| Artículo | Estudios Fronterizos, vol. 11, núm. 22, 2010, 129-156 |
Estudio sobre la relación entre equidad de género y desarrollo humano en la región noreste de México, 1995–2005
Study about the relation of gender equity and human development in northeastern Mexico, 1995- 2005
Francisco José Zamudio Sánchez*, Miriam Núñez Vera**, Fausto Gómez Salazar***
* Profesor–investigador de la Universidad Autónoma Chapingo.
Correo electrónico: fjzams@yahoo.com
** Profesora–investigadora de la Universidad Autónoma Chapingo.
Correo electrónico: miri_nuve@yahoo.com.mx
*** Grupo diniz S.A. de C.V.
Correo electrónico: fama13ch@hotmail.com
Artículo recibido en enero de 2010
Segunda versión recibida en julio de 2010
Artículo aceptado en julio de 2010
Resumen
A través de índices provenientes de variables fácilmente medibles, se estudian los avances y retrocesos de la sociedad en su lucha por la equidad de género en México y su relación con el desarrollo humano. Se muestran las posibles tendencias que tomará dicho problema a futuro en la medida en que se brinden oportunidades, tanto a mujeres como a hombres, para el pleno desarrollo de sus capacidades y la utilización de las mismas en su entorno. El estudio de caso se enfoca en los municipios de la región noreste del país, conformada por los estados de Nuevo León y Tamaulipas, en los años 1995, 2000 y 2005. Se observa una reducción en la brecha de la desigualdad en opciones de salud, educación e ingreso, aunque la condición de la mujer respecto al hombre está aún muy lejos de ser equitativa, especialmente en recursos para una vida digna. La posición de las mujeres respecto a la de los hombres muestra el rezago más notable, ya que el acceso y control de recursos que les permitan decidir sobre sus propias vidas son muy limitados y consecuentemente su empoderamiento es marginal.
Palabras clave: equidad de género, desarrollo humano, empoderamiento.
Abstract
On the basis of indexes taken from easily measurable variables, this paper takes a look at both the gains and setbacks of Mexican society in its fight for gender equality and its relation to human development. The object of this paper is to show the possible future tendencies in this context, insofar as opportunities arise for both men and women to both fully develop their capacities and to take advantage of the same within their surroundings. The case study focuses on the municipalities of the northeast region of Mexico, formed by the states of Nuevo Leon and Tamaulipas, for the years 1995, 2000 and 2005. A reduction in the inequality gap in health, education and income is observed, although the condition of women is still far from being on a par with that of men, especially where resources for a dignified life are concerned. The most noticeable gap between men and women is related precisely to the limited access and control of resources that allow women to make their own decisions regarding their lives and consequently, their empowerment is marginal.
Keywords: gender equity, human development and empowerment.
Introducción
En el presente trabajo se ofrecen una serie de reflexiones surgidas a raíz de un estudio sobre la equidad de género en la región noreste de México. Se tiene por ello interés en analizar los avances y retrocesos que se han dado hacia el camino de la igualdad, así como mostrar las posibles tendencias que se darán en un futuro próximo.
De acuerdo con Ángel Bassols Batalla (1992), uno de los geógrafos más reconocidos de nuestro país, México se puede dividir desde el punto de vista de la geografía económica, en nueve grandes regiones: noroeste, norte, noreste, centro–occidente, centro norte, centro–este, sur, este y península de Yucatán (Delgadillo, 2006). Tal división es frecuentemente utilizada en trabajos por numerosos investigadores e instituciones gubernamentales debido a que incluye gran diversidad de variables, además de que, según su propio autor, tales regiones socioeconómicas se han conformado históricamente sobre la base de sus caracteres naturales, demográficos y económicos, pero enmarcados dentro de límites político–administrativos, con fines concretos de planificación u ordenación del territorio.
La región noreste de México está conformada por los estados de Nuevo León y Tamaulipas. A pesar de ser una de las más pequeñas en cuanto a población y territorio, en el año 2005 aportó cerca del 10.68% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, mostrando un mayor desarrollo económico respecto a las demás regiones. Aunado a ello, la amplia franja fronteriza que comparte con Estados Unidos, propicia un intenso intercambio cultural, consecuencia lógica del también intenso intercambio económico. La región, por tanto, presenta un interesante perfil para la realización de estudios sociales como es, por ejemplo, el del género, pues la igualdad de oportunidades no depende exclusivamente de un alto desarrollo económico, sino de la confluencia de variados factores (PNUD, 1995).
Las mujeres y el desarrollo humano
Las aportaciones del enfoque de desarrollo humano y los indicadores de género parten del planteamiento de Sen (1996) sobre el desarrollo de los funcionamientos y capacidades de los seres humanos. La libertad de optar por diferentes tipos de vida se proyecta en las capacidades de la persona, las cuales dependen de diversos factores entre los que destacan las características personales y los arreglos sociales. Las capacidades constituyen una parte importante de la libertad individual, puesto que actuar libremente conduce a la persona a elegir el conjunto de funcionamientos que mejor favorecen su desarrollo individual y como integrante de una colectividad. Para Sen la calidad de vida, la capacidad y la libertad comprenden aspectos sociales, culturales y de género debido a que una dotación de bienes igual no garantiza el mismo bienestar para diferentes individuos, pues éstos pueden poseer capacidades y funcionamientos totalmente distintos, traduciéndose en diversos grados de libertad.
