| Artículos | Estudios Fronterizos, vol. 27, 2026, e187 |
https://doi.org/10.21670/ref.2609187
La “guerra contra el terror” de China en Xinjiang y la asimilación de la “nueva frontera”
China’s “war on terror” in Xinjiang and the assimilation of the “new frontier”
Pablo A.
Rodríguez-Merinoa
*
https://orcid.org/0000-0002-1863-1463
a Royal Military Academy Sandhurst, Department of Defence and International Affairs, Camberley, Reino Unido, correo electrónico: paolo.adriano@gmail.com
* Autor para correspondencia: Pablo A. Rodríguez-Merino. Correo electrónico: paolo.adriano@gmail.com
Recibido el
22
de
agosto
de
2025.
Aceptado el
08
de
junio
de
2026.
Publicado el 13 de agosto de 2026.
| CÓMO CITAR: Rodríguez-Merino, P. A. (2026). La “guerra contra el terror” de China en Xinjiang y la asimilación de la “nueva frontera”. Estudios Fronterizos, 27, Artículo e187. https://doi.org/10.21670/ref.2609187 |
Resumen:
Este artículo examina cómo la República Popular China ha utilizado el discurso global sobre el terrorismo posterior al 11S para legitimar políticas represivas en la región uigur de Xinjiang, anexionada como “nueva frontera” durante la dinastía la Qing (1644-1911). El estudio argumenta que, aprovechando el contexto geopolítico dominante, el gobierno chino reconfiguró retrospectivamente sus tensiones históricas con Xinjiang como un frente interno en la guerra global contra el terrorismo. Mediante un análisis histórico, el estudio identifica tres dinámicas clave en este proceso: la resignificación del conflicto uigur como amenaza terrorista, la consecuente institucionalización de un aparato represivo y un ciclo de violencia estatal y de resistencia que ha derivado en un giro asimilacionista. El artículo concluye que la “guerra popular contra el terror” constituye una herramienta central en la estrategia del Partido Comunista Chino para culminar la asimilación de Xinjiang y sus minorías étnicas túrquico-musulmanas.
Palabras clave:
China,
Xinjiang,
uigures,
frontera,
asimilación.
Abstract:
This article examines how the People’s Republic of China has used the post-9/11 global discourse on terrorism to legitimize repressive policies in the Uyghur region of Xinjiang, annexed as a “new frontier” during the Qing Dynasty (1644-1911). The study argues that, taking advantage of the dominant geopolitical context, the Chinese government retrospectively reconfigured its historical tensions with Xinjiang as a domestic front in the Global War on Terror. Through historical analysis, the study identifies three key dynamics in this process: the redefinition of the Uyghur conflict as a terrorist threat, the subsequent institutionalization of a repressive apparatus and a cycle of state violence and resistance that has enabled an assimilationist turn. The article concludes that China’s “people’s war on terror” constitutes a central tool in the Chinese Communist Party’s strategy to complete the assimilation of Xinjiang and its Turkic-Muslim ethnic minorities.
Keywords:
China,
Xinjiang,
Uyghurs,
frontier,
assimilation.
Introducción
El 2 de septiembre de 2001, en una visita de empresarios extranjeros a la región autónoma uigur de Xinjiang (RAUX), Wang Lequan, secretario del Partido Comunista Chino (PCCh) en la región, y Abulahat Abdurixit, presidente del gobierno regional, ofrecieron a los medios una imagen de estabilidad y armonía en la región uigur. Al inaugurar una feria comercial en la capital regional Urumqi, los funcionarios chinos afirmaron que la situación en Xinjiang era “mejor que nunca en la historia”, y que los diversos grupos étnicos, en particular el pueblo han ─mayoritario en China─ y la minoría nacional uigur ─prevalente en la RAUX─ convivían de manera pacífica y en “unidad fraternal” (British Broadcasting Corporation Monitoring Service Asia Pacific [BBCMSAP], 2001). En su discurso, Wang y Abuhalat reprodujeron las ideas fuerza de la narrativa oficial de Pekín con respecto a Xinjiang a principios del siglo veintiuno: una región estable, libre de las tensiones separatistas que marcaron la década de 1990.
Solo semanas después, la narrativa oficial del PCCh sobre el statu quo en Xinjiang cambió de manera drástica. En respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001, las autoridades chinas pasaron a describir la región como el frente interno de China en la incipiente “guerra global contra el terrorismo” declarada por Estados Unidos. Bajo el pretexto de combatir el “terrorismo”, el “separatismo” y el “extremismo religioso” uigur, el gobierno comenzó una intensificación sine die de las políticas represivas en la región (Agence France-Presse [AFP], 2001a; Bezlova, 2001). Más de dos décadas después, la oficialmente declarada como guerra popular contra el terror ha desencadenado una crisis de derechos humanos que expertos, académicos y organizaciones de derechos humanos califican como un “genocidio cultural” del pueblo uigur (Smith Finley, 2021).
Esta transformación discursiva y sus consecuencias constituyen el eje central de este artículo, que examina cómo la apropiación del discurso global del terrorismo ha permitido a Pekín reconfigurar una región históricamente concebida como frontera dentro del Estado chino. En particular, el estudio se pregunta cómo y con qué efectos las autoridades chinas se han apropiado de la retórica global del terrorismo posterior al 11S para reinterpretar el conflicto histórico en Xinjiang y legitimar un conjunto de políticas de seguridad y asimilación cultural dirigidas contra los pueblos túrquico-musulmanes.
El artículo parte de la premisa de que las políticas adoptadas por el Estado chino en Xinjiang a partir de la segunda mitad de la década de 2010 deben entenderse como parte de un proceso más amplio de reconfiguración de esta frontera histórica dentro del Estado chino. En concreto, sostiene que la incorporación de Xinjiang al marco discursivo de la “guerra global contra el terror” ha permitido al Estado chino redefinir este conflicto político y territorial de larga duración como una amenaza terrorista, para legitimar en este proceso la expansión de medidas extraordinarias de control político, vigilancia social y asimilación cultural, y también promover la reconfiguración del espacio fronterizo.
El artículo examina a través de un análisis histórico cómo, posteriormente al 11S, el Estado chino ha utilizado la retórica global sobre el terrorismo para reconfigurar su relación con la región, anexionada como “nueva frontera” durante la dinastía Qing (1644-1911), e impulsar la asimilación de los pueblos túrquico-musulmanes, notablemente los uigures, en el proyecto chino de nación. El artículo analiza la evolución del discurso y de las políticas de seguridad nacional chinas en la RAUX frente al trasfondo de la resistencia violenta subestatal en respuesta a estas políticas en un ciclo de represión-acción-represión.
Metodológicamente, el estudio se basa en un enfoque cualitativo que combina el análisis sistemático de documentos oficiales del gobierno chino, informaciones de medios estatales, declaraciones de funcionarios chinos en foros y organismos internacionales y estudios académicos de área especializados en Xinjiang y las políticas de seguridad del Estado chino.
A nivel teórico, el estudio se enmarca principalmente en una perspectiva constructivista de securitización, que analiza cómo los Estados construyen discursivamente amenazas de seguridad para justificar políticas represivas de emergencia basadas en medidas extraordinarias (Buzan et al., 1998; Vuori, 2008). En especial, presta atención a la construcción discursiva del terrorismo y sus efectos sobre las poblaciones musulmanas en el contexto de la “guerra global contra el terror” (Jackson, 2005).
Este marco se complementa con otros como el del “colonialismo de asentamiento” en Xinjiang (Anand, 2019; Olivieri, 2022; Roberts, 2022), así como con debates relevantes como el del “genocidio cultural” (Lemkin, 1944/2005; Smith Finley, 2021) que permiten una interpretación de dichas políticas y de las resultantes dinámicas de subordinación territorial y étnica y los efectos de disolución identitaria entre los pueblos autóctonos de la RAUX. En este sentido, el artículo sostiene que la incorporación de Xinjiang al marco discursivo de la “guerra global contra el terror” no solo ha permitido reinterpretar un conflicto político interno como una amenaza terrorista, sino que también ha facilitado la reconfiguración de una región históricamente fronteriza mediante un proyecto de integración territorial y transformación cultural.
El artículo comienza estableciendo un marco teórico y metodológico para luego abordar cuatro secciones que, de forma cronológica, estudian las diversas fases del proceso anteriormente descrito. Primero se contextualiza la región de Xinjiang y su relación con el Estado chino desde una perspectiva histórica que subraya su condición fronteriza. La siguiente sección aborda la apropiación estratégica de la narrativa de la guerra global contra el terror por Pekín para reinterpretar las tensiones históricas con los uigures como parte de una amenaza terrorista contemporánea. Enseguida se aborda la creación de un aparato de control en Xinjiang destinado a sofocar cualquier disidencia política en la región. Después, el artículo analiza el ciclo de violencia estatal y resistencia que ha derivado en una política de asimilación cultural y represión étnica, descrita por gobiernos y académicos occidentales como un genocidio cultural, e interpretada en el artículo como un intento por diluir la condición periférica de Xinjiang e integrarla en el Estado chino, para poner fin a su estatus original de nueva frontera.
