| Artículo | Estudios Fronterizos, vol. 15, núm. 30, 2014, 97-126 |
El microcrédito como estrategia para atenuar
la pobreza de las mujeres, ¿cuál pobreza?
The microcredit as a strategy for poverty alleviation of women, ¿what poverty?
José Luis García Horta*, Emma Zapata Martelo**, Esteban Valtierra Pacheco** y Laura Garza Bueno**
* Estudiante del Doctorado en Desarrollo Rural del Colegio de Postgraduados.
Correo electrónico: jghorta@colpos.mx
** Profesores–investigadores del Colegio de Postgraduados, Estudios del Desarrollo Rural.
Correos electrónicos: emzapata@colpos.mx, evaltier@colpos.mx, garzabueno@yahoo.com
Recibido el 3 de abril de 2013.
Aprobado el 25 de abril de 2014.
Resumen
Autores especializados en el tema de las microfinanzas indican que facilitar el microcrédito a las mujeres es una estrategia para mejorar la situación de pobreza en que viven. El presente artículo habla sobre la experiencia de las prestatarias atendidas por ProMujer en su Centro Focal de Ixmiquilpan, estado de Hidalgo. Durante el ejercicio de los recursos financieros, se encontró que las acreditadas lograron conciliar lo productivo con lo reproductivo, sin embargo, esto derivó en dobles o triples jornadas de trabajo y restringió su libertad y disponibilidad de tiempo. Se reafirma que el microcrédito mejora significativamente la pobreza alimentaria o de patrimonio de las mujeres, pero al analizar el problema desde la perspectiva de género, ellas resultan ser más pobres si se considera la pobreza por capacidades.
Palabras clave: género, pobreza, microfinanzas, microcrédito.
Abstract
Specialized authors in the microfinance’s field affirm that providing microcredit to women is a strategy to improve their situation of poverty in which they live. This article talks about the experience of borrowers served by ProMujer in their Focal Center located in Ixmiquilpan, state of Hidalgo, Mexico. During the financial resources exercise, it was found that accredit women got to conciliate the productive subject with the reproductive one. Nevertheless, this situation took them to work double and even triple shifts of work were required and with those long days of work, they lost their availability of time for other tasks. The research reaffirms that microcredit help women to improve significantly their poverty situation or their patrimony, but analyzing this subject from another point of view, for example, thorough the wyes of the perspective of gender, women became poorer than before getting the microcredit, if it is considered poverty for capacities.
Keywords: gender, poverty, microfinance, microcredit.
Introducción
El término pobre deviene del latín pauperis, que significa “infértil”. En el latín, pauper está asociado con lo “que produce poco o que tiene poco”. La acepción de la pobreza ha dado origen a múltiples interpretaciones y metodologías que se utilizan para calificar la situación de las personas en términos de su ingreso–consumo.
Una tesis distinta respecto de ser pobre elaborada por Amartya Sen (1992), se aleja de lo monetario y se adhiere a los elementos que incapacitan a una persona para que produzca algo, materialice sus deseos y desarrolle totalmente su potencial productivo. Conceptualizaciones como las de Sen permiten mirar la existencia de una dinámica donde el sistema puede o no repercutir en las construcciones subjetivas de las personas, en tanto la posesión material y la acumulación monetaria pueden determinar la pertenencia a una sociedad particular.
En América Latina y en el resto del mundo, el fenómeno de la pobreza ha adquirido connotaciones inusitadas. Los indicadores demuestran la existencia de 167 millones de personas distribuidas en toda la región y que viven en esta situación.1 Las causas y características del problema difieren de un país a otro, así como las formas de interpretarlo, pues ello depende de factores tanto culturales como de género, raza o etnia; del contexto económico, social e histórico (Arriagada, 2005a).
Para resolver los efectos de las crisis económicas que afectan a la población, y el de la pobreza en particular, cada país emplea políticas y estrategias con las que busca mejorar las variables que se articulan al problema. La educación, la vivienda, los servicios de salud, el medio ambiente y las condiciones sanitarias son algunas de estas variables. Todo gobierno que realiza gestiones para mejorarlas, al mismo tiempo está disminuyendo las condiciones de desigualdad que permean entre sus habitantes.
En el terreno de las políticas públicas tendentes a mitigar el fenómeno de la pobreza, México aplica diversas medidas, entre ellas las microfinanzas. La selección de dicha herramienta parte de la premisa de que ésta no sólo atenúa, sino que mejora las condiciones de vida de las personas, pues requiere de su participación, las considera protagonistas activas, las responsabiliza de su propio progreso y las involucra en el desarrollo de habilidades para crear ideas novedosas que pueden materializarse en pequeñas empresas.
Según Garza (2005), las características atribuidas a las microfinanzas constituyen una vía incluyente para las personas pobres, pues amplían sus oportunidades de vida, especialmente para las mujeres, dado que influyen de manera directa en sus posibilidades de crecimiento y empoderamiento. De acuerdo con Batliwala (1997) y Kabeer (1998), el empoderamiento es un elemento esencial para revertir la subordinación de las mujeres porque aumenta sus opciones de vida, lo que conlleva un proceso activo de toma de decisiones.
Con el género como categoría analítica, la pobreza no debe visualizarse como un fenómeno que afecta de igual manera a mujeres y hombres. Al respecto, un documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2004b, p. 13), a partir del trabajo de varias autoras,2 menciona que:
[…] durante la reestructuración neoliberal, debido a los recortes de servicios y subsidios del Estado (con una reducción en los servicios de salud pública, menores inversiones en vivienda e infraestructura, alza de los precios de la canasta familiar y demás), un volumen considerable de costos se transfirieron al sector privado y fueron las mujeres las que principalmente “se hicieron cargo de la cuenta”. La escasez del ingreso familiar exigió un mayor esfuerzo para el aprovisionamiento doméstico, lo que aumentó la carga de trabajo reproductivo3 que la mujer debió soportar en su casa y comunidad. Esta carga se intensificó por el mayor tiempo que las mujeres debieron dedicar a las actividades generadoras de ingresos. Entretanto, hubo pocos indicios de la existencia de un aumento concomitante en el alcance y la intensidad de los aportes de los hombres a la supervivencia del hogar.