En el enfoque más amplio de capacidades, el género es una condición que dificulta el acceso al trabajo, ingreso y educación. Las contribuciones económicas de las mujeres, su participación en las actividades domésticas, en la reproducción social y sobrevivencia de los hogares no son reconocidas y valoradas. La condición de género es un factor que determina las capacidades y funcionamientos de las mujeres, sobre todo en su libertad al verse limitadas sus posibilidades de bienestar y desarrollo. Socialmente, prevalece la concepción de que las mujeres son seres inferiores, débiles y sin decisión. Los roles que se les asignan se relacionan con el ámbito del hogar y las necesidades que se derivan de éste. Núñez (2000) señala que el género como categoría de análisis permite comprender las relaciones entre mujeres y hombres como una construcción social que se modifica en el espacio y el tiempo, en el que las sociedades crean una visión del mundo de acuerdo con las diferencias biológicas que existen entre los sexos, para establecer las normas del orden social, distribuir la riqueza y la manera de ejercer el poder. El género permite explicar el significado de la interacción humana y la forma en que son diferenciados hombres y mujeres, pero no por su naturaleza biológica, sino por la diferencia cultural y su valoración.
La diferencia biológica entre los sexos despliega dos líneas de significaciones complementarias que producen asimetrías en los derechos y obligaciones de mujeres y hombres, asimetrías que se traducen a su vez en distintas capacidades y comportamientos (Lamas, 2002). El género es una forma persistente y recurrente de determinar el ejercicio del poder, puesto que establece de modo diferenciado el acceso a los recursos, controla su distribución y fija las normas del orden social (Scott, 1997). En los distintos espacios sociales, el género se erige como una forma primaria de diferenciación entre los individuos, cuyo fin es legitimar las mismas relaciones sociales. El concepto de género permite la comprensión de la desigualdad sexual como un sistema de relaciones de poder que mantiene la subordinación de la mujer a través de ideas, valores y prácticas culturales que tienen un sentido discriminatorio.
Las principales instituciones de creación y transmisión de los atributos entendidos como el género asignado (de cada género) son: la familia, la escuela, la comunidad, las iglesias y los medios de comunicación. Mediante la asignación de roles, de un lenguaje y de un sistema de premiación, se definen actitudes y conductas que castigan a quienes las transgreden. Tanto hombres como mujeres construyen sus identidades, su subjetividad e intereses con los códigos de lo masculino y femenino. Desde la infancia y durante toda su vida, tratan de adecuarse y responder al orden cultural establecido. El género es uno de los factores importantes que dificulta el acceso a la educación, salud e ingreso, así como las contribuciones económicas de las mujeres para la reproducción y sobrevivencia humana, no son reconocidas ni valoradas socialmente. Las construcciones culturales asumidas por las mujeres actúan como un elemento de restricción del ejercicio de la libertad.
Los atributos adjudicados a los géneros varían de país a país y de región a región. Esto se debe a que el modo en que estos atributos se relacionan, tanto con los hombres como con las mujeres, se encuentra condicionado por el contexto global, que los impacta de diferente manera. Los impactos globales sobre la vida de las mujeres se encuentran delineados por la feminización de la pobreza, así como la flexibilización y segregación genérica laboral, en los que dominan los empleos temporales, condiciones laborales precarias y bajos ingresos para las mujeres (Cobo, 2004). El proceso de globalización sólo puede comprenderse con la variable género, con la que se da cuenta del creciente trabajo en la maquila, la industria automotriz, la informalización de la economía, la agroindustria de exportación, las estrategias de sobrevivencia y el incremento del trabajo gratuito de las mujeres en el hogar. Este proceso es desfavorable para ellas, puesto que persiste su poca visibilidad y niega su presencia y participación en las diversas esferas de la vida social. De este modo, el lugar que se otorga a un género dentro de la comunidad se ve influenciado por los usos y costumbres del mismo, que varían en la misma persona durante su vida. De ahí que la visión particular o social del género se modifique a través de las generaciones (Lamas, 1997).
Las formas de comportamiento de uno u otro sexo, la distribución de roles, responsabilidades y derechos, no son inherentes a la naturaleza humana. Éstos, más bien, lo que hacen es permitirnos comprender mejor su origen cultural y social (Bedregal et al., 199l). Una manera de acercarse a la comprensión de las atribuciones de género (los géneros) y a su variabilidad en el tiempo, es analizar cómo se definían a sí mismos y cómo se comportaban los hombres y las mujeres de una familia de una o dos generaciones antes, y compararlos con la forma en que lo hacen actualmente los integrantes de la misma familia. Inmediatamente aparecen a la vista diferencias que reflejan los cambios en los atributos de género asignados socialmente antes y ahora.
En una sociedad plural y tan variada como la mexicana, no se puede afirmar que todos los hombres y mujeres comparten los mismos atributos; sin embargo, con base en numerosos estudios, es posible reconocer algunos rasgos presentes en mayor o menor grado. Entre los principales atributos del género masculino están: ser proveedor de satisfactores materiales, ejercer el poder y la violencia, ser atendido por las mujeres, producir conocimientos, ser independiente y desenvolverse en el ámbito público. En contraste, el género femenino se aboca a la satisfacción de afectos, atiende, educa y cuida a los demás, depende de otros y se desenvuelve en el ámbito doméstico. Todo ello tiene como consecuencia la limitación del pleno desarrollo de sus capacidades humanas, que se traduce en un limitado acceso a oportunidades básicas y laborales. Esta asignación contribuye a la ausencia del varón en la responsabilidad reproductiva y en el cuidado de la prole, así como la violencia doméstica (Careaga, 1996).
La discriminación sexual que viven las mujeres dentro de una sociedad que otorga mayor poder a los hombres ocasiona que lo femenino se subordine a lo masculino, y recíprocamente. Actualmente “no existe ninguna sociedad en donde ambos sexos dispongan de las mismas oportunidades, incluso en países con alto nivel económico esta desigualdad prevalece, lo que genera enormes discrepancias entre lo que las mujeres aportan al desarrollo y el beneficio que reciben de éste” (PNUD, 1995). Desde la perspectiva de género el logro del bienestar para las mujeres está determinado por los roles culturales que se les asignan y las relaciones que se establecen entre los sexos. Aspectos que inciden en los niveles de ingreso y distribución familiar, en el trabajo remunerado y doméstico, en la educación, la toma de decisiones, la violencia de género, la autodeterminación y la realización personal (Núñez, 2000).
