| Artículo | Estudios Fronterizos, vol. 6, núm. 12, 2005, 9-38 |
Inmigrantes marroquíes en el sector agrario andaluz
Moroccan immigrants in the Andalusian agricultural sector
Simón Pedro Izcara Palacios*
* Docente–Investigador de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades, Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Correo electrónico: sp_izcara@yahoo.com
Artículo recibido el 16 de diciembre de 2004
Artículo aprobado el 9 de octubre de 2005
Resumen
En Andalucía (España), la falta de mano de obra local dispuesta a aceptar los salarios y las condiciones laborales imperantes en la agricultura de exportación, aunada a un aumento en la producción de frutas y hortalizas recogidas a mano, ha incrementado la dependencia de los empresarios agrarios de mano de obra inmigrante, procedente principalmente de Marruecos. Más aún, en el sector agrario un elevado nivel de trabajo irregular es el resultado de la coexistencia de leyes restrictivas y la disposición de los empresarios agrarios de romper la ley a fin de emplear mano de obra barata, flexible, no sindicalizada y legalmente indefensa, con objeto de reducir costos e incrementar los beneficios económicos. Además, en una atmósfera de creciente xenofobia en contra de los marroquíes, las condiciones de los trabajadores agrarios procedentes de Marruecos son especialmente precarias. Asimismo, las condiciones de vivienda son rudimentarias y la mayoría de ellos viven hacinados.
Este artículo, fundamentado en una metodología cualitativa, analiza la situación sociolaboral de los trabajadores marroquíes empleados en la agricultura andaluza, región situada en el sur de España.
Palabras clave: Andalucía, jornaleros marroquíes, agricultura, xenofobia, condiciones de vida.
Abstract
In Andalucia (Spain), the absense of local labor willing to accept the wages and work conditions offered in the export farming sector, together with the growth of production of hand–harvested fruits and vegetables, has increased the farmer´s dependence upon migrant labor, principally from Morocco. Moreover, a high level of irregular labor in the agricultural sector results from the coexistence of restrictive laws with the employer´s willingness to break the law hiring cheap, flexible, non–unionized and legally defenseless labor, in order to reduce costs and increase economic benefits. At the same time, in an increasingly xenophobic atmosphere, Moroccans live in very precarious conditions which include rudimentary housing where a majority of the migrants reside in overcrowded conditions.
Using qualitative methodology, this article analyzes the social situation of Moroccan migrant workers employed in agriculture in Andalucia, a region situated in the south of Spain.
Keywords: Andalucia, Moroccan farm workers, agriculture, xenophobia, living conditions.
Introducción
En España, la escasez de mano de obra local dispuesta a aceptar las condiciones sociolaborales imperantes en la agricultura de exportación ha incrementado la dependencia de los empresarios agrarios de mano de obra inmigrante, procedente en su mayoría de Marruecos.
El sector agrario siempre ha sido un refugio para los trabajadores inmigrantes no documentados. Los inmigrantes que carecen de documentación sólo pueden obtener empleos en la economía sumergida. Además, por lo general se encuentran realizando los trabajos peor pagados y las tareas más duras. El sector agrario puede ofrecer empleo a los inmigrantes ilegales más fácilmente que otros sectores de la economía por dos motivos: el primero es que hay escasez de mano de obra local dispuesta a aceptar las condiciones de trabajo en la agricultura; el segundo se refiere a la dificultad de inspeccionar y regular un sector donde la movilidad de trabajadores es constante. Así, los sectores de frutas y hortalizas deben su competitividad en gran medida al empleo de trabajadores no sindicalizados, legalmente indefensos y dispuestos a trabajar por salarios mínimos, lo que se traduce en una reducción de los costes de explotación y en un incremento de los beneficios económicos para los empresarios agrarios.
Andalucía, región situada en la España meridional, es la Comunidad Autónoma que registra el mayor nivel de desempleo agrario. Sin embargo, es paradójicamente la región con el volumen más elevado de población extranjera empleada en la agricultura. Por una parte, la pronunciada estacionalidad del trabajo agrario en los sectores tradicionales, como el olivo, provoca que la mano de obra local sea insuficiente para hacer frente a las necesidades de trabajo en los momentos puntuales. Por otra parte, el fuerte desarrollo de la agricultura intensiva bajo plástico, donde el ambiente laboral aparece intoxicado por agroquímicos y las temperaturas son extraordinariamente elevadas, hace que la población local rechace esta actividad aun en situación de desempleo.
Este artículo describe el problema del desempleo agrario en Andalucía –región situada en el sur de España–, analiza la situación socio–laboral de los inmigrantes procedentes de Marruecos en la agricultura de esta región y establece una comparación con la situación de los trabajadores agrícolas mexicanos en Estados Unidos.
Metodología
Esta investigación está fundamentada en una metodología cualitativa. La técnica utilizada ha sido la entrevista en profundidad. El tipo de muestreo elegido ha sido el denominado por Michael Quinn Patton (1990) como purposeful sampling (muestreo intencional) y la técnica aplicada para elegir a los integrantes de la muestra fue el "muestreo en cadena". Por una parte, fueron realizadas entrevistas en profundidad a 14 jornaleros de nacionalidad marroquí en diversas comunidades rurales de las provincias andaluzas de Granada y Almería (España) durante los meses de diciembre de 2002 y julio y diciembre de 2003. Las edades de los entrevistados oscilaban entre los 18 y los 44 años. Aunque muchos de ellos tenían permiso de trabajo en el momento de la entrevista, todos habían sufrido la experiencia de trabajar de forma irregular en la agricultura. Como se aprecia en el cuadro 1, aquellos que tenían más años residiendo en España por lo general se encontraban en una situación laboral regular. El hecho de que en la muestra seleccionada predominen los inmigrantes regularizados se debe a dos razones: por una parte, los inmigrantes indocumentados eran más renuentes a ser entrevistados; por otra, debido a que las entrevistas fueron realizadas en español, se seleccionaron aquellos inmigrantes que tenían un mayor dominio de este idioma, variable que aparece relacionada con el número de años de residencia en España y con la situación de regularidad laboral. Asimismo, en el cuadro 1 puede apreciarse el predominio de los inmigrantes procedentes del medio urbano.