Marco teórico y consideraciones metodológicas
Este artículo adopta un enfoque socialconstructivista de carácter discursivo para analizar el terrorismo como amenaza de seguridad. Desde esta perspectiva, las amenazas de seguridad no se entienden como fenómenos objetivos derivados de realidades materiales como la violencia, sino como el resultado de procesos discursivos políticos mediante los cuales determinados actores, notablemente los Estados, definen, interpretan y comunican riesgos y amenazas. Dentro de este campo, el estudio se apoya en la teoría de securitización (Buzan et al., 1998), que concibe la seguridad como una práctica eminentemente discursiva a través de la cual ciertos problemas son transformados en amenazas de carácter existencial que requieren respuestas políticas de carácter extraordinario.
Según la teoría de securitización, un problema o situación “se convierte en un asunto de seguridad no necesariamente porque exista una amenaza real, sino porque se presenta como tal” (Buzan et al., 1998, p. 24). Dicha representación sirve, a su vez, para justificar la adopción de “medidas extraordinarias” fuera de los procedimientos políticos habituales (Buzan et al., 1998, pp. 24, 33). Los discursos de seguridad se elaboran, por tanto, con base en una “gramática de seguridad” de connotación schmittiana, en cuanto que legitima decisiones excepcionales en contextos de emergencia (Aradau, 2004, p. 392; Williams, 2003, p. 522).
El enfoque socialconstructivista ofrece un espacio productivo para analizar el discurso político en torno al terrorismo, un concepto esencialmente contestado y sin consenso definicional (Schmid, 2004). Estudios críticos sobre terrorismo han subrayado que el concepto no se limita a describir una forma o táctica específica de violencia política, sino que también ejerce como un descriptor cuyo significado y aplicación dependen de contextos históricos, relaciones de poder y estrategias discursivas concretas (Jackson, 2005; Jarvis, 2009). Desde este enfoque, la designación de determinados actos o actores, notablemente los movimientos rebeldes o insurgentes (Bhatia, 2005), como terrorismo o terroristas no obedece a una descripción neutral u objetiva de la realidad, sino a una práctica política que determina cómo los conflictos son interpretados y gestionados. El uso del lenguaje del terrorismo refleja de esta forma la lógica securitizadora por la cual el discurso político puede justificar y facilitar determinadas acciones de emergencia, en claro reflejo del “poder productivo” de las palabras (Yee, 1996).
En el contexto de la “guerra global contra el terror” iniciada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, diversos estudios han señalado que el discurso del terrorismo ha funcionado como un poderoso marco interpretativo para redefinir conflictos políticos, en una suerte de “macrosecuritización” que también ha afectado a China (Buzan & Waever, 2009; Vuori, 2024). En este contexto, las narrativas y etiquetas asociadas a la categoría del terrorismo se han mostrado particularmente efectivas a la hora de deslegitimar formas de disidencia o resistencia política, justificar la adopción de políticas antiterroristas de carácter represivo y facilitar procesos de deshumanización de determinados grupos sociales, en particular las poblaciones musulmanas (Dixit, 2016, pp. 40-43; Gunning, 2007, p. 377; Jackson, 2007; Jarvis, 2009, p. 19).
En el caso de Xinjiang, el que ocupa este artículo, la teoría de la securitización aplicada al discurso del terrorismo en un contexto autoritario (Vuori, 2008) permite examinar cómo las narrativas globales de seguridad que siguieron al 11S han sido integradas por el Estado chino para reinterpretar un conflicto político preexistente ─el de sus tensiones históricas con las minorías túrquico-musulmanas de la región─ dentro de un marco discursivo legitimador más amplio. Para contextualizar y situar las implicaciones de dicho discurso, en forma de medidas coercitivas, el artículo dialoga con la literatura sobre gobernanza de regiones fronterizas y dinámicas de integración territorial en China, que describe la relación entre el Estado chino y la región uigur como un proceso histórico de expansión estatal y transformación demográfica mediante políticas de migración interna, desarrollo económico y control político, destinados a integrar progresivamente la región dentro del proyecto nacional chino (Bovingdon, 2010; Leibold, 2020).
Para algunos autores, esta relación tiene un carácter marcadamente colonial (Anand, 2019; Olivieri, 2022; Roberts, 2022; Smith Finley, 2022) donde resalta el patrón de asentamientos de la mayoría china en la región. Desde esta perspectiva, las políticas de seguridad aplicadas en la región, facilitadas en primera instancia por el discurso del “terrorismo”, y la consiguiente construcción de las minorías túrquico-musulmanas como comunidades sospechosas del mismo, pueden interpretarse como instrumentos destinados a consolidar la autoridad estatal en un territorio “colonial” históricamente periférico y políticamente sensible y, en última instancia, y como argumenta este artículo, integrarlo de manera definitiva en el Estado-civilización chino.
En el plano metodológico, el artículo adopta un enfoque cualitativo basado en el análisis histórico-discursivo de fuentes primarias y secundarias. El corpus principal de análisis se compone de documentos oficiales del gobierno chino, incluidos libros blancos, legislación y directrices de seguridad, así como declaraciones públicas de funcionarios del Partido Comunista Chino en foros nacionales e internacionales. Estas fuentes se complementan con informaciones procedentes de medios estatales chinos, informes de organizaciones internacionales y estudios académicos de área especializados en la RAUX y en las políticas de seguridad del Estado chino. El análisis de estas fuentes busca identificar cómo las autoridades chinas han articulado en su discurso la amenaza del terrorismo en la región uigur y la evolución de dicho marco interpretativo.
En particular, se examinan tres dimensiones de este proceso de securitización: la adopción del discurso del terrorismo en el contexto posterior al 11S, la institucionalización de políticas de seguridad basadas en este marco y la implementación de mecanismos cada vez más intrusivos de represión, vigilancia, control social e internamiento dirigidos a las minorías étnicas túrquico-musulmanas de Xinjiang. Este enfoque permite analizar de manera conjunta la evolución del discurso estatal chino sobre la región y su traducción en prácticas específicas de gobernanza, que muestra la securitización como un proceso paralelo que combina una reconfiguración del discurso y una materialización del mismo en políticas y transformaciones tangibles de la gestión de la RAUX, sus gentes y su identidad fronteriza.
Historia, identidad y dilemas de Estado en la “nueva frontera”
La narrativa oficial del gobierno chino defiende que el territorio sobre el que hoy se sitúa la RAUX, en el noroeste del país, ha sido una “región multirreligiosa” y “multiétnica” desde “tiempos antiguos” y una parte “inseparable” de una China “unitaria” desde tiempos de la dinastía Han Occidental (206 a. C.-9 d. C.; Li 2014; The State Council Information Office of the People’s Republic of China, 2019). Frente a tal afirmación, diversos estudios académicos coinciden en señalar que la incorporación del territorio y habitantes de lo que hoy se conoce como Xinjiang al moderno Estado chino no se produjo de facto hasta tiempos de la dinastía Qing (1644-1911), gobernada por los manchúes (Bellér-Hann, 2008; Millward, 2007; Perdue, 2005).
Algunos Estados chinos, notablemente las dinastías Han y Tang (618-907), controlaron en el pasado partes del actual Xinjiang, al establecer alianzas e intercambios políticos, militares y comerciales con los gobiernos locales. Sin embargo, entre los siglos X y XVII, China careció de un control continuo, estable y extenso sobre la región, que evolucionó de manera independiente, al establecerse política y culturalmente en la periferia del “Imperio del Centro”. Esto reforzó una brecha ya evidente en el plano geográfico si se tienen en cuenta los 4 000 kilómetros que separan a Pekín de Kashgar, epicentro cultural, político y religioso del mundo uigur. Durante ese largo periodo, la historia de Xinjiang transcurrió de manera independiente a la de China, convirtiéndose la región en un cruce de pueblos, culturas, religiones y lenguas que ejerció como arteria principal en el corazón de la antigua Ruta de la Seda (Betts et al., 2019; Millward, 2007).
Esta etapa asistió a una transformación de los oasis de la cuenca del Tarim y de su gente, ya que pasaron de acoger una sociedad mayoritariamente indo-budista a islamizarse y adoptar la cultura y las lenguas túrquicas (Kamberi, 2005; Kudara, 2002). Esta evolución, indudablemente facilitada por la lejanía de este territorio de los centros de poder chinos, explica el hecho diferencial de los habitantes autóctonos de Xinjiang, más cercanos geográfica, étnica y culturalmente a Asia Central que a Asia Oriental y las civilizaciones que emergieron en las cuencas de los ríos Amarillo y Yangtse.
Fue la dinastía Qing la que, a partir del siglo XVIII, en su expansionismo militar hacia Asia Central, logró incorporar de manera gradual la región, establecida oficialmente en 1884 como provincia imperial de Xinjiang, traducible como “Nueva Frontera” o “Nuevo Territorio” (Perdue, 2005). Entre 1660 y 1770, el Imperio Qing dobló su territorio y estableció, a grandes rasgos, con excepción de la actual Mongolia, las fronteras de la actual China, incluida la región de Xinjiang (Hostetler, 2001, p. 34). En este proceso se constituyó, además, el moderno Estado nación chino (Jacobs, 2016). El Imperio Qing sumó a la mayoría china han los pueblos y culturas de la periferia geográfica y cultural que, más tarde, ya bajo la República Popular China (1949-actualidad) se estableció en 55 grupos étnicos (minzu), inicialmente categorizados como nacionalidades, y más tarde consideradas minorías étnicas. Entre ellas, las minorías túrquico-musulmanas de la RAUX, notablemente los uigures.