Para analizar la pobreza, en este trabajo se utiliza el enfoque de las capacidades, que tiene la ventaja de revelar dimensiones de género como las expectativas de vida, la educación y la participación en la fuerza laboral; y otras más complejas como la participación política4 y los logros profesionales, que ayudan a construir una imagen más amplia de la extensión y el alcance de la desigualdad de género, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo (Kabeer, 2006).
Al reconocer que la pobreza de las mujeres ha tenido un diferencial respecto de los hombres, se han instrumentado programas que buscan transformar la situación de las mujeres mejorando sus capacidades humanas, que reflejen la reducción en las desigualdades de género. Entre estos programas están los de microcrédito, por lo que el objetivo general del presente artículo es evaluar el alcance de uno de ellos, el de ProMujer, como un instrumento adecuado para reducir la pobreza económica y de capacidades de las mujeres que tienen acceso a estos servicios.
Para ello, se trabajó con la población de beneficiarias que integran la cartera de clientas de ProMujer en su Centro Focal (CF) en Ixmiquilpan, Hidalgo. El análisis se realizó considerando la ampliación de las capacidades de las mujeres, el impacto de los microcréditos en los ingresos de las acreditadas y las implicaciones que tiene su actividad económica entre los miembros del hogar.
En congruencia con el objetivo general, se consideraron dos hipótesis. La primera indica que los microcréditos constituyen un instrumento para impulsar actividades que permiten a las mujeres obtener ingresos suficientes para superar la situación de escasez alimentaria, de capacidades o de patrimonio. La segunda hipótesis sostiene que los hijos, las hijas y los hombres que viven con las usuarias, ya sea por contrato o de forma libre, aportan significativamente más trabajo reproductivo no remunerado. Esta participación se da al observar que la jornada de las mujeres se incrementa cuando se ven forzadas a conciliar el trabajo reproductivo con el trabajo de mercado, que surge al utilizar el microcrédito.
Para lograr el cometido planteado, la situación de pobreza en la que vive una persona no se mirará como un problema estático, sino se entenderá como un proceso que puede alterarse en poco tiempo, especialmente si intervienen elementos de trabajo y empleo que, en conjunto, permitan modificar el acceso a la educación, la capacitación y la posición social, política y económica que las mujeres enfrentan de manera desigual con respecto de los hombres (Kabeer, 2000).
El artículo se estructura en cuatro apartados. El primero introduce en el tema. En el segundo se presentan la unidad de análisis, el diseño de la muestra y los instrumentos de investigación. En el tercero se abordan los aspectos teóricos que constituyen el eje de análisis del trabajo.
Los resultados se incluyen en el cuarto apartado, que se subdivide en cinco secciones. En la primera se habla del tamaño de los microcréditos, para luego, en la segunda sección, contextualizar el tipo de proyectos y actividades que llevan a cabo las mujeres. En la tercera sección se describe el escenario donde se realiza cada actividad, y se hace una aproximación a la rentabilidad de los proyectos, con énfasis en los ingresos que obtienen las acreditadas. Parte fundamental del análisis es el destino de los recursos, que aparece en la cuarta sección con el propósito de evaluar en qué medida se logra atenuar la pobreza que viven las usuarias. En la última sección se destaca la participación de los integrantes del hogar en el trabajo de reproducción, para después llegar a las conclusiones.
La unidad de análisis
Se seleccionó al grupo de prestatarias que integran el CF de ProMujer en Ixmiquilpan, Hidalgo. ProMujer ha replicado las metodologías del Grameen Bank,5 cuyos modelos emergentes se basan en la prestación de servicios de microcréditos para propiciar el autoempleo de las mujeres, responsabilizándolas de su manejo. En 1990, ProMujer prestó por primera vez sus servicios en países de Centro y Sudamérica; llegó a México en 1992 y actualmente trabaja con mujeres y hombres que viven en los estados de Hidalgo, México, Puebla, Veracruz, Querétaro y en el Distrito Federal.
Durante el año 2010, el primer microcrédito que ProMujer adjudicaba a una clienta de nuevo ingreso no podía ser mayor a 4 000 pesos, y del primer préstamo, 10% se retenía para ahorro y se reembolsaba al terminar las 16 semanas que comprende un ciclo crediticio. Sin importar qué tan longevas puedan ser las relaciones con la institución, el ahorro es obligatorio y funge como garantía para el pago del crédito.
Definición de la muestra e instrumentos de investigación
Con el propósito de analizar el alcance del microcrédito y el aporte de las y los integrantes del hogar al trabajo doméstico, sólo se consideraron 489 mujeres del grupo de beneficiarias que atendió ProMujer en el CF de Ixmiquilpan durante 2010, las cuales declararon vivir en unión libre o en matrimonio.6 Se aplicó la fórmula7 de la varianza máxima y el resultado fue una muestra constituida por 81 mujeres, con 95% de confiabilidad y 10% de precisión. Para minimizar los errores durante la medición, el número que arrojó el cálculo estadístico se redondeó a 85 usuarias.
Situados en el espacio de lo analítico e instrumental de la investigación y siguiendo algunos planteamientos de García (2003), se utilizó el cuestionario como herramienta para analizar el papel de las microfinanzas como atenuante de la pobreza. Con este instrumento se obtuvo de manera sistemática y ordenada información representativa de la muestra, datos que en esencia constituyeron los ejes de la investigación (Hernández, Collado y Baptista, 2003; García, 2003). El cuestionario se aplicó durante el periodo comprendido entre agosto de 2010 y agosto de 2011; cada documento fue capturado con el software DYANE, versión 2. Paralelo a la encuesta, se realizaron 20 entrevistas a profundidad con el fin de abundar en los datos recogidos a partir del cuestionario.
Aspectos teóricos
Pobreza, dimensiones adquiridas y la mirada del género
El interés por conceptualizar y aplicar metodologías para medir la pobreza no es nuevo. Simmel (1908, citado por Bayón, 2009, p. 165) señaló que “el pobre no es quien sufre determinadas deficiencias y privaciones, sino quien recibe socorros o debiera recibirlos según las normas vigentes”, que dependen, según Max–Neef (1994), del colectivo del que forma parte y el cual se desarrolla bajo características particulares.