Además, durante julio de 2003 también fueron entrevistados líderes sindicales agrarios, trabajadores locales y empresarios del sector.
El medio rural de Andalucía se caracteriza por la incapacidad de su mercado de trabajo para satisfacer las necesidades de empleo de una población creciente. Por una parte, la introducción de innovaciones tecnológicas y prácticas de gestión que incrementan la productividad del trabajo en la agricultura han reducido las oportunidades de empleo de los jornaleros; por otra, la ausencia de alternativas de empleo extra agrario ha contribuido a agravar la situación de esta área (Naredo y Sumpsi, 1984; García Sanz e Izcara Palacios, 2000). La consecuencia lógica de estos dos procesos ha sido un incremento desmesurado del desempleo, hasta el punto en que los términos trabajador asalariado agrario y desempleado llegan a confundirse. Como se aprecia en el cuadro 2, en 2003 Andalucía contaba con menos del 34% de la población activa agraria española, pero los desempleados del sector agrario sumaban casi 70% del total nacional. Así, frente a una tasa de paro agrario del 32% en Andalucía, en el resto de las Comunidades Autónomas del territorio español la tasa era del 7 por ciento.
En Andalucía, los problemas de desempleo, subempleo y pobreza, fruto de una desigual distribución de la tierra, han sido una constante durante casi cinco siglos (Sánchez López, 1980; González, 1989; Moreno Navarro, 1993 y 2002: 140). Es precisamente durante la transición a la democracia, entre 1976 y 1979, como consecuencia del auge del sindicalismo agrario, cuando la situación socioeconómica de los jornaleros del campo experimenta el mayor progreso (González, 1989). Sin embargo, paradójicamente, es también a partir de este periodo cuando los problemas de subempleo y desempleo muestran el mayor deterioro. Por ejemplo, durante los últimos años en ninguna de las provincias andaluzas el promedio de días anuales trabajados por los jornaleros ha sobrepasado la cifra de 60 días, situación que se ha paliado mediante un generoso subsidio del desempleo agrario (Izcara Palacios, 2002 a y b).
A partir de los años setenta, para atenuar el problema del creciente desempleo rural se introdujeron en Andalucía determinadas medidas diseñadas para proteger a los desempleados. En 1971 apareció el "Empleo Comunitario", un programa que incluía medidas de asistencia social y de promoción del empleo. Sin embargo, a comienzos de los años ochenta este programa quedó totalmente desbordado. En sólo cinco años, entre 1979 y 1983, el número de trabajadores incluidos en el programa ascendió de 25 mil a 159 mil (González, 1990). Es por ello que en 1984, en reconocimiento del carácter estructural que cobró el desempleo agrario, se introdujo un sistema integrado de protección de los trabajadores eventuales agrarios asentado en tres pilares: i) un subsidio de desempleo; ii) un Plan de Empleo Rural (PER), y iii) un Plan de Formación Ocupacional Rural.
Este paquete de medidas fue diseñado para fomentar el empleo (a través del Plan de Empleo Rural), impulsar la cualificación profesional (por medio del Plan de Formación Ocupacional Rural) y sostener las rentas (a través del subsidio de desempleo) de los grupos sociales con mayor riesgo de exclusión del mercado de trabajo. Sin embargo, desde un primer momento este sistema se vio reducido a un programa social asistencial que lejos de ayudar a los jornaleros a salir del desempleo, ha generado una cultura que está contribuyendo a perpetuarlo.
Desde que se instauró el citado sistema de protección de los trabajadores eventuales agrarios, el objetivo de las familias jornaleras ha sido cumplir el requisito2 para que el mayor número de miembros de la familia tuvieran acceso al subsidio de desempleo. En concreto, el Plan de Empleo Rural (creado para racionalizar las inversiones públicas en áreas rurales, paliar el problema ocasionado por la estacionalidad en el empleo y fomentar el empleo permanente entre grupos con mayor riesgo de exclusión del mercado de trabajo) se vio reducido a una mera ayuda a los jornaleros a fin de reunir el número de jornadas necesarias para cobrar el subsidio, socavando la posibilidad de crear empleo estable y dando origen al consiguiente clientelismo político (Cansino, 2000 y 2001).
Es innegable que este sistema de prestaciones sociales ha generado una cultura de la dependencia. Casi tres décadas de altos niveles de desempleo han conducido a que los trabajadores agrarios andaluces se acostumbren a un sistema que, sin sacarles del círculo de la pobreza, les permite tener un reducido acceso al consumo. Esto ha creado una atmósfera de marasmo y un desinterés por mejorar su situación socioeconómica a través de la iniciativa privada, la búsqueda de empleo en otros sectores y áreas geográficas más dinámicas, etc. (García e Izcara, 2000). Más aún, como ha señalado Cansino (2000: 23, y 2001: 85), la mayor parte de la población subsidiada sólo trabaja el mínimo de jornadas establecidas legalmente para poder cobrar el subsidio de desempleo.
Es por ello que resulta paradójico que la región española que presenta el problema más agudo de desempleo agrario sea, al mismo tiempo, la que registra la mayor demanda de trabajadores extranjeros (véase cuadro 3).
Por una parte, el fuerte carácter estacional de la demanda de empleo agrario en labores como la recogida de la aceituna provoca que se conjuguen periodos de escasez de empleo con otros de sobreoferta de trabajo; por otra, el rechazo de la población local a los ritmos y exigencias laborales en las explotaciones intensivas de regadío determina la escasez de mano de obra en el sector agrario de Andalucía. Estos dos factores –a los cuales hay que sumar la búsqueda de los empresarios agrarios de mano de obra competitiva, capaz de desarrollar las tareas más duras a cambio de unos salarios muy modestos– se han traducido en una creciente demanda de trabajadores inmigrantes en la agricultura andaluza.
