Artículos y ensayos Estudios Fronterizos, vol. 3, núm. 5, 2002, 93-119

Trabajo infantil jornalero agrícola, políticas de libre comercio y globalización

 

Mercedes Gema López Limón*

 

* Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UABC. Correo electrónico: glopez@uabc.mx

 

Resumen

El trabajo infantil asalariado en los cultivos de exportación en el valle de Mexicali, forma parte de los procesos macroeconómicos ligados a las políticas de libre comercio y a la globalización de la economía, y es estudiado como producto del deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de las familias campesinas, en un mercado laboral necesitado de fuerza de trabajo barata, en este punto concreto, del mercado mundial. Aunque este trabajo se centra en el valle de Mexicali, presentamos algunos datos del valle de San Quintín, centro agrícola de Baja California donde se presenta el trabajo infantil. Analizaremos el rol del trabajo infantil en la economía, las condiciones en que se desarrolla y las consecuencias que les acarrea, en su futuro. También revisaremos el marco jurídico nacional e internacional sobre el trabajo de menores y las propuestas posibles para erradicarlo, pues el trabajo infantil, reconocido ya como reproductor de pobreza, repercute no sólo en los destinos personales de esta niñez, sino en el destino regional mismo y el de México como nación.

 

Abstract

The infants salaried labor existing in the exporting farming of the Mexicali Valley, is part of the macroeconomic processes linked to the free trade politics and to the economy's globalization. We are analyzing it as a result of the damage of life and conditions of work of the country families, in a labor market that looks for cheap labor, in this concrete area of the world market. Nevertheless this job is centered at the Mexicali Valley, we are presenting some figures from the San Quintín Valley, another Baja California farming center where infants job appear. We will analyze the role of infant jobs within the economy, the environment where it is developed, and the consequences that it brings to them, such as their exclusion from school, for example, in their future. We will also review the domestic and international legal frame about minors who are working, as well as the eventual proposals to eradicate it, since infants jobs, already well known as poverty producer, affecting not only these children personal destiny, but also affecting the destiny of this region and Mexico as a nation.

 

Introducción

El trabajo infantil jornalero agrícola en los cultivos de exportación en el valle de Mexicali, objeto de nuestro estudio,1 aunque parece un fenómeno local aislado, se encuentra asociado a procesos de más amplia dimensión, que tienen que ver con las políticas de libre comercio y con la globalización. Se desarrolla en un momento de decadencia de las relaciones capitalistas de producción, cuando las consignas a escala internacional son la reducción del costo del trabajo con su libre explotación, la desreglamentación generalizada y la flexibilidad laboral, lo que individualiza los contratos, horarios y salarios. Crece en un contexto de privatización de todos los aspectos de la vida social: tierras, salud, educación, seguridad social y servicios públicos en general; así, se entregan a la propiedad privada empresas estratégicas para la cohesión y la soberanía nacional.

Este contexto provoca contradicciones que trastocan toda lógica, como son los millones de niñas y niños trabajando, mientras millones de adultos no tienen empleo, y los que aún lo tienen, viven en la incertidumbre y pobreza crecientes. Así que, para comprender a plenitud el alcance del trabajo infantil en este punto específico del mercado mundial, hay que verlo como un proceso social.

 

La política gubernamental hacia el campo y la apertura al libre comercio

Fue a partir de 1982, al desatarse la crisis económica nacional por la falta de recursos para el pago de la deuda externa, cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) ordenó al gobierno mexicano instrumentar los planes de ajuste estructural, a fin de garantizar el pago puntual del servicio de la deuda exterior. Ello ocasionó un cambio dramático en la política económica y social que repercutió negativamente en el desarrollo nacional y en la situación de la población trabajadora. Las directrices del régimen hacia el campo se manifestaron en el retiro de la inversión pública, la falta de créditos, el descuido y abandono de los distritos de riego, entre otras consecuencias. La desreglamentación y las modificaciones al artículo 27 constitucional abrieron el campo a la privatización —requisito exigido por el capital extranjero para invertir— durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) (Calva, 1992).

"Ya en los años noventa, abierta la competencia internacional, el paisaje agrario presentaba una imagen de desolación y descuido: tierras abandonadas, pueblos empobrecidos donde vivían ancianos, mujeres y niños, sostenidos por remesas de dinero que enviaban los hombres que se habían ido 'al otro lado'. Ni los campos agrícolas destinados a los productos de exportación, ni los grandes compradores que ordenan y concentran el esfuerzo de muchos pequeños productores mejoraban el panorama. El proyecto agrario imaginado para dar trabajo digno a todos se desfondó. Quedó el instrumento de control de las bases campesinas para conservar la hegemonía política, pero funcionaba mal porque ya no podía transmitir esperanza" (Moreno, 1999).

A la vez, trajo consigo el debilitamiento o la destrucción de las organizaciones campesinas, y "liberó" fuerza de trabajo para las hortalizas.

En el caso del valle de Mexicali, desde la expropiación y reparto de las tierras durante el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1936, la política gubernamental había apoyado el desarrollo de una agricultura de riego comercial exportadora, dominada por el monocultivo del algodón, en cuanto a asistencia técnica y distritos de riego y créditos, aunque los productores siguieron dependiendo de la inversión extranjera. El derrumbe sucedió en los años sesenta, cuando en el valle hizo crisis la salinización de las aguas del río Colorado, provocada por Estados Unidos, que se agravó por la caída de los precios del algodón al ingresar al mercado mundial las fibras sintéticas. Se buscaron otras opciones y hacia los años setenta se inició la producción hortalicera de exportación (Stamatis, 1992). El panorama desolador con la nueva política al campo agobió a los campesinos, llevando a los embargos de las parcelas ejidales por las "carteras vencidas" (Peña, 2000). Hoy, el latifundismo ronda el valle de nuevo; según gente de la región, entre 70% y 80% de los ejidos están rentados; por ejemplo, en 1993, en el ejido Cucapá Mestizo, de 65 parcelas existentes, 52 se encontraban rentadas; así el capital extranjero se apropia de tierras y trabajo, y en el escalón más bajo de la pirámide están los jornaleros agrícolas.