Al crear la provincia de Xinjiang como unidad político-administrativa, la dinastía Qing alimentó la eclosión de una protoidentidad nacional colectiva entre los habitantes de los oasis de la cuenca del Tarim, centro neurálgico de las minorías túrquico-musulmanas.
A principios del siglo XX se produjo la etnogénesis de la identidad moderna uigur, que emergió y evolucionó de manera dialéctica y en resistencia a los esfuerzos de China por asimilar las poblaciones autóctonas de la nueva frontera (Bovingdon, 2010; Gladney 1990, p. 20; Klimeš, 2015). La identidad uigur, impulsada por corrientes intelectuales como el panturquismo, el reformismo jadidista o el islam político, entre otras, y liderada por una élite intelectual indígena (Klimeš, 2015), se materializó en la oficialización de la nacionalidad uigur en la década de 1930. Este desarrollo fue paradójicamente impulsado por las autoridades chinas, al seguir el modelo y recomendaciones soviéticas (Gladney 1990, p. 12).
En todo este proceso, la nación moderna de los pueblos túrquico-musulmanes sedentarios de la cuenca del Tarim asumió como etnónimo el apelativo uigur, en referencia a un antiguo imperio con base en el noroeste de Mongolia (744-840), y a una de las múltiples élites gobernantes posteriores, el imperio Qocho Uigur, de carácter túrquico-budista, y que gobernó partes de la actual Xinjiang (932-1450) antes de su conversión al islam (Kudara, 2002; Millward, 2007, pp. 51-53; Rudelson, 1997, pp. 5-6). La nueva identidad nacional uigur se fundamentó, además de en el islam, religión compartida con otras minorías étnicas como los hui y los kazajos, en un apego sedentario a la tierra, un sentimiento autóctono y una conexión histórica y cultural con el gran Turquestán de Asia Central, Tibet y Mongolia (Gladney, 1990, p. 11; Tursun, 2008, pp. 93-94).
Desde la incorporación del territorio de la actual RAUX a la China moderna durante el periodo Qing, la relación entre el Estado chino y los pueblos autóctonos de la región ha tenido un carácter fundamental “colonial” ligado a la condición fronteriza de Xinjiang (Anand, 2019; Olivieri, 2022; Roberts, 2022). La gestión de la región ha estado marcada por una tensa relación entre el poder chino y los pueblos autóctonos, hoy minorías túrquico-musulmanas dentro de la República Popular China. Esta relación ha alternado periodos de semiautonomía y gobernanza “de frontera”, en la que las autoridades chinas han permitido a los uigures mantener su identidad, idiosincrasia y carácter sociocultural, con intentos de asimilación a través de medidas como el aumento de la población han en la región o la imposición de la cultura china entre las minorías (Roberts, 2022, p. 99). Estos incluyen la etapa más reciente, en la que Pekín parece buscar la asimilación identitaria de los uigures y las otras minorías túrquico-musulmanas.
La dinastía Qing, por ejemplo, alternó periodos de administración colonial con intentos de asimilación. Cuando a finales del siglo XIX los manchúes recuperaron el control de la región tras décadas de rebeliones musulmanas, buscaron integrar a la población local dentro del modelo social chino de carácter confucionista y transmitirle otros aspectos de la lengua y cultura chinas, intento que fracasó y solo sirvió para acentuar los sentimientos de diferenciación y singularidad de los pueblos túrquico-musulmanes vis a vis la nación china (Schluessel, 2020). Entre el fin de la dinastía Qing en 1911 y la proclamación de la República Popular China por Mao Zedong en 1949, Xinjiang volvió a alejarse de los centros estatales chinos, al pasar a ser gobernada por señores de la guerra locales de la entonces minoritaria etnia han en la región, en un periodo de semiindependencia, caos e inestabilidad caracterizado por amotinamientos militares, rebeliones locales y una creciente influencia soviética (Forbes, 1986).
Este periodo asistió no solo a la oficialización y asentamiento de la identidad nacional uigur, sino también a dos intentos modernos de lograr la independencia del denominado Turquestán Oriental, término con el que la historiografía nacionalista uigur se refiere a la región (Brophy, 2016; Wang, 2018; Tursun, 2008, pp. 93-94). Estos movimientos, además de subrayar el retorno de la “nueva frontera” a su estado natural de periferia semiindependiente del centro chino (Bellér-Hann, 2008), abrieron la posibilidad de modos de cogobernanza y autonomía política de la región con base en su especificidad cultural (Benson, 1990).
Ya dentro de la República Popular China, han sido varios los intentos, más o menos traumáticos, de integrar a Xinjiang al Estado chino. Para el PCCh, la integración del territorio y la asimilación de los pueblos locales han sido tareas prioritarias desde la oficialmente denominada “liberación pacífica” de la región a finales de 1949. Pese a que los primeros pasos del régimen comunista parecieron abrir la posibilidad de una integración voluntaria y respetuosa con las minorías en una denominada “región autónoma uigur”, a partir de 1956 el PCCh estableció que el objetivo final para Xinjiang era el de reescribir su historia y asimilar a los uigures y a otras minorías étnicas a la nacionalidad han (McMillen, 1979, pp. 113-126).
Esto quedó reflejado en periodos como el del Gran Salto Adelante (1958-1962) o la Revolución Cultural (1966-1976), en los que la singularidad étnica y religiosa de los pueblos de Xinjiang se vio como obstáculo al proyecto estatal, lo que derivó en campañas destinadas a debilitar las estructuras sociales y culturales de los uigures y otras minorías (Bovingdon, 2004; Catris, 2022).
En paralelo, se emprendió una política estatal de colonización de la región mediante el envío y asentamiento masivo de ciudadanos chinos de etnia han, destinada a consolidar el control de Pekín sobre una región tradicionalmente inestable. Para este objetivo, el PCCh estableció el Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang en 1954, una suerte de colonias paramilitares inspiradas en los bingtuan con los que la dinastía Han se aventuró por primera vez en la región (Millward, 2007). Bajo la República Popular China, el enfoque asimilacionista y el cambio en el equilibrio demográfico han convertido a los uigures en “extraños en su propia tierra” (Bovingdon, 2010) y han cambiado el carácter fundamental de la región, que ha pasado de ser frontera en la periferia a integrarse a China al servicio del ascenso y desarrollo con base en su privilegiada posición de puerta terrestre de China a Occidente.
Xinjiang es hoy parte integral de la Iniciativa de la Franja y la Ruta como arteria principal entre Asia Central y China. Con todo, la denominada Nueva Ruta de la Seda, iniciada en 2013, no es sino la culminación de una serie de políticas que, con la excepción del breve retorno al gradualismo y moderación frente a la especificidad cultural de las minorías étnicas en el periodo de reforma y apertura (gaige kaifang) de la década de 1980 (Clarke, 2007b), han continuado el proyecto de “sinificación” de Xinjiang. Por ejemplo, a través de la presión demográfica y la integración de la RAUX en la economía nacional con iniciativas como la del Gran Desarrollo hacia el Oeste (xibu da kaifa) establecida en 1999, que facilitaron la consolidación de Xinjiang en el Estado chino, lo que diluyó su estatus periférico y singular a través de la migración masiva de población han o la construcción de infraestructuras (Clarke, 2007a; Moneyhon, 2003; Olivieri, 2018, p. 35).
Dichas iniciativas, si bien facilitaron la consolidación de Xinjiang dentro del Estado chino y avanzaron en la asimilación política y cultural de la región, también contribuyeron al malestar y frustración entre las minorías étnicas debido a las desigualdades económicas, la discriminación étnica y religiosa, el desarrollo urbanístico a expensas de la apropiación de tierras agrícolas o los daños medioambientales asociados, lo que desató patrones de resistencia violenta hacia el Estado chino entre los uigures (Becquelin, 2000; Smith Finley, 2013, p. 19).
Entrado el siglo XXI, y con la región estabilizada tras un periodo de tensiones étnicas, las autoridades chinas parecían decididas a continuar una política de asimilación gradual de las minorías étnicas turco-musulmanas que condujera, eventualmente, a la dilución “pacífica” de la “nueva frontera” y su integración en China. Sin embargo, los atentados del 11S en 2001 y la posterior guerra global contra el terror lanzada por Estados Unidos cambiaron radicalmente el contexto de seguridad internacional, con lo que se introdujo la variable del contraterrorismo en los cálculos políticos de Pekín para la gobernanza futura de Xinjiang.
