| Reseña bibliográfica | Estudios Fronterizos, vol. 9, núm. 17, 2008, 189-196 |
Seguridad, traficantes y militares. (el poder y la sombra.) Tiempo de memoria
Marcos Pablo Moloeznik *
Luis Astorga, México, Tusquets, 2007, 337 páginas.
* Profesor–Investigador del Departamento de Estudios Políticos, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Investigador Nacional Nivel I, Sistema Nacional de Investigadores. Texto completo de la presentación del libro de Luis Astorga en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara el 1° de diciembre de 2007.
El texto que aquí se reseña es una obra de divulgación destinada a un público amplio y ávido por entender la realidad del fenómeno de las drogas en México y, por tanto, va más allá de los tradicionales libros de corte académico. Este libro de Luis Astorga combina la documentación del comportamiento de actores gubernamentales y no estatales a partir de la sistematización de la información de fuentes abiertas (léase abundantes noticias periodísticas), con un riguroso análisis crítico producto de la propia formación, trayectoria profesional y la especialización del autor en el tema central de su producto, a saber: el universo de las drogas y la respuesta gubernamental en su contra. La portada se ilustra con una fotografía del operativo militar desplegado en Cuarácaro, Michoacán, con fecha 5 de mayo de 2007, donde de facto se impuso el estado de excepción manu militari.
El libro en cuestión se integra por cinco capítulos y conclusiones generales. Su eje articulador descansa en la intención, bien lograda por cierto, de dar al traste con los mitos y el discurso oficial en torno al narcotráfico, a la vez que demostrar el fracaso de la política prohibicionista que en 2009 cumplirá su primer siglo de imposición a nivel planetario (a partir de la Conferencia de Shanghai en 1909) y que en México se refleja en definir a esta modalidad de delincuencia organizada como amenaza a la seguridad nacional y, por ende, en comprometer directamente a las Fuerzas Armadas en su combate.
De ahí la conveniencia de centrar los comentarios sobre tres aspectos sustantivos: la definición del tráfico de drogas como amenaza a la seguridad nacional, el proceso de militarización del combate contra las drogas en México y la mitología en torno del tráfico de drogas ilegales, generada desde la esfera política y reproducida de manera irresponsable por los medios de comunicación, que a la sazón funcionan como correas de transmisión.
Tráfico de drogas como amenaza a la seguridad nacional
Con anterioridad a la década de los ochenta, a nadie se le había ocurrido concebir que el tráfico de drogas ilegales fuera un asunto que amenazara la seguridad nacional de país alguno. Esto cambia radicalmente en 1986, cuando el entonces presidente de Estados Unidos Ronald Reagan firma la Directiva 221 de
Decisión de Seguridad Nacional, que por primera vez reconoce que el tráfico de drogas es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y, en virtud de ello, se autoriza la participación del Departamento de Defensa en un importante número de actividades antidrogas.
Inmediatamente después, el gobierno mexicano hace lo propio, y el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado incorpora la lucha contra el tráfico de drogas en su esquema de seguridad nacional.
No se debe pasar por alto el impacto de este acto de autoridad, pues establece nuevos contenidos que modifican el esquema tradicional, imponiendo nuevas reglas de juego a los agentes sociales destinadas a hacerlas cumplir e impulsando estrategias de nuevo cuño derivadas de dicha concepción del asunto. Como sostiene el autor: “En cuestiones de razón de Estado no importa qué tan verdadero es lo que se dice, sino quién lo dice y la fuerza que posee para legitimarlo”.
En ese contexto, 2009 marcará la celebración de cien años de la política prohibicionista que deja expedito el camino para que el tráfico de drogas ilegales se defina como amenaza a la seguridad nacional. Probablemente será motivo de festejo tanto para los traficantes como para las burocracias que –como lo demuestra Astorga–” han hecho de la ‘guerra contra las drogas’ su razón de ser”; a ambos actores les conviene mantener el paradigma vigente.