 

La agricultura mexicana, la apertura comercial y el tratado de libre comercio

Con el ingreso de México en 1986 al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés, hoy Organización Mundial del Comercio [OMC]), se avanzó en la apertura comercial. La agricultura mexicana salió perjudicada por "[...] la eliminación de casi todos los permisos previos de exportación y la reducción de varias tarifas. Asimismo la privatización emprendida por el gobierno [... ] se ha traducido en este sector, en la venta de numerosas dependencias como Fertimex y Conasupo. Con la política fiscal se han retirado muchos subsidios, afectando varios productos agrícolas" (Twoney, 1993:44). Se notaba entonces la tendencia al estancamiento o retroceso de la exportación de varios cultivos tradicionales como el algodón y el azúcar y, a la vez, un crecimiento en la exportación de tomate, verduras, frutas y becerros, además de un desarrollo regional desigual que ha favorecido a los agricultores de riego de la zona norte y norte-central del país. Este crecimiento de actividades productivas altamente tecnificadas obedeció a la participación de empresas multinacionales con un acceso privilegiado al mercado de Estados Unidos. Se veía venir que con el tratado aumentarían las exportaciones de hortalizas y las importaciones de granos, y que en términos netos se reduciría el empleo agrícola (Twoney, 1993:44).

La ventaja para Estados Unidos es enorme. Por ejemplo, en el maíz: años atrás fue su principal producto generador de divisas y decayó al perderse los mercados europeos y soviético en los últimos tiempos, pero México resultó ser un mercado muy atractivo, pues el maíz es básico en la dieta de su población; sin embargo, dadas las diferencias entre la producción de ambos países, la integración comercial de apertura de mercados puede llevar a su casi desaparición, en el lado mexicano. De esta manera, cuando llegue la anulación de los aranceles, el maíz estadounidense triplicará sus exportaciones a México (Twoney, 1993:44). Ése era el pronóstico en 1993, pero la realidad lo superó. El TLC dio un plazo de 15 años para mantener los aranceles en el maíz, indicando que así sería hasta el año 2008, pero en la práctica, ya en 1999 se llegó a ese límite. Actualmente, tres grandes empresas mexicanas (Minsa, Maseca y Aransia) y tres trasnacionales (Cargill, Continental & Archer Daniels & Midland, y Dreyfus) controlan el mercado. La desaparición de la Compañía Nacional de Subsistencias populares (Conasupo) es parte de una política de eliminación de todo subsidio al campo, y es posible debido a la nula resistencia organizada de los campesinos (Petrich, 1999). Esa política deja de lado a la mayoría de productores ejidatarios y colonos con serios problemas por una grave crisis, mientras que la agricultura dinámica y moderna sólo está reservada a una minoría de productores (en el valle es el 3%) unidos a compañías estadounidenses de comercialización en la modalidad de "agricultura por contrato", en la cual las empresas suministran créditos, insumos, asistencia técnica y a veces maquinaria, a cambio del compromiso del productor de entregarle la cosecha, rentar parcelas y exportar a Estados Unidos, Japón, Canadá y la Unión Europea (Stamatis, 1992). El enorme mercado interno del país vecino en ese sector en 1995 representaba 65 mil millones de dólares.2

 

Los mercados de las hortalizas y la composición de la fuerza de trabajo asalariada

La modificación en el patrón de acumulación capitalista en la agricultura tendiente a la industrialización, trajo como consecuencia la ampliación de la fuerza de trabajo asalariada. En los cultivos de hortalizas, frutas de ciclo corto y flores, se presentó un significativo proceso de feminización de la fuerza de trabajo, así como la entrada de niñas y niños a relaciones salariales, especialmente en la recolección. Este fenómeno es atribuible a la introducción de maquinaria y la modificación de los procesos de trabajo que mejoran el proceso productivo. Debido a que estos mercados primarios manejan grandes volúmenes de producción dedicados principalmente a la exportación, conforman una marcada división social del trabajo y demandan fuerza de trabajo especializada barata y flexible que los inversionistas encuentran en el trabajo de mujeres y niños. Ocasionando, así, "modificaciones en la composición y comportamiento de la fuerza de trabajo asalariada con relación a la estructura de edad y sexo, especialización de la fuerza de trabajo, corrientes migratorias y salarios"(Barron, 1993:1,7).

 

El trabajo infantil agrícola, el sector urbano no estructurado y el servicio doméstico

El trabajo infantil se presentó como consecuencia de la aplicación, por parte de los gobiernos de diversos países, de los planes impuestos por los organismos financieros internacionales. Asimismo, la experiencia ha demostrado que la salida del hogar de la mujer a trabajar, obligada por la precariedad del ingreso de la familia campesina, se acompaña casi inexorablemente del ingreso de sus hijos(as) menores al mercado de trabajo. A partir de este hecho, a la par que la feminización del trabajo agrícola en los cultivos de exportación, crece la "infantilización" de la fuerza de trabajo jornalera, lo que representa, al final de cuentas, la mayor explotación de la familia campesina.

En estudios a nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera al trabajo infantil agrícola, junto con el trabajo urbano no estructurado y el servicio doméstico, un aspecto que se aísla y se oculta a la sociedad, encubriendo, con ello, una gran explotación infantil, aun así, ninguno de estos aspectos ha sido explorado en forma eficaz por parte de los mecanismos encargados de verificar que no se den situaciones de represión del trabajo infantil y los abusos que éste acarrea. Como ya se mencionó, se considera que un gran porcentaje de la infancia trabajadora se dedica a las labores agrícolas. En el caso de los predios familiares, desde los 6 años los niños colaboran en tareas de menor esfuerzo, luego aprenden a manejar instrumentos rudimentarios de trabajo y participan en actividades de siembra y recolección, pero en ningún momento hay remuneración alguna por dichas labores, pues tan sólo se trata del reparto familiar de la carga de trabajo. Si laboran en predios ajenos —porque la parcela no rinde lo suficiente para mantener a toda la familia o porque ya la perdieron o nunca la han tenido—, en muchas ocasiones se contrata de manera formal únicamente al padre de familia, a cambio de un salario a destajo, aunque la mujer y los hijos también trabajen en esos predios (OIT-PIACT, 1989).