Los trabajadores marroquíes en la agricultura: El choque entre las expectativas laborales y la realidad
La presencia de trabajadores asalariados inmigrantes en el sector agrario es un fenómeno creciente que se está extendiendo por gran parte del territorio español (García Sanz, 2003). La mano de obra inmigrante proviene principalmente de Marruecos (véase cuadro 4) y está compuesta en su mayoría por varones jóvenes (García Sanz e Izcara Palacios, 2003). Andalucía es la Comunidad Autónoma que registra el mayor volumen de trabajadores extranjeros empleados en la agricultura (cuadro 3).
El trabajador marroquí empleado en la agricultura inicia el periplo migratorio por un problema de desempleo o subempleo en su país, aunque también hemos registrado casos de trabajadores que abandonaron un empleo estable con la esperanza de prosperar económicamente en España. Sea cual fuere el motivo, las condiciones socioeconómicas que encuentran en España distan profundamente de sus expectativas. El trabajador marroquí decide emigrar alentado por los comentarios de amigos, vecinos o conocidos que han trabajado en España y la describen como un país próspero, con amplias oportunidades económicas:
La gente lo pintan bien, los que van de aquí, ya tienen un poco de dinero, compraron un coche de segunda mano y empiezan a contar (E1).
Hay gente que no dice la verdad, que dice que España está buena, que vive en el centro del pueblo; pero es mentira, hay gente que vive sin servicios, sin agua, sin luz (E6).
Tiene gente que junta mucho dinero, y cuando entra a Marruecos y lleva coche y mucho dinero, y piensan yo también quiero ir a España (E9).
Basado en estos comentarios, al llegar a España el inmigrante espera encontrar rápidamente un empleo bien remunerado y prosperar, pero se encuentra con una realidad que en ningún momento iguala sus expectativas. El caso más dramático encontrado hasta ahora ha sido el de un marroquí, entrevistado en el municipio de El Ejido (Almería) en diciembre de 2003 (E14). Este inmigrante, de 41 años de edad, llevaba tres años viviendo en España. Tenía una esposa y dos hijas, era natural de Tánger, donde se dedicaba a la pesca y tenía una situación económica relativamente buena. Sin embargo, su hermana, que trabajaba como empleada del hogar en El Ejido, lo convenció de que emigrase a España. Él vendió su casa en Marruecos e hizo el viaje a España, con todos los papeles en regla, con la esperanza de mejorar su situación económica, pero en el momento de la entrevista rentaba un cuarto de aproximadamente 15 m2 situado en un invernadero, a unos cuatro kilómetros del casco urbano de El Ejido, donde vivía con sus dos hijas, de 12 y 15 años, además de otros cuatro varones jóvenes, compañeros de trabajo. Él calificaba su situación de absolutamente desesperada. Trabajaba siete días a la semana, durante todo el año, y apenas reunía dinero para mantener a su familia y sufragar los gastos escolares de sus hijas y algunos caprichos. Se sentía totalmente deshumanizado, no se veía a sí mismo como un ser humano, sino como una bestia de carga. La disonancia entre la prosperidad que ansiaba encontrar en España y la realidad era absoluta. Como consecuencia, estaba profundamente arrepentido de haber iniciado la aventura migratoria, pero ya era demasiado tarde para volver atrás porque había vendido todas sus pertenencias en Marruecos y en su lugar de origen sería visto como un fracasado.
La agricultura como primer escalón del proceso migratorio
Los trabajadores inmigrantes empleados en la agricultura se encuentran en el escalón más bajo del proceso migratorio (Jabardo Velasco, 1993). El inmigrante, sobre todo el marroquí, encuentra más fácilmente trabajo en la agricultura que en otra actividad debido a la falta de competencia por el empleo en este sector, que carece de atractivo para la población local (Hoggart y Mendoza, 1999: 549, Langredo Navarro, 2002: 224).
Así, no elige trabajar en la agricultura, trabaja en el sector agrario cuando no tiene otra opción. En el caso de los trabajadores entrevistados, la mayor parte provenía de un medio urbano y no había trabajado en la agricultura antes de llegar a España. En Marruecos el trabajo agrario aparece asociado a valencias negativas: suciedad, bajos salarios, dureza, etc., razón por la cual la agricultura aparece como el último recurso.
Los inmigrantes presentan una clara preferencia por las actividades no agrarias, de modo que sólo permanecen en la agricultura cuando se les niega el acceso a otra rama de la actividad económica (Hoggart y Mendoza, 1999). Como consecuencia, el trabajo en la agricultura suele ser una solución provisional para después intentar insertarse en otro sector económico (Moreno Torregrosa, 1993: 247). El trabajo agrario aparece así planteado como un estadio inicial, previo a la ocupación en otras actividades (Jabardo Velasco, 1993: 277). Como afirmaba un inmigrante marroquí empleado en el consulado de Marruecos en Almería, a quien entrevisté en julio de 2003:3 "el colectivo inmigrante tiene aspiraciones de superación de empleo o calidad de trabajo, y el hecho de trabajar en la agricultura es como un escalón de base de trabajo, para empezar en la construcción o en otra cosa".
El rechazo de las condiciones sociolaborales del trabajo en la agricultura queda manifiesto en el discurso de los entrevistados:
El trabajo en la agricultura, hueles mal, en verano hace como 60 grados, se asa uno; entonces es insoportable (E1).
En el invernadero, el problema es el calor (E3).
Tengo ganas de un cambio de trabajo […] me gustaría trabajar de camarero (E6).
El invernadero trae muchas enfermedades, yo no puedo aguantar (E7).