Combate a la inequidad de género
La inclusión de la mujer en la vida pública fue uno de los logros más trascendentales del siglo XX. Los movimientos feministas lucharon por los derechos de la mujer hasta lograr que sus demandas fueran incluidas en las agendas de organismos nacionales e internacionales. La comprensión de la construcción social del sujeto desde la perspectiva de género, sustentada originalmente por feministas y enfocada hacia el sentido y el orden del mundo, ha sido una causa fundamental para lograr la aplicación y el desarrollo de esta misma perspectiva. Sus aportaciones van desde la producción de nuevos conocimientos, hasta la formulación de renovados argumentos y recursos interpretativos de la realidad social. En este sentido, el reconocimiento de la discriminación sexual contribuye a desarticular las causas que llevan a la desigualdad entre mujeres y hombres, y favorece la distribución de la riqueza y del poder para construir una sociedad con principios autónomos, democráticos, igualitarios, equitativos y respetuosos.
Como resultado de la creciente movilización y concertación de alianzas, la inequidad de género ha tomado un lugar cada vez más preponderante en el orden del día de importantes reuniones organizadas principalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). México ha participado en dichas reuniones y ha sido signatario de los documentos emanados de las mismas.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha estudiado, desde hace varios años, el nivel de desarrollo humano en más de 170 países. Los frutos de dichos estudios se han publicado en informes anuales, con una metodología basada en diversos índices, entre ellos el Índice de Desarrollo Humano con Producto Interno Bruto (IDHP). Dicho índice se basa en tres capacidades fundamentales: vivir una vida larga y saludable, tener acceso a la educación y disponer de los recursos necesarios para contar con un nivel de vida digno. Tales capacidades son necesarias para tener posibilidades reales de participar en la vida comunitaria. El índice expresa, en una medida integrada, las opciones con las que cuentan las personas para alcanzar funcionamientos generalmente apreciados por la sociedad, cuyos valores cercanos a cero significan condiciones precarias y limitantes para el desarrollo de las mismas y valores cercanos a uno significan condiciones mínimas para el logro de un bienestar, de una participación productiva en la comunidad y de una vida larga. La importancia de esta medida radica en la orientación que dé a las políticas públicas en la búsqueda de un desarrollo más armonioso, equilibrado, integral y centrado en las capacidades humanas.
En 1995, el Informe sobre Desarrollo Humano incorporó indicadores de género que dan cuenta de la situación de las mujeres en relación con los hombres, sus niveles de participación económica y política, educación y esperanza de vida. Plantea que el desarrollo humano es un proceso discriminatorio para la mayoría de las mujeres debido a que éstas quedan excluidas de sus beneficios, por lo que el avance hacia la igualdad para ellas es un asunto pendiente. Además, plantea que las mujeres deben ser agentes de su desarrollo por lo que requieren de iguales oportunidades para beneficiarse de las opciones. Desde esta perspectiva, el informe ubica que la desigualdad que existe entre los sexos no es un problema que se resuelva con la generación de ingresos. Así surge el Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG) y el Índice de Empoderamiento de Género (IPG). El IDG en el Informe sobre Desarrollo Humano recurre a las mismas variables que el IDHP, pero capta también las desigualdades entre el hombre y la mujer. En términos generales, ajusta el desarrollo a la baja para captar desigualdades. A mayor disparidad entre los géneros dentro de un país, menor será su IDG respecto a su IDHP. Tal diferencia significa la pérdida que se tiene en la medida del desarrollo humano por las disparidades de opciones que existan entre mujeres y hombres como proxy del desarrollo humano que se pierde por ello. La relevancia del IDG es manifiesta en lo que mide: la discrepancia del desarrollo humano entre géneros, la cual es una expresión del fracaso de la sociedad para alcanzar la equidad, un valor humano. Las consecuencias de este fracaso se manifiestan en un avance más lento hacia el bienestar.
El informe incluye también una medida sobre la participación, aspecto del desarrollo humano que resulta crucial para la igualdad de género. En este sentido, la participación de las mujeres en la vida económica y política se presenta a través del IPG. Este índice se centra en la inequidad de género en la participación y el poder de decisión en cuestiones económicas y políticas. Para este fin examina la proporción de escaños parlamentarios que ocupan las mujeres, la cantidad de legisladoras, de funcionarias de alto nivel o ejecutivas de nivel gerencial y de mujeres profesionistas y técnicas; también contempla la disparidad en términos de ingresos percibidos, pues ello refleja su dependencia económica. El significado de este índice es señalar la posición y control que hombres y mujeres tienen de los recursos; valores cercanos a cero significarán situaciones donde un solo género tiene el control y la posición de los mismos, y valores de uno indicarán un control equitativo de ellos por parte de ambos géneros. La importancia de este índice radica en que permite cuantificar el grado de poder que tienen los géneros en nuestro país, entendido como tal las opciones disponibles de cada uno de ellos para decidir sobre sus propios asuntos y necesidades.
Todos los índices comentados y otros tienen limitantes en cuanto a su validez, pertinencia, significado y otras propiedades relevantes a las medidas mismas, asociadas a las limitantes que se tienen para su construcción; sin embargo, los índices que se han generalizado para la medición del desarrollo humano descansan en una teoría que involucra aspectos esenciales del mismo, abarcan a casi toda la población de los territorios estudiados y tienen comparación mundial. Además, el seguimiento en el tiempo que se ha hecho de los mismos permite observar la dinámica del fenómeno y la integración de nuevas opciones que hacen de estos índices instrumentos cada vez más precisos en la medición del desarrollo humano. Un aspecto relevante que se debe cuidar en la lectura del IDHP es que mide las opciones mínimas del mismo, de modo que un valor alto de él, sólo habla de que se tienen condiciones mínimas para un pleno desarrollo. En cuanto al IDG y el IPG, que sólo miden lo que se pierde de desarrollo por diferencias en las opciones para el mismo pero no si son las necesarias, se usa un parámetro que mide la aversión a la inequidad y cuyo valor Naciones Unidas determina de modo arbitrario, mismo que parece poco sensible a la desigualdad entre géneros pero, desafortunadamente, cualquier otro valor puede tener la misma crítica o una en contrario. Si bien los índices pueden tener críticas en varios aspectos, sin duda son un referente importante en el análisis de los logros que las personas tienen para alcanzar mejores condiciones humanas.