Por otra parte, la organización del trabajo agrícola es tal, que para que la familia obtenga los recursos económicos suficientes para poder sobrevivir, es necesario que el trabajo infantil sea tan duro y prolongado como el de sus padres. De hecho, no son pocos los lugares donde se condiciona el empleo de los adultos a la participación de los hijos, lo que propicia que con más frecuencia los pequeños sean analfabetas o deserten de la escuela. Así pues, se limita la protección que las familias rurales les puedan brindar (OIT-PIACT, 1989); la idea de que en el campo los niños están amparados y protegidos por la familia y que su entorno es más saludable física y psicológicamente, es una ilusión que la realidad desmiente. En lo general, los trabajadores agrícolas se encuentran más desposeídos de derechos laborales que los trabajadores industriales, y las tasas de mortalidad infantil, enfermedades, desnutrición, invalidez y analfabetismo son mayores en el medio rural que en el urbano,3 esta situación se presenta, de hecho, en el valle de Culiacán, Sinaloa, así como en los valles de Mexicali, de La Trinidad y de San Quintín, en Baja california.

Cabe mencionar que los menores trabajan muchas veces como jornaleros agrícolas migrantes fuera de sus estados de origen e incluso en los Estados Unidos. El Centro Mexicano para los Derechos de la Infancia (Cemedin), señala que en el Encuentro de Trabajadores Agrícolas México-Estados Unidos, realizado en México en 1988, el Comité Organizador de Trabajadores Agrícolas (FLOC, por sus siglas en inglés), denunció que más de un millón de niños y jovencitos hijos de inmigrantes mexicanos, son forzados a trabajar en granjas estadounidenses prácticamente como esclavos, sin posibilidades de ir a la escuela y con la violación permanente de sus derechos laborales. En las luchas de organizaciones de trabajadores agrícolas en contra de las grandes compañías, destaca la que se libró contra la transnacional Campbell's por la explotación de los migrantes y sus hijos, denunciando "las ganancias de Campbell's a costa del trabajo de niños". Además, la FLOC informó acerca del incremento en el número de menores que cruzan la frontera hacia Estados Unidos (Bárcena, 1992:48). Este fenómeno es visible en las fronteras de Tijuana y Mexicali, donde, según instituciones especializadas, muchos de los menores deportados son trabajadores en campos agrícolas de California y otros estados de la unión americana.4

 

El trabajo infantil en la agricultura moderna, el TLC y el valle de Mexicali

En este sector moderno de la agricultura capitalista ligada a los mercados de exportación, se encuentran familias enteras trabajando en el valle de Mexicali, principalmente en labores de recolección y "amarre", y en parte del proceso de producción previo al empaque, precisamente en etapas en las que no se puede hacer uso de aparatos mecánicos, sino que las tareas son manuales por excelencia, tareas en apariencia simples y livianas, si no tomamos en cuenta las largas horas que requiere la actividad y su monotonía agotadora poco atractiva y estimulante para el desarrollo físico e intelectual de los menores.

Esta fase del cultivo contrasta bastante con otras donde se utilizan los grandes adelantos de la tecnología moderna agrícola, como sería la nivelación de la tierra con rayos láser previa a la siembra, en el riego y el cuidado de las plantas. De igual modo, es evidente que los bajos salarios que se pagan a esta fuerza de trabajo posterga la introducción de maquinaria, pues, "[...] en el modo de producción capitalista la máquina no tiene como finalidad ahorrar la fuerza de trabajo, sino salario" (Kautsky, 1984:45), y es la escasez de obreros agrícolas y sus exigencias laborales lo que impulsa el desarrollo de la industria de maquinaria agrícola.

Por otra parte, la gran acumulación de capital (máquinas, silos) en el agro estadounidense y los mayores costos por mano de obra, generan dificultades para obtener más ganancias, de ahí la necesidad de exportar capital al valle donde las actividades están menos maquinizadas, y la plusvalía que puede obtenerse es mayor por el bajo costo de la mano de obra. Así aumenta su tasa de ganancia (pues el agua y la tierra cuestan menos también), y de paso contribuye a deprimir salarios en Estados Unidos.

La entrada masiva de mujeres y niños a relaciones salariales agrícolas bajo contrato o convenidas, se explica por dos factores decisivos: la crisis económica que obliga a trabajar a más miembros de la familia para aumentar el magro presupuesto, y la existencia de un mercado laboral capitalista demanda una mayor cantidad de jornaleros en los cultivos hortícolas, y que incluso por ciertas características propias de la mano de obra femenina e infantil, pueden desplazar en algunas áreas a los varones adultos (Barrón, 1994:96). Al volverse parte del conjunto de asalariados, mujeres y niños presionan a la baja los salarios de los trabajadores hombres adultos.

Por otra parte, es difícil determinar la cantidad de niñas y niños jornaleros agrícolas en el valle de Mexicali, ello por varias razones: laboran con su familia y en poco más de la mitad de los casos, es el padre o la madre el trabajador contratado; quienes ya tienen una relación laboral directa aparecen en las listas de los jornaleros por su nombre y, por supuesto, no se especifica que son trabajadores infantiles; algunos jornaleros cambian con frecuencia de compañía junto con su familia, buscando mejorar sus ingresos económicos; y hay menores que asisten unos días a la escuela y otros a los campos de modo irregular. Con base en cálculos hechos en diferentes tiempos y lugares en el valle de Mexicali, podemos decir que la fuerza de trabajo infantil en este sector representa entre 18% y 34% de los trabajadores, cuya variación es en función de si se trata de días escolares o no, o si ha incrementado el precio del producto y por lo tanto se necesita mayor cantidad de mano de obra, entre otros aspectos.