La categoría sociológica de “pobre” fue cambiando y durante la posguerra se consideró que todas aquellas personas u hogares con ingresos insuficientes para poder tener acceso a una canasta básica deberían recibir este calificativo (Townsend, 1979). Durante la década de 1980, esta definición fue aún más específica y quienes no tuviesen ingresos suficientes para cubrir los gastos de alimentación, vivienda, salud, educación, transporte, recreación y vestimenta, deberían ser considerados como tales (CEPAL, 2004a, p. 10; Arriagada, 2005a, p. 3; Kabeer, 1998, p. 105; Bayón, 2009, p. 2; Mendoza, 2011). La ventaja de utilizar las metodologías basadas en la relación ingreso–consumo, sólo radica en la posibilidad de establecer comparaciones internacionales respecto de la capacidad que tienen los hogares para consumir (CEPAL, 2004a).
Al discrepar de las metodologías de corte monetarista, Arriagada (2005a, p. 3) subraya la necesidad de incorporar el patrimonio acumulado en el hogar, sin ignorar que la distribución de los ingresos entre las y los integrantes es regularmente desigual. De esta manera, aunque las metodologías para medir y conceptualizar la pobreza han adquirido diversos matices, en la mayoría de estas elaboraciones ha estado presente la relación ingreso–consumo.
Sen (2000) propone que la pobreza debe hacer referencia a las condiciones de vida, que pueden ser o no alcanzadas por las personas, y ello depende de las capacidades individuales; es decir, la pobreza se refiere a las condiciones que se pueden lograr y no a los bienes y al dinero acumulado. Sen (1984) especifica que la pobreza es una idea o noción asociada a las capacidades (necesidades) y depende del ámbito cultural, de los bienes y de los servicios disponibles. Bourdieu (2002) enuncia que las necesidades de las personas son percepciones sociales enraizadas en estructuras objetivas del mundo social.
Para Arendt (2005), una característica de la pobreza es la carencia de libertad para satisfacer las necesidades, y su solución implica conseguir esta libertad para poder construir una vida activa; de lo contrario, el ser humano sólo sería un objeto inanimado.
Uno de los múltiples ejemplos del ejercicio de la libertad es poder emprender actos y actividades (realizaciones), para lo cual se requiere tiempo, y al ser privadas de éste, las personas ven trastocadas las posibilidades de satisfacer sus propias necesidades (Sen, 2000; Kabeer, 2000), lo cual redunda en condiciones de vida no deseables.
Desde la perspectiva del género, las mujeres son pobres porque han sido discriminadas, invisibilizadas y excluidas de la distribución y acceso a los bienes y servicios. La exclusión milenaria de las mujeres, como posibles herederas de la propiedad, derivó en reducidas oportunidades de incorporarse al mercado de trabajo y generó una visión patriarcal donde a los hombres se les vincula con lo productivo y a las mujeres con lo reproductivo (Goldsmith, 2005). Estas limitaciones establecen condiciones de vida inadecuadas para las mujeres, de ahí que se propone hablar de desarrollo humano como una forma de expresar el bienestar de las personas y no sólo de pobreza a partir de la escasez y valorización de las mercancías (Picchio, 1992).
Metodológicamente, para evaluar el papel del microcrédito se utilizaron dos definiciones de pobreza. Por un lado, el concepto construido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2012), en el que se precisa que una persona es pobre cuando tiene al menos una carencia social (uno de los seis indicadores considerados: rezago educativo, falta de acceso a servicios de salud, a la seguridad social, a la alimentación, a los servicios básicos en la vivienda, e inhóspitos espacios habitacionales) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. En relación con la alimentación, el Coneval sugiere tres categorías para asignar el calificativo de “pobre” a una persona:
Por otro lado, se consideró la definición de pobreza basada en las capacidades y libertades individuales de Sen (2000). Así, la precariedad en que viven las mujeres no se relacionará únicamente con el acceso a los recursos, sino también con la disponibilidad de tiempo y ejercicio de su libertad. Con base en esta concepción multidimensional de la pobreza, se realizó el análisis de las prestatarias de ProMujer del CF en Ixmiquilpan.
Políticas públicas y pobreza
Una política pública implica una serie de decisiones o de acciones, intencionalmente coherentes, a fin de resolver un problema políticamente definido como colectivo. Las decisiones las toman diferentes actores, públicos y privados, cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían. Un problema público es una situación de insatisfacción social, y su solución exige la acción del sector público (Subirats, Varone y Larrue, 2008).
En el terreno de la gestión, el diseño y la aplicación de políticas públicas, en América Latina la evolución y las reformas ocurridas en el Estado durante la década de 1990 terminaron en la reducción de su tamaño y funciones, dejando que los organismos no gubernamentales (ONG) y el capital privado ocuparan un lugar preponderante en el diseño de las políticas públicas.
Los cambios en el proceso de diseño y gestión de las políticas dirigidas al combate de la pobreza no son nuevos. En México, las medidas que han pretendido el desarrollo datan de los años treinta y algunas fueron dirigidas especialmente a las y los pequeños productores rurales (Zapata et al., 2003; Mendoza, 2011). Las primeras políticas diseñadas tenían el objetivo de conseguir el desarrollo social y acabar con la desigualdad, atacando directamente las causas que generaban las desigualdades económicas entre la población (Arriagada, 2005b).
Lo relativamente nuevo es la idea de que el Estado, las ONG y la sociedad civil deben participar de manera sistemática para mejorar la situación de quienes viven en condiciones insatisfactorias, con políticas y programas cada vez más descentralizados, que exijan su participación democrática no sólo en el diseño, sino también en la evaluación de cada política (Arriagada, 2005b).
Respecto de las políticas con perspectiva de género, éstas tuvieron que esperar hasta la década de 1950 y 1960. No obstante pretender la equidad entre mujeres y hombres, partieron de un concepto de ciudadanía en el que no se reconocía el valor analítico y explicativo de la diferencia sexual (Boserup, 1993; CEPAL, 2004a). Boserup (1993) demostró que los planificadores del desarrollo actuaron bajo los supuestos estereotipados sobre las mujeres: subestimaron su participación al equiparar su trabajo productivo con las tareas de reproducción y cuidados. Afirmó que la modernización, en la medida en que reduce la participación de las mujeres en los mercados de trabajo, ha tenido efectos perjudiciales para la mujer. Parella (2003) argumenta que la pobreza y el carácter subordinado de la participación de las mujeres se deben, fundamentalmente, a que son segregadas en términos de derechos y capacidades (educación, competencias y acceso a la tierra y a la propiedad).