En el presente trabajo se utilizó la metodología del PNUD para la elaboración de un análisis de desarrollo relativo al género en la región noreste de México, es decir, utilizamos los índices IPG e IDG. De este modo, queremos mostrar los aspectos que han sido desatendidos en el desarrollo de unas sociedades que avanzan a la equidad.
Este análisis, en conjunto con otros realizados a la par, se propone como una herramienta que muestre los problemas de equidad de género en México, además de contribuir al Tercer Informe sobre Desarrollo Humano de la República Mexicana a cargo del Departamento de Estadística Matemática y Computo (DEMYC) de la División de Ciencias Forestales (Dicifo) de la Universidad Autónoma Chapingo (UACH).
Metodología
La medición de la desigualdad entre hombres y mujeres se realizó a través de dos índices compuestos (IDG e IPG) basados en datos fácilmente asequibles y en correspondencia con las recomendaciones del PNUD. Además, para realizar comparaciones, se tomaron en cuenta los resultados sobre desarrollo humano presentados por el DEMYC en cuanto al IDHP, así como los efectos negativos que muestra este índice sobre el progreso social.
La escala de estudio es la unidad básica de la división política de la República Mexicana, es decir, el municipio. De este modo, de cada variable estudiada en cada municipio se obtuvo un indicador y con los indicadores de cada variable se construyeron los índices de desarrollo correspondientes. En total se analizaron 2 428, 2 443 y 2 454 municipios, que son los reportados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en los años 1995, 2000 y 2005, respectivamente.1
La información utilizada en la construcción de los índices fue proporcionada por el INEGI a través del Sistema Municipal de Bases de Datos (Simbad) y el Banco de Información Económica (BIE). Las fuentes primarias son el XI Censo de Población y Vivienda del año 1990, el I Conteo de Población de 1995, el XII Censo de Población y Vivienda del año 2000 y el II Conteo de Población y Vivienda 2005.
Describir la metodología de la construcción de los índices abarcaría varias páginas, sin embargo, la metodología completa de todos los índices aquí usados, IDHP, IDG e IPG, y sus correspondientes indicadores, puede ser revisada en la dirección electrónica <www.chapingo.mx/dicifo/DEMYC/idh>.
Resultados
En el año 2005 en la región noreste había una población de 7 223 530 habitantes (INEGI, 2005), de los cuales 50.36% eran mujeres y 49.64 hombres. Estaban distribuidos en 94 municipios, 51 en Nuevo León y 43 en Tamaulipas. Cabe mencionar que la mayor parte de la población se concentraba en las zonas urbanas.
Resultados respecto a las oportunidades de desarrollo
Para clasificar el grado de desigualdad entre hombres y mujeres, en cuanto a oportunidades de desarrollo, se tomó en cuenta el siguiente criterio: un municipio o entidad no presenta diferencias significativas de género cuando el IDG se aleja menos del 1% respecto al IDHP;2 existen diferencias significativas cuando el IDG se aleja del 1% al 5% del IDHP y se tienen diferencias graves cuando tal diferencia es mayor a 5%. Los resultados se presentan como el porcentaje, respecto al IDHP, que representa la diferencia IDHP–IDG en valor absoluto, es decir:
Con base en este criterio, para el país se obtuvieron las siguientes cifras (véase cuadro 1).
En México, el desarrollo humano en 10 años observó un ligero progreso. En la cuestión de género las diferencias se vieron reducidas y en 2005 están ya catalogadas como no significativas. Cuando el valor obtenido por la inequidad sea cero, querrá decir que en la República Mexicana a los hombres y a las mujeres se les presentarán las mínimas opciones compensatoriamente “equivalentes” en salud, educación y recursos para una vida digna. Esto no quiere decir que las opciones serán muchas o pocas, sino sólo que serán compensatoriamente “equivalentes”. Por ejemplo, si hay diferencias favorables para los hombres en ingresos, éstas podrán ser compensadas por diferencias favorables en educación o salud para las mujeres (PNUD, 1995).
Después de obtener las diferencias porcentuales de todos los municipios del país y tomando en cuenta la cantidad de población que se acumula en un valor determinado, se obtuvieron las siguientes tendencias (Gráfica 1):
La diferencia en general fue reducida en todos los casos. Por ejemplo, en 1995 80% de la población se encontraba por debajo de un valor cercano a 5%; para el año 2000, la misma proporción se ubica en un rango de menos del 2%, además de que para el 2005 casi 95% de la población se aglutina en municipios con rangos muy cercanos a cero, lo que muestra que cada vez más personas gozan de una mayor equidad.
También se pudo observar que la población que vivía en municipios donde las diferencias son graves, disminuyó de 20% en 1995 a sólo 3% en el 2000. De igual manera, el rango de valores cayó de 40% a poco más del 32 por ciento.
Es notoria la política de la última década en México para alcanzar la equidad en las oportunidades de desarrollo, medible en los valores cercanos del IDG a los del IDHP, como se ha explicado antes. Aún con ello, queda pendiente la forma en cómo se ha venido alcanzando la equidad, si ha sido otorgando opciones al género femenino sin menoscabo del masculino o ha sido sólo una redistribución de las escasas opciones, trasladando al género femenino parte de las poseídas por el masculino.
En los estados de la región noreste la situación es particularmente favorable y homogénea, además de ser acorde con el promedio nacional.
El avance en la erradicación de prácticas sexistas, en cuanto a brindar opciones para que todas las personas desarrollen sus capacidades, es notorio en la región. En 10 años el número de municipios en los cuales el porcentaje es menor a 1% pasó de 1 a 48 (cuadro 2).