La agricultura no sólo presenta los salarios más bajos, sino también las condiciones sociolaborales más duras (Izcara Palacios, 2002a y b). Además, trabajar en la agricultura tiene connotaciones peyorativas. En este sentido, cuando el inmigrante marroquí empleado en la agricultura regresa a su país (para pasar unas vacaciones, etc.) no suele admitir que trabaja en el sector agrario. En la medida en que adquiere cualificaciones que le permiten tener acceso a otros sectores de la economía (regulariza su situación, incrementa sus habilidades lingüísticas, etc.), la probabilidad de que abandone el sector agrario incrementa. Una vez conseguido el permiso de residencia, los inmigrantes (sobre todo los que proceden del medio urbano) tienden a abandonar la actividad agraria. Como han señalado Hoggart y Mendoza (1999: 553), el empleo agrario es menos frecuente en aquellos inmigrantes que llevan residiendo en España durante un periodo más prolongado. Del análisis de la muestra intencional utilizada sería erróneo concluir que el inmigrante que procede del medio rural tiende a quedarse más tiempo trabajando en la agricultura. Sin embargo, basados en el hecho de que los migrantes rurales marroquíes presentan una mayor predisposición y un menor rechazo hacia el trabajo agrario, podría inferirse que en una situación de igualdad de oportunidades para dejar el trabajo agrario e insertarse en otro sector de la economía serían éstos quienes permanecerían más tiempo en la agricultura.
El predominio del trabajo irregular en la agricultura
Desde que se incorporaron los primeros trabajadores extranjeros a la agricultura en España, tres décadas atrás, el sector agrario sirvió de refugio para los trabajadores inmigrantes no documentados. Como ha señalado Pedreño Canovas (1999a: 211; 1999b: 110 y 111), los empresarios agrarios manifiestan una preferencia por la mano de obra inmigrante no regularizada. A partir del 2000, con la aprobación de la nueva Ley de Extranjería y el consiguiente endurecimiento de los mecanismos para evitar la inmigración irregular (Izcara Palacios, 2002a), los empresarios agrarios se han vuelto más cautos a la hora de dar trabajo a inmigrantes no documentados (Corkill, 2001: 841). Como afirmaba un agricultor de 52 años de edad, entrevistado en Loja (Granada) en julio de 2003, en terrenos próximos a vías de comunicación, los más accesibles a los inspectores, son cada vez menos los empresarios agrarios que se arriesgan a dar empleo a trabajadores indocumentados.
Sin embargo, según los jornaleros marroquíes, el empresario agrario andaluz sigue prefiriendo a trabajadores con poca experiencia laboral en España, desconocedores de sus derechos, sumisos, etc. (arquetipo que encaja con el inmigrante no regularizado). Así, los empresarios agrarios avisan de antemano a los trabajadores irregulares para que se escondan o huyan rápidamente del lugar de trabajo si se produce una inspección: "si viene el inspector les dice: 'anda, vete', si tienes contrato te quedas, si no te vas" (E7). Es por ello que los trabajadores marroquíes afirman que tener los papeles en regla es una desventaja para trabajar en la agricultura. Como señalaban algunos entrevistados: "por ejemplo, yo llevo trabajando mucho tiempo con mi jefe, y viene uno que no tiene papeles, no tiene derechos ni nada, sin trabajar, y le dice: 'vete a trabajar'. Eso es un problema, viene uno nuevo…" (E7); "el agricultor no quiere a la gente que tenga papeles; quiere gente nueva, con fuerza" (E9). En este sentido, hay empresarios agrarios que dan preferencia al inmigrante no documentado porque les causa menos problemas, está dispuesto a trabajar más duro durante jornadas más prolongadas, y además trabaja más barato.
Frente al inmigrante documentado, que lleva varios años viviendo en España, es conocedor de sus derechos laborales y se resiste a hacer horas extra no remuneradas, el inmigrante no documentado recién llegado desconoce si tiene algún derecho laboral y está dispuesto a realizar cualquier tarea agraria sin cuestionar el salario. Así, muchos de los entrevistados se sentían desplazados por los trabajadores indocumentados que llegaban diariamente desde Marruecos en una situación de tal penuria económica que no podían rechazar ninguna oferta de empleo. Incluso uno de los entrevistados (E4) llegó a afirmar que después de trabajar 10 años en la agricultura buscó empleo en la hostelería porque era rechazado por los empresarios agrarios debido a que tenía permiso de trabajo. Con todo, al comparar su situación laboral en la hostelería con su anterior ocupación en la agricultura afirmaba encontrarse en una situación sociolaboral mucho más ventajosa.
Son frecuentes los casos en los que al inmigrante se le piden únicamente sus datos, que quedan reflejados en una lista. En caso de inspección, el propietario de la explotación lo instruye para que afirme que acaba de comenzar a trabajar y no ha tenido tiempo de formalizar su situación laboral. Por otra parte, en el caso de que el empresario agrario formalice la situación laboral del trabajador inmigrante, también es frecuente que dé de baja al trabajador inmigrante antes de que éste haya concluido su actividad en la explotación.
Por tanto, a pesar de que los mayores controles sobre el sector agrario han conducido a una reducción del trabajo irregular, éste sigue siendo una constante en el trabajo del campo. Por ejemplo, un inmigrante marroquí entrevistado en julio del 2003 (E9) afirmaba que en la explotación hortícola donde se encontraba trabajando en ese momento, en Zafarraya (Granada), dentro de su cuadrilla sólo siete de los 25 trabajadores extranjeros tenían papeles.
Cabe señalar que aunque muchos de los entrevistados coincidían en afirmar que los empresarios agrarios preferían a la mano de obra irregular, todos aseguran que las condiciones sociolaborales del inmigrante indocumentado son siempre peores. El inmigrante que carece de permiso de trabajo se siente enjaulado, no tiene libertad de movimientos ni puede retornar a su patria. Se ve obligado a permanecer en España, viviendo escondido, con la esperanza de regularizar su situación y así poder moverse con libertad. Además, la discriminación salarial siempre está presente. Los inmigrantes indocumentados, carentes de los derechos legales más básicos, se ven obligados a trabajar sin horario ni contrato, desempeñando las labores más peligrosas, como la aplicación de pesticidas sin protección, etc. (Gómez y Segrelles, 1993). Por ejemplo, en El Ejido muchos de los trabajadores marroquíes que tienen permiso de trabajo se niegan a realizar horas extra no pagadas, no así los indocumentados. Además, mientras los primeros no aceptan trabajar por menos de 30 euros en una jornada laboral de ocho horas, los últimos cobran muchas veces 25 euros por una jornada aún mas larga: "Sin papeles no trabajas; si quieres trabajar, 25 euros" (E4).