Una de las propuestas para solventar la situación de las mujeres es el microcrédito. En este sentido, Mayoux (2000) señala que las microfinanzas pueden contribuir a reducir la pobreza y a aumentar la sostenibilidad financiera, el bienestar y el empoderamiento social y político de las mujeres.
Las microfinanzas: origen y esencia
Sobre el origen de las microfinanzas, Hidalgo (2005) explica que no tienen un punto exacto de partida, sin embargo, considera, junto con autores como Berger, Goldmark y Miller–Sanabria (2007), que la experiencia de Muhammad Yunus8 y la creación del Grameen Bank en Bangladesh marcaron un parteaguas en el desarrollo y la prestación de los servicios financieros.
Las microfinanzas, como propuesta, tomaron su mayor impulso a partir de dos eventos de importancia mundial. Uno de ellos fue la IV Conferencia Mundial celebrada en Beijing, en 1995, tras la cual se implementaron 12 esferas de preocupación relacionadas con las mujeres. De una de ellas, mujeres y economía, se desprendió la estrategia del microfinanciamiento. Desde su emergencia, esta medida apeló a la participación de las y los actores en el proceso de desarrollo, las y los responsabilizó de la utilización del microcrédito, de los ingresos que pudieran generar, y dejó implícita su creatividad para construir una autonomía económica.
El segundo evento es la Cumbre del Microcrédito, celebrada en Washington en 1997; ahí, los acuerdos alcanzados fueron: 1) llegar a atender, en 2005, a 100 millones de familias entre las más pobres del mundo, especialmente a las mujeres de esas familias; 2) impulsar la autosostenibilidad financiera de las instituciones; 3) asegurar un impacto positivo y susceptible de medir en las vidas de las personas y sus familias. La estrategia consistía en otorgar microcréditos para que las mujeres realizaran un trabajo autónomo (Druschel, 2001; Zapata et al., 2003).
Autoras como Garza (2005) indican que el origen real de las microfinanzas se encuentra en el supuesto de que las personas en situación de pobreza necesitan tener acceso al capital productivo para utilizarlo en actividades que les permitan superar dicho estado.
Para lograr el impacto que se espera con el microcrédito, éste debe tener las siguientes características:
En la actualidad, los servicios de microfinanciamiento han evolucionado y logrado adaptarse a las diversas condiciones y caras que la pobreza puede manifestar. Como resultado de este proceso, en estos servicios se aprecian dos elementos distintivos: la vinculación préstamo–ahorro y la autosostenibilidad (Garza, 2005).
Resultados
Tamaño del microcrédito y tipo de microproyectos
Los datos de la investigación revelaron que 28% de las mujeres utiliza microcréditos entre 1 000 y 3 000 pesos. El porcentaje más representativo es el de 32% y corresponde a los microcréditos ubicados entre 3 001 y 6 000 pesos. Después se encuentran los de 6 001 a 10 000 pesos que comprenden 22% de la muestra. De las 85 mujeres, 15% utiliza microcréditos entre 10 001 y 20 000 pesos, y sólo 2% utiliza los de 20 001 a 30 000 pesos.
González–Vega (2011) indica que quienes utilizan montos como los encontrados en el estudio, regularmente enfrentan serios problemas económico–productivos y de crecimiento, pues el tamaño del microcrédito implica verdaderos esfuerzos para constituir un proyecto exitoso y autofinanciable.
Actividades desarrolladas con el microcrédito
La figura 1 da cuenta del tipo de actividades que las mujeres desarrollan o continúan realizando con el microcrédito. El porcentaje más alto es de 27% y se vincula con la preparación y comercialización de alimentos. De acuerdo con Ariza y De Oliveira (1999, p.12) y Rendón (2003, p. 136), la participación de las mujeres en la producción de bienes y servicios, así como en la comercialización por cuenta propia, es una estrategia que aplican las familias para contrarrestar los efectos de la escasa modernización, la urbanización sin industrialización o la terciarización de la economía. En esta visión, la actividad económica de las mujeres fuera del hogar es concebida como un recurso del cual ha echado mano la unidad familiar siempre que la situación lo amerite, cuestión que actualmente ya no es coyuntural.
[…] el trabajo que hacemos es aparte del de la casa, pues hoy en día le ayudamos al esposo porque ya no alcanza el dinero; tenemos que ayudarle en, no sé, vendiendo algo o, no sé, trabajando en esto [haciendo tortillas]. Yo antes vendía productos alimenticios, eran de una marca llamada Forever.
Otra menciona:
Bueno, pues para empezar no había dinero, le digo que empezamos a trabajar y maquilábamos, es decir, íbamos a otro molino que aparte de que nos cobraban, no nos daban la masa buena, y ya de ahí decidimos a comprar el molino, y cuando nos invitaron a lo de ProMujer y eso. Y fue así que me animé y dije, pues ahora es cuando, y fue así como compramos el molino. Y gracias a Dios, desde ese entonces ya no hemos parado. Ahora ya no pagamos el molino, la masa es de diferente calidad, y nada qué ver.
Otra opinión:
Yo lo utilicé para unos comederos de unos animalitos que tenía en engorda.
Rendón (2003, p. 136) sostiene que “el incremento en el trabajo marginal femenino tiene como consecuencia la prolongación de la jornada laboral o una doble jornada”. Según Carrasco (2003), un aumento en la jornada de las mujeres las obliga a conciliar en solitario el trabajo productivo–reproductivo, limitando de forma paralela su participación política y social. El concepto de “doble jornada”, añaden Ariza y de Oliveira (1999, p. 103), consustancial a la idea de compatibilidad, sirve para transparentar la verdadera magnitud del trabajo femenino.