La región es una de las más adelantadas a escala nacional en esta materia. Principalmente en el año 2005, sus números reflejaron un avance notorio, es decir, tanto hombres como mujeres tienen similares oportunidades, oportunidades compensatoriamente “equivalentes”.
De igual manera, la amplitud del intervalo de valores correspondiente a las diferencias entre los municipios de la región se redujo considerablemente en una década. Resulta conveniente resaltar que después de 2005, sólo dos municipios de la región presentan diferencias graves, Los Aldamas (5.71%) y Doctor Coss (5.33) de Nuevo León, contrastando con el hecho de que 10 años antes, 20 entraban en tal categoría.
Una observación que se deduce a partir de tales números es, sin duda, la diferencia tan notoria que existe en el rango de los valores, máximo y mínimo, si se consideran los índices por estado o por municipio. Esto no sólo dentro de la región, sino en todo el país. La causa de ello radica principalmente en que los municipios que presentan las mayores inequidades, generalmente tienen poca población, lo que implica importantes consecuencias para el desarrollo humano. Por ejemplo, los servicios públicos como drenaje, luz, agua o carreteras requieren un mínimo de población para establecerse. Las estimaciones de esperanza de vida e ingresos, para ser precisas, requieren un mínimo de población, siendo un aspecto técnico que puede generar distorsiones en la información. Por último, hay factores políticos que influyen en el desarrollo de las poblaciones pequeñas, porque al no ser electoralmente significativas, son relegadas en los planes de desarrollo y se atienden primordialmente aquellas donde se puedan obtener más votos. De ahí que la brecha entre municipios sea cada vez más amplia (cuadro 3 y 4).
De acuerdo con los datos encontrados, se pudo constatar que en todos los casos las mujeres gozan de una esperanza de vida mayor que los hombres. Esta situación no es exclusiva de México, pues en general en todo el mundo, no obstante la notable diferencia que existe entre los promedios de vida de las naciones, las mujeres siempre viven más que los hombres. Esto es también una constante cuando se analizan las regiones de un país. Pero ¿por qué viven menos los hombres que las mujeres? Aunque todavía no se tiene una certeza absoluta, se sabe que las diferencias sexuales en las tasas de mortalidad se deben entre otras cosas a factores genéticos, psicológicos, conductuales y sociales. Es verdad que los aspectos biológicos pueden explicar la propensión a ciertas enfermedades, pero esto no es suficiente.
Daniel Kruger y Randolph Nesse, investigadores de la Universidad de Michigan, expertos en salud pública y psicología, respectivamente, realizaron un estudio en el que examinaron 11 causas de muerte en grupos de diferentes edades, principalmente en Estados Unidos, aunque también recopilaron datos de otros países. El trabajo, publicado en mayo de 2006 en Human Nature, muestra que el mayor número de fallecimientos de varones obedece a causas externas, lo cual da gran peso a los factores conductuales y sociales. La edad más crítica corresponde a adultos jóvenes, etapa en la que por cada mujer que muere fallecen tres hombres. Los autores notaron que si bien está disminuyendo la tasa de mortalidad en general, sin embargo, está creciendo la diferencia entre las tasa de mortalidad de los hombres y la de las mujeres (Flores, 2006).
La desigualdad entre hombres y mujeres se ve reflejada de modo contundente en los índices de ingresos económicos, debido a que son los hombres los que llevan generalmente la delantera en este punto. Si los hombres viven menos y, aun así, su medición de desarrollo humano supera en general el de las mujeres, entonces la inequidad en el ingreso es todavía más evidente. Sin embargo, sería oportuno preguntarse si 3.82 (4.31) años de vida adicionales a favor de las mujeres (diferencia en esperanza de vida entre ellas y ellos) se compensan con aproximadamente 20 969.40 (11 854.40) pesos anuales de 19933 que producen de más los hombres (diferencia en el PIBP anual) en Nuevo León (Tamaulipas). Sin duda, la respuesta a tal cuestión varía con las percepciones de género. Tal comparación es numérica y resultado de medir las diferencias de desarrollo humano por sexo a través de la agregación igualmente ponderada de las medidas en salud, educación e ingreso, lo que conduce a una “equivalencia” entre años de vida y unidades de ingreso. Por supuesto que la comparación es impropia y conceptualmente equívoca, pero numéricamente a eso equivale y el propósito es reforzar el juicio que se haga de la inequidad que aquí se describe.
Por otro lado, para algunos especialistas en la economía de la salud como James Smith (ver Kolata, 2007), la principal forma de elevar el nivel de vida es invertir en la educación para prevenir enfermedades y hacerse curar adecuadamente. Incluso muchos estudiosos concuerdan en que el único factor social que está vinculado realmente a una vida más larga, incluso más que los ingresos económicos y la raza, es este tipo de educación.
Desigualdad de género
Ajustando una tendencia lineal a los datos que presenta la región en 1995, podemos observar que, a medida que los municipios son más equitativos, su nivel de desarrollo también crece. Es decir, la equidad repercute directamente en el nivel de vida colectivo. Si las mujeres se benefician, también se benefician los demás miembros de la familia. Aquí nos encontramos ante una contradicción: las sociedades producen desigualdades entre los sexos, por lo que las relaciones entre hombres y mujeres se dificultan, y dichas desigualdades, lejos de ser un factor económicamente positivo, se convierten ellas mismas en obstáculo para el progreso de la comunidad. Así pues, la inequidad de género se nos presenta como un obstáculo para el desarrollo (PNUD, 2002).
Cuando las diferencias causadas por la inequidad disminuyen, el índice de desarrollo humano asciende. Además, a medida que las diferencias se vuelven no significativas, los valores del IDHP se agrupan por encima de 0.8.4 Lo anterior confirma empíricamente lo que arriba se afirmaba en relación con la inequidad.