El problema del subempleo en la agricultura
Uno de los elementos que caracterizan al trabajo agrario es su carácter itinerante. El empleo estable, durante todo el año, en una sola explotación agraria, es la excepción.
En el caso de Andalucía, en determinadas comarcas agrarias donde las orientaciones productivas dominantes garantizan una cierta estabilidad, como es el caso del Campo de Dalías (Almería), se ha ido produciendo cierta sedentarización relativa.4 Por el contrario, en las zonas donde la producción tiene un carácter estacional, como es el caso de la recolección de la aceituna en provincias como Córdoba o Jaén, la situación es de movilidad continua.
De esta manera, el carácter estacional de la producción y, por ende, de la demanda de trabajo hace que las condiciones de vida de los inmigrantes sean excepcionalmente precarias. El inmigrante vive así entre pequeñas etapas de acumulación de capital que se cruzan con prolongados periodos de inactividad. Una vez concluida la fase acumulativa, malviven desempleados o subempleados en la realización de trabajos ocasionales, la venta ambulante, etc. (Moreno Torregrosa, 1993; Checa, 1995 a y b).
Como consecuencia, para el trabajador marroquí el aspecto más problemático del trabajo en la agricultura es el del desempleo y subempleo.
Se trabaja poco, dos días, tres días, ocho meses no se trabaja (E2).
Ahora, en esta época del año (diciembre), hay poco trabajo […] en verano tampoco hay trabajo (E4).
Aquí el principal problema es que el trabajo son pocos meses, entonces no puedes ahorrar mucho (E7).
Desde que vine de vacaciones (un año atrás) hasta ahora, únicamente he tenido tres meses de trabajo (E9).<
Aquí mucha gente no trabaja (E10).
Cuando llega a España, el inmigrante marroquí se encuentra en una situación de desolación absoluta. Uno de los entrevistados (E1) comentaba que cuando llegó en 1996, con visado, sólo tenía 100 pesetas; venía con un amigo de Casablanca y la única palabra que sabían pronunciar en español era "trabajo". Durante los dos primeros meses nadie les ofreció trabajo, de modo que tuvieron que malvivir en una pequeña cabaña, alimentándose sólo de almendras que recogían en la sierra. Finalmente, un inmigrante tunecino les presentó a un agricultor que les ofreció trabajo en una pequeña explotación de tomates. Otro de los entrevistados (E8) narraba que los ocho primeros meses que pasó en España no logró trabajar ningún día, y su familia, desde Marruecos, le estuvo mandando dinero durante ese tiempo para que pudiese comer.
Sin embargo, una vez instalado en España, cuando conoce a otros inmigrantes y tiene un mayor conocimiento del mercado laboral, la situación del inmigrante que trabaja en la agricultura no experimenta una mejora sustancial. En el sector agrario la oferta de mano de obra extranjera es muy superior a la demanda. Como señalaba uno de los entrevistados: "aquí lo que tienen los empresarios agrarios ahora es que hay mucha mano de obra para trabajar, entonces también se aprovechan mucho de mandarle trabajar más" (E7). Esto se traduce en una dura competencia por el empleo dentro del colectivo de trabajadores inmigrantes. Además, los empresarios agrarios de Andalucía cada vez son más reacios a emplear trabajadores marroquíes, lo que se refleja en comentarios como el siguiente: "no he visto persona de Ecuador sin trabajo; hay muchos marroquíes sin trabajo" (E6).
El trabajador marroquí se siente rechazado por el empleador andaluz y siente rabia porque no entiende la razón de esta discriminación. En todas las entrevistas realizadas constatamos un profundo orgullo de los trabajadores marroquíes por el trabajo bien hecho. Ellos sienten que están más cualificados que el resto de los extranjeros para trabajar en la agricultura, porque soportan mejor las altas temperaturas y realizan las tareas agrarias de forma más eficiente. Al compararse con los inmigrantes sudamericanos, de Europa del Este o del África subsahariana, sostienen que aunque ellos parezcan menos corpulentos tienen un rendimiento laboral más elevado que los primeros. Esto constituye el fundamento de su autoestima, la consciencia de que ningún jornalero de otra nacionalidad puede igualar o superar el trabajo agrario desempeñado por un marroquí.
Uno de los entrevistados (E12) afirmaba que los emigrantes ecuatorianos trabajan por salarios incluso más bajos que los marroquíes, y decía conocer a un ecuatoriano que trabajaba por 20 euros diarios. Sin embargo, al comparar la calidad de su trabajo con la del jornalero marroquí destacaba que el segundo trabajaba mejor. Muchos sostienen que los empresarios agrarios son conscientes de esto, por eso no entienden que sean rechazados. En este sentido, un inmigrante marroquí que trabajaba en Huelva en el sector de la fresa afirmaba: "los marroquíes trabajan más duro; pero ellos (los empresarios agrarios) quieren rumanos" (E5).
El problema de la vivienda
Los trabajadores marroquíes empleados en la agricultura andaluza se encuentran en una situación precaria no sólo porque están subempleados, realizan las tareas agrarias más duras y reciben salarios bajos, sino, principalmente, porque tienen vetado el acceso a la vivienda.
En todo el territorio español las condiciones de vivienda de los inmigrantes que trabajan en la agricultura son rudimentarias (Avella Reus, 1991; Serrano Martínez, 1993; Corkill, 2001: 836). Sin embargo, en Andalucía las condiciones de vivienda de los trabajadores marroquíes son especialmente dramáticas.
A los trabajadores sudamericanos les resulta más fácil encontrar vivienda en el medio rural andaluz, en parte porque su integración con la población local es relativamente buena. Sin embargo, cuando el emigrante procede de Marruecos el rechazo de la población local es elevado y se le niega el acceso a una vivienda digna. Esto hace que tenga que resignarse a vivir en infraviviendas alejadas de los núcleos de población y carentes de las mínimas condiciones de salubridad. Así, en el discurso de los entrevistados el problema de la vivienda era un tema recurrente.