Como se observa en la figura 1, en el segundo sitio se encuentran las actividades relacionadas con la venta de artículos por catálogo. Para Maldonado (2010), el trabajo por subcontrato evidencia la flexibilidad existente en los mercados de trabajo, cuyas implicaciones son graves para las mujeres: se integran a una fuerza laboral con nulas o limitadas prestaciones de seguridad social. En estas actividades subyace una dimensión cultural que las coloca en condiciones discriminatorias por su género, donde se asume que “disponen” de un tiempo ilimitado que lejos de beneficiarlas, les genera mayor pobreza. Aunado a ello, asumen responsabilidades de las cuales el capital se deslinda; por ejemplo, son vendedoras pero no reciben salario, no se les capacita para la actividad que realizan y al utilizar los recursos del microcrédito para financiar la compra de los artículos que les solicitan, aceptan el riesgo que implica recuperar la inversión porque les garantiza la sostenibilidad financiera del micronegocio.
El tercer grupo se obtuvo al agrupar a las mujeres cuyo trabajo está orientado a comercializar productos perecederos y no perecederos. Para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2012), ambas actividades se concentran en la categoría “comercio al por menor”,9 sumando 28%.
El cuarto lugar lo ocuparon las iniciativas de orden agropecuario, con 16%; y finalmente se ubicó a las usuarias que invirtieron el microcrédito directamente al consumo y aquellas que dijeron entregarlo a sus esposos para que fuesen ellos los que decidieran el destino del mismo. A estos dos últimos rubros corresponden 6% y 2%, respectivamente.
[…] le cuento que llegaron los de ProMujer, y empezaron a invitar y a invitar, y lo hicimos aquí en la esquina del portal, y que tienen que hacer un curso para que sepan cómo van a administrar y cómo todo. Ah, ok. Y yo la verdad los engañé porque nos dijeron que lo teníamos que invertir en un negocio, y dije, perdónenme pero como me dedico al transporte, entonces dije, esa camioneta necesita llantas y no puede trabajar así, y le dije a mi esposo, ahí está la oportunidad. Dos mil pesos era lo que nos prestaban, no nos prestaban más. Y él decía, oye, ¿pero no dices que sólo para negocio? Sí, pero no se lo vamos a decir a nadie, ¿eh?, siempre cómplices los dos. Bueno, a ver si no hay problemas. Y así fue como nos metimos, y tomamos el curso. Fue una semana de curso y nos explicaron lo de los pagos.
Aunque el crédito que reciben las usuarias de ProMujer está dirigido a impulsar pequeños negocios para ellas, esto no siempre ocurre así, como lo expone una de las entrevistadas en el testimonio anterior. Al respecto, Tuñón (2010) especifica que las instancias financiadoras comúnmente otorgan el crédito a líneas de acción predeterminadas que no siempre coinciden con las demandas del grupo solicitante; que el crédito no contempla los insumos secundarios necesarios para el desarrollo de la actividad; que es deficiente el estudio de factibilidad de mercado para los productos generados; y que las dependencias dan un pobre seguimiento a los proyectos y otorgan una incompleta y esporádica capacitación a los grupos, lo que reduce el impacto esperado.
Espacialidad de los microproyectos
El cuadro 1 muestra la ubicación espacial de cada proyecto. Los datos evidencian que 85% de las mujeres no se aparta de las actividades consideradas como trabajo de reproducción social y se asume que desarrollan dobles o triples jornadas de trabajo. Esta afirmación se construyó a partir de la siguiente información: 28% de las mujeres lleva a cabo sus actividades con amigos y conocidos, como en el caso específico de las ventas por catálogo. La dinámica que subyace en este tipo de ocupaciones obliga a que las mujeres gestionen sus propios tiempos y redes de confianza para lograr la comercialización de los productos. En este tipo de actividades las mujeres concilian lo productivo y lo reproductivo, es decir, construyen estrategias donde se alternan los tiempos que necesitan para desarrollar ambos trabajos de forma simultánea.
Ariza y De Oliveira (1999, p. 114) ponderan las implicaciones de la heterogeneidad del trabajo femenino sobre el empoderamiento; resaltan que cuando el trabajo tiene lugar en los límites del hogar, la superposición entre las tareas de producción y reproducción, la continua disponibilidad de las mujeres para la realización de las labores domésticas y la menor diferenciación de sus ámbitos de interacción, pueden limitar la independencia y autonomía que proporciona el trabajo.
Siguiendo con el argumento anterior, en el cuadro 1 se observa al 37% que agrupa a quienes desarrollan su proyecto en espacios anexos al hogar, como es el caso particular de la comercialización de perecederos y no perecederos (comercio al por menor). Se trata de los abarrotes, las cremerías y la venta de ropa. En estas iniciativas, las mujeres también diseñan estrategias para atender a las y los clientes, y lo logran conciliando el trabajo reproductivo no remunerado con el trabajo de mercado; es decir, en tanto atienden a las personas que acuden a su micronegocio para adquirir lo que comercializan, realizan cada una de las actividades del trabajo doméstico. La separación entre el trabajo doméstico no remunerado y el correspondiente a la comercialización de los productos del micronegocio es muy tenue, de manera que se confunde uno con otro.
Las actividades de corte agropecuario también se incluyeron en 37%, debido a los escenarios en donde se desarrolla dicho trabajo; por ejemplo, la cría y engorda de conejos es una actividad que llevan a cabo en azoteas o en corrales ubicados en el traspatio. En cuanto a cultivos como los del maíz y la alfalfa, son actividades que por sus características permiten una amplia conciliación entre el trabajo productivo y el reproductivo.
Por último, 20% integra a mujeres que desarrollan su trabajo en la vía pública comercializando alimentos. La oferta de estos productos se realiza afuera de las escuelas, de casa en casa y en los días en los que el mercado sobre ruedas se presenta en la localidad; algunos ejemplos son las gelatinas, la fruta aderezada con distintos condimentos y los antojitos. Para realizar estas actividades, las mujeres salen de casa llevando consigo los productos a comercializar, al mismo tiempo que llevan a los hijos/as a la escuela. Cuando el horario de entrada a la escuela ha finalizado, algunas trabajan comercializando productos por catálogo y aprovechan la oportunidad de tener contacto y extender su red de clientes y clientas. Al término de esa fracción de jornada, durante el regreso a casa van adquiriendo los insumos para preparar la comida.