La discriminación de género sí es un obstáculo para el crecimiento de las naciones. Los datos de la región obtenidos en los años 2000 y 2005 ya no muestran ninguna tendencia, puesto que la gran mayoría han dejado de ser críticos y se observa un adelanto en el IDHP, principalmente en el estado de Tamaulipas. Con la eliminación de las trabas inducidas en el desarrollo por las exageradas diferencias injustas, se garantiza cierta cooperación recíproca para alcanzar mejores niveles de bienestar. Por ello, es imprescindible para el crecimiento de los pueblos la eliminación de los graves problemas sociales del siglo pasado como la inequidad de género, marginación y pobreza, ya que constituyen los principales obstáculos para elevar el nivel de vida colectivo de las personas(Gráfica 2).
Resultados respecto a la participación y poder en la toma de decisiones
Obtener una medida que muestre la participación es sumamente importante porque nos revela si hombres y mujeres están en condiciones de participar activamente en la vida económica y política –y en la toma de decisiones– del lugar donde viven. A diferencia del IDG, que mide las oportunidades de desarrollo, el IPG mide las posibilidades que tienen los individuos de hacer uso de las capacidades que han desarrollado (PNUD, 1995).
El empoderamiento es imprescindible para las mujeres, ya que les permite el uso de su libertad, les otorga independencia económica y contribuye a su valoración personal o autoestima. Los resultados del IPG reflejan la participación de los géneros dentro de una sociedad. El criterio a tomar en cuenta es 1, cuando el empoderamiento para ambos es equitativo, y 0, cuando un género acapara todo el poder.
La República Mexicana en el año 2000 obtuvo un IPG de 0.5233,5 el cual la sitúa aún muy lejos de un nivel óptimo. El PNUD presentó en el Informe sobre Desarrollo Humano del año 2002 los datos obtenidos por los diferentes países en el año 2000. Al comparar tales resultados, el índice de México es muy semejante al de Croacia (0.527) o Filipinas (0.523).
A escala nacional, el estado de Chiapas obtuvo el último lugar con un índice de 0.40. Por el contrario, con un índice de 0.69 el Distrito Federal obtuvo la primera posición. Tamaulipas y Nuevo León obtuvieron 0.54 y 0.57, respectivamente, colocándose en las posiciones 12 y siete. Nótese cómo tres centésimas ocasionan un desplazamiento de cinco lugares (Figura 3).
Si se comparan los índices a escala estatal y municipal (gráfica 3), podemos observar que la diferencia de valores entre los estados es relativamente pequeña, mientras que entre los municipios aumenta considerablemente. Ello refleja la poca participación de las mujeres en algunos municipios con baja población, como notábamos anteriormente, lo que influye de manera significativa en las cifras –por ejemplo, el municipio de San Andrés Duraznal, en Chiapas, que cuenta con una población de 3 423 habitantes y cuyo índice fue de 0, entre otros muy cercanos a él que no superan los 10 000 habitantes–. Esto nos habla del nulo poder de las mujeres en estas localidades, así como de la total marginación en que viven.
Los municipios de la región noreste también presentaron grandes contrastes respecto a sus índices estatales. La amplitud del intervalo en la región es muy grande, puesto que encontramos al municipio peor ubicado a escala nacional en la posición 2396, mientras que el mejor ocupa la novena posición.
Los resultados muestran en los tres niveles de gobierno un bajo empoderamiento de las mujeres. En la región, a diferencia del acceso de oportunidades en que se mostraba favorable, el empoderamiento aún está lejos de un nivel aceptable. Persisten procesos mediante los cuales se niega a las mujeres, sistemáticamente, toda oportunidad de participación. De ahí la utilidad de este trabajo, para medir en qué grado las mujeres son partícipes del desarrollo(cuadro 5).
La causa del bajo empoderamiento en la región se debe a la gran disparidad en la proporción de hombres y mujeres que participan en la vida política y en altos cargos. Por ejemplo, en Nuevo León, sólo 18% del Congreso son mujeres y, por lo que toca a puestos ejecutivos, las mujeres no son ni la tercera parte respecto a los hombres.
En Tamaulipas, los puestos donde se toman las decisiones en varios niveles están ocupados, en proporciones de más del doble, por hombres. Podemos verlo en el cuadro 6 y 7.
Una sociedad que otorga poder a un solo género se ve regida por los intereses propios ligados al mismo. Es imposible hablar de equidad de género cuando son los hombres los que deciden en asuntos ajenos a su competencia. Incluso, filosóficamente hablando, es contradictorio que la parte masculina legisle por las necesidades de su contraparte. Esto sólo puede conducir a más poder y privilegios para los varones.
Vale la pena repetir que los índices mostrados provienen de variables con datos fácilmente asequibles. Sin embargo, no contemplan situaciones que no son mesurables como: la distribución de los recursos y el poder dentro de los integrantes de la familia, el maltrato psicológico, las tradiciones sociales y las creencias religiosas. Estas dos últimas, en particular, pueden convertirse en el principal obstáculo para el pleno desarrollo de las mujeres.
Discusión de resultados y conclusiones
El avance de los índices y el estado que guarda la equidad de género
A pesar de su incompletitud, los índices muestran la dinámica hacia la equidad que tiene el asunto de género, al menos en las tres dimensiones consideradas.
El hecho de tener avances tan significativos hacia la equidad de género en la región y en todo el país, durante el lapso considerado, puede deberse a la construcción de los índices, específicamente al coeficiente de aversión a la inequidad que se utiliza en el IDG e IPG, pues sólo detecta de manera ostensible las grandes diferencias que se dan entre los géneros. Cuando aquéllas no lo son, los índices se ven poco influidos dando la sensación de equidad; sin embargo, se requeriría un trabajo específico para exhibirlo.