Por ejemplo, un inmigrante entrevistado en el municipio de El Ejido en diciembre de 2003 vivía con otro amigo, también marroquí, en una casa de menos de 20 m2, muy vieja, construida con materiales muy pobres y situada a varios kilómetros del núcleo poblacional. Sin embargo, al hablar de ello se expresaba de la siguiente forma: "antes yo no tenía luz, no tener corriente, no tener nada, no tener ducha, mucho difícil, yo trabajaba poco, ahora trabajo, ahora bien, tengo corriente, ducha, todo ahora bien" (E3).
Esto no significa que las infraviviendas donde habitan los marroquíes sean baratas. Paradójicamente, rentar una vivienda alejada de los núcleos urbanos puede representar un costo económico superior al de las situadas en los centros poblacionales (Fernández y Checa, 2003). El elevado número de marroquíes en el medio rural andaluz hace que la demanda de infraviviendas diseminadas en el campo sobrepase la oferta disponible. Como consecuencia, para poder pagar estas rentas tan elevadas necesariamente tienen que vivir hacinados (Izcara Palacios y Andrade Rubio, 2004 a y b).
En el municipio de El Ejido visitamos una vivienda localizada a más de 5 kilómetros del núcleo urbano que carecía de los servicios y mobiliario básicos. Esta vivienda era habitada por 12 jornaleros marroquíes varones, quienes pagaban una renta mensual de 250 euros. El hacinamiento y la falta de intimidad era el aspecto contemplado de forma más negativa, más aún que la falta de servicios y el hecho de vivir aislados.
Una renta de 250 euros mensuales por una casa de campo carente de los servicios básicos es excesiva. Así, en el núcleo urbano de El Ejido el alquiler de un departamento que cuente con todos los servicios no es muy superior a esta cantidad. Aunque un jornalero marroquí podría reunir 250 euros en menos de 10 días de trabajo, esa cantidad es inaccesible para él. El objetivo del trabajador inmigrante no es trabajar para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vivienda, etc. Además del problema del desempleo y subempleo, el inmigrante trabaja para ahorrar un dinero y enviárselo a su familia (Ubaldo Martínez, 2003: 217). Por tanto, nunca pagaría una cantidad tan elevada para cubrir sólo los gastos de alojamiento. Por otra parte, aunque quisiese alquilar una vivienda para sí mismo, no podría. Sencillamente no hay viviendas para todos los migrantes marroquíes que residen en las áreas rurales de Andalucía, y como consecuencia éstos siempre viven hacinados.
Por último, también es necesario señalar que los núcleos rurales carecen de infraestructuras adecuadas para acoger a un volumen elevado de inmigrantes que llegan desorganizados a determinadas poblaciones durante un espacio temporal muy puntual. Así, un jornalero de Baena (Córdoba), entrevistado en julio de 2003, nos mostraba una zona situada a las afueras de esta localidad rural donde se hacinaban a la intemperie los inmigrantes que llegaban para trabajar en la recogida de la aceituna durante los meses de enero y febrero.
El incremento de las actitudes xenófobas hacia los marroquíes
Paralelo al incremento de inmigrantes residentes en el medio rural andaluz, se detecta un aumento progresivo de las actitudes xenófobas. En el medio rural andaluz el crecimiento de la población inmigrante, a la que se presupone de comportamiento antisocial, está provocando un aumento de los conflictos entre este colectivo y la sociedad de acogida. La presencia de inmigrantes inactivos en áreas rurales, fuera de la temporada de trabajo agrícola, es cada vez menos tolerada por los locales (Avella Reus, 1991 y 1992; Jabardo Velasco, 1993: 280; Actis et al., 1995).
El incremento de las actitudes xenófobas aparece asociado a una elevación del número de migrantes y de la duración del proceso migratorio, aspectos que se traducen en una dilatación de las temporadas de inactividad laboral. En este sentido, en Andalucía el grado de marginalidad, exclusión social y falta de relación interpersonal con la sociedad de acogida se han ido incrementando en la misma proporción en que este colectivo ha dejado de estar formado por un reducido número de individuos y se ha transformado en un grupo voluminoso (Cózar Valero, 1993). En concreto, la fuerte atracción de mano de obra inmigrante ejercida por la pujante agricultura almeriense (Izcara Palacios, 2000) ha provocado que en los últimos cuatro años las actitudes xenófobas y los enfrentamientos entre las poblaciones local e inmigrante se hayan multiplicado en esta provincia (García Torrente, 2002; Molina Herrera, 2002; Checa et al. 2004). La provincia de Almería, donde los inmigrantes norteafricanos comenzaron a llegar a finales de los ochenta, entre 1994 y 1998, pasa de concentrar menos de un 10% del total de permisos de trabajo a sumar más del 27% (García Sanz e Izcara Palacios, 2003). Este crecimiento exponencial del número de inmigrantes económicos, concentrados principalmente en el Campo de Dalías, hizo cada vez más difícil la convivencia entre las poblaciones local e inmigrante hasta dar lugar en el municipio de El Ejido, en febrero del 2000, al brote de violencia xenófoba más brutal registrado en España (Corkill, 2001: 834; Checa 2001; Martínez Veiga, 2001).
El grado de xenofobia no es igual hacia todos los extranjeros que trabajan en la agricultura. Los magrebíes, definidos como gente problemática, son cada vez más rechazados. La actitud xenófoba hacia esta población en Andalucía se radicalizó con los sucesos ocurridos en El Ejido, y se acentúo aún más a partir de los incidentes del 11 de septiembre y del 11 de marzo.5 En este sentido, en el medio rural andaluz, a diferencia de otras regiones del territorio español, la interacción de la población inmigrante magrebí con los locales es nula. Como contraposición, los inmigrantes subsaharianos, que en un primer momento habían experimentado el mayor rechazo debido al color de su piel, son mejor aceptados, tanto por los empresarios agrarios como por las poblaciones locales, aunque son los sudamericanos y centroeuropeos los que gozan del grado de aceptación más elevado. Esto se traduce en una preferencia de los empresarios agrarios por este último grupo de inmigrantes, y en un decrecimiento de las oportunidades de empleo de los magrebíes, el colectivo mayoritario en el sector agrario.