En el mercado de trabajo del valle de Mexicali, el "amarre" de las cosechas es la tarea menos recompensada, pero a veces ante las pocas opciones de trabajo en el campo, toda la familia trabaja como "amarradores", aunque en ocasiones pueden realizar otras tareas de acuerdo con la división del trabajo en los campos; ya sea como regadores, cajoneros, acomodadores, etcétera. Los menores generalmente entran a trabajar en el "amarre" porque es el trabajo más disponible, o bien porque uno o más miembros de su familia se encuentra laborando ahí, además de que se trata de un trabajo que no necesita calificación especial, pues en un día se aprenden las tareas que requiere realizar.

 

La sobreexplotación de la familia jornalera. Subsidio al capital

Existen actividades del proceso de trabajo que no se pagan. Por ejemplo, al iniciar la jornada, luego de que un tractor afloja la tierra, los jornaleros tienen que sacar del surco la cebolla y acomodarla para el posterior "amarre". Desenterrar las cebollas y apilarlas ordenadamente, es una tarea que lleva tiempo y esfuerzo y que no es remunerada en absoluto; para muchos pequeños es una de las labores más pesadas. Con frecuencia, las familias, cuando hay pedidos grandes en las compañías, tienen que ir el domingo en la tarde a desenterrar y apilar las cebollas y además empezar el lunes más temprano a laborar; si se niegan, al día siguiente no les dan trabajo; igual pasa en el caso de que la empresa quiera que se queden a trabajar de noche.

De mayo-junio a octubre, familias enteras emigran al valle de la Trinidad por la escasez de trabajo, localizado a más de doscientos kilómetros del valle de Mexicali, que por su clima permite la cosecha cebollera que aquí se suspende. La compañía, que muchas veces es la misma en uno y otro lado, les proporciona transporte para que lleven lo más elemental para vivir allá la temporada y con frecuencia les facilita habitaciones ("cuarterías" o cuartos redondos), pero únicamente porque la población local de ese valle no es suficiente para atender la demanda de jornaleros agrícolas. El trabajo infantil queda dentro de la lógica de sobrevivencia del trabajador que ya no puede sostener a su familia: "Apenas trabajando todos nos alcanza para medio vivir" nos dice el padre de dos niños, jornaleros como él.

 

El trabajo infantil en la región: ¿Tradición cultural o hambre?

En cuanto a la creencia difundida por autoridades y empresarios, de que el trabajo infantil es una cuestión cultural, difiere de la opinión de un jornalero agrícola mixteco en el valle de San Quintín: "Los niños trabajan por hambre, por los salarios de hambre que tenemos; ¡qué tradición cultural ni qué nada!".5

Las familias jornaleras, igual que las del valle de Mexicali, aceptan la aplicación de la ley respecto al trabajo infantil, pero a la vez, para hacerla posible, requieren del mejoramiento de los salarios, las condiciones de trabajo, la infraestructura de salud, escolar y de guarderías, la impartición de justicia, entre otras cosas, en una clara comprensión de ver el problema de manera integral.

Hay un momento en que la familia decide la incorporación de los hijos al trabajo productivo, a sumar su trabajo al resto de la familia con el fin de "salir adelante" en los problemas económicos más urgentes, pero al mismo tiempo, al carecer de escuela se esfuman las posibilidades de tener un empleo mejor remunerado y quedan atrapados en un trabajo descalificado, perpetuando la desigualdad social. A este factor de pobreza se le agrega un mercado laboral que reclama miles de jornales, y en el que los empresarios saben que los menores les son indispensables, pues vienen a complementar la fuerza de trabajo adulta insuficiente y aprovechan la habilidad de las manos infantiles en la producción. Entonces, ¿qué pasaría si los niños y niñas no cubrieran esos puestos de trabajo? Como explicábamos antes, el empleador tendría que hacer más atractivo ese mercado laboral con mejores salarios y condiciones contractuales, o ante la insuficiencia de la fuerza de trabajo local, importarla, con el consiguiente gasto que incrementaría los costos de producción.

 

Daños a la salud y a la vida de niñas y niños trabajadores

Uno de los efectos del trabajo infantil es el daño que causa a niñas y niños en su desarrollo físico, psíquico y social, así como a su salud y a su vida en general. El ejercicio de un trabajo repetitivo, las largas jornadas, la intensidad y monotonía del trabajo, dañan seriamente el organismo infantil, pueden deformar sus huesos, y la concentración visual, dañar sus ojos; por su desnutrición, son más vulnerables a las enfermedades infecciosas y están propensos a accidentes de trabajo. La OIT señala que están expuestos a los mismos peligros que los adultos en cuanto a su supervivencia y conservación de su integridad física, pero por sus características anatómicas y psicológicas son más vulnerables a los riesgos; "los efectos sobre su salud pueden ser mucho más catastróficos en su caso, dañando irreversiblemente su desarrollo físico y mental, con graves repercusiones consiguientes, más tarde, en su vida adulta" (OIT, 1996:10).

Y si hablamos de riesgos, los niños y niñas trabajadores, dice la OIT, están implicados en 12 millones de accidentes de trabajo al año, de los cuales una media de 12 000 resultan mortales.6 Por supuesto que esta estimación es muy baja respecto a la realidad, pues debido a que se trata de una situación ilegal, el registro "oficial" de los casos es mucho menor. Y Baja California es parte de estas estadísticas; de ello es ejemplo el accidente ocurrido en el mes de julio de 1999 en el valle de San Quintín, donde murieron 13 jornaleros agrícolas, entre ellos dos niños de 7 y 8 años, además de que hubo numerosos heridos, tanto adultos como menores. El entonces director de Trabajo y Previsión Social del estado, Eleazar Verástegui Galicia, hizo declaraciones al respecto, pero no mencionó nada sobre el trabajo infantil ni la muerte de los niños. Ese accidente ha sacado a la luz todos los atropellos que realizan cotidianamente los empresarios que mantienen a sus trabajadores en situación semejante a la de los peones de las haciendas porfiristas: salarios muy bajos carentes de derechos y de seguridad social.