China y el 11S: la creación del “terrorismo” en Xinjiang
En las semanas y meses posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001, las autoridades chinas incorporaron el lenguaje global del contraterrorismo en su discurso oficial, un proceso que contribuyó a redefinir las tensiones políticas históricas entre China y las minorías étnicas túrquico-musulmanas de Xinjiang como una amenaza de seguridad de carácter terrorista. Este giro en el discurso oficial fue a la vez antesala y factor facilitador de una transformación fundamental del modo de gobernanza política de la región. Las acusaciones de “genocidio cultural” hoy vertidas contra el PCCh por sus políticas en Xinjiang y las violaciones de derechos humanos en la región no pueden entenderse sin el efecto que los atentados tuvieron sobre las poblaciones musulmanas a nivel global. En Xinjiang, el 11S dio paso al establecimiento y consolidación de un aparato de contraterrorismo que en 2026 domina las políticas chinas hacia la RAUX a través de un entramado de discursos, instituciones, normativas y prácticas de seguridad.
La reinvención de las tensiones históricas en la región como una cuestión de “terrorismo” no surgió en un vacío, ya que durante la década de 1990 las autoridades chinas ya habían empezado a securitizar políticamente a Xinjiang al identificar el “separatismo” y las “actividades religiosas ilegales” como amenazas fundamentales a la estabilidad del régimen. Durante la década de 1990, en particular, el PCCh abandonó las políticas étnicas moderadas que habían caracterizado el periodo de reforma y apertura (gaige kaifang) en Xinjiang en contraste con los excesos de la revolución cultural (Kumul, 1998).
Este enfoque relativamente tolerante hacia la singularidad religiosa y cultural de la región finalizó de forma abrupta en un contexto de desafíos internos al régimen autoritario, ejemplificados por las protestas en Tiananmen en 1989, el resurgimiento del nacionalismo uigur y el colapso de la Unión Soviética al otro lado de la “nueva frontera” (Roberts, 2022). Este contexto de potencial inestabilidad reforzó a las facciones más conservadoras del PCCh, partidarias de una política más estricta en Xinjiang.
Hacia finales de la década de 1990, el PCCh ya concebía al islam como una fuerza subversiva en Xinjiang y al “secesionismo” uigur como una amenaza a la seguridad nacional (Human Rights Watch [HRW], 1998), circunstancia que intensificó la represión de las prácticas religiosas y manifestaciones culturales uigures. Aunque todavía lejos del entramado tecnológico-distópico de vigilancia que el Estado chino ha implantado en Xinjiang desde mediados de la década de 2010, las autoridades comenzaron en la segunda mitad de la década de 1990 a vigilar mezquitas y controlar imames de manera sistemática, a restringir festividades islámicas como el Ramadán o el hach ─peregrinación a la Meca─, así como otras expresiones sociales y culturales uigures que el PCCh estimaba promovían una identidad nacional túrquico-musulmana (Rudelson, 1997; Tursun, 2008). También durante estos años se comenzó a perseguir a los miembros del PCCh que practicaban el islam y se recurrió a la propaganda masiva, la reeducación y formas tempranas de vigilancia intrusiva para reforzar el control sobre la región (AFP, 1997; BBCMSAP, 1996).
La securitización y posterior represión de Xinjiang durante la década de 1990 provocaron un aumento de la violencia subestatal de carácter étnico en un ambiente ya tenso ante el desarrollismo económico y la elevada migración han, lo que inauguró un ciclo de represión, resistencia y securitización creciente que sentó las bases para la posterior reinterpretación del conflicto en términos de terrorismo tras los atentados del 11S.
Las formas de resistencia violenta incluyeron asesinatos selectivos de agentes de policía, funcionarios del gobierno chino o clérigos religiosos “patrióticos” que seguían la línea oficial estatal en materia religiosa (Shichor, 2006). Durante este periodo también se registraron las revueltas étnicas en Ghulja en febrero de 1997 (Amnesty International, 1999; Dautcher, 2004), que revelaron al exterior la tensa situación en una región hasta entonces desconocida en gran parte por la opinión pública internacional. La acción represiva estatal también propició un aumento de la actividad insurgente en forma de ataques organizados a comisarías, edificios gubernamentales y, de manera ocasional, a civiles de etnia han (Millward, 2004).
Lejos de responder a un auge del islamismo político o del yihadismo internacional, esta ola de resistencia violenta, inédita en Xinjiang desde la entrada de las tropas comunistas en la década de 1950 (McMillen, 1979), estuvo más relacionada con la represión cultural y religiosa que acompañó a la securitización de la región y las crecientes desigualdades socioeconómicas que favorecían a una población en expansión de colonos chinos han en detrimento de las minorías autóctonas (Bellér-Hann, 1997; Bovingdon, 2004). Hacia finales de la década, una estrategia de incentivos económicos y campañas represivas yanda (golpear duro) redujeron notablemente la resistencia violenta uigur, con los disidentes huyendo hacia el exilio en países de Asia Central.
La estabilización de Xinjiang, confirmada por oficiales chinos en la antesala del 11S y reflejada en una disminución drástica de la violencia entre 1999 y 2001, no impidió que los líderes chinos utilizaran los atentados del 11 de septiembre como una oportunidad estratégica para legitimar sus políticas represivas en la “nueva frontera”. Inmediatamente después de los atentados, las autoridades chinas adoptaron en su discurso oficial el vocabulario del “terrorismo”, apenas utilizado antes de 2001, un giro lingüístico crucial para la reconfiguración discursiva de las tensiones en Xinjiang en amenaza terrorista a la seguridad nacional china y global.
En las semanas posteriores al 11S, Pekín movilizó la amenaza del “terrorismo” para reconceptualizar y reinventar el historial de tensiones con la región fronteriza. De esta forma, el nacionalismo uigur y el separatismo, anteriormente etiquetados como escisionismo (fenliezhuyi), fueron reemplazados por la idea del terrorismo (kongbuzhuyi) en el discurso oficial chino (Dwyer, 2005). En esta reconfiguración narrativa, el Estado chino pasó a asociar diversas formas de expresión identitaria de los uigures, notablemente el islam, pero también otras prácticas culturales como el meshrep, con la idea del “extremismo religioso”, conceptualizada en el discurso oficial como sustrato ideológico de la violencia terrorista (HRW, 2003). De esta forma, tras el 11S, el terrorismo, hasta entonces ausente como amenaza en la agenda de seguridad nacional de China, pasó a ocupar un lugar prioritario a partir de 2001, siempre asociado a las tensiones históricas y contemporáneas con las minorías autóctonas de Xinjiang.
El proceso de redefinición discursiva, por el que el lenguaje del terrorismo comenzó a reconfigurar el marco interpretativo que define la cuestión uigur, se institucionalizó rápidamente en documentos oficiales del Estado chino. A principios de 2002, solo meses después de 11S, las autoridades chinas publicaron en inglés, destinado a una audiencia internacional, el documento oficial “East Turkestan forces cannot get away with impunity” (“Las fuerzas terroristas del Turkestán Oriental no quedarán impunes”) en el que el PCCh reescribió las tensiones históricas de la región como un problema de “terrorismo” (“‘East Turkistan’ terrorist forces”, 2002).
En paralelo, los medios estatales chinos lanzaron una campaña de desinformación destinada a magnificar el carácter subversivo e insurgente de los disturbios registrados en la región a lo largo del siglo XX (Shichor, 2006). A pesar de las inconsistencias y la problemática de la narrativa oficial china (Bovingdon, 2010; HRW, 2005), su discurso logró relativa aceptación internacional cuando Estados Unidos designó oficialmente al Movimiento Islámico del Turkestán Oriental (ETIM, por sus siglas en inglés, East Turkestan Islamic Movement) como una organización terrorista a cambio del respaldo de China a las políticas globales antiterroristas desarrolladas por Washington (Teufel, 2005), una decisión que replicó el Consejo de Seguridad de la ONU.
Sin importar las protestas de organizaciones de derechos humanos, que denunciaron las maniobras de Pekín para presentar como “terrorista” a una disidencia mayoritariamente pacífica (HRW, 2005), la designación del ETIM, un grupo hasta ese momento desconocido, como rostro visible de un entonces inexistente “terrorismo uigur” generó una narrativa académica y mediática que presentó a esta minúscula organización como una amenaza yihadista global (Millward, 2004; Roberts, 2012). Pese al cuestionamiento de expertos sobre el carácter, capacidades tácticas y vínculos de la militancia uigur con Al Qaeda o el Estado Islámico (Fishman, 2011; Mabry, 2015), las autoridades chinas han continuado explotando la amenaza del “terrorismo uigur” representada por el ETIM para justificar sus políticas de seguridad en Xinjiang (“Combating ETIM is China’s core”, 2024).
En este contexto, la retórica global del contraterrorismo ofreció a Pekín un marco útil para reinterpretar un conflicto históricamente ligado a la gobernanza de una región fronteriza. Tras el 11S, China integró a los uigures en la narrativa global de terrorismo, choque de civilizaciones y amenaza islámica (Bovingdon, 2010). Al reescribir un conflicto de carácter fronterizo ─entre el centro y la periferia─ en Xinjiang como una cuestión de terrorismo global, el Estado chino no respondió a un cambio táctico por la disidencia uigur, cuyo uso de la violencia había casi desaparecido tras años de represión en la década de 1990. Más bien, Pekín supo adaptarse y aprovechar un nuevo contexto geopolítico internacional en el que, con Estados Unidos a la cabeza, se legitimaban prácticas de seguridad extraordinarias, como la tortura o la intervención militar, contra poblaciones minoritarias sospechosas de apoyar el terrorismo islámico.