En el discurso de los inmigrantes aparece una denuncia muy pronunciada de las actitudes xenófobas y de la precariedad de las condiciones sociolaborales en la España meridional, sobre todo en las Comunidades Autónomas de Murcia y Andalucía. Por el contrario, con frecuencia se elogian las actitudes de las poblaciones rurales del interior y norte peninsular. Mientras en la cuenca mediterránea y en Andalucía su relación con la población local se torna cada vez más difícil, en otras áreas del interior peninsular perciben una mayor aceptación y una relación más cálida. Uno de los entrevistados calificaba a la gente de Murcia y Andalucía como "desagradables"; en cambio, al hablar de los habitantes de Aguilar de Campoo, un pequeño municipio de la provincia de Burgos donde trabajó un año plantando pinos, afirmaba: "la gente de Aguilar de Campoo son muy amables, de verdad, nos hemos hecho amigos" (E1).
Análisis comparativo con la situación de los trabajadores migrantes mexicanos en la agricultura de Estados Unidos
Podría establecerse cierto paralelismo entre la situación sociolaboral de los trabajadores marroquíes en la agricultura española y la de los trabajadores mexicanos en el sector agrario estadounidense. Aunque ambos fenómenos difieren en intensidad y duración –el primero es relativamente reciente en comparación con el último, que supera un siglo de historia–, existen bastantes similitudes entre ambos casos.
En Estados Unidos, durante más de un siglo ha persistido un problema de escasez de mano de obra local dispuesta a aceptar los salarios y las condiciones laborales del campo. Este problema se ha paliado con la incorporación de migrantes mexicanos, principalmente varones jóvenes procedentes del medio rural. Así, desde comienzos del siglo XX la agricultura estadounidense se ha beneficiado de la abundante presencia de migrantes estacionales procedentes de México, sumisos y dispuestos a realizar las tareas más arduas y peor remuneradas económicamente (Martín, 1990: 92). Éste ha sido un factor muy importante en el desarrollo de la agricultura norteamericana (García Moreno, 1982: 106), sobre todo en los sectores de frutas y hortalizas (Martín, 1990: 71).
La dificultad de inspeccionar y regular el sector agrario favoreció desde un primer momento la conversión de la agricultura en un refugio para la inmigración irregular. Además, los intentos por regularizar la situación laboral de los trabajadores agrarios y proteger sus derechos laborales nunca consiguieron eliminar la situación de sobreoferta de trabajadores migrantes en la agricultura, que mantenía los salarios y las condiciones sociolaborales en un nivel de precariedad. Por ejemplo, durante el "Programa Bracero" el elevado volumen de migrantes indocumentados permitía a los empresarios agrarios contar con mano de obra abundante y barata (Verduzco Igartúa, 1995: 577). Asimismo, el programa "Trabajadores Agrarios Especiales" (SAW),6 que pretendía legalizar a los trabajadores de la agricultura y mejorar la situación sociolaboral de este colectivo, produjo el efecto contrario. Condujo a una sobreoferta de trabajadores migrantes, legales e ilegales, quienes rivalizarían por el escaso trabajo (Martin, 1990: 93). Como consecuencia, la agricultura estadounidense se ha constituido en una fuente de empleo fundamental para los trabajadores migrantes mexicanos indocumentados (Craig Jenkins, 1977: 179; García Moreno, 1982; Dávila y Sáenz, 1990: 104). Asimismo, muchos empresarios agrarios prefieren emplear a migrantes no documentados debido a su mayor vulnerabilidad y predisposición para trabajar por salarios bajos (Poss y Pierce, 2003: 139).
Esta población migrante empleada en la agricultura estadounidense forma parte de un grupo de trabajadores subempleados en el medio rural mexicano, pero con acceso a tierras de cultivo u otras formas de empleo, que decidieron emigrar a Estados Unidos para mejorar su situación económica (Díez–Canedo Ruiz, 1984: 68). Las capas sociales más desfavorecidas del medio rural mexicano generalmente carecen de los recursos necesarios para emigrar a los Estados Unidos (Arizpe, 1981: 643).
En este país el trabajo en la agricultura también representa el escalón más bajo del proceso migratorio. Los trabajadores mexicanos empleados en el campo estadounidense sufren de malnutrición, sus condiciones de vida y laborales son precarias, viven en áreas remotas y están expuestos a un ritmo de vida muy móvil (Quandt et al., 2004; Izcara Palacios y Andrade Rubio, 2004b). Además, los niveles de accidentalidad y morbilidad en la agricultura son más elevados que en otros sectores (Poss y Pierce, 2003: 139 y 140). Es por ello que muchos jornaleros mexicanos se desplazan desde la agricultura a otros sectores económicos en cuanto obtienen la residencia legal (Stephen, 2002: 93).
La extraordinaria diferencia de salarios del trabajo agrario entre México y Estados Unidos es el único factor que explica este fenómeno migratorio. Los elevados salarios percibidos son el rostro dulce de la migración. Sin embargo, la cara amarga se expresa en el sinnúmero de riesgos que envuelve la migración irregular: en la dureza del trabajo agrario, donde los horarios son extraordinariamente prolongados; en la situación de encierro que padecen los trabajadores agrarios, y en los riesgos laborales que implica la actividad agraria (Izcara Palacios, 2006).
Conclusiones
En Andalucía, a partir de los años noventa la disponibilidad de mano de obra inmigrante para la realización de las tareas agrícolas más duras –rechazadas por la población local, principalmente en el sector de hortalizas– se ha convertido en un elemento fundamental para el desarrollo de la economía agrícola. Por una parte, la escasez de mano de obra local dispuesta a aceptar las condiciones de trabajo imperantes en los cultivos bajo plástico, y por otra, la dificultad de inspeccionar y regular un sector donde la movilidad de trabajadores es constante, han conducido a que la agricultura pueda ofrecer empleo a inmigrantes que se encuentran en una situación de irregularidad, aun cuando la nueva Ley de Extranjería persigue este tipo de prácticas.