Pero no es la primera vez que ocurren accidentes o muertes que involucren a niños y niñas trabajadoras. A mediados de 1996, originó la volcadura de un camión que transportaba trabajadores; casi la mitad eran menores. Mientras los patrones y las autoridades se desentendían de ellos, los jornaleros organizados tuvieron que movilizarse para lograr que a los heridos los atendieran en el hospital del IMSS.

También se tiene conocimiento de la muerte de varios niños jornaleros agrícolas víctimas de los pesticidas, como declarara un funcionario de la Dirección de Trabajo y Previsión Social (DTPS): "El año pasado hubo una empresa que recién acababa de iniciar sus operaciones en Punta Colonet y se vio envuelta en un escándalo. Resulta que ocho niños que tenían apenas un mes de estar trabajando en esa compañía enfermaron y murieron por problemas gastrointestinales y de las vías respiratorias. En un principio se culpó a la empresa de esas muertes, pero luego de una investigación se supo que los infantes venían enfermos desde Sinaloa, lugar en donde habían laborado antes de llegar a Baja California" (Cruz, 1998:38-A). Con estas declaraciones, evadía cualquier responsabilidad respecto a esas muertes.

Por otra parte, es importante mencionar que el trabajo infantil también causa daños a su formación psicosocial. Ningún niño o niña renuncia voluntariamente a vivir su niñez, a formarse en la escuela a través de la convivencia con seres de su misma edad e intereses; por lo tanto, todo trabajo infantil es trabajo forzado. Tan sólo imaginemos por un momento lo que significa entrar al mundo laboral, obligados a asumir tareas y obligaciones propias de adultos. Y a ese desgaste que le causa el trabajo, se suman las injusticias cotidianas que sufren como trabajadores; como referencia tenemos que días después del accidente de julio de 1999, los patrones del rancho San Miguel, en San Quintín, quedaron a deber salarios de varias semanas de los trabajadores y hubo disturbios y plantones de protesta. En las notas periodísticas se informó de niñas y niños de entre seis y catorce años de edad que aguardaban por su pago (Lima, 1999).

 

El trabajo infantil en la globalización y su efecto en el mercado laboral

El trabajo infantil ha sido utilizado por el capital como arma en la competencia comercial que hoy libran las potencias económicas por el mercado mundial. Así, algunos países, sobre todo atrasados, basan su competitividad en los productos de exportación manufacturados por niñas y niños que laboran en condiciones de esclavitud o que perciben salarios miserables. Si bien es cierto que el trabajo infantil es muy recurrido por empresas atrasadas tecnológicamente y sirve de sostén a estas compañías de la periferia del sistema productivo para competir en el mercado, no es menos cierto que cada día se presenta en mayor número en empresas e industrias pertenecientes a sectores más adelantados de la economía, e inclusive en el sector exportador unido a la política de libre comercio, que es estimulado por la subcontratación de empresas. Así, por ejemplo, tenemos que compañías comercializadoras estadounidenses, al pagar bajos salarios y usar la fuerza de trabajo infantil, ganan mercados al capital de Estados Unidos frente a sus competidores internacionales. Estas compañías declaran no estar al tanto del trabajo infantil en sus campos, que contratan la producción con los agricultores mexicanos y nada más (que esto, de cualquier manera, se convierte en subcontratación), pero la realidad es que sí están enteradas, pues vienen varias veces al año al valle a supervisar la producción y no pueden ignorarlo.7

Desafortunadamente, el libre comercio fomenta esta situación. Por ejemplo, al firmarse el Tratado de Libre Comercio, la empresa Boscovich, de Oxnard, California, cambió su producción de cebolla verde, en Riverside, también en California, al valle de Mexicali, en Baja California (Bacon, 1996). También en este valle, la producción de uva para la Compañía Casa Domecq utiliza fuerza de trabajo infantil, al igual que en el valle de San Quintín, lo que hace evidente el hecho de que la fuerza de trabajo infantil les es absolutamente necesaria para acrecentar la tasa de ganancia, controlar el mercado de trabajo a su favor y mantener los salarios a la baja.

Los niños y niñas que ingresan al mercado de trabajo lo hacen en un puesto que puede ocupar un adulto, con lo que los empleadores privan a éste de un empleo. Además de que les pagan un salario mucho más bajo, es una mano de obra no organizada y dócil, de tal modo que se convierte en una dura competencia para el trabajador adulto, tal como sucedió en el siglo XIX. Un ejemplo lo tenemos en las declaraciones de un líder sindical argentino que protesta ante la apertura comercial indiscriminada en su país: "¿Qué capacidad de competencia vamos a tener si traemos productos hechos por niños de 10 a 14 años que trabajan por un plato de comida?".8 Así, el patrón sabe que aunque acepte a un adulto en ese tipo de trabajo, puede tener la posibilidad de deprimir el salario.

De esta forma se crea un círculo vicioso, pues el trabajo infantil aumenta el desempleo adulto y disminuye los salarios, y a la vez, este desempleo y disminución de ingresos obliga a que los adultos envíen a los hijos a trabajar para compensar la falta de un presupuesto familiar suficiente; esta situación es agravada por la creciente pérdida de derechos laborales y los ataques a la seguridad social. La distorsión del cuadro económico, aunado a la carencia o insuficiencia de la seguridad social, deja en los trabajadores infantiles la responsabilidad de sostener a sus padres enfermos, ancianos o desempleados (Mendelievich, 1980).

Tomando en cuenta la amplitud e índole de la pobreza como un factor fundamental, "[...] el trabajo de los niños, [...] desde el punto de vista social tiene consecuencias en cuanto a la transmisión de calificaciones, evolución de las aptitudes frente al trabajo, disciplina laboral, conciencia de clase y funcionamiento del mercado de empleo.