Este fenómeno, registrado en otros países como Rusia, con la minoría chechena, permitió a China hallar una justificación y dar carta blanca para acelerar la asimilación de Xinjiang y finalmente diluir la nueva frontera en el centro estatal. Solo meses después de este cambio de discurso, diversas organizaciones internacionales comenzaron a informar de detenciones masivas en Xinjiang, la imposición de penas severas por actos de disidencia política no violentos y un aumento en la aplicación de la pena de muerte (Bhattacharya, 2003; HRW, 2003), lo que evidenció una transformación de las políticas de seguridad de China en Xinjiang con base en una supuesta amenaza terrorista uigur.
En conjunto, estos desarrollos muestran cómo la adopción del lenguaje del terrorismo tras el 11S permitió al Estado chino securitizar de manera más profunda el conflicto en Xinjiang, lo que legitimó la expansión de políticas extraordinarias de seguridad y reforzó su control sobre una región históricamente concebida como frontera política y territorial.
Contraterrorismo sin terroristas: la consolidación del aparato de control estatal en Xinjiang
Tras apoyar estratégicamente la guerra global contra el terrorismo y adoptar al terrorismo como categoría central en su discurso sobre Xinjiang, el PCCh pasó a remodelar su gobernanza en Xinjiang de acuerdo con el paradigma antiterrorista, lo que trasladó este nuevo marco narrativo a una serie de instituciones, políticas y prácticas de control destinadas a reforzar la gobernanza del Estado sobre la región uigur. En este proceso, la construcción del terrorismo se tradujo en dispositivos concretos de gobernanza y control. Este cambio se justificó con base en la amenaza del terrorismo uigur, una construcción narrativa sistemática que, sin embargo, no tuvo manifestaciones reales durante buena parte de la década de 2000.
Esta ausencia de condiciones objetivas en torno a una amenaza terrorista no impidió, sin embargo, la construcción discursiva del terrorismo uigur como un problema existencial que justificara medidas extraordinarias de control. Ya en 2003, las autoridades regionales situaron a las “fuerzas terroristas” como el “mayor peligro” para la estabilidad social en Xinjiang (BBCMSAP, 2003). Al partir de este diagnóstico, Pekín pasó a establecer un aparato de estructuras administrativas, militares, de seguridad y legislativas destinadas a consolidar su control sobre la región, proyectarla hacia el exterior como el frente chino en la contienda global contra el terror y presentar a China como un socio internacional fiable y comprometido con la misma (BBCMSAP, 2004).
A principios de 2002, el Ministerio de Seguridad Pública chino creó un Equipo Nacional de Coordinación Antiterrorista (Zhang, 2013), que posteriormente fue integrado en un Buró Antiterrorista de nueva creación. Esta agencia publicó, en diciembre de 2003, la primera lista de supuestas organizaciones de carácter yihadista vinculadas a la causa del “Turkestán Oriental”, que incluía a once supuestos “terroristas” (“China issues list”, 2003). La lista puso nombre y rostro a una amenaza difusa y abstracta, no sin afectar la credibilidad del PCCh, ya que se incluyeron organizaciones uigures como el recién fundado Congreso Mundial Uigur, catalogado por China en 2004 como una organización “unificada para actividades terroristas y separatistas”, pese a su carácter pacífico (AFP, 2004). En palabras del secretario adjunto del PCCh en Kashgar, Zong Jian, “las actividades antigubernamentales, el extremismo religioso y el terrorismo eran esencialmente lo mismo” (Associated Press [AP], 2004), postura que evidenció que el plan del gobierno chino era tratar a toda disidencia política y afirmación cultural uigur como una cuestión de terrorismo.
En este nuevo contexto, el gobierno chino impulsó la militarización de la región bajo el pretexto de una lucha antiterrorista. La institucionalización de esta narrativa en torno a la amenaza terrorista se reflejó rápidamente en la reorganización del aparato de seguridad del Estado en Xinjiang. Después del 11S, se trasladaron cientos de tropas de la Policía Armada del Pueblo desde la capital regional Urumqi a Kashgar y se destinaron cuatro divisiones del Ejército Popular de Liberación a reforzar el despliegue militar en el sur de Xinjiang, núcleo demográfico y cultural de la población uigur.
En 2008, la Comisión Militar Central china elevó el estatus del contingente de la Policía Armada del Pueblo en Xinjiang de “mando de cuerpo adjunto” a “mando de cuerpo completo” (Reuters, 2008b), lo que situó de facto a esta fuerza paramilitar al frente de la lucha contra el terrorismo y al Ejército Popular de Liberación en un rol de disuasión (Li, 2017; “China ‘stages’ large military drill”, 2013). En paralelo, las autoridades chinas enviaron 1 750 cuadros del PCCh al sur de la región en noviembre de 2001 con el objetivo de “conocer” a los residentes locales (AFP, 2001c). Esta medida marcó el comienzo de una campaña estatal de décadas de transferencia masiva de funcionarios chinos a Xinjiang, destinada a penetrar la sociedad uigur, y que en sus formas invasivas más recientes ha incluido el envío de chinos han a hogares uigures para vigilar y promover su asimilación cultural (AP, 2018), en línea con las tradiciones maoístas de movilización de masas (Zhang, 2022), y en una clara dirección asimilacionista.
En paralelo a esta transformación estructural, el Estado chino comenzó estos años a habilitar un marco legal en apoyo de la lucha contra el terrorismo. Ya en diciembre de 2001, poco después de los atentados del 11S, las autoridades enmendaron el Código Penal para incluir como delitos la creación y posesión de “información terrorista” (People’s Republic of China, 2001), lo que dio pie a las primeras detenciones de ciudadanos uigures por motivos relacionados con la información considerada terrorista. En 2005, el gobierno comenzó el proceso de redacción de una ley antiterrorista, finalmente aprobada en 2015 y modificada en 2018 (The State Council Information Office of the People’s Republic of China, 2024).
La construcción del terrorismo uigur como amenaza de seguridad tampoco se limitó al plano doméstico, sino que fue proyectada hacia el exterior mediante una activa política regional en Asia Central. El movimiento más significativo en esta dirección, liderado por China, y destinado a controlar cualquier disidencia política o nacionalismo uigur, fue la creación del grupo de los Cinco de Shanghai, compuesto por China, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán, y que se transformó en 2001 en la Organización de Cooperación de Shanghai, tras sumarse Uzbekistán. El foro, destinado a reforzar la seguridad regional tras el colapso soviético, permitió a Pekín obtener el apoyo de sus socios en la lucha contra las denominadas “tres fuerzas” del “terrorismo, separatismo y extremismo religioso”.
China también firmó acuerdos bilaterales con varios países de Asia Central, incluidos Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán y Tayikistán (BBCMSAP, 2002b, 2007), con el objetivo de controlar a las poblaciones uigures en estos países. En este contexto, las naciones de Asia Central, culturalmente cercanas a las minorías étnicas de la región, dejaron de ser un espacio seguro para la actividad política y cultural uigur en la diáspora.
Para la gestión de Xinjiang, y en clave estratégica, esta red de acuerdos permitió a China aislar, o cuando menos obstaculizar los lazos políticos y culturales del Turquestán Oriental con el gran Turquestán, paso crucial para separar la frontera de una vecindad afín en el plano religioso y cultural, espacio de extensión natural de la singularidad túrquico-musulmana. En términos estratégicos, esta política contribuyó a reforzar el control estatal sobre lo que históricamente los poderes chinos ejercieron sobre una periferia sensible y de compleja integración.
Con el uso de una estrategia similar en la que Pekín ofreció asistencia económica a cambio de cooperación en inteligencia o deportaciones de uigures, China cerró acuerdos en estos años con otros países asiáticos como Pakistán, Afganistán, Nepal, Laos y Camboya (Brady, 2009; Hoshur, 2010; Reddy, 2004). Desde Asia Central hasta Europa, la guerra global contra el terror se convirtió en esta etapa en fuente de inseguridad para las comunidades uigures en el extranjero (“Targeting Chinese dissidents”, 2006; “Cutting off support for Uigurs”, 2007), que quedaron al amparo de gobiernos locales interesados en congraciarse con una potencia económica en auge.
De forma paralela a la expansión institucional del aparato antiterrorista, el discurso del terrorismo comenzó a reconfigurar la gestión cotidiana de la vida social, religiosa y cultural en Xinjiang. En el ámbito doméstico y en un nuevo contexto de legitimación internacional, el Estado chino intensificó su represión a las prácticas religiosas y culturales del pueblo uigur bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo, lo que evidenció que el objetivo principal del régimen no era tanto neutralizar una amenaza tangible a la seguridad sino establecer un sistema de control estructural sobre la población uigur.