La agricultura constituye el escalón más bajo del proceso migratorio en esta región. La ausencia de derechos laborales de la mano de obra indocumentada hace que los salarios tiendan a ser más bajos que en otros sectores económicos y las condiciones laborales más precarias. Esto genera rechazo de los inmigrantes marroquíes hacia las condiciones sociolaborales imperantes en la agricultura, de modo que cuando adquieren cualificaciones que les permiten tener acceso a otros sectores económicos tienden a abandonar la agricultura.
Aspectos como el fracaso escolar, el subempleo en el lugar de origen el deseo de progresar económicamente son características que comparten los inmigrantes marroquíes empleados en la agricultura andaluza. Sin embargo, no provienen del estrato social más bajo. El costo que supone la aventura migratoria determina que procedan de sectores sociales con ciertos recursos económicos. El trabajador marroquí, que en muchos casos no tiene experiencia de haber trabajado en la agricultura en su lugar de origen, soporta en Andalucía unas condiciones sociolaborales más vejatorias que las sufridas en Marruecos. Los fuertes ritmos de trabajo, los ambientes intoxicados por agroquímicos y las altas temperaturas son aspectos laborales que el trabajador inmigrante rehusaría aceptar en su país, pero no en el país de emigración. Esto se debe a la más alta retribución salarial que recibe en España, y al hecho de que regresar a su localidad de origen en una situación económica ruinosa haría que sus conciudadanos lo contemplasen como un fracasado.
Por otra parte, en el sector agrario andaluz la oferta de mano de obra extranjera es muy superior a la demanda. Esto produce una dura competencia por el empleo entre los trabajadores inmigrantes. Además, los empresarios agrarios de Andalucía son cada vez más reacios a emplear trabajadores marroquíes, a los que se les percibe como agresivos y problemáticos.7 Esto determina que tengan más dificultades para encontrar empleo en la agricultura que aquellos procedentes de Sudamérica o de Europa del Este. Pero quizá el aspecto más duro de la emigración es el problema de la vivienda. Los trabajadores marroquíes empleados en la agricultura andaluza viven en infraviviendas no porque no tengan dinero, sino porque se les niega el acceso a una vivienda digna dentro de los núcleos poblacionales. El hacinamiento y la falta de intimidad, la carencia de servicios y el vivir aislados son aspectos que hacen extremadamente dura su vida en el medio rural andaluz.
La situación sociolaboral del trabajador marroquí en el sector agrario andaluz reproduce a grandes rasgos las condiciones laborales de la mano de obra migrante extranjera en la agricultura. En este sentido, la similitud con la situación de los trabajadores agrícolas mexicanos en Estados Unidos es notable.
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Notas
1 Este trabajo se inserta en el marco del proyecto de investigación "La emergencia de un colectivo social infraclase en el medio rural tamaulipeco: Análisis comparativo con Andalucía (España)", financiado por PROMEP y la Secretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC). Secretaría de Educación Pública (México).
2 Este requisito es haber cotizado un mínimo de 60 jornadas durante el año en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (Real Decreto 3237/1983, modificado por el Real Decreto 2298/1984). En 1995, mediante el Real Decreto 273/1995 se redujo el mínimo legal de jornadas trabajadas a 40. Nuevamente, a través del Real Decreto 5/1997, el periodo mínimo de cotización se modificó para quedar en 35 jornadas en los 12 meses anteriores a la situación de desempleo.
3 Este inmigrante residía en España desde 1979 y era un profundo conocedor de la realidad social del inmigrante marroquí empleado en la agricultura. Realizó estudios universitarios en España, había sido miembro activo de varios sindicatos, desde donde había apoyado a los trabajadores inmigrantes marroquíes empleados en la agricultura, y en el momento de realizar la entrevista, a través de su trabajo en el consulado de Marruecos en Almería seguía apoyando a los inmigrantes que trabajaban en Almería, principalmente en la agricultura.
4 Aunque, como señalaba un inmigrante senegalés entrevistado en Almería en julio de 2003, miembro activo del sindicato de obreros del campo y del medio rural de Andalucía, en el Campo de Dalías predomina la pequeña explotación familiar, y estas explotaciones demandan mano de obra inmigrante únicamente durante periodos puntuales.
5 Sobre el incremento de las actitudes xenófobas contra la población marroquí en España a partir del 2000, como consecuencia de los incidentes de El Ejido (Almería) de febrero de 2000 y los sucesos ocurridos el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y el 11 de marzo de 2003 en Madrid, véase Calvo Buezas, 2004.
6 En el marco de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA), aprobada en noviembre de 1989, un trabajador agrario indocumentado (SAW) obtendría el estatus legal en Estados Unidos presentando una carta de su empleador que certificara el haber realizado 90 o más días de trabajo entre el 1 de mayo de 1985 y el 30 de abril de 1986.
7 Esta referencia hacia la población marroquí como gente agresiva y problemática está muy extendida en el medio rural andaluz. Durante el año 2003, cuando se realizó el trabajo de campo en municipios andaluces tan dispares como Loja, Jódar, Baena o El Ejido, observamos cómo la población local expresaba un sentimiento de desconfianza respecto a los migrantes marroquíes. Por ejemplo, un pequeño empresario agrario, entrevistado en julio de 2003 en el municipio de Loja (Granada), calificaba a los jornaleros marroquíes como personas problemáticas, de quien uno no podía fiarse, que además tenían unas costumbres irracionales, como el ayuno durante el periodo de Ramadán. También detectamos en el discurso de numerosos jornaleros locales de estos municipios un rechazo hacia los migrantes de origen magrebí, hacia quienes presentaban un elevado grado de desconfianza. Es más, los propios migrantes marroquíes señalaban que la población local los consideraba agresivos y problemáticos, percepción que rechazaban rotundamente y consideraban sin fundamento, aunque reconocían que ellos eran mucho más reivindicativos que los trabajadores latinoamericanos o de Europa del Este. Asimismo, un trabajador marroquí, que poseía una larga experiencia de activismo sindical, señalaba en una entrevista realizada en su domicilio de Almería, en julio de 2003, que a partir de los incidentes de septiembre de 2001 y marzo de 2003 la población marroquí en Andalucía, contemplada como gente agresiva, sufría cada vez un mayor rechazo social.