Más aún, la labor de los niños puede influir en la división social del trabajo y en el nivel y modalidades del desempleo" (Rodgers y Standing, 1983). La existencia de trabajadores infantiles se convierte en una presión sobre los adultos, desplazándolos u obligándolos a aceptar salarios más bajos y peores condiciones de trabajo.

Se considera que esta problemática atañe a los sindicatos y organizaciones jornaleras, la cual incide en las negociaciones colectivas y en las dimensiones y variedades del desempleo y subempleo; asimismo, que todas las limitaciones y daños que ocasiona el trabajo infantil no sólo influye en los destinos personales de niñas y niños, hijos de la clase trabajadora, sino en el destino mismo de las naciones, en su desarrollo económico social, político y cultural.

 

La exclusión de la escuela y la división social del trabajo

"La trayectoria escolar es objetivación del proceso de formación educativa de los trabajadores en años de asistencia a sucesivas escuelas. La construcción de sus trayectorias escolares podríamos suponer que, en el proceso de orientación profesional, es la columna vertebral de las oportunidades de empleo buscadas por los trabajadores en términos de formación para el trabajo" (Campillo, 1995). Entonces cobra una importancia decisiva la permanencia o interrupción de la trayectoria escolar de niñas y niños, el rezago, el fracaso escolar representado por la reprobación, así como el no ingreso al sistema educativo.

Es interesante la opinión de un grupo de maestros e investigadores brasileños sobre este asunto: "La exclusión del mundo escolar garantiza la división social del trabajo. A los que permanecen en la escuela tocará el ejercicio de las funciones intelectuales, técnicos de nivel medio y superior [...], desvinculados de inmediato de la práctica concreta del mundo del trabajo, la apropiación del saber les garantizará mayor espacio de articulación y negociación. Al grupo de los excluidos del acceso al saber dominante de forma completa resta el aprendizaje en la práctica del 'hacer'" (Pinto, Da Silva y Bonfin, 1991:23-25). En el sistema educacional articulado con el capital, existe un proceso de distribución controlada del saber acumulado. Hay una diferenciación propia de la sociedad dividida en clases que, de acuerdo con las prácticas educacionales y la ideología presente en éstas, se propone "[...] preparar a la niñez de las clases populares lo mas rápidamente para el trabajo y alejar al máximo a los niños de clases media/alta del mundo del trabajo" (Pinto, Da Silva y Bonfin, 1991:25).

En la economía capitalista es un hecho innegable que la explotación de la mano de obra infantil constituye una reserva inagotable de fuerza de trabajo utilizada en niveles variables de pequeños establecimientos familiares en el campo y la ciudad en pequeñas, medianas y hasta grandes empresas, y el interés del capital resulta imprescindible en la producción de la riqueza social. El ingreso prematuro de esta población al aparato productivo la mantiene excluida del saber vigente, y eso afecta su posibilidad de insertarse en otros modos de participación en la cultura política, limitando a la vez la capacidad para develar esta cultura y su ideología. Cambiar las actividades del mundo de la escuela a la del trabajo como única posibilidad, es una práctica orientada por los intereses y la ideología dominante, dirigido en especial a este sector (Pinto, Da Silva y Bonfin, 1991:24).

De esta manera, se forman dos grupos a partir de la selección de la escuela: los que permanecen en ella y los que son excluidos; estos últimos se apropian de manera distinta del saber, pues sus prácticas no son aprendidas en la escuela formal; pasan a ser parte de un enorme porcentaje de la población que no termina su educación primaria y secundaria, de niños y jóvenes que se encuentran fuera del "mundo educacional", excluidos por el capital, integrados al "mundo del trabajo", explotados por el capital (Singer, cit en pinto, et al. 1991).

Por otro lado, se parte del supuesto de que bastan algunos conocimientos básicos de lectura, escritura y nociones de matemáticas para la formación de quienes trabajarán en las manufacturas o en el manejo de máquinas simples o en el campo. El conocimiento de ciencias biológicas, tecnológicas y humanas es considerado como algo superficial, y qué decir del estudio de la historia, la filosofía, la geografía política que prácticamente son desaparecidas del currículo. Así que esa llamada educación para el trabajo se torna incompleta y de menor calidad. A eso hay que agregar el deficiente poder de retención del sistema educativo, lo que lleva a una agudización de las diferencias sociales.

En la población infantil jornalera estudiada en el valle de Mexicali, 72% de los casos estaba ya fuera de la escuela, la mayoría sin terminar la educación primaria. El 28% que aún permanecía en la escuela, presentaba problemas de ausentismo, rezago y reprobación.

 

La legislación laboral y su aplicación por las autoridades

Respecto a lo que establece la ley laboral sobre el trabajo infantil en México, el artículo 123 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos dice: "Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas". Y en el artículo 22 de la Ley federal del trabajo se le relaciona con la educación: "Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años y de los mayores de esa edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria (que en México es hasta la educación secundaria) salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo".

Otros artículos señalan las condiciones especiales de trabajo para los que tienen entre 14 y 16 años, siendo éstas una jornada laboral diaria máxima de seis horas, prohibición del trabajo en condiciones peligrosas que afecten su salud física y mental, su moralidad, además de lo concerniente a jornada laboral nocturna, horas extras, periodo vacacional, entre otras. Además, ordena la vigilancia y protección por parte de la Inspectoría del Trabajo (Ley Federal del Trabajo).

Aun cuando hay una restricción legal de la entrada de menores al mercado laboral, el subdirector de la DTPS en San Quintín, Baja California, Antonio Durazo Gutiérrez, en 1998 informaba que en la actualidad la edad mínima de contratación es de 12 años. Decía que horticultores y gobierno harían un programa de contratación de jornaleros y sólo se contrataría a las familias con niños de 12 años o más para que pudieran obtener su permiso de trabajo ante las autoridades (Cruz, 1998:38-A).

