el acceso a los satisfactores mínimos indispensables ya no para una familia, sino para el propio trabajador —pues al parecer, la intención de incluir el indicador de ingresos en esos estudios tiene un trasfondo relacionado con la línea de la pobreza, al menos así se explicita en el trabajo Conapo-Conagua al incluir como indicador a la población con ingresos por debajo de dos salarios mínimos—. O bien, cabría preguntarse acerca de la cantidad de satisfactores que dicho salario permitía adquirir, de las necesidades que podía cubrir y en qué grado, y si ese ingreso satisfacía de igual manera las mismas necesidades en las diferentes entidades del país; por lo que también habría que añadir la comparación de los precios de los satisfactores.
Para el caso particular de Baja California, además de los ingresos, habría que considerar algunos elementos que tienen impacto directo en el salario, tales como: por un lado, el hecho de que la población de esta entidad no cuenta con los subsidios de que disponen otras regiones del interior de la república,6 cuya ausencia implica un mayor gasto privado y una consecuente reducción del poder adquisitivo en comparación con aquélla que sí dispone de ellos, y por el otro, que esta entidad es considerada como zona de vida cara, junto con otras entidades que, además, reciben subsidios superiores a los existentes en Baja California, particularmente el Distrito Federal.7
Así, si bien es un hecho que la población residente en esta entidad recibe ingresos muy por arriba del promedio nacional, las situaciones mencionadas presionan a la población para incrementar el monto de sus ingresos a fin de cubrir sus necesidades básicas que, a fin de cuentas, se reducen a sólo una: la reproducción del individuo o familia de acuerdo con los estándares socialmente necesarios; es decir, lo que podríamos llamar "estilo de vida" de una sociedad.
Por ello, previo a la medición de las carencias o del bienestar, sería conveniente identificar, a nivel regional, al conjunto de satisfactores que se consideran socialmente necesarios para cubrir las necesidades básicas de la población, ya que, incluso en el propio estado de Baja California, pueden surgir diferencias de un lugar a otro; por ejemplo: tal vez en el municipio de Tijuana un enfriador evaporativo (cooler) o un aparato de aire acondicionado podría considerarse como un bien suntuario en los hogares, mientras que en Mexicali es un bien básico en temporada de calor, debido a las altas temperaturas que se registran en los meses de mayo a septiembre.
En síntesis, las fuertes carencias existentes en buena parte de las entidades federativas del país, así como las desigualdades entre ellas, hacen que Baja California aparezca con los niveles más altos de bienestar (junto con el Distrito Federal y Nuevo León). Sin embargo, al analizar a este estado fuera del contexto nacional, se observa que tal posición es relativa y responde más a la comparación con un referente de carencias agudas que a una situación real de bienestar, permitiendo que las carencias se manifiesten "en todo su esplendor", y no sólo eso, sino también las desigualdades internas entre los ámbitos rural y urbano.
Por lo anterior, cabe destacar la necesidad de realizar estudios regionales acerca de la situación real que se vive en materia de satisfacción de las necesidades básicas que consideren el "estilo de vida" de la población, ya que éste está determinado por el contexto en que se desenvuelve una sociedad; es decir, la historia, la geografía y las costumbres de los individuos, por mencionar algunos elementos.
Para el caso particular de Baja California, la consideración del "estilo de vida" implicaría la identificación del conjunto de satisfactores que socialmente son considerados como mínimos necesarios para la reproducción de las familias en el contexto de dicha entidad (canasta regional), este último determinado por las características propias de la región y los hábitos de su población, entre las que destacan: su ubicación fronteriza, su carácter urbano y el régimen fiscal de excepción (zona libre) del que ha disfrutado.
Bibliografía
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1 Existe un tercer enfoque para la medición de la pobreza, y es el correspondiente al estudio de las capacidades; sin embargo, este enfoque poco se ha aplicado en América Latina (véase Desai, 1994).
2 Existe otro trabajo realizado por el Consejo Estatal de Población (Conepo, 1993), publicado diez años después que el de la UABC, en el que se aborda el fenómeno de la marginalidad. Es un estudio que intenta establecer los niveles de marginalidad a nivel de las localidades de Baja California, y cuya metodología es semejante a la usada por Conapo-Conagua (1993), aprovechando también la reciente información del censo de 1990. Sin embargo, quizá debido a fallas en el uso de la técnica de componentes principales y/o al manejo de los datos para la obtención de los índices, los resultados reportados por el Conepo son contradictorios en relación con los de Conapo-Conagua, con los de la UABC, e incluso con los de Coplamar, ya que indican la presencia de una mayor marginalidad en las cabeceras municipales (clasificadas como de muy alta marginalidad) que en las comunidades rurales (que en su mayoría resultaron con marginalidad media o alta). Asimismo, resulta extraño que ninguna localidad haya obtenido un nivel de baja o muy baja marginalidad, cuando el referente fue construido a partir de las mismas localidades incluidas en el estudio (véase: Conepo, 1993, anexo VI).
3 La cédula de entrevista del estudio de la UABC pregunta acerca del número de veces que en la semana anterior se consumió carne de cualquier tipo, así como también la ingestión de proteína animal de otras fuentes, por ejemplo, huevo, leche y algunos de sus derivados como el queso; sin embargo, a fin de hacer comparables los resultados con los de Coplamar, en el índice ponderado del estudio de la UABC, sólo se incluye la ingesta de carne (véase: Estrella, 1984, anexo 1).
4 De acuerdo con la información censal, en 1970, el 17.5% de las viviendas tenían piso de tierra; para 1990 dicho porcentaje se redujo a 7.8%, mientras que a nivel nacional era del orden de 19.5%, y según el Conteo '95, en 1995, 15.4% de las viviendas del país tenían piso de tierra, mientras que en Baja California el porcentaje fue de 6.1%.
5 Según los datos del Conteo '95, en 1995, 83.5% de la población de Baja California residía en localidades de más de 15 000 habitantes, y 78.8% en localidades de más de 100 000.
6 De acuerdo con la información del Conteo '95, a nivel nacional, 20.2% de los hogares mexicanos dispone de alguno de los siguientes subsidios: leche Liconsa, tortibonos, becas para estudiantes, desayunos escolares, y becas de capacitación para el trabajo; en Baja California, sólo 5.2% de los hogares dispone de alguno de dichos subsidios, mientras que en el D.F. y en el Estado de México, dichos porcentajes son del orden de 36.1% y 32.2%, respectivamente y no incluyen otro tipo de subsidios como el del transporte público, por ejemplo (véase INEGI, 1997: 548).
7 La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (1998) ubica a todo el estado de Baja California en el área geográfica "A" (junto con el estado de Baja California Sur y el Distrito Federal, así como con algunos municipios de Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Guerrero, del Estado de México y Veracruz), que corresponde a las zonas de más altos salarios mínimos, debido a que el precio de los satisfactores son mayores que en el resto del país.