La militarización del combate contra las drogas en México
Este enfoque prohibicionista de ciertos fármacos tiene como lógico corolario la participación directa, abierta y legítima de los militares en la dirección y operativos del combate antidrogas.
Las Fuerzas Armadas son el instrumento coercitivo para preservar la seguridad nacional, y si se establece como dogma de observancia universal que el tráfico de drogas es una amenaza a la seguridad nacional, la consecuencia directa de ello es el empeñamiento de militares en su combate.
De esta manera, la Operación Cóndor en México (1975– 1978) fue el primer ensayo en el continente americano de una estrategia antidroga dirigida por militares, que encuentra antecedentes históricos en 1938, cuando los militares de la 4ª Zona Militar apoyaron la destrucción de cultivos de adormidera en Sonora. Posteriormente, le tocaría el turno a Colombia con la Operación Fulminante (1978–1980).
La denominada “guerra contra las drogas” constituye una de las seis principales áreas que forman parte del esquema de “guerra de baja intensidad” y, por ende, conflicto armado no convencional.
La intervención creciente de las Fuerzas Armadas se constata con Ernesto Zedillo Ponce de León (1994–2000) y, paradójicamente, con los gobiernos de alternancia de primera y segunda generación (Vicente Fox y Felipe Calderón, respectivamente), que apuestan por la militarización no sólo del combate al narcotráfico, sino incluso de la seguridad pública.
Con la emergencia del terrorismo en la nueva agenda de seguridad de Estados Unidos y la combinación de amenazas transnacionales (como el denominado “narco–terrorismo”) se consagra y consolida la participación directa de las Fuerzas Armadas y la cooperación entre Estados.
Mitos sobre el tráfico de drogas ilegales
Mito 1. Lo que es válido para Estados Unidos, también lo es para el resto del mundo bajo su influencia. “[…] el consumo de drogas en la Unión Americana era y es un problema nacional de salud. Pensar que los traficantes ponen en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos es cuestión de la definición de los contenidos del concepto, de quién los establece y del poder para imponerlos como razón de Estado en un determinado momento
Mito 2. Política de Estados Unidos caracterizada por el contraste entre el endurecimiento de medidas fuera de sus fronteras, con mayores exigencias y vínculos diplomáticos, policiales y militares (bajo el dominio del paradigma punitivo); y la permisividad dentro de sus fronteras, donde el mensaje parece ser “mientras la violencia se mantenga en niveles mínimos o tolerables socialmente, el negocio puede continuar y desarrollarse hasta cierto punto (principal lavador de dinero del orbe), y cuando no lo controlen o intenten controlarlo minorías étnicas indeseables”.
Mito 3. El discurso dominante (visión uniforme) concibe el surgimiento del tráfico y los traficantes como una actividad y como agentes sociales necesariamente ajenos o desligados a las estructuras de poder político en todo tiempo y lugar. La declaración pública, sin fundamentos, sustituye a la argumentación, a los datos duros, a las pruebas que nunca aparecen. En realidad, tradicionalmente se trata de “[…] un fenómeno que se desarrolló protegido desde distintas esferas del poder político y policiaco, como parte de una estructura de poder pero en posición subordinada, y cuyos agentes principales fueron desde un inicio marginados del poder político”.
Mito 4. Al definirse al tráfico de drogas ilegales como amenaza a la seguridad nacional, se impone el recurso del instrumento militar en su combate, sin un límite en su horizonte temporal (tempo). El escenario no es halagüeño, ya que para el autor “[…] es probable el desplazamiento de la relación histórica entre tráfico de drogas, policía y política, hacia las Fuerzas Armadas y los militares que ocupan posiciones de poder en los aparatos de seguridad en el país”.
Mito 5. Se sobrestiman las estrategias de mercadeo de los traficantes y se subestima la capacidad de decisión y resistencia de las población ante las tentaciones. Además, no debe soslayarse que “Para la distribución al menudeo se necesita la protección y complicidad constantes de policías locales, cuya corrupción debería ser evitada y controlada por los encargados de las oficinas de Seguridad Pública de cada entidad, no por la PGR”.