Esa "laxitud" en la aplicación de la ley está presente constantemente en las declaraciones de los funcionarios de la Dirección del Trabajo. Su titular afirmaba que la ocupación de menores en actividades laborales obedece a un problema de la economía nacional (Jiménez, 1999) (dando a entender que se vale sacrificar a un sector de la niñez, si con ello la economía del país puede mejorar), agregando que temía se suscitaran problemas entre los trabajadores si la autoridad impedía el trabajo de menores, y que prefería no intervenir en ese asunto.

 

La legislación laboral sobre trabajo infantil en los convenios de la OIT

El Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo de 1973

El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobado en 1973, referente a la edad mínima de admisión al empleo, señala: "Todo miembro para el cual esté en vigor el presente convenio, se compromete a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo infantil y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo, a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores". El artículo 2 precisa: "La edad mínima [...] no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligatoriedad escolar, o en todo caso a quince años". Es aplicable como mínimo a minas y canteras, industrias manufactureras, construcción, servicios de electricidad, gas y agua, transportes, almacenamiento y comunicaciones, y plantaciones y otras explotaciones agrícolas que produzcan principalmente con destino al comercio (subrayado de la autora). Establece una edad mínima de 18 años para realizar trabajos que pongan en peligro la seguridad, salud o moralidad del menor. Dispone la responsabilidad de las autoridades para asegurar su aplicación efectiva del convenio, incluyendo las sanciones apropiadas, y obliga a los empleadores a llevar un registro minucioso de las personas menores de 18 años que laboren con ellos.9 Según la norma, en el país que se ratifique tiene fuerza de ley. México es miembro activo de la OIT, y sin embargo, no ha ratificado el convenio, ni sus socios del Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos y Canadá. Al respecto, cabría mencionar que los Acuerdos Laborales Paralelos del TLC no prohíben el trabajo infantil, simplemente lo "limitan", pero en la práctica no se cumplen, como hemos ido observando en innumerables casos.

 

El nuevo convenio sobre las "peores formas" de trabajo infantil

En la desreglamentación que se vive hoy en día y los ataques a las conquistas sociales logradas por la humanidad, los convenios internacionales de la OIT no han salido indemnes. A pesar de la existencia del Convenio 138 sobre la edad mínima de ingreso al empleo que ya explicamos, en 1999 se creó un nuevo convenio para proscribir las formas de trabajo "más intolerables" (expresión polémica que después se cambió por "las peores formas"), a saber:

• Trabajos ejecutados por niños reducidos a la esclavitud.

• Trabajos forzados y trabajos en situación de servidumbre:

- Explotación de niños para la prostitución u otras prácticas ilegales.

- Utilización de niños para el tráfico de drogas.

- Actividades al servicio de la pornografía.

- Tareas que exponen a los niños a los peligros particularmente graves para su salud y seguridad (Lansky, 1997).

Definitivamente, el nuevo convenio no favorece ni ofrece una solución al grave problema del trabajo infantil. No aparece en él el propósito de la abolición del trabajo infantil. Las "peores formas" de trabajo infantil caen en el terreno de lo penal y están configurados como delitos en todas las legislaciones, y no tienen porqué establecerse como cuestiones laborales el trabajo esclavo, la pornografía, la prostitución y el tráfico de drogas. El trabajo forzado ya está en convenios de la OIT desde 1930 y en 1957, no sólo proscrito para niños y niñas, sino para todo ser humano. En la definición se excluyó a los trabajos que les impiden asistir a la escuela, que estaba originalmente en el texto a discusión en 1996, y por lo tanto, no se establecen compromisos de los Estados para garantizar la educación obligatoria.

En el renglón del trabajo que prohíben porque exponen a los niños y niñas a peligros para su salud, desarrollo y seguridad, entrarían todos los tipos de trabajo existentes actualmente, lo cual no es el criterio que priva en el texto. Así, el trabajo jornalero agrícola, industrial en sus diferentes variantes, en los servicios, en el trabajo doméstico, el de la calle, etcétera, quedan excluidos realmente del nuevo convenio.

La insistencia de los delegados patronales y gubernamentales en la necesidad de un convenio "flexible" para que lo firmen todos,10 hace pensar lo peor, es decir, que se abra la puerta a la proliferación del trabajo infantil, dándose manos libres para su incremento en la modalidad empleada por las trasnacionales, que es la subcontratación de empresas, o el trabajo a domicilio que renace, o la contratación directa de menores. Caemos, así, en los terrenos de la búsqueda de la "competitividad" que justifica todo ante el capital.

Aun un alto funcionario de la OIT expresaba sus dudas respecto a las implicaciones de este nuevo convenio: "[...] el enunciado del nuevo convenio deberá evitar la posible laguna jurídica de que aquello que no se conceptúe de intolerable pueda ser considerado, por defecto, tolerable, lo cual restaría fuerza a los instrumentos vigentes que proporcionan una protección más amplia, en particular, el Convenio 138" (Lansky, 1997:267).

El nuevo convenio es mucho más fácil y redituable de firmar. Como señalamos, no se establecen compromisos que garanticen la educación obligatoria. Los gobiernos de Estados Unidos y México la firmaron en 1999 y 2000 y en ambos países se sigue permitiendo el trabajo infantil, así que no ha servido para solucionar el problema. El ver niñas y niños jornaleros en los campos agrícolas(así como otros sectores de la economía) confirma su inutilidad. Lo que se considera necesario es la firma y el cumplimiento del convenio 138, que aún sigue vigente.