Actividades como el estudio de escrituras sagradas o el ayuno durante el Ramadán fueron denunciadas y castigadas como intentos de divulgación del separatismo (AFP, 2001d; BBCMSAP, 2003). Las peregrinaciones, los ritos intercomunitarios y el culto en los santuarios o mazar fueron igualmente restringidos o prohibidos (Hoshur, 2009). Muchas mezquitas fueron demolidas, puestas bajo vigilancia o clausuradas durante estos años (Guljekre, 2006). Además, se intensificaron la reeducación política de los imames, la confiscación de textos religiosos no autorizados y la censura sobre el Corán (HRW, 2005; Pik-Kwan Chan, 2001). Ya en esta etapa, el gobierno chino también intentó prohibir el uso del velo y otros símbolos islámicos (York, 2004).
Resurgieron además las campañas de “mano dura” que habían sofocado el separatismo disidente en los años de 1990, ahora enfocadas en la supresión de la “religión ilegal” y la detención de “separatistas musulmanes” en el contexto de la lucha contra el terrorismo. Las autoridades también dirigieron sus esfuerzos en materia antiterrorista contra la cultura y los medios de comunicación uigures, al denunciar la infiltración de “fuerzas separatistas étnicas” en la producción literaria y digital (BBCMSAP, 2002a). Hacia finales de la década de 2000, varios escritores uigures habían sido arrestados (The Dui Hua Foundation, 2003), mientras en Xinjiang se consolidaba un sistema integral de vigilancia y represión de las prácticas religiosas (HRW, 2005).
Este aparato de securitización bajo el marco discursivo antiterrorista continuó expandiéndose durante la década, especialmente en momentos de alta visibilidad internacional para el régimen, como en el periodo previo a los Juegos Olímpicos de 2008. El régimen chino afirmó entonces que el terrorismo vinculado a Xinjiang era la mayor amenaza para el país (AFP, 2007), y alertó de escenarios de secuestros, atentados nucleares y sabotajes en torno a la cita olímpica (“China stages terrorist drill”, 2007; Reuters, 2008a). En este contexto, las autoridades organizaron una serie de operaciones de seguridad previas a los juegos contra supuestas células terroristas, escuelas coránicas ilegales y campos de entrenamiento yihadistas, lo que resultó en decenas de arrestos y muertes (“82 suspected terrorists”, 2008; Xinhua, 2008). Estos movimientos fueron recibidos con escepticismo.
En un caso paradigmático, testigos locales desmintieron que una redada contra un supuesto campo del ETIM fuera tal, al revelar que el incidente había surgido por un conflicto en torno a la propiedad de una mina (Poch, 2007). También generó dudas un presunto intento de secuestro aéreo atribuido al ETIM, cuya explicación oficial fue tildada de inconsistente (Elegant, 2008). Episodios de este tipo, en los que la versión oficial de los hechos producía más dudas que certezas en torno a ellos, reflejan el patrón de narrativas chinas estatales contradictorias que ha caracterizado el discurso chino sobre el “terrorismo uigur” (Demick, 2011; Wong, 2011).
Tras años de políticas antiterroristas en ausencia de terrorismo, el primer episodio de violencia política destacable se reportó en agosto de 2008, cuando dos uigures atropellaron con un camión a varios miembros de la policía armada china en Kashgar, matando a 16 agentes (“They hacked police”, 2008). Aunque las autoridades chinas presentaron el incidente como un atentado terrorista inspirado en el yihadismo global (“E. Turkistan group ‘behind’ terror attack”, 2008), la versión oficial fue cuestionada por falta de transparencia en torno a la secuencia de los hechos y la identidad e intenciones de los atacantes (Wong, 2008). Este episodio de violencia emergió tras años de intensificación del proceso de securitización, lo que sugiere que, lejos de estabilizar Xinjiang, la lógica de securitización contribuyó a intensificar un conflicto que previamente había sido contenido. Como indicó el experto Nicholas Becquelin, la criminalización absoluta de toda disidencia que durante años había marcado la campaña antiterrorista del Estado chino había acabado por radicalizar a segmentos de la población uigures, conscientes de que incluso la expresión pacífica de sus ideas políticas sería castigada como terrorismo (citado en Parry, 2008).
Las revueltas étnicas de Urumqi no fueron, en cualquier caso, un atentado organizado, sino un episodio de violencia colectiva que proyectó a Xinjiang en la escena internacional en julio de 2009. El régimen culpó a “miles de terroristas” dirigidos desde el extranjero de organizar el incidente (The State Council Information Office of the People’s Republic of China, 2019; Xinhua, 2009). Sin embargo, la violencia solo estalló tras la represión por las fuerzas de seguridad chinas durante una manifestación contra el asesinato de dos migrantes uigures en una fábrica en Guangdong (Xinhua News Agency, 2009). Tras el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad se desató una ola de ataques por radicales, mayoritariamente contra la población han, lo que dejó un saldo de al menos 197 muertos (Hu & Lei, 2009; Marquand, 2009). El episodio confirmó que la estrategia china tras el 11S, si bien había logrado aprovechar la coyuntura internacional para legitimar internacionalmente la represión en Xinjiang, había profundizado los agravios entre la población local, la desconfianza entre diversos grupos étnicos y el resentimiento uigur hacia el Estado chino.
Las contradicciones derivadas del establecimiento de un entramado institucional, militar y legal destinado a consolidar el control estatal sobre Xinjiang se hacen cada vez más visibles a medida que se consolida el siglo XXI, incrementa la inestabilidad en la región y sienta las bases para políticas de seguridad mucho más intrusivas que podrán emerger en la década siguiente.
Represión, insurgencia y “guerra popular”
Con el discurso del terrorismo traducido en un aparato institucional de seguridad en Xinjiang, el proceso de securitización de la región entró en un ciclo de violencia y radicalización caracterizado por dinámicas locales de represión estatal y resistencia uigur. Los disturbios de Urumqi intensificaron las tensiones subyacentes en la región y marcaron el inicio de una nueva fase, mucho más asertiva y contundente, en las políticas antiterroristas del gobierno chino hacia la RAUX.
En respuesta a los hechos de 2009, Pekín incrementó de forma exponencial su aparato de seguridad en la región (Zenz & Leibold, 2017a) y amplió las redadas contra supuestos grupos terroristas y aquellas actividades religiosas consideradas ilegales, la mayoría, en el contexto de lucha contraterrorista (Branigan, 2009; Qiao, 2011). A diferencia del periodo entre 2001 y 2008, donde la dureza de las políticas estatales no halló resistencia entre los uigures, esta nueva oleada de represión provocó una espiral de violencia insurgente, incluido el uso de tácticas terroristas, inédita desde la década de 1990. Tras una serie de ataques indiscriminados por radicales uigures entre 2011 y 2014, el gobierno chino declaró la “guerra popular contra el terrorismo” en Xinjiang, lo que inició un viraje hacia la asimilación de la población autóctona y un proceso que desembocaría, años más tarde, en políticas de seguridad extraordinarias, como la notable internación masiva de cientos de miles de uigures en campos de “reeducación” bajo el pretexto discursivo de su “desextremización”.
En la práctica, la estrategia antiterrorista china comenzó a redefinir un amplio espacio de la vida social y religiosa en Xinjiang. Desde 2010, las autoridades chinas intensificaron las campañas de demolición de mezquitas, así como la reeducación política de los imames. Se amplió el rango de expresiones religiosas consideradas manifestaciones de “extremismo religioso” o “terrorismo”, que criminaliza prácticas como rezar, estudiar o recitar el Corán, celebrar el Mawlid o el Ramadán, o elegir nombres considerados “excesivamente religiosos” para los recién nacidos (Abdilim, 2013; Hoshur, 2016). La injerencia estatal en el ámbito religioso también incluyó la prohibición de formas de vestir o estilos considerados “anormales” por las autoridades chinas, como los velos faciales, el burka, los pañuelos ajustados en mujeres jóvenes, las barbas en hombres de mediana edad o prendas con el símbolo de la media luna y estrella (Cui, 2015; Sulaiman, 2015).
La intensificación de la represión que siguió a las revueltas de Urumqi se articuló en torno a dos ejes principales. En primer lugar, la ilegalización de la transmisión privada del islam a menores y entre familias, con la prohibición de la enseñanza en el hogar o en escuelas no autorizadas por el gobierno, bajo acusaciones de extremismo religioso o amenaza a la seguridad nacional. En segundo lugar, una estrategia de asimilación orientada a imponer la cultura tradicional china, valores patrióticos y la lealtad al PCCh en espacios educativos y religiosos Irade, 2016; Radio Free Asia’s Uyghur Service, 2018).
Se impulsó, además, un programa agresivo de secularización de la población, con medidas destinadas a erradicar la religión en escuelas, universidades y los ámbitos familiares, sociales y culturales uigures (Chang & Bai, 2014; Reuters, 2013, 2016), lo que reflejó una estrategia más amplia que el mero antiterrorismo, orientada a la transformación cultural de la región y a un apuntalamiento de su integración en el Estado chino. Algunas de estas medidas incluyeron la promoción del consumo de alcohol o tabaco en entornos musulmanes, o la exigencia del abandono de prácticas religiosas como condición para contraer matrimonio o acceder a servicios estatales (Hoshur, 2015a; Sun, 2017).