El indicador de 85% se obtuvo al sumar los porcentajes antes señalados; y con la descripción de las actividades y la dinámica que subyace en cada una de ellas, se demuestra que hay una realización continua del trabajo reproductivo y de cuidados por parte de las mujeres. Carrasco (2003) subraya que cuando las mujeres asumen la responsabilidad del trabajo reproductivo y de cuidado, se obligan a asumir la “doble presencia–ausencia”, y para poder realizarlo enfrentan en solitario el problema de “conciliar” tiempo y trabajos (familiar y laboral).
[…] me levanto más temprano, me apuro y le echo ganas más que nada, y ya; por ejemplo sé que hay trabajo en la casa y en el campo, trato de hacer todo lo que me corresponde y ya.
Este papel limita el ejercicio de su libertad y reduce sus tiempos; es precisamente ahí donde se confunde la frontera entre la economía del hogar y la de cada proyecto, generando contradicciones que lejos de ampliar las capacidades de las mujeres provocan que las posibilidades de avance social y político sean difusas y distantes. Kabeer (1998) señala que estos son ejemplos de escenarios donde se excluye a las mujeres de sus oportunidades y les resta tiempo para satisfacer sus necesidades y perseguir sus aspiraciones.
Los ingresos del microproyecto: Su destino
Se averiguó sobre la rentabilidad de cada proyecto, a partir de la percepción ofrecida por las acreditadas. En la figura 2 se presentan estos datos y puede observarse que cerca de 70% consideró que su actividad es rentable.
Luego de este acercamiento, se indagó el destino que dan las mujeres a sus ingresos. El cuadro 2 muestra los resultados: 66% señaló que su interés es atender las necesidades de alimentación de las personas que integran el hogar. El segundo lugar lo ocupan los ingresos destinados a la sostenibilidad de cada proyecto, es decir, los pagos y equipos necesarios para la consolidación del mismo. Después aparecen los ingresos que las mujeres destinan a tres áreas relacionadas con el trabajo extradoméstico y con el de reproducción. Las actividades a las que se hace referencia son las materias primas, necesarias para dar continuidad al trabajo extradoméstico, el agua y el servicio de luz eléctrica; estos últimos, necesarios no sólo para el micronegocio, sino también para el trabajo de reproducción social.
En cuarto lugar se ubican los ingresos destinados a la vestimenta de los miembros del hogar; y detrás de ellos, sin menor importancia, se encuentran los recursos para el servicio telefónico y la amortización de otros créditos.
Ingresos destinados a la alimentación
Del total de usuarias, 66% destinó parte de sus ingresos a la alimentación y se averiguaron los cambios que percibieron al respecto. El cuadro 3 da cuenta de ello y permite observar que existe preocupación por mantener cierta calidad de vida, razón por la cual la opción de mantener una mesa servida de forma satisfactoria ocupó el primer sitio, seguida de la posibilidad de adquirir regularmente carnes rojas, pollo y huevo. Resalta este porcentaje pues con él se pueden esbozar mejoras en materia alimentaria. El tercer y cuarto lugar fue asociado a una canasta básica de reserva, es decir, acopiaron alimentos para protegerse en el futuro. Con estos datos se puede pensar que las mujeres microempresarias tuvieron una mejora significativa en la alimentación del grupo doméstico.
Los resultados son parte de los indicadores que se utilizan en algunas metodologías para determinar el calificativo de “pobre” y cuya base es la relación ingreso–consumo. De ahí que un avance o una variación positiva en estos indicadores permite afirmar que el microcrédito otorgado por ProMujer faculta a las usuarias a superar alguno de los tres tipos de pobreza alimentaria (CEPAL, 2004a, p. 10; Arriagada, 2005a, p. 3; Kabeer, 2000, p. 105; Bayón, 2009, p. 2; Coneval, 2012).
Al referirse a los ingresos que obtienen de un proyecto, De la O Martínez (2004) especifica que las mujeres generalmente los destinan a la satisfacción de las necesidades del hogar; sin embargo, el problema no lo constituyen estas aportaciones, sino el hecho de que posteriormente ellas se convierten en las proveedoras más importantes, muchas veces sin valoración social.
Desde la mirada de Zapata y colaboradores (2003), a los ingresos que las acreditadas destinan a la satisfacción de necesidades se les encuentra una explicación. Con este tipo de decisiones, obtendrían un mayor desarrollo humano y una vida mejor, conseguirían mejorar su libertad individual, respeto por sí mismas y lograrían empoderarse paulatinamente. En el caso de las mujeres, un testimonio que se repite entre las acreditadas es que el acceso al dinero les ha servido para valorarse a sí mismas. Los recursos económicos del microfinanciamiento y el acceso a procesos decisorios hacen que las mujeres socias de ProMujer lo consigan.
Para García y De Oliveira (2007), la participación de las mujeres en el mercado de trabajo se considera factor de integración social, factor para eliminar su marginación social y factor para conseguir empoderarlas. Por lo tanto, las decisiones que toman al destinar sus ingresos a las necesidades del grupo deberían provocar la erosión de su subordinación, caracterizada por la desigualdad y la dominación masculina.
Aporte al trabajo doméstico
El aporte que hacen las y los integrantes del hogar al trabajo doméstico reviste particular importancia en el análisis de la pobreza. Al respecto, se tomaron como referencia los datos publicados en la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) realizada por el INEGI (2011, p. 31), donde se detalló que se destinan 11.3 horas a la semana para preparar los alimentos requeridos en el hogar. De este tiempo, las mujeres invierten 87.7%, que equivale a 9.91 horas, y al dividirse entre los siete días de la semana, equivale a destinar 1.41 horas diarias. Al calcular el tiempo invertido por los hombres, la ENUT da cuenta de que ellos sólo aportan 12.3% del tiempo requerido para esta actividad, lo cual representa 1.38 horas, es decir, 82.8 minutos, que de igual forma, si se dividen entre los mismos siete días de la semana, equivale a emplear únicamente 11.82 minutos diarios.
Los matices que pueden adoptar estos tiempos son variados, de tal manera que los 11.82 minutos sólo podrían alcanzar para calentar la comida que las mujeres prepararon. Los resultados denotan claramente una brecha de participación entre el trabajo doméstico que realizan los hombres y el que llevan a cabo las mujeres.