 

Conclusiones

Ningún niño o niña renuncia voluntariamente a vivir su niñez. En las niñas y niños jornaleros agrícolas se da una violación sistemática de sus derechos, como son: vivir una infancia plena, tener acceso a la educación, a la alimentación y vivienda, a la salud, al juego, a la cultura, al descanso. Trabajar perjudica su salud y con frecuencia pone en riesgo su vida y su desarrollo físico, psicológico y moral. El trabajo infantil no surge espontáneamente, es el fruto de la pobreza, del desempleo y subempleo adulto, del empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de las familias trabajadoras, de su sobrexplotación claramente manifiesta en la caída salarial. El trabajo infantil se reproduce en estas condiciones que son creadas por una política gubernamental que privilegia al capital trasnacional y a sus socios nativos, a través de las políticas de libre comercio y globalización. Florece también porque es parte de la estrategia del capital para abaratar el costo del trabajo. Así, dos factores son fundamentales para su desarrollo: por un lado, el empobrecimiento de las familias campesinas, y por el otro, la existencia de un mercado laboral ávido de esa fuerza de trabajo que le permite competir con ventaja en la lucha por el mercado mundial.

En el análisis de la situación de las familias jornaleras, nos dimos cuenta de que la realidad es que la aplicación de la ley respecto al trabajo infantil es posible sólo en la medida en que se mejoren los salarios y condiciones de trabajo de los adultos hombres y mujeres, se les dote de seguridad social y gocen de los derechos que la ley establece; que además se cuente con una infraestructura escolar, de salud y de guarderías. Cualquier padre o madre de familia que tiene un salario digno y suficiente, una escuela al alcance y un lugar seguro donde queden bajo cuidado, jamás enviará a sus niñas y niños al trabajo.

La salida de los infantes del mercado laboral hace necesarios a la creación y aplicación de efectivos programas gubernamentales de salud, educación, alimentación, vivienda, seguridad social, justicia, recreación y cultura, que atiendan las necesidades de las familias trabajadoras y hagan innecesario para ellas el trabajo infantil. El derecho que tienen niñas y niños a la salud, la educación, el desarrollo pleno y el goce de todos sus derechos, y que el Estado es responsable de garantizar, debe defenderse independientemente de las condiciones económicas de sus familias.

El trabajo infantil, que limita o impide las posibilidades de desarrollo, la mayoría de las veces provoca la deserción escolar y es, por tanto, un reproductor de la pobreza, pues los trabajadores infantiles están condenados a un trabajo descalificado, desreglamentado, más expuestos al desempleo o subempleo y a condiciones precarias en el mercado laboral.

Es una exigencia que el gobierno mexicano garantice la obligatoriedad escolar y el cumplimiento de la Ley federal del trabajo, y en especial sobre trabajo infantil. Es posible plantearse hoy mismo la solución a la problemática del trabajo infantil mediante la firma y el cumplimiento del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, que lo prohíbe claramente, fija la edad mínima de ingreso al empleo en 15 años, y condiciona su incorporación al cumplimiento de la educación obligatoria.

Dadas las condiciones de la política económica del régimen, a la población trabajadora, a través de sus organizaciones sindicales y políticas, le corresponde encabezar esta tarea.

 

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Notas

1 Este artículo representa una síntesis de la investigación "Trabajo infantil en el valle de Mexicali, en la frontera con Estados Unidos. Niñas y niños jornaleros agrícolas y la cuestión escolar", realizada en la Universidad Autónoma de Baja California, de 1993 a 1997, con el apoyo financiero del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El trabajo completo fue publicado en 1998 en el libro El trabajo infantil: fruto amargo del capital, financiado por la Sedesol. Los datos empíricos que aparecen aquí son el resultado de la aplicación de encuestas y entrevistas a niñas y niños jornaleros, a padres de niños trabajadores, maestros rurales y gente de la región, en una muestra no probabilística. La investigación de campo se llevó a cabo en el área geográfica de mayor incidencia de trabajo infantil, la delegación Guadalupe Victoria (conocida también como Kilómetro 43) y sus alrededores, en el valle de Mexicali, en el municipio del mismo nombre, en el estado de Baja California, fronterizo con Estados Unidos.

2 Noticiero radiofónico Para empezar, Stereo Rey, 25 de julio de 1994, Mexicali, B.C.

3 Ver los resultados de la Cuarta Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural 1996, en la sección "Perfil", de La Jornada,. 22 de julio de 1997, México, D.F.

4 "Perfil de los menores migrantes y niños jornaleros agrícolas en Baja California", resumen elaborado por el Albergue Juvenil del Desierto para Menores Migrantes, Centro de Apoyo al Trabajador Migrante y Centro de Derechos Humanos y Educación Cívica, Mexicali, B.C., noviembre de 1997.

5 Foro "Trabajo Infantil y Migración". Vicente Guerrero, Valle de San Quintín, B.C., diciembre de 1995. Se participó en el comité organizador del foro, en preparación del Tribunal Internacional Independiente contra el Trabajo Infantil, realizado en la ciudad de México en marzo de 1996, donde se presentó este estudio sobre trabajo infantil jornalero agrícola.

6 "Un millón de muertes por accidentes de trabajo", El Financiero, 12 de abril de 1999, México, D.F.

7 Por ejemplo, las compañías Fresh Choise o Muranaka Farms. David Bacon, reportero de San Francisco, California, al entrevistarse con varias personas de las empresas estadounidenses del cebollín, señala: "No quieren sentirse involucrados en lo del trabajo infantil, en que los salarios y las condiciones de trabajo sean tales que la gente necesite llevar a sus hijos a trabajar". Entrevista telefónica. Mexicali, B.C., 16 de mayo de 1996.

8 Discurso del secretario general de la Confederación General del Trabajo de Argentina, Gerardo Martínez, durante un paro de tres horas, presionado por las bases a protestar contra la política económica del presidente Menem. Stella Calloni, La Jornada, "Marchan miles contra la política económica del gobierno argentino", septiembre 7 de 1995, México, p. 56.

9 Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo, 1973. Conferencia Internacional del Trabajo.

10 Confederación Internacional del Trabajo. 86a Reunión, Informe de la Comisión de Trabajo Infantil. Discusión en plenaria, conclusiones y propuestas, Ginebra, junio de 1998.