Paralelamente, el aparato de seguridad comenzó a dirigirse de forma sistemática contra las élites culturales e intelectuales uigures. Los disturbios marcaron un punto de inflexión en la persecución de las mismas. Un caso emblemático de esta estrategia de decapitación de la identidad uigur fue la condena a cadena perpetua del académico Ilham Tohti en 2014, acusado de separatismo (Gao, 2014).
Tohti, reconocido por su moderación y por actuar dentro del marco constitucional chino, había criticado las políticas económicas y la creciente securitización de Xinjiang, al alertar que, lejos de resolver el problema estructural de la integración de la región en el Estado chino, las mismas contribuían a agravar el separatismo violento y el yihadismo (G. E., 2014; Musa, 2008; Ramzy, 2010). Como Tohti, numerosos intelectuales, periodistas y figuras culturales uigures ─especialmente quienes criticaban las políticas estatales─ fueron detenidos y acusados de delitos contra la seguridad nacional (Abdilim, 2010; Tursun, 2011). La criminalización del estudio y difusión de la historia, literatura y cultura uigur, incluso en internet, se convirtió en un elemento central de las políticas de Xinjiang, lo que evidenció un marcador de carácter asimilacionista destinado a erosionar la identidad uigur en lo que, por otra parte, se presentó sistemáticamente en el discurso oficial como un problema de seguridad antiterrorista.
En este contexto, la intensificación del proceso de securitización contribuyó a generar nuevas dinámicas de confrontación entre el Estado chino y sectores de la población uigur. Estimulado en parte por el agravamiento de la represión tras los disturbios de Urumqi, y espoleado en ocasiones por la influencia del islamismo global militante de corte salafista, Xinjiang experimentó una segunda ola de violencia, similar a la que había vivido a mediados de la década de 1990, entre 2008 y 2017. El ciclo comenzó con el antes mencionado ataque en Kashgar, en agosto de 2008, y culminó con un apuñalamiento masivo en las calles del condado de Guma (Pishan) en 2017 (Ng, 2017). Durante este periodo se registraron más de un centenar de incidentes violentos vinculados a uigures tanto en Xinjiang como en otras partes de China.
Estos episodios adquirieron diversas formas ─desde estallidos espontáneos de violencia en un contexto de protestas, hasta ataques premeditados indiscriminados contra civiles─ y estuvieron siempre asociados con las tensiones sociales, religiosas y étnicas que habían confluido en las revueltas de Urumqi. Así, en muchas ocasiones, la violencia surgió como reacción directa a la represión estatal. Numerosos incidentes descritos por las autoridades chinas como “ataques terroristas” fueron en realidad estallidos espontáneos de violencia provocados en el transcurso de controles de identidad, redadas o restricciones religiosas (Yang, 2011; Zhuang, 2014).
La aplicación de la prohibición del velo y prendas similares en mujeres, por ejemplo, fue el detonante frecuente de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad (Grammaticas, 2013). También se registraron episodios de violencia colectiva tras la escalada de situaciones tensas, como ocurrió en Urumqi en 2009. Las restricciones religiosas, la detención de imames o la imposición de normas culturales provocaron protestas que, en más de una ocasión, terminaron con la muerte de manifestantes a manos de la policía (Choi, 2011; Haas, 2015; Qiu, 2013). A esto se sumaron las redadas antiterroristas, notablemente frecuentes desde 2013, que culminaron en la detención o muerte de presuntos disidentes en circunstancias poco transparentes (Boehler, 2013; Hoshur, 2013).
Junto a este tipo de violencia espontánea y reactiva, también emergió una resistencia organizada que dirigió ataques selectivos contra funcionarios del gobierno, policías y otros agentes de seguridad y figuras religiosas afines al PCCh (Cui, 2014). Radicales uigures perpetraron atentados como el atropello mortal de Kashgar en 2008, así como el uso de bombas incendiarias y explosivos contra estaciones de policía (Meng, 2014; “San shi lianhuan kong”, 2013; Wan, 2013). También atacaron controles de carreteras y edificios gubernamentales o del PCCh (Buckley, 2013), así como a la población china han residente en Xinjiang, incluidos comerciantes, agricultores o trabajadores migrantes (Hoshur, 2015b).
La violencia organizada también adoptó formas inequívocamente terroristas. Así, atacantes uigures perpetraron atentados contra transeúntes, que incluyeron explosiones en lugares públicos (Hoshur & Sulaiman, 2014), apuñalamientos masivos (como el registrado en la estación de tren de Kunming, en marzo de 2014, que dejó 35 muertos, incluidos cuatro atacantes, y 143 heridos; Sina News, 2014) o atropellos como el sucedido en la plaza de Tiananmen en 2013 (Cui, 2013).
Ante esta escalada de violencia y creciente inestabilidad, el liderazgo chino optó por intensificar aún más la lógica de securitización y el estado de emergencia. En mayo de 2014, con la ola de violencia en su punto álgido, el presidente chino Xi Jinping instó al gobierno a tomar “acciones decisivas” para “reprimir sin contemplaciones el impulso de los terroristas” (Xinhua, 2014a). Seguidamente, el líder regional Zhang Chunxian declaró una “guerra popular” contra la “violencia maligna y los ataques terroristas” y advirtió que el enfrentamiento sería “muy intenso” (“Xinjiang’s Party chief wages”, 2014).
En seguimiento a estas instrucciones, el Grupo Nacional de Lucha Antiterrorista lanzó la campaña yanda (golpear duro) contra “grupos terroristas y extremistas religiosos” (Xinhua, 2014b). Inicialmente prevista para un año, la campaña se prorrogó primero hasta 2015, luego hasta 2016 y 2017 (Cui, 2016), lo que estableció un estado de emergencia en la región, el preludio de la fase más brutal y decisiva en la gobernanza china contemporánea en Xinjiang, un periodo de control social y reeducación masiva destinado a alterar de manera decisiva la relación entre el estado chino y su “nueva frontera”, siempre bajo la coyuntura del discurso securitizador antiterrorista.
Transformando la “nueva frontera”: vigilancia y asimilación
Si las fases anteriores en el proceso de securitización de Xinjiang bajo el discurso de la amenaza terrorista estuvieron marcadas por una escalada gradual de la represión estatal y la eventual violencia insurgente, a partir de 2017 el liderazgo chino optó por una estrategia más radical destinada, no a la lucha antiterrorista, sino a la transformación estructural de la gobernanza de la región. Esta fase marca, por tanto, un punto de inflexión en el proceso de reconfiguración de la frontera, en tanto que el discurso y las dinámicas “antiterroristas” pasaron a materializarse en formas sistemáticas de vigilancia, internamiento y control social a gran escala.
Para seguir las directrices centrales de Xi Jinping de “apresar” y “sentenciar” (Tobin, 2022, p. 10), las políticas del Estado chino en Xinjiang comenzaron este giro drástico a inicios de 2017. El cambio coincidió con el nombramiento de Chen Quanguo, arquitecto de la previa “estabilización” del Tíbet (Zenz & Leibold, 2017b), como secretario del PCCh en la región. Chen ordenó a las fuerzas de seguridad chinas “enterrar los cadáveres de los terroristas y grupos terroristas en el vasto mar de la guerra popular” (citado en “Chinese police hold”, 2017).
Se abrió así un periodo en la historia reciente de la región en el que, bajo esta retórica contundente, China desplegó en la RAUX una vasta red de vigilancia y control policial compuesta por centenares de controles, miles de comisarías y decenas de miles de cámaras de seguridad distribuidas de manera estratégica (Chin & Bürge, 2017; Gan, 2017; Zenz & Leibold, 2017a). Según Zhu Hailun, mano derecha de Chen, este modelo de “gestión social” garantizaría un control de la población uigur “sin huecos, sin puntos ciegos, sin espacios en blanco” (citado en Pengpai Xinwen, 2017).
En la práctica, la nueva lógica de securitización se ha traducido en la construcción de uno de los sistemas de vigilancia más extensos del mundo contemporáneo. Bajo este marco, el aparato estatal chino implementó una serie de prácticas altamente intrusivas destinadas a la vigilancia de las minorías túrquico-musulmanas e identificación de individuos “anómalos” o “desviados” a juicio de las autoridades (Leibold, 2020).
Estas medidas incluyeron restricciones de movimiento, reconocimiento facial y de voz, geolocalización de vehículos mediante GPS, control de domicilios y objetos mediante códigos QR, recopilación de datos biométricos para un sistema de crédito social, confiscación de pasaportes y la instalación forzosa de aplicaciones espía en teléfonos móviles bajo el argumento de proteger la “seguridad nacional” (HRW, 2017a; 2017b). El régimen chino centralizó este sistema de vigilancia masiva en una Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas destinada a recopilar datos personales y de la vida cotidiana de millones de uigures y generar alertas de detección de actividades “sospechosas” de “extremismo” religioso, como llevar una barba “anormal” o no utilizar el teléfono móvil (Wang, 2019).