Mito 6. Éxito en la lucha antidrogas medido a partir del incremento de decomisos y aprehensiones, así como en las extradiciones. En rigor de verdad, la situación ha empeorado porque hay más producción y diversificación del mercado, así como más cantidad de gente en el negocio. La lógica del mercado ha avanzado más rápidamente que las medidas punitivas y la disuasión y contención. No se ha ganado guerra alguna, pero ésta se ha hecho permanente. El accionar del Estado no afecta la oferta y la demanda de drogas, que tiene su propia lógica.
Mito 7. Narcotráfico como actor político, con plan y ambición de disputar el control del Estado, para “[…] crear esa invención periodística llamada ‘narcoestado’. Ni siquiera Pablo Escobar se lo propuso”. Por el contrario, se trata de una actividad ilegal de naturaleza empresarial que, como tal, persigue maximizar sus utilidades. Tradicionalmente subordinado al poder político y lejos de competir con éste. Incluso, como apunta el autor, en el contexto actual “[…] dada la reconfiguración del poder político en México y la menor concentración del poder en partidos y funcionarios, parecería más útil, menos costosa y más rentable como estrategia de los traficantes, la de invertir en instituciones operativas, como las policiacas y militares y no en el terreno político”
Mito 8. Autonomía de actores gubernamentales y no gubernamentales, que se desprende de la debilidad de la concentración del poder político, a la luz de la fragmentación del mismo y de la ausencia de una visión y política compartidas por todas las fuerzas políticas en asuntos de seguridad; esto es, el dominio de la inexistencia de una política de seguridad de Estado y la fragmentación del poder político “[…] son condiciones que han hecho posible un mayor grado de autonomía relativa de policías, militares y traficantes, respecto del poder político”.
Mito 9. Rechazo generalizado de las actividades de los narcotraficantes. La mayoría no protesta: “[…] políticos, banqueros, asesores financieros, policías, notarios, abogados, arquitectos, contadores, vendedores de autos de lujo, aseguradoras, joyeros, restauranteros, músicos, etcétera. El grado de protesta está en función de dos factores: el dinero y el nivel de vida, más que en los de la ley y la moral”. Ejemplo de ello es la clase política y empresarial de Nuevo León, a la que la presencia de traficantes “[…] no le quitaba el sueño […] cuando los traficantes sólo vivían, invertían y lavaban dinero en el estado y mataban en otros lugares del país”.
Mito 10. Violencia y narcotráfico. “Debido a la lucha por la hegemonía, las organizaciones han entrado en un nivel de competencia en el uso de la violencia acorde con la nueva situación de mayor autonomía relativa respecto del poder político y la inclusión de militares y ex militares en sus filas”. Lo cierto es que la violencia está ligada a cambios cualitativos en el sistema político y a la estrategia de militarización de la lucha antidrogas (por ejemplo, los ex GAFES, autodenominados Zetas, que desertaron y fueron reclutados a fines de 1999 y principios de 2000 por la organización de Osiel Cárdenas en Tamaulipas). Durante el sexenio encabezado por Fox se estima en más de mil el número de GAFES desertores, lo que significa que “[…] el Estado mexicano ha formado a quienes se han convertido en sicarios con preparación militar, generando las condiciones para el surgimiento del paramilitarismo vinculado con el tráfico de drogas”. El enfrentamiento entre diversos grupos del tráfico de drogas ilegales también pone fin a la mitología popular de un “ente monolítico todopoderoso y tenebroso llamado ‘crimen organizado’ e interesado en dominar al Estado y dirigirlo”.
Recapitulando, la obra Seguridad, Traficantes y Militares (El poder y la sombra), de Luis Astorga, constituye una fuente obligada de consulta para aquellas personas que quieran recuperar la memoria histórica reciente en materia de tráfico de drogas ilegales en México y poner fin, con argumentos sólidos, a los diez mitos que desde el discurso oficial y los medios de comunicación se imponen como actos de fe.