Cabe señalar que los datos del INEGI se tomaron sólo como referencia porque las muestras no son comparables, y se calculó el aporte al trabajo doméstico por parte de los hijos, las hijas y los esposos. La medición se realizó con base en la opinión de ellas: de las 85 beneficiarias, 48 indicaron que los integrantes del grupo doméstico aportan trabajo, es decir, 56.4%.
El cuadro 4 da cuenta de quiénes y qué tipo de trabajo aportan. Como se aprecia, la preparación de alimentos es la actividad en la que más participan los hijos, las hijas y los esposos. Resalta el número de los 15 hombres, que según las propias mujeres llevan a cabo esta actividad. No obstante, al considerar a las 85 mujeres que integran la muestra y no únicamente a las 45, que al ser cuestionadas sobre la participación de los integrantes de su hogar en las actividades relacionadas con trabajo de reproducción dijeron que sí a su participación, estos 15 esposos solamente representan 17.6%.
Si se tomaran como referencia los índices nacionales que el INEGI (2011) reportó en la ENUT, donde se menciona que 12.3% de los hombres prepara alimentos, los resultados de esta investigación tendrían una diferencia de 4.1% y no podrían calificarse como significativos.
En términos de frecuencia, de las 15 mujeres que señalaron el aporte de los esposos en actividades relacionadas con la preparación de alimentos, siete indicaron que su esposo prepara la comida de una a dos veces10 por semana, lo que les requeriría en términos reales 22.8 minutos; otras siete indicaron que su esposo realiza esta actividad de tres a cuatro veces por semana y les implicaría 33.42 minutos, contra las 9.9 horas invertidas por las mujeres. Al final, sólo una de ellas dijo que su esposo prepara la comida de cinco a seis veces, lo cual le requeriría de 66.84 minutos.
La segunda actividad en orden de participación se refiere al lavado de la ropa. El INEGI (2011) evaluó que se destinan 4.5 horas para realizar la limpieza y el cuidado de la ropa de manera conjunta. En una relación porcentaje–tiempo, se señala que los hombres participan con 13% del tiempo que se necesita para esta actividad y que equivale a 35 minutos; en cambio, las mujeres participan con 87%, es decir, 3.9 horas.
Entre las 85 mujeres de la muestra, se preguntó por separado quiénes lavan y quiénes participan en el planchado de la ropa; 22 de ellas señalaron que los hombres lavan y planchan, nueve dijeron que los hijos también realizan esa actividad y 23 afirmaron que sus hijas realizan el lavado y planchado de la ropa. Es necesario subrayar que no se les preguntó si lavan y planchan la ropa de todos los integrantes, o sólo la que cada uno de ellos usa. El cuadro 4 evidencia que el trabajo de los hijos varones es poco significativo. Al comparar el trabajo de los esposos con el de las hijas, las cifras presentan similitudes, sin embargo, el tiempo que ellas invierten es superior al de los esposos. Los datos indican que se continúa asociando a las hijas con el trabajo reproductivo no remunerado, lo que redundaría en una repetición de patrones culturales donde se responsabiliza a las mujeres de este tipo de trabajo.
La precariedad de la participación en el trabajo doméstico no remunerado por parte de los integrantes del hogar puede estar asociada con su escasa educación y calificación, que regularmente guardan estrecha relación con las nuevas formas laborales, marcadas por la inestabilidad y la alta rotación en los puestos de trabajo, factores que en conjunto aumentan su vulnerabilidad (Stromquist, 2001; Arriagada, 2005a; Rendón, 2003).
En el caso de las mujeres que integraron la muestra, los datos revelaron que 41.2% de ellas tiene la secundaria terminada; a este grupo le siguen las que tienen la primaria, con poco más de 27%; luego las del nivel medio superior, que se ubican ligeramente por arriba de 15%. En cuanto al nivel de licenciatura, es prácticamente inexistente; no obstante, no hay analfabetismo, pues dentro de la muestra todas las mujeres tienen al menos cuatro años de educación primaria.
Los resultados referidos a la educación de las usuarias coinciden con la advertencia de Stromquist (2001). La autora pide tener cuidado con las hipótesis donde se construye una relación directa entre pobreza y educación; esto no quiere decir que las personas sean pobres porque no tienen educación, más bien ocurre que no tuvieron más educación porque vivieron en condiciones de pobreza.
Desde la mirada del feminismo, los resultados referidos a la educación indican que el género ha sido un marcador social que afecta a las mujeres de forma negativa, más allá de su pertenencia a una clase social o a una etnia. En todas las clases sociales las mujeres poseen “y se les otorga” menor movilidad física en comparación con los hombres, y por lo tanto menos libertad para trasladarse a ciudades grandes o a otros países para continuar con su educación (Stromquist, 2001).
Por último, la manera tan limitada con la que los integrantes del hogar aportan al trabajo de reproducción, encuentra sus explicaciones en la estructura prototípica de la familia, institución que en prácticamente todas las sociedades se ha fundamentado en una división del trabajo en función del sexo. En este modelo, los hombres han desempeñado funciones instrumentales y de vínculo con la sociedad más amplias, mientras que a las mujeres se les asignaron los papeles emotivos relacionados con el cuidado y el trabajo de reproducción (Ribeiro, 2004). De manera equivocada, estos escenarios han provocado que la sociedad haya confundido el papel de madre y esposa con la responsabilidad exclusiva del trabajo doméstico (Lagarde, 2005).
La manera de resolver esta desigualdad radicaría en el impulso de estrategias y mecanismos para aumentar el número de mujeres en las aulas, en todos los niveles, lo que necesariamente llevaría a aumentar y mejorar las capacidades y destrezas, todas ellas materializadas en expresiones artísticas y en el hacer (Toharia, 1983; Sen, 2000; Arriagada, 2005b). El problema de pobreza que enfrentan las mujeres no parece ser una tarea fácil de solucionar. Existen factores culturales cuyo arraigo detiene la participación y responsabilidad de los hombres en el trabajo reproductivo (Nash, 2012).
Conclusiones
El objetivo del presente artículo fue presentar los resultados de la investigación realizada desde la perspectiva de género sobre el papel del microcrédito como estrategia adecuada para atenuar la pobreza de las mujeres que utilizan estos servicios en el CF de ProMujer, ubicado en Ixmiquilpan, Hidalgo. Con base en los resultados obtenidos y al considerar la primera hipótesis planteada, se sostiene que el microcrédito sirve para mejorar la relación ingreso–consumo de las usuarias de ProMujer en ese CF.