Este proceso de transformación estructural ha facilitado la institucionalización de un sistema de internamiento masivo destinado a neutralizar preventivamente cualquier forma potencial de disidencia. En un contexto de vigilancia panóptica continua y absoluta (Foucault, 1975), y con Chen llamando a “detener a todos los que deban ser detenidos” (Ramzy & Buckley, 2019), Pekín procedió, a partir de 2017, al internamiento masivo forzado y extrajudicial de cientos de miles de personas, en su mayoría uigures y miembros de otras minorías túrquico-musulmanas, como la kazaja (Greitens et al., 2019/2020). Esta campaña fue diseñada por Zhu, oficial de carrera en el PCCh de Xinjiang con años de experiencia en las ciudades oasis del sur de la región y una reputación de agresividad contra la religión y cultura uigures (Chavkin, 2019; Khatchadourian, 2021).
Diversas investigaciones estiman que al menos un millón de personas han sido recluidas durante años en esta red de decenas de centros de detención (Batke, 2019; Ruser, 2020). Organizaciones de derechos humanos y expertos han descrito estos espacios como “un complejo sistema de encarcelamiento y control de las minorías” (Vanderklippe, 2019) o como una “política masiva de detención indefinida sin juicio, internamiento masivo y encarcelamiento” (Uyghur Human Rights Project, 2019). En estas instalaciones se ha evidenciado la presencia de medidas coercitivas contra los internos que incluyen el adoctrinamiento, tortura, abusos sexuales, control de la natalidad, esterilizaciones forzadas y programas de trabajos forzosos (AP, 2020; Lehr & Bechrakis, 2019; Uyghur Tribunal, 2021; Xu et al., 2020).
El internamiento masivo no busca únicamente una neutralización de supuestas amenazas potenciales de terrorismo, sino transformar a la fuerza la identidad de los internos. Estos son sometidos a programas de reeducación destinados a reconfigurar la identidad de las minorías túrquico-musulmanas, alejándolas de sus referentes culturales fundamentales ─notablemente el islam─ para fomentar una mayor afinidad con la lengua y cultura chinas y asegurar la lealtad ideológica al PCCh (Chavkin, 2019; García-Noblejas Floriano, 2025; Mauk, 2019; Ramzy & Buckley, 2019).
En este sentido, las políticas más recientes aplicadas en Xinjiang pueden entenderse como parte de un proceso más amplio de integración forzada de una región históricamente concebida por el Estado chino como una periferia estratégica, lo que confirma el carácter marcadamente colonial del proyecto chino hacia la región (Olivieri, 2022, p. 77). A partir de esta lógica, las políticas aplicadas en Xinjiang se inscriben en una forma de asimilacionismo forzoso que, a juicio de académicos, activistas, defensores de derechos humanos, abogados y legisladores, constituye un caso de “genocidio” o “genocidio cultural” (“Canada’s parliament declares”, 2021; Leibold, 2019; Roberts, 2020; Smith Finley, 2021; Zenz, 2019).
Según Roberts (2022, pp. 95, 98-99) los campos parecen buscar deliberadamente una “pacificación completa” de la región a través de la destrucción de la “identidad colectiva” uigur, la ruptura de la solidaridad entre su gente y una reducción de su población. Llegados a este punto, la securitización de las tensiones Xinjiang ha pasado a articularse como un proyecto más amplio de transformación social y cultural, orientado a redefinir la relación entre el Estado y la población en esta región fronteriza, lo que marcaría una transición fundamental histórica de Xinjiang de un estatus fronterizo hacia su plena asimilación en el espacio geográfico y cultural chino.
Como en fases anteriores, estas políticas han sido justificadas públicamente mediante el lenguaje del contraterrorismo. Desde el discurso oficial chino, y dentro de la lógica de securitización, se han presentado las instalaciones de internamiento como “centros de educación y formación profesional” (Lao, 2019) destinados a la “desextremificación” de los internos como parte de una estrategia de contrainsurgencia preventiva. Según un libro blanco publicado por Pekín, los campos forman parte de un “esfuerzo intensivo de lucha contra el terrorismo y la radicalización” que estaría en sintonía con la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad, a fin de eliminar “las condiciones que propician la propagación del terrorismo” (The State Council Information Office of the People’s Republic of China, 2019). La guerra contra el terrorismo es, por tanto, la justificación que las autoridades utilizan para racionalizar las políticas en Xinjiang, entendidas como “la vía necesaria para afrontar el extremismo islámico o religioso” (Miles et al., 2018). El gobierno chino ha respondido a las acusaciones de “genocidio” calificándolas de “difamación maliciosa” utilizada por los países occidentales para “desestabilizar a Xinjiang y contener a China” (Liu & Zhang, 2021).
Conclusión
La elevación del terrorismo a la categoría de principal amenaza para la seguridad global tras el 11S transformó profundamente el lenguaje y las prácticas de seguridad del gobierno chino en Xinjiang. En un contexto de proliferación internacional de campañas antiterroristas de corte doméstico, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, citó a Xinjiang como un ejemplo preocupante de la tendencia, en numerosos países, de “utilizar la excusa de combatir el terrorismo para reprimir la libertad de expresión y la disidencia legítima no violenta” (AFP, 2001b).
Más de dos décadas después de que China instrumentalizara los atentados y la consiguiente guerra global contra el terror para reforzar la securitización de la región uigur, la guerra contra el terrorismo impulsada por Pekín ha transformado radicalmente a Xinjiang y ha tenido efectos profundos y duraderos sobre los uigures y otras minorías túrquico-musulmanas. Estas medidas van más allá de la mera legitimación o intensificación de la represión política y religiosa que ya se había instaurado en la región en la década de 1990.
Este artículo ha argumentado que dicha transformación debe entenderse, entre otras variantes, como un proceso de reconfiguración de la otrora “nueva frontera” por el cual Xinjiang ha pasado de ocupar una posición periférica y ambigua dentro del cuerpo geopolítico chino a ser objeto de una integración forzada, vigilada y disciplinada, que busca desdibujar su alteridad cultural y territorial.
Desde una perspectiva constructivista, el artículo ha ilustrado cómo las amenazas de seguridad, incluida la del terrorismo, no responden únicamente a realidades materiales como las históricas tensiones entre el Estado chino y los pueblos túrquico-musulmanes, sino que son producidas, articuladas y estabilizadas a través de marcos discursivos que condicionan sus respuestas políticas. Crucialmente, en el caso de Xinjiang muchas de estas políticas fueron implementadas en contextos donde la violencia insurgente era limitada o episódica, lo que refuerza la interpretación de que el “terrorismo uigur” funcionó más como un marco discursivo legitimador de transformaciones políticas más profundas que como un descriptor objetivo de las tensiones en la región.
La securitización y ulterior transformación de Xinjiang se ha desarrollado gradualmente: primero mediante la construcción discursiva del terrorismo tras el 11S, posteriormente a través de la consolidación de un aparato institucional antiterrorista y finalmente mediante la adopción de formas cada vez más intrusivas de control social y reeducación masiva destinadas, no solo a suprimir toda forma de disidencia política, sino también a erradicar un amplio espectro de prácticas sociales, religiosas y culturales del pueblo uigur (Byler, 2022; Roberts, 2020).
Este proceso no solo ha intensificado la presión histórica que el Estado chino ha ejercido sobre las minorías túrquico-musulmanas en Xinjiang, sino que también ha contribuido a generar una espiral de resistencia violenta, una forma de estertor disidente, al estado de represión absoluta impuesto en la RAUX. En su fase más reciente, la securitización de Xinjiang ha evolucionado hacia un proyecto más ambicioso: una ingeniería social coercitiva orientada a reconfigurar la identidad étnica y religiosa de los uigures y otras minorías musulmanas túrquicas, asimilándolas al imaginario nacional chino han (Leibold, 2019; Xu et al., 2020; Zenz, 2019). En este sentido, las políticas implementadas en Xinjiang recuerdan a las dinámicas de gobernanza colonial y fronteriza (Olivieri, 2022), en las que la securitización de poblaciones periféricas sirve para legitimar proyectos de integración forzada y transformación cultural. Se trata, en última instancia, de un intento estatal por transformar la “nueva frontera”, históricamente espacio de contacto, diferencia y tensión, en una extensión homogénea y funcional del Estado chino. La “guerra popular” contra el terrorismo en Xinjiang no constituye, por tanto, una campaña represiva contra una amenaza específica como Pekín sigue reclamando (Feng, 2021), sino un proceso estructural de colonización interna a través de dispositivos de seguridad y tecnologías de control y como parte de un proceso más amplio de reconfiguración de la frontera.
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Pablo A. Rodríguez-Merino
Español, británico. Doctorado en política y estudios internacionales por la Universidad de Warwick (Reino Unido). Profesor titular en el Departamento de Defensa y Estudios Internacionales de la Royal Military Academy Sandhurst (Reino Unido). Líneas de investigación: seguridad internacional, violencia política, narrativas de seguridad, conflicto étnico en China. Publicación reciente: Rodríguez-Merino, P. A. & Zhang, C. (2023). Impaired, “easy prey” saved by the she-empowering state: official narratives of “Xinjiang women” in China’s “People’s war on terror”. International Feminist Journal of Politics, 25(5), 918-940. https://doi.org/10.1080/14616742.2022.2159850
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