Podríamos decir que las políticas sociales puestas en marcha por los gobiernos de la región noreste han obtenido un avance relativo en el acceso a la educación, la salud y el ingreso económico para mujeres y hombres. En la década analizada la pérdida en desarrollo por diferencias de género pasó de 2.02% a 0.762%. La reducción en la brecha de la desigualdad nos lleva a preguntarnos sobre las formas en que las mujeres afrontan con sus familias las dificultades económicas, y sobre el modo en que desarrollan sus potencialidades y llevan a cabo su proyecto personal de vida.
Los aspectos que hemos analizado a lo largo de este estudio muestran que la condición de la mujer respecto al hombre está aún lejos de ser equitativa. En 2005, la participación económica de las mujeres en Nuevo León (Tamaulipas) era de sólo 44.73% (48.76% la de los hombres),6 consecuencia de tener una participación subordinada y disminuida por su condición en el trabajo reproductivo. Los procesos económicos han generado una serie de dificultades para la vida de las mujeres y de los varones, por lo que se hace necesario continuar con un trabajo de sensibilización y concientización respecto a esta problemática para hacerla visible y comprensible. Debemos tomar conciencia de que existen en el mercado de trabajo diferentes actores, y que la demanda de trabajo de las mujeres se presenta porque éstas pueden desarrollar las mismas tareas por menos pago y en condiciones laborales más precarias que las del hombre; para ellas el trabajo es discriminatorio y les impide alcanzar mejores condiciones de vida. Además, las mujeres se concentran en actividades propiamente femeninas y en empleos informales. Por otra parte, los roles diferenciales permanecen vigentes, puesto que ellas se abocan a las labores domésticas y a la educación de las hijas e hijos. La globalización ha creado oportunidades económicas y sociales sin precedentes para algunos sectores, pero al mismo tiempo, ha generado profundas inequidades individuales y sociales, afectando a los grupos débiles y vulnerables.
En este contexto, la mayor participación de mujeres en el trabajo y en la escuela no garantiza su inserción laboral en condiciones de igualdad con los hombres. Su incorporación continúa presentándose con desventajas que dificultan su acceso de manera estable y permanente. El doble trabajo, productivo y del hogar, que muchas mujeres desarrollan las imposibilita en ambos, además de causarles un desgaste y cansancio psicológico que limita sus opciones de desarrollo. Aun reconociendo el valor de las acciones emprendidas por los gobiernos estatales, los niveles de pobreza se caracterizan todavía por altas tasas de desempleo, trabajos parciales, subcontratación y un mercado de trabajo que emplea fuerza laboral femenina en condiciones precarias.
El otro contraste está en el control que las mujeres tienen de los recursos y la posición que ocupan en los órganos de decisión, en ambos casos esto representa una minoría en el espectro nacional. Si las mujeres tienen rezagos visibles en opciones para su desarrollo, los que tienen para hacer uso de las capacidades desarrolladas es mucho mayor. El cuadro 6 da una síntesis de ello en los dos estados analizados, su posición de desventaja tiene implícito el raquítico control que pueden ejercer de los recursos. Las gobernaturas, alcaldías y congresos presentan amplia mayoría masculina. No existe un solo estado o municipio donde la proporción sea la misma. En Nuevo León (Tamaulipas) sólo 18.61% (17.91%) son legisladoras, los porcentajes respectivos para profesionistas–técnicas y directivas–ejecutivas son 36.81% (37.43%) y 22.42% (27.08%). Con tales diferencias el empoderamiento de las mujeres es por ahora un objetivo. Panoramas semejantes ocurren en todos los estados de la República, siendo el menos drástico el del Distrito Federal. Sin duda, es en este aspecto donde la inequidad tiene su nicho; si bien las sociedades han estado dispuestas a dar opciones a las mujeres para el desarrollo de sus capacidades, no lo han estado del mismo modo para permitirles el ejercicio de la toma de decisiones y el control de los recursos humanos y materiales. Sin duda esto condiciona sus vidas, las que quedan determinadas por las visiones que los hombres tengan de ellas, aunque el hecho de estar en mejores condiciones para su crecimiento y tener un mayor acceso a la educación prevé una mejora en su empoderamiento. Se puede decir que el género femenino ha ganado ciertos espacios en el control de sus propias necesidades pero se encuentra todavía lejos de alcanzar un verdadero poder de decisión.
El logro de la equidad de género es prioritario en la agenda política, no sólo en los estados de la región noreste, sino en todo el país. Las perspectivas de vida para mujeres y hombres están relacionadas con factores sociohistóricos, económicos y de equidad. Los efectos sociales de las últimas décadas nos permiten constatar que dichos factores no afectan de igual manera a ambos sexos. Las mujeres se han visto afectadas como integrantes de los núcleos familiares, de los grupos marginados y por su posición en la división sexual del trabajo.
Por ello es necesario transformar las desigualdades en que vivimos. Esta transformación requiere afrontar el problema de la desigualdad de género, la cual reproduce estereotipos sexuales que condicionan grandemente a los individuos. También hace falta estudiar las formas en que se estructuran los comportamientos y roles, de modo que se puedan superar las inequidades.
Conviene mencionar que en los estados de la región estudiada, en particular, y en todos los estados, en general, salvo contadas excepciones, las zonas con mayor desigualdad –y también con menor desarrollo– presentan la constante de la baja población. Aunque no es una variable que determine directamente dicha situación, el descenso de la población reduce sensiblemente el interés de los gobernantes por promover su desarrollo. Además, en un país como el nuestro, donde muchas políticas sociales tienen propósitos electorales, establecer programas que aumenten las oportunidades de desarrollo en estas zonas representa poca ganancia para tal propósito. En consecuencia, los gobiernos se abocan a trabajar en las zonas con mayor población para que aumenten los indicadores, aunque esto signifique extender más las brechas de la desigualdad. Los resultados señalan la necesidad de valorar de otro modo las localidades pequeñas para ser consideradas de modo sui géneris en los programas sociales y combatir así a la marginación y la inequidad de género.