A partir de instrumentos cuantitativos fue posible obtener la información que dio cuenta del tamaño del microcrédito, del tipo y la espacialidad de actividades desarrolladas con estos recursos. Se encontró que el tamaño del préstamo al que tiene acceso 60% de las usuarias no supera los 6 000 pesos; por esa razón, la consolidación de un micronegocio autosostenible significa importantes esfuerzos.
No obstante el monto solicitado, las mujeres que atiende ProMujer en el CF de Ixmiquilpan, estado de Hidalgo, lo han logrado. Establecen pequeños negocios donde comercializan alimentos, otras hacen trabajos bajo subcontratos, se someten a la lógica del mercado y mercantilizan productos a partir de un catálogo; finalmente, un porcentaje significativo abre espacios para comercializar productos perecederos y no perecederos. Con el trabajo considerado como productivo, las mujeres obtuvieron ingresos suficientes para satisfacer la canasta que el Coneval denominó “de patrimonio”. En esta categoría se requieren ingresos suficientes para adquirir al menos lo relacionado con la alimentación, el vestido y la vivienda. Para quienes abogan por las microfinanzas como política, los resultados sugerirían continuar con su promoción al quedar demostrada la superación de la pobreza.
Sin embargo, para lograr una rentabilidad tanto económica–social como de género, es necesario brindar apoyos más decididos en recursos económicos, sin olvidar el acceso a los recursos productivos (como la tierra)11 y a los canales de comercialización y trabajo de capacitación en aspectos técnico–contables y de formación como mujeres (Zapata y Mercado, 1996).
La segunda hipótesis abordó la participación de los hijos varones, las hijas y los esposos en lo relacionado al trabajo doméstico o reproductivo, y no es significativa. Esta situación obligó a que las mujeres conciliaran en solitario ambos trabajos y asumieran dobles o triples jornadas. El trabajo doméstico nunca fue visto como responsabilidad de todos y ni de todas las integrantes del grupo doméstico, se vio como ayuda.
Bajo la perspectiva de Arendt (2005), hay que distinguir entre labor, trabajo y acción. Labor se refiere a las actividades humanas que realizan para atender necesidades esenciales como vestirse, comer o dormir. El trabajo implica transformación de objetos naturales en objetos duraderos. La acción es la capacidad del humano/a para ser libre. En la pobreza no hay libertad para tener una vida activa y desarrollar las potencialidades. Las mujeres, al hacer uso de los microcréditos, combinan labores productivas con las reproductivas, lo que les impide tener libertad para emprender actividades liberadoras. Entonces, siguen siendo pobres.
Los servicios que ofrecen las instituciones dedicadas a las microfinanzas abren a las personas la oportunidad de mejorar las condiciones precarias en que viven, pues incrementan sus ingresos mediante el ejercicio y el desarrollo de sus habilidades. Sin embargo, desde la perspectiva de género, el microcrédito no debe considerarse una estrategia con la cual se pueda alcanzar la integración plena de las mujeres a los procesos de desarrollo. Esta medida ignora profundamente las condiciones de desigualdad con las que se incorporan al mercado de trabajo, remarca que se subvalora la capacidad productiva de la mujer, y con los montos asignados se refuerzan patrones culturales con los que siempre se le ha asociado: el trabajo reproductivo y de cuidado, lo que les resta oportunidades de participación para satisfacer sus necesidades.
A la luz de los resultados obtenidos y desde la perspectiva de la pobreza por capacidades conceptualizada por Sen, se concluye que el microcrédito provoca mayor pobreza en las mujeres, al limitar sus posibilidades de participación política y social. Es necesario que los programas de microfinanzas destinados al combate de la pobreza amplíen el concepto de forma que incluyan los seis indicadores considerados por el Coneval, así como los derechos fundamentales, para que las mujeres logren un desarrollo humano que evidencie la superación de la pobreza de capacidades conceptualizada por Sen.
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Notas
1 Reporte periódico del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), 15 de noviembre de 2012.
2 La CEPAL cita a las siguientes autoras: Benería, 1991; Brydon y Legge, 1996; González de la Rocha, 1988; Veekes–Vagliani, 1992; Kanji, 1991; Chant, 1994; Moser, 1996; UNICEF, 1997.
3 No generador de ingresos.
4 Participación política en sentido amplio, no sólo participación en partidos.
5 Banco fundado por Muhammad Yunus en Bangladesh. Para algunos autores, marca el inicio del microcrédito en la época moderna.
6 La muestra se obtuvo con base en este conjunto, de manera que todas las mujeres que participaron en la investigación tienen pareja, sea en unión libre o matrimonio. Se tomó esta decisión porque se entrevistó a los compañeros de éstas. Los datos relacionados con ellos aparecen en otro documento.
7
Donde:
n = tamaño de la muestra.
N = tamaño de la población = 489.
p = proporción de evento binomial 50% = 0.5.
q = proporción del evento contrario 1 – p = 1 – 0.5 = 0.5.
d = precisión al 10% = 0.1.
Z α/2 = confiabilidad al 95% = 1.96.
8 Muhammad Yunus, banquero y economista en Bangladesh, desarrolló el concepto del microcrédito (ideado por el pakistaní Dr. Akther Hameed Khan). Los microcréditos son pequeños préstamos concedidos a las personas en condiciones de pobreza. Fundador del Banco Grameen, y por sus esfuerzos para incentivar el desarrollo social y económico desde abajo, en 1998 Muhammad Yunus fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.
9 Con base en la clasificación del comercio al por menor establecida por el INEGI (2012), un “perecedero” es aquel artículo que durante su proceso, venta y comercialización requiere de cuidado especial, por ejemplo, las carnes frías, los quesos y las cremas. Los artículos no perecederos no requieren el mismo cuidado y las tlapalerías, boneterías, revistas o periódicos son un ejemplo.
10 Al considerar la frecuencia en la preparación de alimentos, se tomó el extremo mayor de cada intervalo, es decir, dos, cuatro y seis veces por semana, respectivamente.
11 El acceso a la tierra no puede dárselos una ONG, pero sí el gobierno.