Debido a la complejidad de sus causas, el combate a la desigualdad de género requiere un esfuerzo concertado de varios sectores. Por ello, es conveniente tomar en cuenta las recomendaciones que han hecho estudiosas y estudiosos del tema en los distintos ámbitos con la finalidad de establecer prioridades.
Dentro del aspecto de salud social, se recomienda promover cambios culturales y sociales que contribuyan a mejorar la condición de la mujer, poniendo especial énfasis en promover este cambio en el personal de salud. No debemos ignorar que también los varones viven las injusticias de un sistema económico que laboralmente los perjudica. Ellos deben mantener su salud sumergidos en un complejo entramado de relaciones de dominio que, en cierto modo, les niega el derecho al dolor. La masculinidad se asocia a la fortaleza y al descuido del propio cuerpo. La tasa de mortalidad por sida en Nuevo León (Tamaulipas) es 6.3 (5.2) veces mayor en los hombres –a escala nacional es 5.1–, y en cuanto a discapacidades, las tasas de la región y del país son semejantes pero siempre mayores en los hombres: 2.1 veces en la motriz, 1.4 veces en la auditiva y 1.3 veces en la mental (Secretaría de Salud, 2006). Es un problema que interpela a la sociedad en cuanto se requiere vincularlo también a un derecho humano, con posibilidades de crecer individualmente para contribuir a los procesos democráticos y de respeto sin diferencia de género.
En cuanto a la violencia de género y a la deficiente información que existe en los estados, se propone la creación de un sistema nacional de registro que permita contar con datos suficientes y confiables, así como la instrumentación de mecanismos legales que establezcan la obligación jurídica de reportar los casos de violencia por parte de instituciones públicas y organizaciones civiles en cuanto se tenga conocimiento de los mismos. Por ejemplo, la escasa información indica que la agresión intrafamiliar se da en todo tipo de condición, sin importar el estado conyugal, el nivel de escolaridad y la edad entre los 20 y 50 años (CEAMEG, 2006). El incumplimiento de obligaciones familiares es otra característica crítica en el aspecto de violencia.
Para la prevención de la violencia de género se hace necesario revisar los contenidos temáticos en la educación y medios de comunicación, con el objetivo de eliminar los mensajes sexistas. También es importante diseñar campañas que difundan las consecuencias de los diferentes tipos de conductas que provocan trastornos en el funcionamiento de las familias, comunidades, sociedad en general y, en particular, en la vida de las mujeres. Otras medidas son: contar con agencias especiales y servicios en los que se capacite al personal para brindar, además de servicio médico, orientación y consejería legal a las víctimas de violencia familiar; proporcionar información sobre las instancias legales a las que pueden acudir para defenderse; en los estados con población indígena, contar con personal bilingüe capacitado para orientar a la población; apoyar la investigación que documente problemas de salud con enfoque de género; incluir en los programas académicos de las escuelas y facultades de medicina, enfermería, trabajo social, etcétera, cómo abordar el tema de la violencia, su frecuencia, manifestaciones, diagnóstico y tratamiento, entre otras (Galindo, 2001).
Los gobiernos estatales y la sociedad deben promover la reeducación de los hombres y mujeres, por lo que es necesaria la participación de las instituciones encargadas de la elaboración de políticas públicas en programas de sensibilización y capacitación que construyan una nueva visión de la masculinidad y feminidad, en cooperación con la sociedad civil. De este modo, juntos harán frente a dicha problemática y formularán programas que potencien y coordinen sus esfuerzos. Así se construirá una cultura de respeto a los derechos humanos.
El derecho a la equidad de género se debe desarrollar en los diferentes contextos de socialización en los que se insertarán las futuras generaciones. Al ser la escuela uno de los contextos de socialización más importante, se deben promover enérgicamente cambios en relación con la educación desde la perspectiva de género, siendo las actitudes de los maestros y maestras fundamentales para lograrlo, sirviéndose del escenario del aula y de la escuela. Esto se logrará a través del proceso de enseñanza–aprendizaje que se realiza mediante las actividades del centro escolar tales como: la instrucción directa, la convivencia dentro del aula, los trabajos extraclase, y las relaciones entre las y los alumnos. Así se promoverán desde las aulas de clase hábitos de cooperación entre hombres y mujeres en las tareas tanto laborales como domésticas, con la ventaja de que dichas actitudes se inculcarán desde edades muy tempranas (Rodríguez, 2005).
Asimismo, se debe: apoyar la investigación que documente el problema con un enfoque interdisciplinario; diseñar acciones a favor de la equidad que involucren a los hombres y apoyar las ya existentes; tomar en consideración la especificidad de los problemas de la mujer en las decisiones presupuestarias sobre políticas y programas, y prever un financiamiento suficiente para los programas que apuntan de manera específica a la igualdad entre hombres y mujeres; esforzarse por examinar sistemáticamente la manera en que las mujeres se benefician de los gastos públicos y ajustar los presupuestos para garantizar su igualdad. Con lo anterior no se propone un aumento en los gastos del gobierno, se trata más bien de establecer nuevas prioridades (Feminamericas, 2003).
Finalmente, se puede decir que las desigualdades de género se han construido en el desarrollo económico y social, pero ahora influyen negativamente sobre él y es prioritario ocuparse de ello. Hacerlo será un beneficio colectivo porque es construir una sociedad que respete los derechos humanos.
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Notas
1 En el presente trabajo sólo se abordaron los resultados correspondientes a los 94 municipios que conforman la región noreste de México.
2 Cuando se dice que una entidad no tiene diferencias significativas, en realidad se quiere decir que hay una razonable equidad.
3 Datos proporcionados por el DEMYC para la región, en esperanza de vida y PIBP del año 2005.
4 Según la clasificación de PNUD, un IDHP de 0.8 o mayor, se le cataloga como de alto desarrollo.
5 En este índice sólo se tienen datos de 2000. En los conteos (1995 y 2005) se carece de información económica que permita el cálculo del IPG.
6 <www.chapingo.mx/dicifo/DEMYC/idh>.